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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Plan Integral, Calendario y Lineamientos para realizar la Consulta Popular sobre los expresidentes, la cual se realizará el próximo 1 de agosto.

Según lo que aprobó en su momento, en la consulta popular se consultará a la ciudadanía: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que el Instituto va a cumplir con sus obligaciones constitucionales en la medida de las posibilidades que presupuestales que tengan, pues enfatizó en que «nadie está obligado a lo imposible», esto en referencia al señalamiento de que no se cuenta con presupuesto autorizado para su realización.

Refirió que el Instituto solicitó en dos ocasiones la ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda en donde se le plantearon escenarios distintos procurando reducir la necesidad presupuestal a través de la disminución del número de casillas a instalarse.

“El punto es que no hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, contábamos con hacerlo. Por eso, los documentos sobre la consulta que hoy conoce este Consejo están planteando la hipótesis de eventualmente sufrir una modificación por parte de este Consejo General, porque dependerá de las suficiencias presupuestales que tenga este Instituto para que la consulta pueda llevarse a cabo”, informó.

Hasta ahora, el INE considera un «presupuesto muy ajustado» para la consulta, que será de 890 millones de pesos en lugar de los mil 500 millones de pesos, que había propuesto el INE en un inicio.

Cabe recordar que la consulta popular se efectuará tan sólo 55 días después de la Jornada Electoral del 6 de junio, considerada la más grande en la historia del país.

El acuerdo aprobado por el Consejo General del INE establece que la Consulta Popular está integrada por las etapas siguientes: a) organización, b) difusión, c) desarrollo de la jornada, d) cómputo y declaración de resultados.

La convocatoria para la realización de la consulta popular será publicada el próximo 15 de julio, y se contempla la instalación de 104 mil 667 casillas (aunque está la propuesta de instalar únicamente 91 mil), así como la utilización de mil 500 boletas por casilla, para lo cual participarían 2 mil 318 supervisores y 17 mil 469 instructores.

El INE también analiza la viabilidad de que se amplíe el periodo de vigencia de la credencial para votar con fotografía, al 1 de agosto, con el fin de que se pueda utilizar para la consulta popular.

El pleno determinó que durante el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 1° de agosto de 2021 los tiempos oficiales en Radio y Televisión que le corresponden al INE y a las demás autoridades electorales, salvo las de estados que celebren algún proceso de participación, sean utilizados para la promoción de la Consulta Popular.

La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral (INE) encabezaron esta tarde el arranque de la producción de boletas del Proceso Electoral Federal 2020-2021 en los Talleres Gráficos de México.

En el acto de arranque, la secretaria Olga Sánchez Cordero aseveró que, así como la neutralidad no es indiferencia, la autonomía no es autarquía. “Lo comparto, considero que siendo la neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales, administrativas y judiciales».

Al recordar palabras de José Woldenberg, la titular de la Secretaría de Gobernación dijo que el árbitro electoral debe ser discreto, «no busca el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es muy clara: por definición el árbitro debe ser neutral, o no es árbitro”.

En este sentido, confió en que las elecciones del próximo 6 de junio serán ejemplares, por su organización y por la limpieza de sus resultados. Reflexionó que eso depende, en primer lugar, de los partidos políticos y de sus candidatos, así como de las autoridades electorales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Señaló que el Acuerdo Nacional por la Democracia reafirma la obligación y compromiso del Ejecutivo federal y los titulares estatales de acatar el mandato constitucional de no utilizar recursos públicos para influir en la competencia entre partidos políticos.

«Es una obligación de neutralidad ante partidos y candidatos que, como secretaria de Gobernación, hoy reitero y refrendo. El gobierno de la República dará al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los institutos y tribunales electorales de las 32 entidades federativas, todo el apoyo que requieran para que, con pleno respeto a su autonomía, cumplan, con oportunidad y calidad, sus tareas”, aseguró.

La secretaria de Gobernación reiteró la invitación a sumar esfuerzos y capacidades para que esta jornada electoral sea la de mayor participación ciudadana a pesar de la contingencia sanitaria que se vive por la pandemia de COVID-19.

Por su parte Lorenzo Córdova recordó que, aunque el INE es un órgano constitucional autónomo, “muy celoso de su independencia y autonomía», tiene muy claro que la autonomía no significa autarquía por lo que mantiene relaciones de colaboración con todas las instituciones del Estado.

El INE, expuso el consejero presidente, no sólo es el organizador de los comicios; también es el árbitro de la contienda electoral, por lo que la institución se abocará a garantizar la aplicación de la ley y la imparcialidad en el proceso electoral.

“Haremos valer la Constitución, las leyes electorales y las normas y lineamientos aprobados, de manera colectiva y colegiada en el seno del Consejo General. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo”, sentenció Córdova Vianello.

