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El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, denunció este miércoles una extorsión mediática criminal en su contra luego de que se filtraran audios en los que se le escucha hablar sobre el juicio que se lleva a cabo en la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano y su familia política.

“Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo, extorsión mediática criminal”, aseveró el funcionario durante una entrevista con Radio Fórmula.

Gertz afirmó que esta extorsión tiene como objetivo lincharlo pues, según él, las investigaciones de la dependencia que encabeza están “atentando contra intereses espurios de grupos”.

El fiscal respondió así a la filtración que se dio en YouTube a finales de la semana pasada donde en varios audios, conversa con el fiscal Juan Ramos, hombre de su confianza.

En estas conversaciones hablan del juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y revelan una supuesta intervención de Gertz para lograr que el Alto Tribunal apruebe una resolución en su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.

De esta manera, hablan del apoyo que varios jueces de la Suprema Corte podrían dar a su favor, mientras que hay uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, que pretendería dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano.

Según Gertz Manero, ambas mujeres propiciaron en 2015 la muerte de su hermano por negligencia.

En la entrevista, el fiscal aceptó que en las conversaciones filtradas sí estaba tocando el tema de su excuñada, pero aseguró que no habló en la forma en la que se presenta en los audios ya que el caso de la muerte de su hermano Federico nunca ha sido tramitado por la FGR, pues es del fuero común.

“Dicen: ‘el fiscal la metió en la cárcel, usando a la Fiscalía de la República para meterla a la cárcel’. Nada más falso. La institución no tiene ninguna injerencia en ese asunto”, justificó.

Cuestionado sobre si tiene la intensión de renunciar debido a las acusaciones de abuso de poder y tráfico de influencias, el fiscal dijo que eso “no pasa por mi cabeza”.

Aseveró que los grupos supuestamente afectados por sus investigaciones se han dedicado a propiciar un linchamiento en su contra y buscan una «guerra de lodo» para descalificarlo.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que Gertz Manero debe mantenerse en el cargo pese al escándalo de la difusión de las llamadas. “Pienso que sí (debe permanecer en su cargo)», respondió a pregunta expresa de una periodista.

El mandatario dijo que magistrados de la Suprema Corte como José Ramón Cossío buscan la salida del fiscal del cargo por una «postura de tipo política».

“Eso lo va a resolver la Suprema Corte. Y no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del fiscal», remató.

El abogado Juan Collado, encarcelado y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por supuesta extorsión.

Según el reporte del periódico Reforma y del portal Animal Político, Collado denunció a Scherer Ibarra, ex colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y una de las personas más cercanas al mandatario entre 2018 y 2021, de que junto con sus abogados le habrían pedido entregar acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V además de altas sumas de dinero para, supuestamente, negociar su libertad.

“Libertad por libertad”, le habría advertido uno de los abogados a Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019; entre otros asuntos, se le acusa de haber comprado un terreno de manera fraudulenta.

De acuerdo con las notas periodísticas, Collado supuestamente les entregó 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra.

Según Collado, además de los 10 millones de pesos, habría entregado a Scherer y a sus abogados 1.3 millones de dólares con la promesa de que las influencias del consejero jurídico lo ayudarían a dejar el Reclusorio Norte.

Asimismo, afirmó que dio un pago final de 2,000 millones de pesos como reparación del daño, a fin de que Scherer promoviera su excarcelación.

Aunado a ello, en un segundo encuentro, los abogados cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia le habrían insistido al empresario y jurista hacer una alianza, “ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.

En la denuncia, Collado relató cómo sufrió extorsiones y presiones de Scherer Ibarra a través de sus abogados.

Tras la publicación de los artículos, Santiago Nieto, ex titular de la UIF, aseguró en su cuenta oficial de Twitter, que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona.

Y aseguró que institucionalmente él presentó dos denuncias contra Collado, una el 4 de julio de 2019 y la segunda el 3 de septiembre de 2020.

Más tarde, Scherer Ibarra habló del asunto también en Twitter, en donde reconoció que se reunió con los hijos de Collado pero refirió que fue a petición de ellos y que turnó el asunto a la Fiscalía General de la República “por ser de su competencia”.

