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Autoridades de Michoacán detuvieron este lunes al propietario y a la administradora del Bar Rich de la ciudad de San Luis Potosí, donde el 7 de junio murieron dos jóvenes y 15 más resultaron heridos tras caer de un tercer nivel por sobrecupo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reveló que los detenidos son Osvaldo “N”. y Nancy Aurora “N”, quienes tras la tragedia huyeron de San Luis Potosí al municipio michoacano de Peribán.

Hubo un tercer detenido, en San Luis Potosí,  a quien se señala como otro presunto implicado en los hechos.

La FGE informó que ambos responsables del bar fueron ubicados tras la búsqueda que encabezó el personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la cual obtuvo de un juez las respectivas órdenes de detención.

Los ahora detenidos fueron trasladados a San Luis Potosí, donde quedaron a disposición del órgano jurisdiccional que los requiere.

Recordemos que fue el pasado 7 de junio cuando dos jóvenes murieron y 15 más resultaron gravemente heridos tras caer de la terraza del bar Rich, ubicado en el tercer nivel de la plaza comercial Alttus, en la avenida Sierra Leona, de la colonia Garita de Jalisco, en la ciudad de San Luis Potosí.

La Fiscalía del estado determinó que el barandal de cristal de la terraza se venció debido al sobrecupo del bar, donde se iba a presentar el cantante de música regional, Kevin Moreno.

Videos difundidos en redes sociales dieron cuenta de la saturación del lugar, donde personal de seguridad de la plaza y del bar no pudieron contener el acceso de decenas de jóvenes que buscaban ver al artista.

Tras el incidente, las cuentas de redes sociales del bar fueron eliminadas, en tanto que el cantante Kevin Moreno no emitió ningún comentario. La Fiscalía de San Luis Potosí informó que el propietario del bar y la administradora se retiraron del lugar, antes del arribo de las autoridades.

El pasado 11 de junio fueron presentadas en la Fiscalía cuatro denuncias penales contra el propietario y administración del bar, por familiares de varios de los jóvenes, entre ellos los de Manuel Alejandro Infante y Rodrigo Espinosa, quienes perdieron la vida.

Foto: X @SinMurosMx

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó 14 acusaciones de tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero contra 47 presuntos miembros de una red de distribución de fentanilo y metanfetamina vinculada al Cartel de Sinaloa, con sede en el Valle Imperial, en California.

De acuerdo con un comunicado, 36 de los 47 acusados fueron arrestados ayer miércoles, mientras se continúa la búsqueda de los 11 restantes: además, se ejecutaron 25 órdenes de allanamiento en el condado de Imperial, en San Diego, en Fresno y Los Ángeles (California), y en las ciudades de Phoenix y Salem (Oregón).

Entre los arrestados figura Alexander Grindley, por presunto tráfico de metanfetamina, mientras trabajaba como agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Las autoridades indicaron además que a lo largo de la investigación y el operativo, en el que participaron más de 400 agentes, fueron incautados 4 kilogramos de fentanilo, lo que equivale a unos dos millones de dosis de la droga, más de 324 kilogramos de metanfetamina; cocaína y heroína, así como 52 armas de fuego, incluidas pistolas y rifles.

La investigación reveló que los rifles de asalto estaban destinados al Cártel de Sinaloa, fuente de suministro de la organización en México.

Igualmente reveló que los acusados pertenecían a varias organizaciones de tráfico que formaban parte de una extensa red que suministraba drogas a todo el condado de Imperial y otras áreas de California y que operaban además en Mexicali, México.

“Con este desmantelamiento, el Departamento de Justicia ha asestado otro golpe al Cartel de Sinaloa y sus asociados”, indicó el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland.

Al menos nueve personas aparecieron muertas este martes en Zacatecas, tras la detención de 26 presuntos integrantes del crimen organizado que azota la región, una de las más inseguras del país.

“Detuvieron a un grupo y hubo una respuesta ayer de que quemaron unos carros por lo mismo”, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia de prensa matutina de hoy.

El mandatario precisó que se detuvo a un total de 26 personas en Zacatecas, lo que provocó que grupos ligados a los detenidos incendiaran vehículos, y se confirmara el asesinato de varias personas, aunque no especificó el número.

