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Eduardo León Trauwitz ha sido señalado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el gran huachicolero del sexenio de Enrique Peña Nieto. Primero fue parte de las escoltas del presidente y después, Trauwitz fue ascendido a Subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex desde donde, según los señalamientos de trabajadores de la empresa, lejos de hacer su principal encargo – acabar con el robo de combustible – fue el mejor cómplice y aliado del huachicoleo.

Por ello, en abril de este año, Trauwitz fue llamado a comparecer en una audiencia inicial por un proceso iniciado en su contra por robo de hidrocarburos. León Trauwitz no se presentó, pero sus abogados sí y aclararon a la juez que su cliente estaba enfermo. La segunda vez la defensa supo que la acusación ya no era solamente por robo de hidrocarburos, también se le acusaba de delincuencia organizada, lo que no amerita enfrentar el juicio en libertad.

Si Trauwitz se hubiese presentado a esa segunda audiencia, seguramente estaría en Almoloya ahorita, me comentaron fuentes enteradas del caso. Unos días después, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en su contra, pero para entonces Trauwitz ya no estaba en México.

Desde mayo de este año, el ex General se encuentra en Canadá tramitando su petición de asilo político aduciendo ante las autoridades de aquel país que es un perseguido político. Y las autoridades mexicanas, que saben que Trauwitz está en Canadá, poco pueden hacer al respecto porque el expediente que tienen en su contra está tan mal armado, que de presentarse ante las autoridades canadienses, seguro culminaría con la exoneración del ex General.

Así, en tiempos de la 4T, cuando Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la corrupción su principal bandera y del huachicoleo su lucha emblemática, el señalado como el gran huachicolero está a punto de lograr una salida cual Napoleón Gómez Urrutia de este sexenio.

Los argumentos de Trauwitz para justificar ante las autoridades canadienses que es un perseguido político son que él, lejos de haber apoyado y lucrado del robo de combustible, ideó un mecanismo para cortarlo de tajo modificando la estructura dentro de Pemex que permitía que el área de logística contratara empresas para tapar los ductos pinchados mediante la instalación de un capuchón. Este mecanismo costaba un dineral y esos montos se los repartían entre el contratista y el sindicato en detrimento de Pemex. Además, permitían a los huachicoleros quitar el capuchón unos cuantos días después para poder seguir succionando y robando el combustible.

Además de su cercanía con el expresidente Peña Nieto, el argumento de Trauwitz es que el cambio de logística acabó con un jugoso e ilegal negocio que hoy lo tienen en la mira.

Así avanza (es un decir) la lucha contra la corrupción y el huachicoleo.

 

Columna completa en El Universal

El gobierno se asume como transformador. Lo que antes se hacía, ahora ya no se repite. “Somos diferentes, salvo algunas excepciones”, podría ser su mantra. Por ejemplo, cuando de traer asilado a México al hoy ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se trata.

“México se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a asilados a lo largo de su historia. Se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Ahí estuvo ausente el clásico del presidente López Obrador de que ahora las cosas se hacen distinto; de que “no somos como los de antes”. Para justificar el asilo a Evo Morales sí funcionaron las reglas del pasado.

En el comunicado de la cancillería se citaron la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954 como sustento para otorgarle asilo a Evo Morales. Además, se mencionó que la legislación mexicana también reconoce el otorgamiento de asilo político en su Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011.

El comunicado de la cancillería hizo mención del derecho internacional que reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en el Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado. Pero, en este gobierno, una cosa son las peticiones de los guatemaltecos, hondureños, cubanos y hasta africanos que llegan a Tapachula a solicitar asilo y se les responde con la fuerza de la Guardia Nacional, y otra es la misma petición, pero de Evo Morales a quien se le trajo a México como si la austeridad fuera una palabra que no pronunciara a diario el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras.

Y es que, en cuanto a la austeridad, ésta se implementa para recortar recursos para medicinas; para sueldos de la burocracia; para la Conafor y los incendios que debió combatir en los meses de sequía; para los traslados de elementos de seguridad que no pudieron llegar a atender las llamadas de auxilio a los familiares de los nueve asesinados en Sonora de la familia LeBarón sino hasta varias horas después.

Pero para trasladar a Evo Morales de Cochabamba a México, hubo jet privado y, después de un largo viaje cuyos costos seguramente no se harán públicos, hubo también recursos para que se le trasladara a un lugar seguro en la CDMX en helicóptero.