«No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de este con sus abogados. Todo lo demás, son inferencias de mala fe», enfatizó.

La firma legal de Collado tiene un largo historial atendiendo a gente poderosa en el país. Defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de la acusación de asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu cometido en septiembre de 1994.

También defendió a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, sentenciado por narcotráfico y se hizo cargo de la representación del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en el proceso de divorcio de su esposa Angélica Rivera.

El diputado de Morena, Saúl Huerta, denunciado por presunto abuso de menores, dijo este jueves que los señalamientos en su contra son una «infamia» y que la familia de una de las víctimas se dedica a extorsionar.

«Me crearon toda esta circunstancia que me hace parecer culpable, sin embargo, te quiero decir que no hubo abuso ni intento de abuso, y mucho menos intento de fuerza», dijo el diputado en entrevista con Radio Fórmula.

Huerta, suspendido temporalmente de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y a quien se le suspendieron sus derechos partidistas, dijo que todo se trata de una calumnia que se «genera desde la mafia del poder».

«El joven viene de una familia que mienten, que extorsionan. El tío es un expolicía que no tiene buena fama», dijo el legislador, negando categóricamente las acusaciones; dijo ser víctima de un «linchamiento mediático» y pidió «presunción de inocencia».

Recordemos que la tarde de ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) presentó a la Cámara de Diputados la solicitud formal para iniciar un proceso de desafuero de Huerta para poder procesarlo ya que, de momento, goza de inmunidad parlamentaria, el famoso fuero.

Y aunque se decidió postergar el trámite de procedencia del dicha solicitud, la cual según los tiempos legislativos se deberá abordar en una posible sesión extraordinaria, o bien hasta el siguiente período de sesiones, Huerta perderá su inmunidad parlamentaria en septiembre, cuando inicie la nueva legislatura, ya que el diputado renunció a su intención de reelegirse.

Sobre el diputado pesan dos denuncias, una presentada por un adolescente de 15 años que lo acusa de haber abusado de él en el interior de un hotel en el centro de la Ciudad de México y otra presentada ante la Fiscalía de la capital por parte de un adolescente residente en Puebla.

En medios de comunicación se filtró el audio de una llamada en la que el diputado ofrecía una compensación económica a la madre del primer adolescente a cambio de no «destruir» su carrera.

Diana Sánchez Barrios, lideresa de los comerciantes ambulantes en la Ciudad de México, fue detenida la noche de ayer por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó, en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Fiscalía indicó que había una orden de aprehensión en contra de Sánchez Barrios, por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.

La autoridad indicó que al momento de la detención, se le hicieron saber sus derechos constitucionales a la también presidenta de la organización Pro Diana A.C.; posteriormente se le trasladó para su certificación médica antes de ser ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición del juez de control que la requirió.

Esta tarde, un Juez de Control calificó de legal la detención de Sánchez Barrios, dictando prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla.

«Sobre el particular, queremos informar a ustedes que a dicha persona y a otras más, se les relaciona con al menos cinco carpetas de investigación, en las que se denuncia que dicho grupo exigía el pago de cuotas o el denominado ‘cobro de piso’, a diferentes comerciantes establecidos y ambulantes, así como a trabajadores de los mismos, a cambio de no afectar sus negocios ni su integridad física», dijo Ulises Lara, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX)

El funcionario detalló que en noviembre de 2020, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto inició una indagatoria tras recibir la denuncia de una víctima que fue afectada en su patrimonio, en específico, en un negocio ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue entonces que el representante social integró los datos de prueba que presentó ante un juez de control, para obtener, tras varios meses de investigación, en febrero pasado, la orden de aprehensión ejecutada ayer, día en que se ubicó a Sánchez Barrios.

Lara López expuso que de acuerdo con la indagatoria, el modus operandi de la organización que encabeza Diana Sánchez, es llevar a cabo agresiones, hostigamientos y amenazas en contra de agremiados y a otros, y una vez que las personas se ven afectadas, poder exigirles el pago de las cuotas referidas, a cambio de no dañar su integridad física y patrimonial.

