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Hay un dicho muy claro y sencillo que debería recordar la oposición si realmente quieren tener oportunidad de regresar al poder: “No puedes querer tener el pastel y a la vez comértelo”. Pero eso es lo que están intentando los dirigentes del PAN, PRI y PRD.

Salen a marchar diciéndole a la ciudadanía que están en las calles porque ellos defienden a la democracia que está siendo atacada por el presidente López Obrador, por su partido, Morena; y sus aliados, PVEM y PT, pero después se unen a estos mismos actores para atacar ¡a la democracia!

Quieren su pastel intacto pero también le quieren dar sus mordidotas. ¿No entienden o creen que los ciudadanos somos ignorantes?

Al atacar al Tribunal Electoral como lo están haciendo, para ganar mayor poder en las cúpulas y poder vivir bajo sus propias reglas manteniendo el presupuesto público – que proviene del bolsillo de todos los mexicanos vía impuestos – están atacando la democracia.

Lo que pretenden con la iniciativa que busca reformar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la constitución es eliminar contrapesos y limitar derechos de las minorías políticas. Así de sencillo. Primero porque pretende frenar juicios de derechos políticos promovidos por mujeres. Gracias a éstos se ha logrado avances en la paridad legislativa y mayor presencia en gobiernos locales. Han sido logros costosos que han tenido que brincar varias trancas, como cuando se inventaron los partidos aquello de ‘las Juanitas’. Ponían a una mujer candidata a una diputación o senaduría con un suplente hombre y, apenas comenzaba la legislatura, la obligaban a renunciar.

Con todo y estas mañas, se logró importantes avances en paridad de género dentro de los partidos políticos. Mismo caso se ha dado para otras minorías como indígenas y transgénero. Esto lo quieren eliminar todos los partidos salvo Movimiento Ciudadano.

Además pretenden proteger a las dirigencias de los partidos, en este caso a Marko Cortés, del PAN, Jesús Zambrano, del PRD y Alejandro Moreno del PRI, de juicios internos en nombramientos que hagan. Son tan pequeños estos dirigentes, que prefieren aliarse con quien los está aplastando, Morena, con tal de mantener el poco poder que aún detentan.

Vemos un día sí y al otro también a los aspirantes de Morena, a las famosas corcholatas, violar las leyes electorales. Se promueven burdamente con recursos públicos, y aun así la oposición siente que es buen momento para quitarle poder y atribuciones al Tribunal Electoral que es actualmente la última instancia para poner un freno a estas violaciones constantes de la ley.

Consideran los tres partidos de la oposición, PRI, PAN, PVEM, que hoy que el presidente López Obrador, ataca al Poder Judicial, es buen momento para unírsele a él y a su coalición para atacar al Tribunal que forma parte de este contrapeso.

En medio del litigio electoral de mayor calado de las últimas décadas, el Plan B electoral, uno esperaría que las prioridades políticas de los partidos de la oposición deberían estar en la defensa de las instituciones electorales a toda costa. Si hay puntos que corregir dentro del INE y dentro del Tribunal Electoral, ahora no es el momento para hacerlo ni para pretender debilitarlos. Pero tal parece que la oposición quiere tener su pastel – decir que defienden la democracia – y comérselo también, al querer debilitarla.

La oposición parece que simplemente no entiende.

Columna completa en El Universal

Cuando uno pensaría que el PRI tendría que estar ideando una estrategia para ganarse a la opinión pública que desencantada y enojada con el desempeño del partido durante el sexenio pasado los abandonó y decidió darle el voto a Morena y sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, sale la sorpresa de su postura frente a la detención del General Cienfuegos.

El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados solicitando que la Secretaría de Hacienda, ósea, el gobierno mexicano, asuma los costos legales de la defensa del General Cienfuegos, acusado y detenido en Los Ángeles, California, de haber recibido sobornos de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La detención es un tema de enorme relevancia para México; para la relación bilateral con Estados Unidos y para la lucha en contra del crimen organizado que tanto le ha costado al país en dinero, vidas e imagen.

El punto de acuerdo del diputado Angulo Briceño lo subió a twitter el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así que se puede asumir que es la postura del partido. Bajo el argumento de los 54 años de servicio a México del General Cienfuegos y dado que en el país no hay una investigación abierta en su contra, el PRI, bajo el mando de Moreno y con el documento de Angulo Briceño, se inserta en un tema que hace ver al partido como defensor del crimen organizado y la corrupción.

Si, a Cienfuegos no se le ha declarado culpable en ninguna corte. Pero el primero en asumirlo como culpable fue el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 16 de octubre en donde declaró “Quiero decir que, como en le caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del General Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno o en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades”. Y agregó que él no va a encubrir a nadie. “No podemos seguir con un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Imagínense la vergüenza que detienen al que fue jefe de la Policía con Calderón y ahora al Secretario de la Defensa del pasado gobierno”, remató el presidente.

Más tarde López Obrador intentó retirar lo dicho y decidió que mejor era esperar la sentencia. Pero ese golpe a la credibilidad del ejército ya estaba dado por el actual Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que es el presidente de México.

Golpe que, según fuentes consultadas con trato directo con el Ejército, tiene sumamente enojados a buena parte de las Fuerzas Armadas que simplemente no entienden como es que el presidente López Obrador, que se ha apoyado tanto en ellos, fue tan rápido en condenar a Cienfuegos.

En lugar de dejar al presidente López Obrador en su laberinto para que resuelva qué debe hacer su gobierno frente a un Estados Unidos que actúo unilateralmente en contra de uno de sus ciudadanos y ex funcionario de tan alto rango, el PRI decide presentar este punto de acuerdo para que la opinión pública los catalogue como defensores de posibles actos de corrupción.

Algunos en el Ejército estarán contentos con el PRI. Pero fuera de ellos, esta postura será vista como la prueba de que los errores del pasado siguen siendo defendidos por el corrupto Partido Revolucionario Institucional. Flaco favor se hace el PRI como oposición en la antesala de las elecciones del 2021.

 

Columna completa en El Universal