La madrugada de este martes, autoridades locales reportaron el hallazgo de al menos nueve cadáveres en dos distintos puntos en Fresnillo, municipio de Zacatecas, donde la población reporta la mayor inseguridad del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que el abandono de los restos humanos sería una reacción adicional del Cartel de Sinaloa a los operativos que han golpeado su estructura en días recientes.

El funcionario sostuvo que la “situación ya está controlada” por lo que pidió calma a la población.

Los hechos ocurrieron horas después de que las fuerzas de seguridad estatales y federales arrestaran a nueve presuntos generadores de violencia que estarían relacionados con los bloqueos del narcotráfico suscitados entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Además de que el lunes detuvieron a otras 13 personas y que, al sumar otros arrestos, las autoridades han detenido en los últimos días a 26 supuestos criminales relacionados con la ola de violencia en los últimos días.

Aunado a ello, un enfrentamiento entre presuntos delincuentes en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas dejó como saldo dos muertos y quema de vehículos.

Las protestas pro Palestina que han sacudido en los últimos días campus universitarios de Estados Unidos comenzaron a ceder este viernes tras una serie de operativos policiales y un firme mensaje del presidente Joe Biden para restaurar el orden.

La policía de Manhattan despejó un campamento en la Universidad de Nueva York después del amanecer, y un funcionario publicó un video en las redes sociales que muestra a los manifestantes saliendo de sus carpas y dispersándose cuando se les ordenaba hacerlo.

La escena parecía relativamente tranquila en comparación con las medidas represivas en otras universidades del país, y algunas en todo el mundo, donde las protestas contra la guerra de Israel en Gaza se han multiplicado en las últimas semanas.

Las autoridades universitarias, que han tratado de equilibrar el respeto al derecho a la protesta y la atención a las denuncias de violencia y discurso de odio, han pedido cada vez más a la policía que desaloje a los manifestantes antes de los exámenes de fin de año y las ceremonias de graduación.

En las últimas dos semanas se han realizado más de 2,000 detenciones en todo Estados Unidos, algunos durante enfrentamientos violentos con la policía, lo que dio lugar a acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

El presidente Joe Biden, que ha enfrentado presiones de todos los bandos políticos por la guerra entre Israel y Hamas, afirmó ayer jueves que “el orden debe prevalecer”.

“No somos una nación autoritaria en la que se silencia a la gente o se aplasta a la disidencia”, dijo Biden en una declaración televisada desde la Casa Blanca. “Pero tampoco somos un país sin ley. Somos una sociedad civilizada y el orden debe prevalecer”.

Esas declaraciones se produjeron horas después de que un gran contingente policial desalojara por la fuerza un campamento de estudiantes en Los Ángeles y reprimiera a la multitud congregada en los alrededores.

Funcionarios universitarios afirmaron que más de 200 personas fueron arrestadas en ese hecho.

En paralelo, manifestantes de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey acordaron desmantelar su campamento tras llegar a un compromiso con los directivos, tal como sucedió en otros centros educativos.

Los republicanos han acusado a Biden de ser “blando” con lo que dicen que es un sentimiento antisemita entre los manifestantes, mientras enfrenta oposición al interior de su propio partido por su fuerte apoyo a la guerra de Israel en Gaza.

“No debería haber lugar en ningún campus, ningún lugar en Estados Unidos para el antisemitismo o las amenazas de violencia contra los estudiantes judíos”, dijo Biden.

El secretario de Educación, Miguel Cardona, se comprometió a investigar informes sobre actos de antisemitismo, señaló la cadena CNN.

Mientras tanto, han surgido protestas estudiantiles similares en todo el mundo, especialmente Australia, Francia, Canadá y México.

En París, la policía intervino para desalojar a estudiantes que realizaban una sentada en la universidad Sciences Po. En la Universidad McGill, de Canadá, las autoridades del establecimiento exigieron el miércoles el desmantelamiento “sin demora” de un campamento estudiantil que ha ido creciendo. Sin embargo, hasta el viernes por la mañana la policía aún no había tomado medidas al respecto.

En México, los campamentos se instalaron en el campus central de la UNAM, en Ciudad Universitaria frente a la Torre de Rectoría.