Adicional, el funcionario de la FGJ-CDMX informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procedió a congelar las cuentas bancarias de la lideresa de comerciantes ambulantes, pues la UIF presentó una denuncia ante el Ministerio Público en diciembre de 2020, en la que se señalaron operaciones financieras irregulares de dos asociaciones de las cuales ella forma parte.

«De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Ciudad de México, dichas asociaciones posiblemente habrían recibido millonarias cantidades en cientos de depósitos de afectados que eran presionados a pagar las cuotas mencionadas», añadió el vocero de la Fiscalía.

Ulises Lara reiteró que la Fiscalía actúa por denuncias y lleva a cabo sus investigaciones apegada estrictamente a derecho, y no obedece a consignas ni intereses políticos, esto ante los señalamientos de que la detención de Sánchez Barrios es actualmente candidata a una diputación local por el Distrito 9 por la coalición “Va por México”, que integran el PRI, PAN y PRD.

Al respecto, a través de la cuenta de Twitter de Diana Sánchez Barrios, se acusó que la detención en efecto se trata de represión y persecución política al servicio del gobierno capitalino; señalaron que la detención se dio un día después de anunciarse su participación en el actual proceso electoral.

«Lamentamos enormemente que en un país donde se dice existe un sistema democrático, se haga persecución política en contra de las personas que deciden alzar la voz sin tapujos, y defender causas sociales que no son del interés de servidores públicos, que sólo quieren mantener el poder al costo que sea necesario», indicó la representación de la detenida.

En mensajes de redes sociales, los seguidores y simpatizantes de Sánchez Barrios advirtieron de diversos cierres y bloqueos a lo largo del día para exigir la liberación de su líder. Dichos cierren se han presentado en la zona centro de la capital, en colonias como Juárez, Tabacalera, Doctores, entre otras.

La presidencia de la República alertó este lunes sobre prácticas de fraude, corrupción y extorsión por parte de terceros ajenos a la Administración Pública Federal (APF), utilizando el nombre del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.

La oficina indicó que fue notificado en recientes días sobre el actuar de terceras personas se han hecho pasar por el cercano colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y por algunos miembros de su equipo para solicitar aportaciones monetarias o en especie a cambio de diversos fines, los llamados «moches».

«Dentro de las funciones de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, NO SE ADSCRIBE la solicitud de algún tipo de aportación, contribución o cualquier otro apoyo monetario o en especie para ningún fin», indicó la Presidencia a través de un comunicado.

Fue la propia Oficina de Romo quien señaló que dichas prácticas se enmarcaban en el fraude, corrupción y extorsión; por ello invitaron a presentar las denuncias correspondientes ante dichos actos.

Al respecto, adelantó que se han emprendido las acciones legales respectivas ante las autoridades correspondientes.

El gobernador Alfredo Del Mazo informó que si bien en el Estado de México se ha logrado una reducción en los delitos de alto impacto del 17.4%, uno de los delitos que ha tenido incremento y que representa un reto para su administración es la extorsión.

“Un trabajo de inteligencia dirigido a atender objetivos específicos, sobre todo, en los delitos de alto impacto, en donde destacamos que se ha logrado una disminución del 17.4 por ciento en los delitos de alto impacto, en lo que va del periodo de enero a mayo de este año, comparado a enero a mayo del año pasado”, dijo el mexiquense al participar en el conferencia matutina del presidente López Obrador.

Informó que en cuanto al delito de homicidios, la entidad ha registrado una disminución del 4.9%. En ese sentido, recordó que la entidad está divida en 32 regiones, y puntualizó que 650 colonias concentran los delitos de alto impacto.

El gobernador reconoció que el delito de extorsión ha tenido un incremento, por lo que se deben atender de manera más eficaz.

Detalló que dicho delito afecta a gran parte de la población con acciones como el cobro de piso y extorsión a transportistas.

Para enfrentar la problemática, informó que se implementó un sistema para contar con un registro de base de datos de números telefónicos usados para este delito, además de que se avanza en el proceso del registro de voz de las personas privadas de la libertad que están en el Estado de México, para tener identificadas sus voces, ya que la mayoría de las acciones de extorsión se cometen en los Centros Penitenciarios.