En cuanto a los principios de la diplomacia mexicana, ahí el gobierno se apegó a un fragmento del artículo 89 de la Constitución, la no intervención, pero para el caso Venezuela y el no reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Para el caso boliviano prefirió el gobierno de la 4T brincarse al siguiente renglón del mismo artículo y apegarse a la lucha por la paz y la seguridad internacionales, apoyando a Evo Morales a salir de Bolivia para evitar una guerra civil en aquel país.

Esto no es una defensa a un Golpe de Estado. Es una denuncia a un discurso selectivo de un gobierno que a diario se dice ser diferente pero demuestra ser más de lo mismo: un puñado de políticos que, mediante el poder, empujan su ideología y buscan agandallarse todo –el ejecutivo; el legislativo; el judicial y los órganos autónomos. Y en el camino, abrazan a sus similares, como a Evo Morales quien pudo haber abandonado el poder en enero del 2020 como un gran presidente para Bolivia pero prefirió intentar el agandalle.

Por cierto, en su tuit de despedida, Evo prometió volver con más fuerza y energía. A ver qué papel juega el actual gobierno mexicano en esta promesa de Morales.

 

Columna completa en El Universal

La realidad en materia de seguridad ha cambiado dramáticamente, para mal. Lejos de tener una estrategia con metas específicas para presentar resultados, tenemos a un Secretario de Seguridad Pública que señala puntos de inflexión al mismo que tiempo que queda claro que la situación ha empeorado y hay dos factores que lo demuestran contundentemente.

Lo primero es que, de tener un problema grave de inseguridad en pocas ciudades, como Coahuila; Ciudad Juárez; Matamoros y Reynosa, ahora la inseguridad está en prácticamente todo el país, salvo pequeñas islas de tranquilidad como Mérida.

Lo segundo es que ahora los delitos no discriminan niños, mujeres ni familias. La delincuencia ya cruzó esa línea y ya no respeta. Ante la impunidad, la matanza va parejo, como quedó claro con lo ocurrido a la familia Le Barón hace dos días en Sonora, el estado que quiere gobernar Alfonso Durazo. Pero, desgraciadamente éste no es el único caso de asesinatos de familias. Las notas con estas matanzas son ya el pan de cada día en el noticiero que conduzco en Foro TV, A Las Tres.

En los casi diez años que he tenido a mi cargo un noticiero en esta plataforma y antes en Grupo Imagen, he podido ver claramente el deterioro en la seguridad. Las notas cotidianas de asesinatos múltiples de familias y vecinos aparecen con mayor frecuencia. No digo que antes no ocurrieran nunca, como fue el caso de la masacre de Villas de Salvacar en el 2010, pero ahora este tipo de crímenes ocurren con más frecuencia y en más lugares. Tan solo la semana pasada hubo un tiroteo en una fiesta infantil en Iztapalapa y otro en el festejo de San Andrés Totoltepec en donde se dio el tiroteo mientras más de mil personas estaban bailando en la calle.

Y ante este recrudecimiento del crimen, la respuesta de las autoridades es la misma de siempre: lamentamos los hechos; vamos a investigar; lo ocurrido no va a quedar impune. Pero sí queda impune. Ahora con el agravante de que, además, el encargado de la seguridad en el gobierno no sabe del tema. Ha sido un político que ha brincado de partido y de lealtades para mantenerse en el poder, no alguien que conozca desde la teoría hasta la práctica de temas de seguridad. Y por eso, aun cuando era evidente que el problema de inseguridad que heredó el gobierno de López Obrador no se iba a resolver en doce meses, tampoco se va a resolver en los que siguen ni en lo que resta del sexenio con la actual estrategia.

Creer que el cambio lo va a lograr el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que da 3 mil 600 pesos a quienes pueden ganar impunemente miles de dólares producto de las distintas actividades ilegítimas que existen en México, es una ingenuidad monumental.

En la conferencia mañanera el presidente declaró que posiblemente lo ocurrido a la familia Le Barón se trató de una confusión de quienes asesinaron a las 3 mujeres y 9 niños, pero eso tampoco es una justificación. Lo terrible; lo lamentable, es que en México se puede cometer un crimen de esa magnitud para ajustar cuentas entre delincuentes y nada pasa.

Sin duda parte del problema viene del flujo de armas de norte a sur y del enorme consumo de drogas en Estados Unidos, pero el meollo del asunto es la falta de Estado de Derecho en México. Así como no es correcto que el presidente culpe al pasado de lo que ocurre actualmente, tampoco podemos creer que reglas de Estados Unidos van a ser las que traigan seguridad en México.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Bellum omnium

contra omnes.