La guerra de Gaza comenzó cuando militantes de Hamás realizaron un ataque sin precedentes en Israel el 7 de octubre pasado, que dejó más de 1,170 muertos, en su mayoría civiles. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 34,600 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

La detención de tres presuntos criminales dejó una persona sin vida, bloqueos carreteros y el incendio de varios automóviles ayer en Guanajuato, informaron autoridades locales.

“Derivado de estas detenciones, un grupo delincuencial generó actos de violencia al incendiar vehículos en diferentes tramos carreteros de la región”, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado mediante un comunicado.

Todo comenzó cuando agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado patrullaban en la comunidad San Antonio de los Morales, en el municipio de Juventino Rosas.

En su recorrido observaron un vehículo donde viajaban civiles armados, quienes al percatarse de la presencia de los policías, y sin motivo aparente, comenzaron a disparar contra ellos.

Los agentes estatales repelieron la agresión, dando inicio a una persecución cuando lograron que el vehículo de los presuntos agresores detuviera su marcha y sus tres ocupantes fueran detenidos. Se les decomisaron municiones, un arma de fuego y droga.

Como represalia, el grupo criminal al que pertenecen los detenidos comenzó a incendiar varios vehículos y a tirar artefactos llamados estrellas ponchallantas en las calles de la comunidad de Yustis, del municipio de Celaya, aledaño a Juventino Rosas.

También quemaron otros dos vehículos en otros puntos de Celaya, mientras que en el municipio de Villagrán, que forma parte de la región conocida como Laja-Bajío, fueron incendiados dos camiones.

Incluso en Celaya, un agente de bomberos fue asesinado cuando iba a atender uno de los incendios. Estos actos fueron captados en distintos videos que fueron publicados en las redes sociales.

“La situación fue controlada de manera inmediata por las autoridades estatales y el apoyo de cuerpos de emergencias, al apagar los siniestros, liberar las vías de comunicación y retirar las unidades dañadas por el fuego”, informó la dependencia estatal.

Y es que desde 2018, Guanajuato es la región que concentra la mayor cantidad de homicidios en el país. Entre enero y noviembre de 2023, acumuló 2,875 víctimas de homicidio doloso.

El Gobierno federal ha insistiendo en señalar que el estado, gobernador por Acción Nacional, es una de las entidades más violentas debido al consumo de drogas y enfrenamientos entre grupos de la delincuencia organizada. Incluso desde Palacio Nacional se ha acusado sobre diversos pactos entre grupos delincuenciales y autoridades.

Las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos aumentaron en un 33% en julio en comparación con el mes anterior, con más de 132,000 arrestos, informó este viernes un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El Gobierno estadounidense atribuye este incremento a una tendencia “estacional” e insiste en que las medidas implementadas por el presidente Joe Biden para controlar la migración fronteriza han sido “efectivas”.

Se trata del primer aumento en los arrestos en la frontera con México desde que se levantara en mayo pasado el Título 42, norma por la que las autoridades estadounidenses estuvieron expulsando de forma expedita a los migrantes con el pretexto de la pandemia.

“La frontera no está abierta y, como cada año, vemos diferentes cambios en el flujo de migrantes que llegan a la frontera”, subrayó el funcionario.

En concreto, 132,652 personas fueron arrestadas al intentar cruzar de manera irregular la frontera con México, de acuerdo con los datos entregados.

Por otro lado, la fuente informó de que más de 44,000 migrantes pudieron presentarse en puertos de entrada mediante citas solicitadas en la aplicación CBP One, promovida por el Gobierno como la principal vía legal para solicitar asilo en la frontera.

Solo 8 de los 47 puertos de entrada en la frontera sur, que se extiende por 3,141 kilómetros, atienden citas reservadas a través de la aplicación, cuyo funcionamiento ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, al considerarla una forma de restringir el acceso al asilo.

Las nuevas reglas, impuestas por la Administración de Biden dificultan que quienes hayan llegado por tierra a la frontera puedan solicitar asilo, a menos que pidan una cita en la aplicación móvil o se les haya negado protección en un tercer país.

Autoridades detuvieron a dos personas relacionadas con el ataque con explosivos que dejó seis muertos y 15 heridos el pasado martes en Tlajomulco, Jalisco.