En cuanto al Estado de la Fuerza con que cuenta la entidad, Del Mazo Maza puntualizó que cuentan con cerca de 9 mil elementos de la Guardia Nacional, aunado a los 18 mil elementos de la policía estatal, los 23,140 elementos de policías municipales y a los 2,460 policías de investigación.

Por su parte, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que en la Zona Metropolitana del Estado de México operan cuatro cárteles: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y La Familia.

Adicional, dijo que hay dos organizaciones que operan en la entidad, pero que se localizan en la Ciudad de México; dijo que no son cárteles, sino grupos delictivos.

HÉCTOR DE MAULEÓN

EL UNIVERSAL

 

 

La historia comenzó con una llamada de extorsión hecha al azar desde el penal de Altamira, Tamaulipas. “Tengo secuestrado a tu hijo, lo voy a matar”, le dijeron al hombre que contestó.

Quiso el azar que la víctima tuviera, en efecto, un hijo de 24 años, y que este fuera además un policía militar que ese mismo día había llegado a hospedarse a un hotel de la ciudad de México: el Ambos Mundos, ubicado en Tacubaya.

En el centro de reclusión de Altamira hay gente que debido a la imparable corrupción pasa el día entero intentando diversos mecanismos para extorsionar. La víctima creyó lo que le dijeron, quedó a merced del extorsionador. Este obtuvo toda la información que más tarde iba a utilizar: el nombre y la edad del policía militar, y el número de su teléfono celular, entre otros datos. Obtuvo también información detallada sobre su vida y la de su familia. Obligó al padre a tomarse una foto y enviársela.

Comenzó el atroz proceso de presión empleado por los extorsionadores para que la familia del joven policía militar pagara una cantidad abultada por su supuesto rescate.

Las cosas, como se sabe, no terminaron ahí. Esa noche, el policía militar —lo llamaré “A”— recibió en su hotel una llamada en la que un hombre que se presentó como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación le anunció: “Tengo secuestrado a tu padre, lo voy a matar”.

Con un lenguaje excesivamente violento, el supuesto jefe del CJNG le fue dosificando la información que había obtenido. “A” también creyó lo que le dijeron, también quedó a merced de su verdugo. Este le sacó nueva información y le obligó a hacer una serie de pagos rápidos.

No solo eso, al percatarse de que “A” se hallaba en un hotel, le ordenó ponerse el traje militar y tocar en la habitación contigua. Una versión recogida por el columnista refiere que el extorsionador había realizado en realidad una videollamada, lo que le permitía tener un control completo de la situación y dirigir lo que estaba ocurriendo.

Cuando el azar se junta con la corrupción se arruina el mundo. Esa noche habían llegado al hotel 13 enfermeros y enfermeras del IMSS, enviados desde Monterrey para apoyar al personal del hospital provisional Autódromo Hermanos Rodríguez –en el que se atiende a población sospechosa de haber contraído Covid-19.

Entrevistados más tarde, los integrantes del equipo médico relataron que un militar se presentó de madrugada en su habitación, “mientras sostenía una llamada telefónica”, y se identificó como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Uno de los enfermeros declaró a Milenio que el militar los insultaba y les decía que tenía francotiradores: “Nos decían que nos estaban viendo, que estaban aliados con el gobierno”.

Hacia las tres de la mañana, las víctimas habían sido concentradas en una habitación, la de la jefa de enfermeros. “Nos sacaron información de cuánto dinero teníamos en las tarjetas”, relató una de ellas. Enfermeros y enfermeras se fueron pasando el teléfono, entregándole al extorsionador información sobre sus familias. Más tarde fueron obligados a tomarse fotos desnudos: las fotos les fueron enviadas a sus familiares, “para pedir más dinero como rescate”.

Los trabajadores de la salud dijeron que les impresionó que el que estuviera ahí fuera un militar, y que les dijeran que el hotel estaba rodeado: creyeron que, efectivamente, habían sido secuestrados.

A la mañana siguiente, las víctimas fueron separadas en dos grupos: unas permanecieron en el Ambos Mundos; otras fueron conducidas por “A” a un hotel cercano, el Bonn. El interno de Altamira obligó a algunos a ir al banco para realizar más retiros.