Horas más tarde dijo en sus redes sociales que si bien el mensaje había sido que el árbitro debe ser discreto y neutral, ser discreto y neutral no significaba ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley. «Frente a ello debe ser estricto y puntual».

En tanto, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña aprovechó la oportunidad para recordar que el Consejo General sesionará para dar inicio con los trabajos de la Consulta Popular que se llevará a cabo en agosto próximo, luego de la jornada electoral.

“Eso significa que estamos en una institución con un gran liderazgo, capaz de estar planeando, ejecutando y evaluando muy distintas actividades al mismo tiempo y de distintos temas”, subrayó.

Se informó que los Talleres Gráficos de México tienen la tarea de imprimir 103 millones 961 mil 362 boletas electorales, para lo que se utilizarán 677 toneladas de papel seguridad, con marca de agua, entre otras medidas de seguridad.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) publicó este miércoles los criterios que prohíben al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a otros funcionarios hacer propaganda política o difundir acciones de gobierno en las conferencias de prensa de Palacio Nacional, en las llamadas mañaneras.

Los magistrados del TEPJF consideraron que las conferencias matutinas se tratan de un «nuevo modelo de comunicación gubernamental que comprende información de interés público, ésta no puede sustraerse del marco constitucional y legal vigente, en particular, de las restricciones en materia de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, así como de la observancia a los principios de promoción personalizada de las y los servidores públicos y neutralidad en el uso de los recursos de la misma naturaleza».

Señalaron que lo relevante en materia electoral no es el tipo de formato comunicativo en que se producen las conferencias mañaneras, sino el contenido y las manifestaciones específicas de las y los funcionarios que participen en estas.

Esto «es lo que finalmente determina si se trata o no de propaganda gubernamental prohibida durante el periodo de campañas electorales».

Enfatizó que se debe entender como propaganda gubernamental, al ejercicio de información cuya naturaleza deriva de la intención de informar logros de gobierno, temas coyunturales de ejercicio gubernamental, datos o estadísticas de actividades o programas gubernamentales y, en general, información relevante del actuar de un gobierno en activo con el fin de generar una imagen positiva de este ante la ciudadanía y el electorado.

Por ello, los magistrados consideraron que los servidores públicos tienen el deber de cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a influir en las preferencias electorales o en la opinión pública durante los procesos electorales, ya sea federal o locales.

Además de que deben ser «particularmente escrupulosos, en la etapa de campañas electorales, al dirigir mensajes que pueden ser retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión».

Añadió que los medios de comunicación no asumen responsabilidad directa o indirecta por difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad de expresión, aunque advirtió a los concesionarios de radio y televisión que transmitan de manera completa o parcial las conferencias, en entidades donde se llevan a cabo campañas electorales, que «incurren en un alto riesgo de transgredir la restricción constitucional» y podrían resultar sancionados.

Los criterios que emitieron los magistrados respecto de las responsabilidades en que pueden incurrir los funcionarios públicos por la difusión de propaganda gubernamental en las conferencias de prensa difundidas durante las campañas fueron:

  • Cuando un funcionario público convoca, organiza o participa, en una conferencia para difundir logros de Gobierno, incurre en la difusión de propaganda gubernamental en medios, prohibida durante la etapa de campañas y hasta la jornada electoral.
  • En caso de que no se pueda garantizar la no difusión de las conferencias, la información que se difunda deberá tener carácter institucional y abstenerse de elementos que constituyan propaganda política, personalizada, o electoral, logros de gobierno, o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales.
  • La información generada durante las conferencias de prensa, en todo momento deberá tener fines informativos.

Recordemos que a mediados de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a López Obrador evitar manifestarse respecto a temas electorales y a emitir opiniones a favor o en contra de aspirantes ni coaliciones durante sus conferencias matutinas y otros eventos gubernamentales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador goza de buena popularidad. El promedio de Oraculus le da un 63 por ciento. Y Morena va en caballo de hacienda para tener un buen resultado en las elecciones del 6 de junio.

De acuerdo con la misma página, en la Cámara de Diputados, la alianza de Morena-Partido del Trabajo-Partido Verde, logrará 327 escaños, lo que lo deja en la antesala de obtener las 2/3 partes, que son 334 diputados.

En cuanto a gubernaturas, el más reciente sondeo de Massive Caller arroja que Morena tiene cómoda ventaja en Colima, Guerrero, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Es decir, de 15 gubernaturas aventaja en 10. Nada mal.

No será carro completo, pero eso hasta los priistas de los 70 sabían que era positivo. “Lo que resiste, apoya”, era el dicho de Jesús Reyes Heroles. La importancia de que existiera cierta oposición, entre la domesticada y la orgánica, hacía que México pudiese ser considerada una democracia. Imperfecta, pero democracia.