El fiscal del estado, Joaquín Méndez, dijo este lunes que las dos personas,  Sergio Julián “N” y Samuel “N”, están señaladas por homicidio, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad pública.

“Son dos personas a las que en las próximas horas se les estarán imputando esos delitos”, adelantó el funcionario en conferencia de prensa. Añadió que las detenciones se lograron en coordinación con autoridades municipales y el Ejército.

Recordemos que el ataque ocurrió cuando fueron activados varios explosivos de fabricación artesanal al paso de vehículos policiales y de la Fiscalía que atendían un reporte sobre un eventual hallazgo de restos humanos en esa zona.

En la explosión murieron cuatro policías y dos civiles mientras que otras 15 personas resultaron lesionadas.

Este atentado ocurrió casi una semana después de que un coche bomba matara a un miembro de la Guardia Nacional e hiriera a otros tres del cuerpo en el estado de Guanajuato.

Al respeto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la semana pasada un aumento en ese tipo de ataques, los cuales rechazó pudieran ser catalogados como terrorismo.

Tras el atentado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que se suspendería la búsqueda de personas desaparecidas mientras se generaban protocolos de seguridad para evitar sucesos similares.

Sin embargo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron que, con esa decisión, se violentaba su derecho a buscar a sus familiares.

Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en el país con más de 15,000 casos, un fenómeno que se atribuye principalmente a la delincuencia organizada, pues en la región opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos en el país.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, informó que a partir de esta semana residirá en un cuartel militar de la región que encabeza debido a las amenazas que ha recibido por parte de presuntos delincuentes que han sido capturados durante su gestión.

La alcaldesa recordó que esta medida se dio por recomendación del Gobierno Federal, a través de la Guardia Nacional y el Ejército, debido a que las amenazas han sido constantes e incluso ya fue víctima indirecta de un atentado, cuando agredieron a uno de sus escoltas el pasado 17 de mayo.

En conferencia de prensa, relató que las amenazas que ha recibido “son de personas que han sido detenidas (…) que pudieran quedar libres y que están enojadas” con ella.

“La Guardia Nacional me sugirió vivir en el Cuartel por mí seguridad, porque no es la seguridad de una ciudadana, sino de quien procura la seguridad de todos los ciudadanos de Tijuana”, señaló.

Recalcó que sus “resultados hablan y si tienen relación o no con estas amenazas, ya será la Fiscalía General del Estado la que lo determine” y afirmó que esta situación “sí le genera temor” porque es un “ser humano preocupado por su integridad”.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que se decidió proteger a la alcaldesa, por lo que se llegó a un acuerdo de ayudarla, siempre tomando en cuenta su opinión. Dijo que era mejor “prevenir que lamentar”.

“Se le está protegiendo ya desde hace como 15 días porque sí ha recibido amenazas y se decidió protegerla, se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla y lo vamos a seguir haciendo”, sostuvo el mandatario.

Fue a finales del mes pasado, cuando el mandatario le manifestó su apoyo a la alcaldesa de Tijuana.

“Es migrante de Oaxaca, una mujer extraordinaria, gente humilde, trabajadora, honesta, que últimamente ha estado recibiendo golpes, agresiones y amenazas”, apuntó en su momento AMLO.

Las detenciones de migrantes que ingresan por la frontera entre México y Estados Unidos han bajado un 70% desde que se dejó de implementar el Título 42 el pasado 12 de mayo, informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

El descenso fue atribuido a la aplicación del plan de la Administración del presidente Joe Biden para gestionar la frontera tras el fin del Título 42, que permitía la expulsión inmediata de los migrantes por razones sanitarias, señaló el DHS.

El plan (Título 8) que estableció nuevas reglas para los solicitantes de asilo y castigos más severos para los migrantes que ingresan de forma ilegal, redujo las detenciones a un promedio de 3,400 diarias, desde el 12 de mayo hasta el pasado viernes 2 de junio, según cifras difundidas por el DHS.

Dentro de esta cifra, llama la atención que los migrantes procedentes de México representan el mayor número de detenciones con un promedio de 1,200 al día, pese a que el gobierno de nuestro país ha asegurado lo contrario.