El 19 de mayo, personal de la Fuerza Antisecuestro y la Policía de Investigación recibió una llamada. El extorsionador o los extorsionadores también habían llegado hasta la directiva del hospital Autódromo Hermanos Rodríguez. Les dijeron que tenían secuestrados a los 13 enfermeros, les dieron sus nombres y les pidieron una fuerte suma por la liberación de cada uno. Las llamadas llegaron del 81 27 31 08 85.

Trabajos de inteligencia realizados por la FAS-PDI determinaron que la extorsión venía del penal de Altamira. Por medio de telefonía, determinaron también el lugar en el que se hallaban las víctimas.

Agentes de la policía arribaron al lugar en cosa de minutos. Habían logrado impedir que la directiva del Hermanos Rodríguez cayera en la trampa, pero era demasiado tarde para el equipo de enfermeros.

Los 13 habían llegado a la ciudad a dar lo mejor de sí, y para luchar contra un monstruo. Fue otro el que se encontraron.

“A”, el más importante de los enganchados, se encontraba ayer declarando en la FAS.

La lección es descorazonadora. No pueden limpiar una cárcel, ¿cómo van a limpiar un país?

 

@hdemauleon
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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana la presentación del Padrón de Confianza Ciudadana.

Señaló que a partir de hoy, los empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, podrán inscribirse en la plataforma para firmar un Manifiesto de Cumplimiento y Constancia de Registro que les permitan estar preparados ante inspecciones aleatorias.

El mandatario indicó que se trata del procedimiento de aplicación de la Ley de Confianza Ciudadana, cuyo objetivo es “que no haya inspectores en la vía pública, que no se dé pie a la extorsión, a la mordida, al moche y que el dueño de un establecimiento comercial, de una empresa, manifieste que conoce su responsabilidad y se compromete a cumplir los ordenamientos legales; que de esa manera, bajo protesta de decir verdad, ya no sea molestado y extorsionado”.

Sostuvo que la norma apuesta a que todos asuman su responsabilidad como buenos ciudadanos, que el empresario, el contribuyente, el ciudadano no sea visto como delincuente en potencia, sino que se dé la confianza de que ya estamos viviendo una nueva etapa en la vida pública del país, «que todos tenemos que actuar con rectitud, con integridad, con honestidad, que debemos darle la espalda a la corrupción, a los trucos al incumplimiento de nuestras responsabilidades ciudadanas, para eso es esta ley”.

El titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), César Emiliano Hernández Ochoa, expuso que la plataforma concentrará el padrón de establecimientos a partir del registro, y desde la cual también podrán reportar casos de corrupción en los que hayan incurrido inspectores.

“En el Manifiesto personalizado su nombre carga automáticamente, ahí se declara y esa es la clave del manifiesto. El ciudadano tiene que comunicar que es una persona cumplida y que hasta donde él sabe, está en cumplimiento de todas sus obligaciones legales y regulatorias. Está basado en la buena fe. Este portal no es para fiscalizar, es para dar al ciudadano la oportunidad de expresar su voluntad y su conformidad con la ley”, detalló.

Por su parte la secretaria de Economía, Graciela Márquez, sostuvo que el Padrón de Confianza Ciudadana permitirá a los ciudadanos ser partícipes de esta ley que les da la garantía de que actuando de buena fe van a reducir sustancialmente el número de inspecciones que tienen tanto a nivel federal y a nivel local.

En ese sentido, el presidente López Obrador convocó a la y los gobernadores a sumarse a la aplicación de la iniciativa.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que la iniciativa privada está entusiasmada por la nueva legislación y en ánimo de contribuir al desarrollo del país.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó el dar a conocer la lista con los nombres de los empresarios que asistieron el pasado miércoles a Palacio Nacional, y que decidieron «apoyar» la rifa del avión presidencial.

«No, no. Nada más decir que fue muy buen encuentro, repetirlo, que se portaron muy bien, que les agradecemos por participar, por acudir a la convocatoria, porque no es un asunto obligatorio, ellos contribuyen, lo dije ayer, pagan sus impuestos y con eso el gobierno tiene el presupuesto para atender las demandas de los ciudadanos», respondió AMLO.

