Dicen que hay dos cosas imposibles de ocultar: el amor y el dinero. En Estados Unidos, el ruido de la familia Trump es ensordecedor. Esta semana, David D. Kirkpatrick, de The New Yorker, calculó que desde su regreso a la Casa Blanca los Trump han generado alrededor de 3 mil 400 millones de dólares en ganancias ligadas a la presidencia. ¿Cómo lo hicieron y por qué no es un escándalo?
Antes de 2016, la Organización Trump vendía sobre todo el uso de su nombre. En su primera presidencia prometieron no abrir “nuevos negocios” que implicaran conflictos de interés. La segunda llegada a Washington cambió el guion. Con deudas legales, menos ingresos por licencias y urgencia de liquidez, el clan convirtió cada activo y cada evento en caja registradora.
Mar-a-Lago se volvió la “Casa Blanca de fin de semana”: elevó cuotas de inscripción hasta el millón de dólares y capitalizó mítines, cenas y reuniones con donantes. Las campañas y comités han gastado millones en hoteles y campos de golf del propio Trump, y además operan una tienda de mercancía política. Fuera del país, los acuerdos de licencias en el Golfo Pérsico —impensables sin la presidencia— rebasan los cien millones.
El capítulo más lucrativo es en cripto. World Liberty Financial, el vehículo familiar, atrajo inversiones de alto perfil —incluido el magnate chino Justin Sun y capital emiratí— y lanzó un token de “gobernanza” y un stable coin que se benefician del aura presidencial. A eso se suman el memecoin $TRUMP (y su versión $MELANIA), que han dejado ganancias de cientos de millones.
¿Por qué no estalla como escándalo nacional? Primero, porque en la cultura política estadounidense el éxito económico se ve con admiración. Segundo, porque, hasta ahora, no hay acusaciones firmes de desvío directo de recursos públicos: hay explotación al límite de vacíos éticos y legales. Y tercero, porque el sistema de contrapesos ha normalizado la mezcla entre política, negocio y espectáculo: si se eleva la cuota de Mar-a-Lago o se vende una gorra con la firma presidencial, buena parte del país lo ve como parte del show.
En México la música suena distinta. Aquí, mientras se sataniza el éxito privado desde el discurso, se tolera la ostentación en círculos oficiales: Andy López Beltrán admitió vacaciones en Japón y alegó espionaje; Mario Delgado fue fotografiado en Portugal y dijo que pagó con sus recursos; y Ricardo Monreal defendió su peregrinación por España. Al mismo tiempo, el directivo aduanero Alex Tonatiuh Márquez fue exhibido por relojes de alta gama y por la compra de un penthouse en Polanco no visible en su declaración patrimonial; y la dupla de Sergio Gutiérrez Luna y la diputada del PT Diana Karina Barreras presume bolsas y joyas de lujo. Luisa María Alcalde pidió a sus dirigentes no exhibir opulencia. El punto no es prohibir vacaciones ni consumo, sino la incongruencia con el discurso de sobriedad que el propio movimiento convirtió en bandera.
La comparación no absuelve a nadie. En Estados Unidos, la actual presidencia-empresa erosiona la idea republicana. En México, la opacidad patrimonial de servidores públicos destruye la confianza democrática. Lo que distingue a una y otra práctica no es la ética, sino la ruta del dinero: allá, la marca personal convertida en negocio; aquí, el poder público convertido en patrimonio privado.
Lo mínimo exigible, a norte y sur, es trazar líneas claras. Para los Trump: reglas que impidan monetizar la oficina desde el día uno —fideicomisos ciegos reales y prohibiciones efectivas de negocios con gobiernos extranjeros—. Para los nuestros: declaraciones patrimoniales auditables y sanciones ejemplares. El amor quizá siga siendo difícil de esconder; el dinero, por lo menos el público, que vuelva a ser rastreable.
Columna publicada en El Universal