Tag

gobernadores

Browsing

Cuesta trabajo entender a qué fueron los gobernadores del PRI, PAN y el del PRD a Palacio Nacional a la firma de lo que el presidente López Obrador llamó el Acuerdo Nacional por la Democracia. Todos los gobernadores salvo el de Jalisco, Enrique Alfaro, y Quirino Ordaz de Sinaloa, se prestaron a otro show más del presidente para firmar algo que simplemente implica cumplir con la ley y que ninguno de los presentes, ni el presidente, pretenden acatar.

De verdad que si todo lo que firman, acuerdan y convierten en ley nuestros gobernantes se cumpliera, seríamos mejor país que Dinamarca. Pero como lo que ocurre es que se firman acuerdos, leyes y pactos que al final no se respetan, pues somos lo que somos. México, el país de los políticos expertos en simular.

El presidente convocó a los gobernadores a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia para garantizar que ninguno de ellos interfiera en el proceso electoral en curso ni favorezca a candidatos o partidos políticos de cara a las elecciones del 6 de junio. Se sentaron a hacerle el caldo gordo en otro más de los shows del presidente. Nunca se le ocurrió a AMLO convocar un Acuerdo Nacional para lidiar con la COVID. Tampoco ha buscado trabajar en conjunto para idear el Plan Nacional de Regreso a Clases; menos aún han pensado en firmar un rescate económico de los mexicanos en tiempos de pandemia. No. Nada de eso.

La convocatoria para respetar el proceso electoral y comprometerse a no intervenir en el proceso electoral viene del presidente que cada mañana utiliza la plataforma de Palacio Nacional para auto promoverse durante al menos dos horas sin importar los tiempos electorales que impiden a los otros hacer algo similar. Lo mismo no lo puede hacer nadie más porque el megáfono de la presidencia solo lo tiene el presidente en turno.

Viene también de quien decidió inventar una figura que representa al gobierno federal en los estados, la de los Súperdelegados, que se ha dicho desde el comienzo del sexenio que no son más que aspirantes a las gubernaturas estatales. Y tan es cierto que de las 15 gubernaturas en juego el 6 de junio, 8 Súperdelegados renunciaron para poder contender.

Es el caso de Víctor Manuel Castro, candidato de Morena para Baja California Sur; Juan Carlos Loera, candidato de Morena por Chihuahua; Indira Vizcaíno, la candidata de Morena y el PANAL por Colima; Pablo Amílcar Sandoval, quien pensó que obtendría la candidatura de Guerrero pero Morena prefirió dársela al acusado de violación y acoso sexual, Feliz Salgado Macedonio; Lorena Cuéllar, la candidata de Morena en Tlaxcala; Manuel Pedraza, quien renunció para ser el candidato en Nayarit pero al final se quedó la candidatura Miguel Ángel Navarro Quintero.

Gilberto Herrera quiso ser el candidato en Querétaro y Gabino Morales en San Luis Potosí. Ambos renunciaron al puesto de Superdelegados pero se quedaron fuera de la contienda porque las candidaturas se las dio el partido a mujeres para poder cumplir con el requisito de Paridad en Gubernaturas. En el caso de Querétaro, quedó Celia Maya y en el de San Luis Potosí, Mónica Rangel.

A la firma ni siquiera fue convocado el INE, fuente constante de los ataques presidenciales a pesar de ser la institución central para el respeto al proceso electoral. Los primeros interesados en fortalecer al INE debieran ser la oposición. Pero aún así, decidieron acudir al show del presidente y darle con ello una estocada más al INE.

En lugar de pedirle al presidente que los convoque a un acuerdo que auténticamente se comprometan todos a cumplir, fueron al show de Palacio Nacional. ¿Para qué?

De verdad que la oposición nada más no entiende que no entiende.

 

Columna completa en El Universal

Cuando matan a 30 personas en un bar o llegan a una estación de autobuses a acribillar a otras 5 y lo que llama la atención es el conflicto entre gobernadores y fiscales, algo está muy podrido en el sistema de procuración de justicia y de seguridad en nuestro país.

Eso es lo que ha ocurrido en estos días después de que, en Coatzacoalcos, Veracruz, llegara un grupo o un individuo – hasta el momento seguimos sin tener claridad sobre lo ocurrido – a rociar gasolina y matar por asfixia y quemaduras a 30 personas.

Lo que trascendió inmediatamente después de esa masacre y esa tragedia fueron los desencuentros entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el Fiscal Estatal, Jorge Winkler. Winkler llegó a la fiscalía impulsado por el antecesor de García, por Miguel Ángel Yunes. Esto le ha molestado a García desde el día uno, al grado que a las reuniones de seguridad del estado está prohibida su entrada.

Así, inmediatamente después de la masacre, García no atinó más que a culpar a la fiscalía estatal por haber liberado a un individuo conocido como “La Loca”, al cual culpó de haber sido el autor material del table dance “El Caballo Blanco” en donde ocurrieron los hechos. Resultó que ni “La Loca” estuvo involucrado en la masacre y este individuo fue liberado, sí, pero por la Fiscalía General de la República…en dos ocasiones. Todo mal.

Y para sumarle al asunto, ayer el Congreso del Estado decidió separar del cargo a Winkler argumentando que no cumple con la certificación de confianza. La remoción dicen que va a ser temporal, pero bien sabemos lo que esa temporalidad va a significar si la decisión queda en manos de los diputados de Morena. La actuación del legislativo no queda claro que cumpla con la ley pero, evidentemente eso es lo que menos les importa. Lo que quiere el gobernador es a Winkler fuera.

En Cuernavaca, la madrugada del lunes llegó un comando a una estación de autobuses y disparó en contra de 5 personas. No fueron 30 muertos, pero, aun así, estamos hablando de un delito de alto impacto en donde de nueva cuenta salieron a relucir las diferencias entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el Fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara. A Carmona lo nombró, obvio, el antecesor de Blanco, Graco Ramírez. Y esto ha sido una de las razones para impedir la colaboración entre gobierno y fiscalía.

Recordemos simplemente que el nuevo sistema penal acusatorio busca la autonomía de la fiscalía, pero deja en manos del ejecutivo estatal o nacional su presupuesto con solamente un tope mínimo fijado por la Constitución. Por ello, tanto Veracruz como Morelos son de los estados que menor presupuesto asignan hoy a sus fiscalías. En Veracruz es de $175.79 pesos per cápita y en

Morelos es de $186.32 pesos per cápita. En contraste, Chihuahua otorga $655 pesos per cápita, por ejemplo.

Así, podemos imaginar que frente a los desencuentros entre gobernadores y fiscales el poder de la chequera inclinará la balanza en favor del gobernador en turno y en contra de la justicia.

Columna completa en EL UNIVERSAL