Durante años se pugnó en México para que los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de premiar o castigar a nuestros políticos a través de la reelección. La idea era que así se rompería el monopolio de los liderazgos partidistas sobre los legisladores, quienes se tendrían que preocupar por su desempeño como funcionarios públicos para que los ciudadanos los quisieran reelegir.

Por ello, en septiembre del 2014 se reformó el artículo 59 constitucional para que los senadores pudieran ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos.

En las elecciones del 6 de junio, los ciudadanos pudimos por primera vez desde 1933 reelegir o no a los diputados federales. Sin embargo, los liderazgos partidistas siguieron manteniendo el control sobre sus legisladores y los ciudadanos no pudimos realmente ser quienes decidiéramos si queríamos premiar o castigarlos.

Primero porque los liderazgos dentro del partido fueron los que decidieron quién de sus legisladores podían buscar reelegirse. A principios del proceso electoral más de 440 diputadas y diputados manifestaron que querían buscar la reelección, pero al final solo 207 se pudieron postular. La decisión de quién sí y quién no podía hacerlo fue de los liderazgos que pudieron premiar a sus cuadros leales con ese ‘permiso’. Por ello, por ejemplo, alguien como Porfirio Muñoz Ledo no pudo buscar reelegirse ya que Mario Delgado, quien compitió por la presidencia del partido y le ganó después de pleitos públicamente ventilados entre ambos, pudo castigarlo sin permitirle buscar la reelección. La decisión de dejar fuera a Muñoz Ledo fue del líder del partido y no de los ciudadanos.

Según un estudio estimado de la reelección que hizo Fernando Dworak, quien conoce como pocos en México el tema, de los 500 diputados de la nueva legislatura, la LXV, 140 van a repetir porque ganaron la reelección. Esto es el 28 por ciento de los legisladores. No es mucho, pero lo importante más allá del número, fue ver que los liderazgos de los partidos fueron quienes permitieron o no a sus legisladores buscar la reelección. Así, los ciudadanos no logramos ser quienes premiamos o castigamos a nuestros legisladores. El control lo mantuvieron los lideres de los partidos.

Otro de los propósitos de la reforma al artículo 59 para permitir la reelección era que se mantuviera la continuidad y con ello la experiencia de los diputados. Tres años era muy poco tiempo para aprender como funciona el legislativo y, cuando apenas se estaba logrando agarrarle la onda al proceso, ya tenían que abandonar el cargo. La reelección buscaba premiar la experiencia.

Pero, dado como legislaron los diputados en los tres años de la actual legislatura en donde vimos con claridad que el presidente López Obrador mandó órdenes de no modificar ni una coma a iniciativas como la Ley de Energía Eléctrica y que los diputados de su partido le obedecieron, es difícil pensar que la experiencia legislativa que obtuvieron los 80 diputados de Morena que se reeligieron sirvan mucho a la ciudadanía. Más bien, todo indica que seguirán sirviendo al presidente.

Así, dos de los principales propósitos de reformar el artículo 59 para permitir la reelección legislativa no se lograron cumplir en esta primera ronda. La clase política está claramente abocada en darle la vuelta a la rendición de cuentas a la ciudadanía. Por más reglas electorales que se hagan, seguiremos viendo que los políticos responden antes a sus liderazgos que a sus votantes.

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