Un resultado electoral en el que Morena se quede con todo sería la señal inequívoca de que la democracia y sus pesos y contrapesos han sido pulverizados.

Entonces, con números tan positivos de cara a los próximos resultados electorales, ¿cuál es la necesidad de atacar al árbitro y querer descabezarlo? ¿Por qué prefiere el presidente de México, AMLO, y de Morena, Mario Delgado, denostar al INE en lugar de voltear a ver por qué de los 52 candidatos a los que se les retiró su registro por no haber presentado sus reportes de gastos de precampaña, 49 son de Morena?

Uno de esos candidatos es Félix Salgado Macedonio, a quien el presidente ha defendido a capa y espada para dejarle la candidatura al gobierno de Guerrero, a pesar de las acusaciones en su contra de abuso sexual y violación. Este apoyo le puede costar caro, le debería costar caro, a Morena frente al voto femenino y quienes apoyan un país que rechace dejar este tipo de actitudes en la impunidad. ¿No tendrían que estar furiosos AMLO y Delgado con Salgado Macedonio por haberlo apoyado y que éste les pague con la moneda de no cumplir con la Ley General de Partidos Políticos?

El INE es una institución a la que se han dado demasiadas tareas. Pero así lo ha querido la clase política y en mucho se ha debido a las solicitudes enérgicas del candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México.

Si queremos adelgazar ciertas atribuciones del árbitro, el momento será pasadas las elecciones, no a 67 días de ellas.

La actitud del presidente de México y de Morena deja la enorme interrogante de, si están tan bien ¿por qué están tan preocupados? ¿A qué le tienen miedo?

 

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta tarde en Palacio Nacional, la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia que propuso a las y los mandatarios estatales, y quienes este martes acudieron al evento.

“Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”, subrayó López Obrador.

Además del mensaje que ofreció el mandatario, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; la gobernadora de Sonora también presidenta de la Conago, Claudia Pavlovich; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Fiscal Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, fueron los encargados de dar un mensaje durante el encuentro.

Llamó la atención que diversos gobernadores de oposición aseguraron que la firma del acuerdo no se trató de otra cosa que refrendar lo que ya estaba indicado en las leyes. Incluso algunos pidieron que a dicho acuerdo se debía sumar al Instituto Nacional Electoral (INE).

También, la presencia del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue un asunto a comentar, pues mantiene actualmente un proceso de desafuero por parte de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, por supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El gobernador ha acusado explícitamente al presidente López Obrador de estar detrás de dichas acusaciones, además de que ha cuestionado la labor del Fiscal Gertz Manero, quien también estuvo en el evento.

Sobre el tema de partidos y las elecciones, esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado sobre las críticas y señalamientos que se han hecho a Morena por hacer presunto uso electoral de la vacuna contra el COVID-19. Incluso se le mencionó que senadores del PAN han anunciado que presentarán una denuncia sobre ele tema,

AMLO dijo que prefería no meterse en el tema, aunque más tardó en expresar dicha idea que en manifestar que «sólo decir que no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente».

Eso sirvió para que siguiera abordando el tema al decir que quienes representan la llamada Cuarta Transformación  tienen principios e ideales.

2La vacuna es para todos y nos toca a nosotros resolver la distribución y la aplicación, porque es nuestra función, nuestra tarea. Y hemos hecho un buen trabajo entre todos, con mucha anticipación nos preparamos, guardamos el dinero necesario, decidimos empezar a conseguir las vacunas», sostuvo AMLO.

Al añadir que su administración ha trabajado todos los días para garantizar que lleguen las vacunas, indicó que ha sido una labor muy distinta a la que se daba en el pasado, donde acusó que imperaba la corrupción, el influyentismo, el clasismo, el racismo y la discriminación.

Señaló que antes se atendía a los que tenían influencias y no se tomaba en cuenta al pueblo. «Nuestros adversarios, los conservadores, que quieren regresar, y yo estoy también pidiendo que regresen, pero lo que se robaron, están cuestionando todo, atacando al gobierno constantemente».

Remató asegurando que la gente tiene confianza en su gobierno.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que piensa que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es un «asesino», y advirtió que «pagará las consecuencias» de ello.

«¿Piensa que Putin es un asesino?», le preguntó George Stephanopoulos, periodista estrella de la cadena estadounidense ABC; la respuesta del demócrata no dejó lugar a dudas: «Lo pienso», afirmó en esta entrevista difundida este miércoles. «Pronto verán el precio que va a pagar», añadió.

Biden no especificó si se refería al envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalni ocurrida en agosto pasado, responsabilidad de Rusia según Estados Unidos.

Recordemos que el activista fue encarcelado al regresar a su país tras pasar cinco meses de convalecencia en Alemania, y Washington exige su liberación.