El presidente enfatizó que los empresarios voluntariamente decidieron ayudar, aunque los que no «nos quieren, a nuestros malquerientes no les gustó».

En ese sentido, dijo que los panistas acusaron que habían extorsionado a los empresarios. Incluso dijo que algunos de los empresarios que asistieron sean simpatizantes del PAN, por lo que les pidió preguntarles si hubo una insinuación para que fuese «a fotiori».

Incluso acusó que un periódico, también del conservadurismo, se refirió al encuentro como un acto de extorsión y moche.

«¿Se acuerdan cuando el pase de charola? Hubo una periodista que equiparó esto al pase de charola. El pase de charola fue decirles: ‘Aporten para la campaña de un partido’, bueno del PRI, porque ya dije del PAN».

Ante su insistencia en asegurar que no obligaron a nadie a apoyar, el presidente fue cuestionado sobre si dicho encuentro fue legal, ya que la ley establece que no se puede solicitar dádivas para beneficio propio o de terceros, a lo que él respondió que sí, «totalmente».

«Pero primero hay que ver qué es dádiva, si esto es una dádiva habría que ver los fines, porque no es para beneficio personal (…) es para beneficio público, beneficio social».

Al reiterarle la petición de transparentar la lista, para descartar que llegue el momento en que algunos empresarios se vean beneficiados con contratos gubernamentales.

«Es que nosotros no vamos a darle beneficio a nadie fuera de la ley. Aquí no hay preferencias, no hay influyentismo. Es que ese es el problema, nos confunden, yo no soy Salinas. Digo, sí calienta eso. O sea, no vamos nosotros… Ya parece, imagínense, tantos años de lucha de mantener en alto nuestros ideales, nuestros principios para caer en el influyentismo».

Incluso AMLO dijo que le preguntó a los empresarios si deseaban que se informaran los nombres o  si como en la  compra de los boletos de la Lotería, se quedara en el anónimo.

Tras su publicación en la Gaceta Oficial, este viernes entraron en vigor las reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aprobadas por Congreso local el pasado martes 31 de julio.

Con ello, el feminicidio, la reincidencia, el robo a celular, a cuentahabiente, casa habitación y automóvil, robo con portación de arma, extorsión y despojo, serán sancionados con mayor gravedad.

En cuanto a la Ley de Cultura Cívica, ya se sancionará con 20 y hasta 36 horas de trabajo comunitario a quien veje, intimide, maltrate físicamente o incite a la violencia contra un elemento policial.

Las autoridades capitalinas indicaron que dichas modificaciones al marco legal buscan contribuir a la disminución de índices delictivos como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de la Ciudad junto a los rubros de atención a las causas, mayor presencia policiaca, trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional.

El delito de feminicidio, la violación más grave a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, será sancionado con penas que van de 35 a 70 años de prisión.

El robo a celular constituye no sólo una afectación patrimonial sino también una sustracción de información personal o confidencial que puede derivar en otros delitos. Se castiga con 2 a 6 años de prisión. El robo a cuentahabiente se sanciona con 2 a 6 años de prisión, mientras que el de casa habitación se agrava de 4 a 10 años.

Asimismo, el robo de automóvil se sanciona ahora con 4 a 8 años de prisión. Con 5 a 10 años de cárcel se castiga a quien extorsione, pena que aumentará al doble cuando lo realice o participe un servidor o ex servidor público; si es vía telefónica, la penalidad aumenta dos terceras partes.

Quien cometa un delito con medios violentos o con arma será castigado con 3 a 8 años de prisión. El despojo simple es penado con 2 a 5 años de prisión; y con 6 a 10 años de prisión cuando sea agravado, esto es, cometido contra mayores de 60 años o se utilice documentación falsa.

Un periodista chileno acusó haber sido víctima de extorsión por parte del Ejército, la Marina e integrantes de la policía de Quintana Roo.

Nicolás Ríos, colaborador de CNN, ViceNews y Seeker, entre otros medios, denunció a través de su cuenta de Twitter que la noche del viernes ocho elementos de esas fuerzas de seguridad lo detuvieron en el destino turístico de Playa del Carmen, Quintana Roo, le exigieron dinero y tras negarse a entregarlo, le «plantaron evidencia» para trasladarlo a una estación de policía, de donde lo dejaron salir siete horas más tarde a cambio de entregar su teléfono celular.