Thomas Hobbes

Hace un año el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un manotazo al anunciar, sentado frente a un libro titulado ¿Quién manda aquí?, que la construcción del aeropuerto de Texcoco, el NAIM, quedaba cancelada. Desde entonces ha querido dejar en claro que, en este país, quien manda es él.

Pero en el momento en que su autoridad se hizo más necesaria que nunca, el presidente decidió no mandar. Optó por subirse a un avión comercial y quedar incomunicado. Al aterrizar en Oaxaca, en lugar de haberse ido a Culiacán, siguió adelante con su agenda como si la violencia de Sinaloa no mereciera una revisión de sus planes de fin de semana.

La conferencia mañanera del día siguiente la llevó a cabo desde Oaxaca y en Culiacán dejó a los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública a que le dieran la cara a los reporteros y periodistas del estado en el que el día anterior se había vivido el terror.

Lo poco que dijo López Obrador la mañana del 18 de octubre en Oaxaca fue que dio la instrucción de que los integrantes del Gabinete de Seguridad no oculten ninguna información respecto a lo ocurrido en Culiacán. Esto evidentemente no ha ocurrido ya que seis días después no sabemos ni siquiera si es o no cierta la versión del New York Times respecto a que en el operativo se detuvo no solo a Ovidio Guzmán, también a su medio hermano, Iván, a quien también se dejó en libertad.

AMLO insiste en la pacificación y en no utilizar la fuerza. “Quien usa la fuerza no tiene autoridad moral”, declaró airoso el presidente desde Oaxaca. No tendrá autoridad moral, pero tiene autoridad, sin adjetivos, como se vio en Culiacán. Y es que ha quedado más que claro que esto de la pacificación y el desarme voluntario no le interesa al crimen organizado.

Pero ante esta realidad, el presidente sigue montado en su macho: no vamos a cambiar de estrategia. Y culpa a ‘sus adversarios’ de ser quienes lo invitan a modificar el plan. Curioso que ‘sus adversarios’ sean los medios; los columnistas; quienes cuestionamos que claramente no se está pacificando al país. Uno esperaría que el presidente vea como adversarios a quienes tomaron rehenes en Culiacán y provocaron la muerte de ya catorce personas, según el recuento al momento de escribir estas líneas.

Quizás en lugar de leer el libro que estaba sobre su escritorio hace un año, cuando dio el manotazo del NAIM, ¿Quién manda aquí?, valdría la pena que lea a Max Weber quien explica que la principal razón de ser del Estado es tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Cuando esto falla, el Estado deja de cumplir con su razón de ser.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Estamos en un punto de inflexión en la violencia, declaró el flamante Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Lo dijo mostrando una gráfica durante la conferencia mañanera que transcurría en Palacio Nacional, en la CDMX. Y al mismo tiempo en La Aguililla, Michoacán, gritaban policías estatales desesperados: “¡K-8! ¡K-8! ¡Nos atacan!

El saldo de la mañanera de Palacio Nacional fue de complacencia. El de Michoacán de 13 policías muertos y nueve heridos en la emboscada. Además quedaron unidades policiacas calcinadas y en los parabrisas se podía leer “A todos los policías que apoyen a los lacras se los cargará la ve…Att. CJNG”.

En Palacio Nacional se escucha un día sí y el otro también al presidente decir que para combatir la inseguridad su gobierno dará abrazos, no balazos. En Michoacán y en gran parte del país la respuesta a esta ‘estrategia’ es la inversa: balazos, no abrazos.

Y es que el país que describe el presidente y sus invitados en las mañaneras de Palacio Nacional es muy distinto al México que vivimos el resto de los mortales.

Otro día más en Palacio Nacional. Ahora se reúne la primera plana de los empresarios gaseros. Sentados, un poco incómodos, aplauden al presidente López Obrador que habla de que la corrupción se está barriendo como las escaleras, de arriba para abajo, y que en su gobierno ya no hay tolerancia a la corrupción. Entre los sentados a lado de los empresarios está el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Terminada la conferencia matutina Manuel Bartlett regresa a su despacho. Pasan las semanas y los señalamientos de corrupción y enriquecimiento ilícito en su contra siguen brillando por su ausencia.

Por su parte los empresarios que aplaudieron y prometieron que van a invertir, siguen ideando estrategias para que su dinero esté a salvo. No quieren ni hablar en fuerte, ni escuchar en público sobre el panorama que vive el país. Quizás la idea es que si no se habla de los errores del gobierno, éstos no tendrán efecto. Una estrategia parecida a la que implementó el gobierno de Peña Nieto para ‘combatir’ la inseguridad: no hablemos del tema y así la seguridad quedará resuelta.