En una primera reacción de un responsable ruso de alto rango a estas declaraciones, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento (Duma), y cercano a Vladimir Putin, atribuyó los dichos de Biden a «histeria debido a la impotencia».
«Putin es nuestro presidente y un ataque contra él es un ataque contra nuestro país», escribió Vyasheslav Volodin en su canal de Telegram. «Biden insultó a los ciudadanos de nuestro país con su declaración», añadió quien fuera número 2 de la administración presidencial rusa entre 2011 y 2016.

El presidente Biden ha mostrado desde su llegada a La Casa Blanca, una gran firmeza frente a Putin, en contraste a la actitud de su predecesor Donald Trump. Washington ya sancionó a comienzos de este mes a siete altos responsables rusos en respuesta al envenenamiento de Navalni, del que los servicios de inteligencia estadounidenses responsabilizan a Moscú.

En un nuevo informe, las autoridades estadounidenses acusaron también a «actores ligados al gobierno ruso» de nuevas injerencias electorales en 2020, después de las de 2016.

«Tuvimos una larga charla, él y yo, lo conozco relativamente bien», contó el mandatario. «Le dije ‘te conozco y me conoces. Si establezco que esto ha ocurrido, prepárate'» para las consecuencias, añadió, sin explicar a qué se refería exactamente.

El mandatario afirmó, sin embargo, que le gustaría poder «trabajar» con Rusia «cuando sea de nuestro interés común», como en la prolongación del acuerdo de desarme nuclear New Start decidida poco después de su llegada al poder.

Sobre las acusaciones de injerencia electoral, Moscú indicó que dicho informe era «incorrecto, completamente infundado y sin pruebas», según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. «Rusia no interfirió en las elecciones precedentes» de 2016 que llevaron a la victoria de Donald Trump y «no ingirió en las elecciones de 2020» vencidas por Joe Biden, remarcó. Según el funcionario, el informe es un «pretexto para volver a poner en la agenda la cuestión de las nuevas sanciones contra Rusia».

Más tarde se informó que Rusia llamó a su embajador en Washington para consultas «para analizar qué hay que hacer o hacia dónde hay que ir».

Según el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, se busca evitar la «degradación irreversible» de las relaciones con Estados Unidos, por lo que el embajador Anatoli Antonov fue requerido.

«Para nosotros lo esencial es determinar cuáles pueden ser los medios de rectificar las relaciones rusoestadounidenses, que se encuentran en un estado difícil y que Washington ha llevado a un callejón sin salida en estos últimos años», añadió la cancillería.

El presidente Vladimir Putin probablemente dirigió el esfuerzo de Moscú para tratar de incidir en la elección presidencial de Estados Unidos el año pasado, en favor de Donald Trump, según un informe de inteligencia estadounidense publicado este martes.

El informe de 15 páginas, publicado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, añadió peso a acusaciones anteriores de que algunos de los principales lugartenientes de Trump estaban haciendo el juego a Moscú al amplificar las afirmaciones contra el entonces candidato Joe Biden por figuras ucranianas vinculadas a Rusia, en el período previo a las elecciones del 3 de noviembre.

Además, añadió nuevas conclusiones de que Putin supervisó o al menos aprobó la intromisión en las elecciones para beneficiar a Trump.

Es probable que los resultados sobre el papel de Putin reciban una atención especial, dadas las conclusiones del informe de que figuras respaldadas por Rusia, como el parlamentario ucraniano Andriy Derkach, reclutaron a políticos estadounidenses no identificados en su campaña para desprestigiar a Biden y a su hijo Hunter.

El informe mencionó a Derkach, que se reunió con el abogado de Trump, Rudy Giuliani, en 2019, como alguien cuyos movimientos eran seguidos, si no dirigidos, por Putin.

«Putin tenía competencia sobre las actividades de Andriy Derkach», señala el informe. «Otros altos funcionarios también participaron en los esfuerzos de influencia electoral de Rusia, incluidos funcionarios de alto rango de seguridad nacional y de inteligencia, que evaluamos que no actuarían sin recibir al menos la aprobación tácita de Putin».

Las agencias de inteligencia estadounidenses y el exfiscal especial Robert Mueller habían concluido antes que Rusia también interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016 para impulsar la candidatura de Trump, con una campaña de propaganda destinada a perjudicar a su entonces oponente, Hillary Clinton.

Mueller encontró numerosos contactos entre la campaña de Trump y Rusia. Trump, mientras era presidente, también se enfrentó a preguntas sobre los vínculos de sus asociados con Rusia y con figuras vinculadas a Rusia en Ucrania.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos sometió a Trump a un juicio político en 2019, la primera de dos veces, por cargos derivados de su petición de que Ucrania investigara a los Biden.