Asimismo, el periodista acusó que las autoridades mexicanas no le habían leído sus derechos, ni tampoco le permitieron realizar llamada alguna.

La denuncia del chileno acumuló más de 1,400 retuits, con mensajes de cuestionamiento hacia la Guardia Nacional que pretende implementar el nuevo gobierno, la cual ha sido criticada por poner la seguridad pública en manos de militares.

De igual modo, el turista señaló que cuando estuvo en su celda fue testigo de violaciones a los derechos humanos y observó como elementos policiales golpearon a otros detenidos.

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acusó al gobierno de Chihuahua, de querer extorsionar a la institución para obtener recursos económicos que no le corresponden.

 

 

«No se trata e pelear recursos, sino de lo que corresponde a la ley; no se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos, lo que se debe hacer es ceñirnos al marco de la ley. Esto ha sido avalado por la Auditoría Superior de la Federación, por la Conago y por distintos actores de gobiernos estatales, quienes han dicho que, en efecto, la Secretaría de Hacienda se ha comportado en todo este tiempo, e históricamente, conforme a derecho», aseguró Vanessa Rubio, Subsecretaria de Hacienda.

 

Por su parte el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, detalló que en 2017 se entregaron a Chihuahua 43 mil 56 millones de pesos correspondientes a participaciones y aportaciones federales, por lo que rechazó las acusaciones del gobernador de la entidad, Javier Corral, sobre la entrega de recursos federales extraordinarios, cuyo tema, dijo, es exclusivamente técnico, jurídico y financiero.

 

 

El subsecretario indicó que en 2018 el gobierno de Chihuahua estará recibiendo 3,000 millones de pesos adicionales a lo aprobado para 2017, con lo cual llegará a 44,106 millones de pesos.

 

Se explicó que los recursos que el Gobernador del estado de Chihuahua menciona que no le fueron entregados en el mes de diciembre del año pasado, se refiere a recursos extraordinarios solicitados por el estado a esta Secretaría y a proyectos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en total, cuatro convenios; dos no fueron pagados puesto que no hubo disponibilidad financiera, y esos representaban 735.3 millones de pesos.

 

Otro de los convenios, que correspondía a 20.4 millones de pesos etiquetados en el programa FORTALECE del Presupuesto de Egresos 2017, contaba con suficiencia presupuestaria y fue pagada el 29 de diciembre de 2017.

 

Sobre el convenio que involucraba 44.8 millones de pesos, explicaron los funcionarios, no se pudo realizar ya que la cuenta bancaria proporcionada por el estado de Chihuahua fue rechazada por el banco comercial. «Fue hasta el 8 de enero de 2018, que el estado de Chihuahua presentó la cuenta validada. Sin embargo, la transferencia no puede ser realizada en este año por la vigencia anual del presupuesto».

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

Se registró una balacera en una plaza comercial ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, en el que se reporta una persona muerta y un par de personas heridas.

El incidente se registró en la Plaza Meave ubicada en Eje Central, una de las principales arterias de la capital mexicana, en donde de acuerdo a los primeros reportes, todo parece indicar que el enfrentamiento entre miembros de la policía capitalina y delincuentes se debió a una supuesta extorsión a locatarios de la plaza.

De acuerdo a personas de la plaza, se sabe que personas de la llamada organización de Tepito, acudieron el día de ayer para extorsionar a uno de los locatarios de la plaza, en donde robaron 200 mil pesos y celulares, además de amenazar a los locatarios de que tienen q “aflojar renta o se atienen y ahí está las consecuencias”.

Se presume que los delincuentes intentaron hacer lo mismo esta tarde, sólo que en esta ocasión la policía los enfrentó a balazos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambulancias de la Cruz Roja, del ERUM, personal de la Policía General de Justicia de la capital y demás cuerpos de emergencia arribaron al lugar para comenzar con las averiguaciones pertinentes.

Con información de Excélsior / Foto: Archivo Twitter