En segundo lugar se encuentran los hondureños con un promedio de 520 detenciones diarias, seguidos de los guatemaltecos con 360 detenidos al día.

Entre el 12 de mayo y el 2 de junio también se repatriaron a más de 38,400 extranjeros de más de 80 países. La cifra incluye a 1,400 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que fueron devueltos a México bajo un acuerdo que permite enviarlos a nuestro país.

Las semanas previas a la culminación del Título 42 se registraron más de 10,000 detenciones al día.

Bajo esa normativa impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia en marzo de 2020, Estados Unidos llevó a cabo más de 2.5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor, según datos del International Rescue Committee.

Como parte de su plan, la administración Biden actualizó el uso de la aplicación móvil CBP One para permitir que los solicitantes de asilo inicien sus peticiones desde el lugar donde se encuentren. En promedio 1,070 migrantes se presentaron todos los días para ser procesados después de programar una cita.

A partir del jueves pasado, el número de citas disponibles aumentó a 1,250 por día. Los migrantes que más usaron CBP One provienen de Haití, México y Venezuela.

Pese al informe del DHS, un grupo de migrantes intentaron cruzar la noche de ayer desde Matamoros, Tamaulipas, hacia Estados Unidos, luego de que una tormenta destruyera el improvisado campamento que montaron justo en la frontera.

Es el primer incidente de esta magnitud que se produce en un cruce fronterizo desde que Estados Unidos puso fin al Título 42.

Según medios locales, fueron cientos de migrantes, sobre todo venezolanos, hondureños y salvadoreños, fueron los que intentaron llegar a Estados Unidos.

La Agencia de Seguridad del Estado de Bielorrusia (KGB) dio a conocer que ayer logró detener a varias personas que planeaban un ataque terrorista en el país durante el Día de la Victoria.

El Día de la Victoria se celebra este martes, una fecha en la que las antiguas repúblicas soviéticas conmemoran la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Según indicó el jefe de la KGB bielorrusa, Ivan Tertel, la agencia de seguridad cuenta con información suficiente para asegurar que los detenidos tenían previsto atentar durante la jornada de este martes, aunque señaló que la información completa sobre la operación se dará a conocer mañana miércoles.

“Estos fueron intentos de organizar ataques terroristas en nuestro territorio. Y creemos que estuvieron ligados precisamente al Día de la Victoria”, ha manifestado a la agencia bielorrusa de noticias BelTA el máximo responsable de la KGB, quien además alertó sobre una escalada de las tensiones a nivel nacional.

Según Tertel, Bielorrusia también está sufriendo las consecuencias de que “la situación en el mundo ahora sea muy inquieta”.

“Estamos esperando la escalada de la situación en nuestro país”, reconoció el jefe de la KGB, quien ha asegurado estar trabajando en nombre del presidente Alexander Lukashenko para garantizar la calma.

La Agencia de Seguridad del Estado ha confirmado que esta operación se ha llevado a cabo con la colaboración del Ministerio del Interior y el Comité Estatal de Fronteras.

Finalmente dijo que se ha ordenado reforzar los controles de seguridad en las fronteras del país.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, Salvador González Guerrero, fue detenido a pesar del amparo presentado por la muerte de 40 personas tras el incendio que se desató en la estación migratoria de la ciudad a finales de marzo.

Con el arresto de González Guerrero suman siete los detenidos en relación al incendio.

La detención de Guerrero fue detenido la tarde de ayer, a pesar del recurso de amparo que presentó el pasado 13 de abril, y un día después de que fueran arrestados por delitos de homicidio y lesiones otros cuatro funcionarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el sábado Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales del INM en Ciudad Juárez; Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes; y Cecilia Rivera Tena, agente migratoria.

De acuerdo con la Fiscalía, todos ellos habrían incumplido sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas que permanecían recluidas en las instalaciones a su cargo.

Hasta la fecha, los cuerpos de 39 migrantes han sido repatriados a sus países de origen, la mayoría de ellos de países de Centroamérica.

Recordemos que las imágenes de las cámaras de seguridad del centro muestran como varias de las víctimas permanecían encerradas mientras se extendían las llamas, cuando los funcionarios abandonaron el lugar sin abrir la puerta o intentar brindar otro tipo de apoyo.