El informe de inteligencia de Estados Unidos también encontró otros intentos extranjeros para influir en los votantes estadounidenses en 2020, incluida una «campaña de influencia encubierta de varios frentes» por parte de Irán, destinada a socavar a Trump.

Funcionarios de inteligencia dijeron que también vieron esfuerzos de Cuba, Venezuela y el grupo militante libanés Hezbolá para influir en las elecciones, aunque «en general, evaluamos que fueron de menor escala que los realizados por Rusia e Irán».

Un juez de la Suprema Corte de Brasil anuló este lunes las condenas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por considerar incompetente al Tribunal que las dictó, con lo que se le abre el camino al líder de izquierda para las presidenciales de 2022.

Lula suma dos condenas emitidas por un Tribunal de Curitiba por casos vinculados a la operación anticorrupción Lava Jato, que descubrió un esquema de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la petrolera estatal Petrobras.

El juez Edson Fachin respondió a un pedido de ‘habeas corpus’ presentado por la defensa de Lula en noviembre pasado y decidió que el exmandatario sea juzgado nuevamente por la justicia federal de Brasilia, alegando que los casos concernidos no se limitaban a Petrobras.

El expresidente fue condenado en 2018 por corrupción y lavado como beneficiario de un tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo) y estuvo detenido desde abril de ese año hasta noviembre de 2019 en una celda especial en la sede de la Policía Federal de Curitiba.

La sentencia fue validada en tercera instancia y totalizaba 8 años, 20 meses y 20 días de cárcel, aunque una decisión de la Suprema Corte le permitió agotar todas los recursos judiciales en libertad.

En 2020 fue condenado a 17 años en segunda instancia, acusado de recibir sobornos de constructoras, relacionados con un sitio en Atibaia a cambio de influir en la obtención de contratos en Petrobras.

Lula siempre negó las acusaciones y se considera blanco de una operación política en su contra orquestada por Sergio Moro, el juez que lideró la Lava Jato, y que en 2019 asumió el Ministerio de Justica del presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Moro permaneció en el cargo hasta abril de 2020, cuando se distanció del mandatario.

De acuerdo con el fallo de Fachin, otros dos casos que involucran a Lula en el marco de la Lava Jato deben pasar también a la esfera de Brasilia. La noticia repercutió con fuerza en Brasil. La Bolsa de Sao Paulo retrocedía más de 3% después del anuncio, en tanto que el dólar se aproximaba a 5.8 reales.

Un total de 35 diputados pidieron esta semana licencia para dejar sus escaños y poder aspirar a otros cargos en las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio.

Según un comunicado de la Cámara de Diputados, ayer miércoles se autorizó a 24 diputados de Morena, PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). En la sesión del día anterior, lo pidieron otros 11 diputados, del Partido PAN) Morena, PRD, MC y PES.

Recordemos que el próximo 6 de junio se elegirá a 500 diputados federales, 15 gobernadores, 30 congresos estatales y 1,900 ayuntamientos, por lo que son consideradas como las elecciones más grandes e la historia.

Adicional, casi el 90% de los actuales 500 legisladores buscarán la reelección en esos comicios para permanecer tres años más en su escaño. El pasado 5 de enero, la Cámara informó que recibió 448 cartas de intención de legisladores que buscarían su reelección.

Para poder centrarse en las campañas electorales o poder optar a otros cargos en las elecciones intermedias, como gobernador o alcalde, decenas de diputados han tenido que pedir licencia para dejar sus escaños.

En las elecciones de junio próximo está en juego la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó medida cautelar vía tutela preventiva contra Morena para que sus brigadas se abstengan de solicitar a la ciudadanía información de la credencial de elector, y para que no se vincule a los programas sociales del gobierno federal con el partido político, especialmente en el caso de la vacunación contra el COVID-19.

Y es que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja contra Morena por la presunta realización de padrones o registros de personas beneficiarias para acceder a programas gubernamentales, haciendo uso y aprovechamiento con fines electorales.

Lo anterior, con motivo del registro de visitas domiciliares, organización de brigadas y trabajo en las calles que llevan a cabo personas que se identifican con Morena a través de su vestimenta, credencial o indumentaria. Estas personas, dijo el PAN, solicitan datos e información personal a la ciudadanía de su credencial de elector, ofreciendo que podrán ser beneficiadas con distintos programas sociales.

Al respecto, el INE llevó a cabo diferentes diligencias que, de manera preliminar, permiten presumir la existencia de las conductas señaladas, mediante la certificación de videos que circulan por diferentes medios y redes sociales, así como a partir de declaraciones expresas de personas involucradas en las conductas denunciadas que refieren estar contratadas por el partido fundado pro AMLO.

«La posible ilicitud de las acciones señaladas consiste en que el orden jurídico vigente prohíbe que los partidos políticos se apropien o participen en la implementación o ejecución de programas sociales o gubernamentales, pues éstos son ajenos de las finalidades establecidas para los partidos. Los programas sociales deben ejercerse de manera neutral e imparcial y está prohibido su uso con fines electorales», indicó el la Comisión del INE.

