Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca insiste en que la inseguridad en México no solo le preocupa, lo ocupa. Y, según han contado tanto él como Claudia Sheinbaum, le ha ofrecido ayuda a México para combatir al crimen organizado. La respuesta pública de la Presidenta ha sido consistente: cooperación, sí; operativos de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, no, porque eso vulnera la soberanía. “No hay operativos conjuntos en México… no estamos de acuerdo con ello”. Ese es el discurso oficial.
El problema es que el guion y la realidad no empatan. Esta semana lo evidenció el caso de Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense, acusado por autoridades estadounidenses de encabezar una red de tráfico de cocaína ligada al Cártel de Sinaloa y de ordenar asesinatos. Estaba en la lista de los diez más buscados del FBI y la recompensa por información que llevara a su captura llegó a 15 millones de dólares, de acuerdo con el propio gobierno de Estados Unidos. Ya en California se declaró no culpable ante una corte federal.
Hasta ahí, los hechos. Ahora, la disputa por el relato. Sheinbaum dijo que Wedding se entregó en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para buscar un juicio justo. Incluso presentó una foto de Wedding parado frente a la Embajada al momento de que supuestamente se entrega. Pero el director del FBI, Kash Patel, sostuvo que se trató de una captura producto de un operativo conjunto. Y el abogado de Wedding confirmó lo mismo, que el exatleta no se entregó, que lo capturaron en un operativo. Por su parte, la cadena de televisión canadiense, la CBC, salió a decir que la foto que mostró la presidenta fue creada con Inteligencia Artificial ¿Quién dice la verdad? Todo indica que o México minimiza la participación estadounidense para no incendiar a su base más celosa de la soberanía, o Washington exagera para colgarse la medalla y mandar el mensaje de “aquí mandamos”.
Y no es un episodio aislado. Ahí está también el avión militar estadounidense tipo C-130 Hércules que aterrizó en Toluca, con autorización de la Secretaría de la Defensa, para trasladar personal mexicano en actividades de capacitación. La controversia fue tal que el gobierno mexicano terminó ajustando reglas para que esos traslados se hagan, en lo sucesivo, en aeronaves mexicanas o bajo lineamientos más claros. Si no hay cooperación, al menos hay logística compartida.
La pregunta entonces no es si hay colaboración con Estados Unidos. La pregunta es cuánto, en qué consiste y bajo qué controles. Se entiende que una cosa es coordinar inteligencia, capturas y traslados; y otra muy distinta es permitir que la ayuda se convierta en sustitución o, peor, en excusa para decisiones opacas. La soberanía no se defiende con conferencias de prensa; se defiende con instituciones que informan, rinden cuentas y fijan reglas. Hoy, entre lo que se dice en Palacio y lo que ocurre en el terreno, el margen de interpretación es enorme.
Apostilla: En México el blindaje se ha vuelto política pública. La nueva Suprema Corte se autorizó nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas. Su costo fue de alrededor de 2.5 millones de pesos por unidad. Pero tras el escándalo vino el anuncio de que las devolverán o reasignarán. El mensaje es brutal. Mientras el Estado promete seguridad, sus élites se compran seguridad. Para el ciudadano sin escoltas ni blindajes queda la parte más mexicana del contrato social: “háganle como puedan”.
Apostilla 2: ¿Piensa en serio la presidenta Sheinbaum que el presidente de Corea del Sur le maneja la agenda a la banda de K-Pop? Lo pregunto por la carta que envió al Presidente de ese país, Lee Jae-myung, pidiendo que BTS haga más conciertos en México.
Columna publicada en El Universal