En un primer momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a los propios internos de originar el fuego, en protesta por su posible deportación. Sin embargo, días después informó que no se abrió la puerta pues la persona que tenía la llave no se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Las autoridades detuvieron a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chihuahua, por su presunta relación con el incendio dejó 40 migrantes fallecidos en una estación migratoria de Ciudad Juárez.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la detención del jefe del Departamento de Recursos Materiales del INM en Chihuahua, Eduardo Apodaca; el subdirector del Grupo Beta de Protección de Migrantes, Juan Carlos Meza, y la funcionaria de migración Cecilia Rivera.

En tanto, las autoridades aún están tras la búsqueda del delegado del INM en Chihuahua, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, contra quien también hay una orden de aprehensión.

Sin embargo, el delegado del INM en Chihuahua no podrá ser detenido debido a que un juez federal le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra.

Recordemos que un magistrado había acordado la detención de seis personas por su vinculación con el caso, de las cuales sólo han sido cumplimentadas cinco.

El Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua también aprobó el jueves las citaciones del titular del INM, Francisco Garduño, y del jefe de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, para el próximo 20 y 21 de abril.

Garduño y Molina podrían ser procesados por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

El anuncio de la citación de Garduño se dio un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó la salida de su colaborador, e incluso defendió su trabajo al frente del INM.

Recordemos que el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en Ciudad Juárez, organizaciones humanitarias y activistas han intensificado los cuestionamientos contra la gestión de Garduño, quien asumió la dirección del organismo migratorio en junio de 2019, seis meses después de que López Obrador llegara al gobierno.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer un informe en el que denunció violaciones a los derechos humanos y al trato digno cometidas por funcionarios del INM en agravio de más de 20 personas, incluidos menores, que se encontraban alojadas “en condiciones indignas” en centros migratorios de las localidades fronterizas de Saltillo y Piedras Negras, en el estado de Coahuila.

Ante las denuncias, la CNDH emitió una serie de recomendaciones dirigidas a Garduño para que se atienda la situación en esos centros y se capacite al personal en materia de derechos humanos.

Autoridades detuvieron la noche de ayer, en el estado de Michoacán,, al presunto sicario y autor material del ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, perpetrado el pasado 15 de diciembre en la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en redes sociales que la detención se realizó en el estado de Michoacán.

El ahora detenido fue identificado como Héctor Eduardo “N”., de 32 años, quien fue capturado en el municipio de Tangancícuaro, en medio de un operativo en el que participó el Ejército, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, las Fiscalías de la Ciudad de México y de Michoacán.

El presunto sicario fue arrestado con base a una orden de aprehensión, por lo que la misma noche de ayer fue trasladado mediante un fuerte dispositivo a la capital.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que su administración ha dado facilidades a las autoridades de la Ciudad de México para continuar las investigaciones por el ataque contra Gómez Leyva. El fiscal de la entidad confirmó la arresto.

En tanto, Claudia Sheinbaum afirmó que el detenido es la persona que viajaba como copiloto en la motocicleta que siguió al periodista y desde la cual dispararon contra él e impactaron el vehículo en el que viajaba la noche del 15 de diciembre antes de llegar a su casa en el sur de la Ciudad.

“Detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra de Ciro Gómez Leyva. Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad”, añadió Sheinbaum en un mensaje en Twitter.

Esta detención se produce luego de que en la madrugada del pasado 11 de enero, autoridades capitalinas detuvieron a 11 personas en 12 cateos llevamos a cabo de manera simultanea en diversos inmuebles de la Ciudad de México.

Ayer, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la captura de otros cuatro implicados en el caso. En total suman 16 detenidos relacionados con el ataque al periodista.

El atentado ha causado polémica en México por tratarse de uno de los comunicadores más reconocidos del país y por la cobertura crítica que hace al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Instituto Nacional de Migración (INM), que depende de la Secretaría de Gobernación, informó que ha detenido en solo cuatro días a 16 mil 096 personas migrantes provenientes de 46 países, quienes transitaban de manera irregular por diversas entidades del país.

Las detenciones, que el INM llama “rescates”, se dieron entre el pasado 17 y 20 de noviembre en 22 estados.