El consejero del INE, Ciro Murayama, señaló que la actuación del prestador de servicios de Morena, al pedir datos de los ciudadanos para ofrecer programas del gobierno federal no es legal. «La distancia entre partido y gobierno se rompe y empieza a haber un uso partidista de esta persona de los programas sociales, aun cuando la ley es muy clara al señalar que los programas sociales son públicos”.

Precisó que el acceso a los programas sociales es un derecho de la población; condicionarlos desde un partido es un ejercicio clientelar prohibido por la legislación.

Asimismo, la consejera Adriana Favela indicó que las personas identificadas con Morena llevan a cabo un uso y aprobación indebida de programas gubernamentales, solicitando para ello información contenida en la credencial para votar.

Reiteró la importancia de que ningún partido haga uso indebido de programas sociales o gubernamentales y mucho menos condicionando el voto a favor de ellos.

La Comisión concedió las medidas vía tutela preventiva para exigir al partido político Morena:

  • Abstenerse de realizar, ordenar o participar en actos como los denunciados
  • Instruir a su personal y militancia de no ostentarse directa o indirectamente en representación de ningún ente público o gubernamental, ni solicitar información de la credencial para votar.

Asimismo, se le solicitó al partido político presentar ante el INE muestra de cumplimiento de la determinación dentro de las 48 horas siguientes, con acciones como:

  • Colocar en sus páginas o redes sociales de manera expresa que el partido no está vinculado con ningún programa social.
  • Señalar de manera clara que el partido no va a recabar datos ni a solicitar información relacionada con la credencial de elector.
  • Hacer del conocimiento esta determinación con todos sus órganos estatales.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump reapareció este miércoles en televisión, al conceder una entrevista telefónica para hablar del fallecimiento de Rush Limbaugh, en la que insistió en sus acusaciones de que hubo fraude en las pasadas elecciones, además de que criticó al Partido Republicano.

Trump, que se encuentra en su club de golf de Mar-a-Lago, en Florida, intervino telefónicamente en la cadena de televisión Fox News para elogiar la figura de Limbaugh, que lo entrevistó en varias ocasiones.

Dijo que Rush creía que él había ganado la elección presidencial, algo con lo que dijo estar de acuerdo; dijo que su triunfo fue «sustancial», y que mucha gente lo sintió así también.

«No creo que eso le hubiera pasado a ningún demócrata, hubieras tenido disturbios en todas partes si eso le hubiera pasado a los demócratas, no tenemos el mismo apoyo en ciertos niveles del sistema (del partido) republicano, pero tenemos gente genial entre los republicanos. Rush sentía que habíamos ganado y estaba bastante enfadado sobre eso», añadió el exmandatario.

Desde que las proyecciones de los medios de comunicación dieron al demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales cuatro días después de su celebración, Trump ha insistido en sus acusaciones de fraude electoral sin aportar pruebas y no llegó a reconocer el triunfo de su rival hasta después de que la Cámara Baja aprobara el 13 de enero la acusación para abrir un juicio político contra él por el asalto al Capitolio.

Y es que minutos antes del asalto, el entonces presidente saliente pronunció un discurso incendiario desde La Casa Blanca donde instó a sus partidarios a marchar hacia al Capitolio para «detener el robo» de las elecciones.

Esa intervención sirvió de base a los demócratas para abrir un juicio contra él en el Senado, bajo el cargo de haber incitado a la insurrección, del que Trump fue absuelto el pasado fin de semana, al no haber votos suficientes para «condenarlo».

Como Trump ya no es presidente, se hubiera enfrentado a una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.

Recordemos que desde el asalto al Capitolio, el exmandatario, que durante su mandato estuvo omnipresente en Twitter, tiene bloqueadas sus cuentas en las principales redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró este miércoles «ofensivo» que se le acuse de usar la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a los mayores de 60 años para beneficiarse en las elecciones intermedias de junio próximo.

«Imagínese traficar con la aplicación de vacunas para fines electorales. Es ofensivo», expresó el también fundador de Morena esta mañana en conferencia de prensa.

Y es que tras haber iniciado la vacunación de adultos mayores de 60 años, algunos ciudadanos se quejaron de que en los puntos de vacunación había funcionarios pidiendo fotocopias de documentos de identidad y tomando fotos a los vacunados.

López Obrador reiteró que es «ofensivo» que le comparen con lo que ocurría en gobiernos anteriores ya que dijo representa «una lucha democrática» que se opone a la manipulación y al uso de los programas sociales del gobierno con propósitos electorales.

«Si les pidieron la credencial debe ser para que se identificara a los adultos mayores y que demostraran que tienen más de 60 años y que viven ahí», justificó el presidente, indicando que «si les tomaron una foto posiblemente sea por lo mismo».

Ante las críticas recibidas, López Obrador aseguró que «no hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa» y que «si quedan malas costumbres, se tienen que ir terminando».

Recordemos que el próximo 6 de junio habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales, 30 congresos locales y miles de ayuntamientos, por lo que se consideran las elecciones más grandes de la historia de México.

Al respecto, trascendió que ayer durante un encuentro virtual que sostuvieron, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, externó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, su preocupación sobre la solicitud de la identificación a los adultos mayores.

El consejero presidente del INE dijo que si bien se podría entender que se solicite como identificación, lo que no se debía hacer era pedir copia de la misma.

Córdova Vianello indicó que el INE ya ha recibido quejas por dicha situación, por lo que se hará una investigación, según informó El Universal.

En respuesta, Sánchez Cordero dijo que la identificación se ha solicitado como una medida para que los adultos mayores se identifiquen, además de que la credencial para votar cuenta con la Clave Única de Registro de Población (CURP), que es requisito indispensable para acceder a la vacuna.

La titular de Segob se comprometió a que no se hará mas uso de los datos que los adultos mayores proporcionen al momento de la vacunación.

Una exdiputada y su hija, que buscaba ser candidata por Morena en esta elección, fueron asesinadas en Veracruz, informó este lunes la fiscalía local.

Gladys Merlín Castro, quien fue diputada estatal y alcaldesa del municipio de Cosoleacaque, y su hija, Carla Merlín, fueron encontradas sin vida dentro de su domicilio, señaló un comunicado de la fiscalía.

«Se ha iniciado la correspondiente carpeta de investigación y se han iniciado diversas diligencias», añadió el comunicado sobre este crimen registrado en Cosoleacaque, en el sur del estado.

Una fuente policial, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, señaló que ambas mujeres mostraban «lesiones de arma blanca». El gobierno estatal adelantó que hay tres líneas de investigación, pero no se compartieron mayores detalles.

Merlín Castro había sido alcaldesa de Cosoleacaque en dos ocasiones, y ocupó un escaño en el Congreso local. Su hija, por otro lado, había hecho públicas sus aspiraciones de ser candidata a alcaldesa de Cosoleacaque por Morena.

Al respecto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, utilizó sus redes sociales para condenar el asesinato y exigir a las autoridades federales y del estado una investigación seria para el esclarecimiento de los hechos. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también condenó el asesinato.

Recordemos que apenas la semana pasada fue asesinado otro político de Veracruz que buscaba ser alcalde del municipio de Ursulo Galván.

Estos hechos se dan en el marco de la contienda electoral por las elecciones del próximo 6 de junio, donde serán renovados los 500 escaños de la Cámara de Diputados y se elegirán gobernadores de diversos estados, además de miles de cargos locales.

La pasada elección, en 2018, estuvo marcada por una ola de violencia inédita que dejó unos 120 políticos muertos, la mayoría de ellos ocupaban o eran candidatos a puestos locales.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, se dijo a favor de la petición del candidato indígena Yaku Pérez, para el recuento voto a voto en siete provincias, lo que según ella ratificará «la transparencia del proceso».

«Hace pocos minutos el candidato Yaku Pérez ha ingresado una solicitud de recuento voto a voto en: Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar. Para ratificar la transparencia de este proceso considero que el Pleno del CNE debe aprobarlo», manifestó en su cuenta de Twitter.

Y es que Pérez acudió a la sede del órgano electoral en Quito para hacer entrega de esa petición tras considerar que se podría haber producido un fraude electoral en siete provincias del país, donde se registraron varias inconsistencias tras las elecciones generales celebradas el pasado domingo en Ecuador.

De acuerdo al último balance oficial del escrutinio con corte al mediodía de este jueves, el candidato correísta, Andrés Arauz, sigue encabezando la liza presidencial para una segunda vuelta el 11 de abril, con el 32.62% de votos, seguido por el centroderechista Guillermo Lasso, que suma el 19.69% con lo que sería él quien se enfrente a Arauz, mientras que Yaku Pérez se mantiene con el 19.47% del sufragio.

La diferencia de votos entre el segundo y el tercer candidato es de 20,068, según los últimos datos oficiales. Pérez supera a Lasso en 16 de las 24 provincias del país, aunque el candidato conservador registra mayor apoyo en las más pobladas como Guayas (Guayaquil), Pichincha (Quito) y Manabí.

Asambleístas del grupo político indígena Pachakutik presentaron este jueves ante la Fiscalía General de la provincia de Guayas una denuncia penal por delito de fraude electoral contra el CNE.

El movimiento también solicita a la Contraloría General, «una auditoría técnico forense electoral» en las mesas y actas que registraron irregularidades, avanzó Pérez por la mañana en Quito.