Detalló que la mayor cantidad de personas migrantes extranjeras detenidas en esos cuatro días son originarias de países de Centro y Sudamérica: Venezuela, 4 mil 968; Guatemala, 2 mil 987; Nicaragua, mil 385; Honduras, mil 311 y Ecuador, mil 285.

Las entidades donde fueron identificadas son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La autoridad migratoria indicó que ante el aumento de personas en tránsito irregular por el país y los peligros a los que son expuestas por los traficantes de migrantes, así como por las bajas temperaturas que pueden poner en riesgo su vida y su salud, se determinó incrementar los centros de atención de puertas abiertas para los migrantes.

Dichos centros se establecieron en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Durango, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.

“El INM refrenda el compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda a los derechos de quienes ingresan y transitan por territorio mexicano”, señaló el Instituto.

Las detenciones en nuestro país se dan cuando Estados Unidos ha alertado sobre un número récord de cruces de migrantes en la frontera con México, incluidos 187,000 venezolanos sólo en el año fiscal 2022.

Autoridades estadounidenses habían anunciado el mes pasado un plan, acordado con México, para devolver a migrantes venezolanos que entran ilegalmente a Estados Unidos.

Sin embargo, a principios de este mes, un juez estadounidense declaró ilegal la orden de la época de la pandemia de COVID conocida como Título 42, utilizada para expulsar a los migrantes a México, lo que complica la estrategia del presidente Joe Biden para disuadir el cruce de la frontera.

Desde entonces, miles de migrantes se han visto obligados a acampar en malas condiciones en distintos puntos de México, generando una crisis que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) insiste en negar.

La cifra de detenciones de supuestos miembros y personas ligadas a pandillas en El Salvador asciende a 56,716 en los siete meses de régimen de excepción, implementado por el presidente Nayib Bukele.

El Ministerio de Seguridad y Justicia actualizó la cifra este viernes sin detallar cuántas de las personas capturadas son pandilleros o a qué banda pertenecen.

La Presidencia informó recientemente que en los siete meses de régimen de excepción suman 128 días sin homicidios, y en lo que va de la administración de Bukele se cuentan 227 días sin ningún asesinato.

El régimen de excepción ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, e implica la suspende de varias garantías constitucionales.

Se prevé que El Salvador concluya 2022 bajo esta medida, promovida por el presidente Bukele para “combatir” a las pandillas.

La medida ha sido criticada por diversas organizaciones en El Salvador y el mundo. Recientemente, siete organizaciones locales dieron a conocer que registran 4,071 denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción.

Estas denuncias se suman a las más de 3,400 registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 7,400.

La mayoría de denuncias son por detenciones arbitrarias y los registros apuntan a los cuerpos de seguridad como los victimarios, en especial elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), señala que la mitad de los salvadoreños dice que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas, aunque 75.9% aprueba la medida.

Recordemos que el gobierno atribuye la reducción de homicidios a su plan Control Territorial y a la medida de régimen de excepción.

Tres militares fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida Guerrero en 2014, informaron este jueves autoridades federales.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo durante su intervención en la conferencia matutina de Palacio Nacional, que entre los detenido está quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuando ocurrieron las desapariciones.

Adelantó que se espera que se concrete una cuarta orden de captura de otro oficial, aunque no mencionó los nombres de los uniformados.

El responsable del Batallón de Infantería de Iguala en 2014 era el coronel José Rodríguez Pérez, quien fue mencionado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, los normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja” y el 30 de septiembre de 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes”.

El presidente de la Comisión de la Verdad indicó que se obtuvo esa información a través de llamadas telefónicas de emergencia que acreditan que seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras la detención masiva del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

En su último informe la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa de “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

Poco después de la difusión del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Tras el anuncio hecho por Encinas, fue detenido y encarcelado quien fuera titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, también adelantó que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez que liberó en primera instancia al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y 19 personas más, vinculados al caso Ayotzinapa, y quienes también fueran señalados como presuntos responsables en el informe de la Comisión de la Verdad.

“Sobre el fallo de un juez de control de Matamoros, Tamaulipas en contra de José Luis Abarca generó la absolución por secuestro agravado por el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y 19 personas más, esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal”, dijo el funcionario.