Por otra parte, simpatizantes del líder indígena de trece provincias llegaron hoy a la ciudad de Guayaquil, para manifestarse de forma pacífica frente a la sede del CNE, donde más de 300 uniformados de las fuerzas de seguridad vigilaban el recinto a fin de impedir altercados.

El líder indígena de izquierda Yaku Pérez y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso mantienen una reñida dispuesta por el segundo lugar, tras las elecciones presidenciales que se celebraron ayer en Ecuador, que encabezó el socialista Andrés Arauz, según el escrutinio oficial.

Con el 97.72% de las actas escrutadas, Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, daba la sorpresa con el 19.83% de los sufragios, mientras que Lasso, de 65 años, registraba un 19.60%, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Arauz, economista de 36 años y llamado ‘delfín’ del exmandatario Rafael Correa, aparece como ganador con el 32.29% de los votos. El escrutinio se ha visto frenado por la necesidad de revisar un 13.96% de las actas debido a inconsistencias.

Así, la segunda vuelta está prevista para el 11 de abril, cuando será designado el sucesor del presidente Lenín Moreno, que no se presentó a la reelección y cuyo período de cuatro años terminará el 24 de mayo próximo.

De mantenerse la tendencia, Pérez, con poca carrera política, será el rival de Arauz en una inédita segunda vuelta entre candidatos de izquierda en Ecuador, con 17.1 millones de habitantes, castigado por la pandemia y que arrastra una abultada deuda económica por la caída de los precios del petróleo.

«No hay ninguna duda, estamos en el primer lugar, hemos recibido una votación abrumadora de distintas partes de nuestra patria», celebró Arauz tras las elecciones, en las que también fueron designados los 137 miembros de la unicameral Asamblea Nacional.

Ecuador volverá a las urnas ya que ninguno de los 16 candidatos obtuvo la mitad más uno de los votos válidos ni alcanzó un 40% de los mismos más una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, requisitos para ser elegido de manera directa.

Las elecciones de este domingo marcaron el resurgimiento de Correa, quien desde Bélgica evita la cárcel a la que fue condenado por corrupción, tras cuatro años de feroz campaña contra Moreno, su exaliado.

Si se confirman los resultados, Arauz, su ahijado político, tendrá que enfrentarse a Pérez, un enconado rival del exmandatario socialista quien obtuvo un buen resultado con un discurso ambientalista y de rechazo a la explotación petrolera y minera.

«El pueblo nos dio su respaldo y en los resultados oficiales ha quedado más que demostrado», afirmó Pérez, quien organizó una vigilia electoral para que se «respete la decisión de los ecuatorianos» ante los datos extraoficiales que lo ponían por detrás de Lasso, que aspira por tercera vez a la presidencia.

Pérez, que en 2019 fue elegido en las urnas prefecto (gobernador) de la provincia andina de Azuay, es el primer indígena en llegar tan lejos en la disputa por la presidencia de Ecuador, donde los pueblos originarios conforman un 7.4% de la población.

Los ecuatorianos deberán elegir entre dos alternativas de izquierda: una nacionalista con ansias de revancha, que representa Arauz, y otra de corte ambientalista que, según Pérez, dará paso a un «estado plurinacional, digno, honesto e incluyente».

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los módulos de atención ciudadana comenzaron a atender a ciudadanos que requieren hacer cambios de datos en su Credencial para Votar o tramitarla por primera vez, sin cita, esto con el objetivo de que el mayor número de personas puedan participar en las elecciones del próximo 6 de junio.

Aclaró que la prioridad de atención sin cita es para quienes tengan que hacer el cambio de domicilio, así como para las y los jóvenes que acaban de cumplir 18 años o que los cumplirán hasta antes del 6 de junio y deben tramitar por primera vez su Credencial para Votar.

Para aquellos que requieran hacer una reposición por extravío o robo, tienen hasta el 25 de mayo para poder llevar a cabo el trámite.

El INE aclaró que quienes tienen credenciales que vencieron en 2019 o 2020, todavía podrán participar en las próximas elecciones, debiendo acudir a los módulos a renovar la Credencial para Votar una vez que pase la jornada electoral.

En ese sentido, detalló que la atención en los 849 módulos de atención ciudadana en todo el país se lleva a cabo respetando todas las medidas sanitarias de salud, en el contexto de la contingencia sanitaria por la pandmeia de Covid-19, con el fin de garantizar la salud tanto de la ciudadanía como de las y los empleados del Instituto.

Recordó que todas las personas deberán portar cubrebocas, se deberá tomar la temperatura a la entrada de los módulos, y se deberá proceder a aplicar gel antibacterial. Pidieron a los asistentes acudir sin acompañantes, a menos que la persona requiera de asistencia.