Estamos ante una emergencia en materia de seguridad que sin duda heredó el presidente López Obrador. A esa emergencia se le suma un panorama muy negativo en materia económica. Este cuadro no augura más que un círculo vicioso: si la economía empeora, la seguridad lo hará también.

Pero en Palacio Nacional dirán que, a pesar de la terrible herencia del pasado, todo mejora. Es la Cuarta Transformación.

Apostilla: Hoy Javier Bonilla ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:45 de la mañana. Ayer el presidente López Obrador le envió un mensaje muy claro en su conferencia mañanera: que la Ley Bonilla con la que pretende ampliar su mandato de 2 a 5 años es una pena y que el expediente perdido para poder publicar el cambio debe de ser hallado. El documento apareció ¡oh sorpresa! unas horas después.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

El anuncio de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte vuelve a mostrarnos el México binario. O se está en favor del Ministro Medina Mora y su muy cuestionable cercanía con el poder de los presidentes, desde Vicente Fox; Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, o se está en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hay lugar para medias tintas. Para pensar que se estuvo en desacuerdo con su nombramiento como ministro de la Corte en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no por falta de credenciales en el ámbito jurídico, sino precisamente por su cercanía al poder, pero también se está en contra de que ocurra su renuncia sin una explicación precisa de la causa de fuerza mayor que lo lleva a tomar esta decisión.

Conocer esa causa de fuerza mayor no es un capricho ni producto del morbo. Es mandato constitucional. Así lo establece el párrafo tercero del artículo 98. Pero tanto al presidente López Obrador como al senado este mandato constitucional les ha parecido lo de menos y la aceptaron sin que Medina Mora compareciera o dejara claridad sobre sus motivos.

Y ahora, exigir esta claridad y respeto a la ley les parece escandaloso a quienes denostaron la llegada de Medina Mora a la Suprema Corte en el 2015. El argumento de los ‘partidarios’ de AMLO es que lo escandaloso no es su renuncia, sino que estuviera ahí, sentado en la SCJN.

Y sí. En su momento se habló de que no era el candidato idóneo para ocupar un asiento en el poder judicial, menos aun de la estatura de Ministro de la Suprema Corte. Su cercanía con tres presidentes para quienes trabajó, primero con Fox como Director del CISEN y Secretario de Seguridad Pública; después con Felipe Calderón como Procurador y luego con Enrique Peña Nieto dos veces embajador, ante Reino Unido y ante Washington, ponían en duda su independencia frente al ejecutivo.

La autonomía del Poder Judicial no es plena, pero lo que hay ha costado mucho obtenerlo.

Que a Medina Mora el poder le llegó nublar el sentido de su trabajo, ni duda cabe. Basta tomar en cuenta que aceptó ir a la boda de la hija del abogado Juan Collado y sentarse en la mesa de los invitados más importantes, sin darse cuenta o sin importarle el conflicto de interés que eso representaba.

Precisamente nombramientos como el de Medina Mora fueron las rayitas que le pintaron al tigre que generó la votación tan favorable a Andrés Manuel López Obrador el año pasado. Y por eso cuesta trabajo entender a quienes hoy justifican que la renuncia de Medina Mora no es un escándalo. Las formas no dejan claridad sobre si hubo presión o no del poder ejecutivo para que un ministro que no es alfil del actual presidente quede fuera y en su lugar llegue alguien que garantice fallos afines al ejecutivo.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Una de las grandes promesas de la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue que vendería el avión presidencial que “ni Obama tenía”. Así lo repitió en varias ocasiones durante su campaña y, apenas llegó a la Presidencia, se ha rehusado a volar en él. Muy rápido, la Secretaría de la Defensa contactó a Boeing, la empresa que le arrendó el TP-01 a Banobras, para mandarle el avión de regreso para estacionarlo en uno de sus hangares, en lo que se vende.

Recordemos que este avión no es propiedad del gobierno federal aún porque el contrato entre Boeing y Banobras se firmó en noviembre de 2012 a un costo de 2 mil 952 millones de pesos que se deberían pagar en 15 años. Así, la factura del avión presidencial aún no es del gobierno mexicano, es de Boeing.

Pero aún sin ser dueño del avión, el presidente ha dicho que lo venderá y que el dinero del TP-01 lo destinará al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica. En la Conferencia Mañanera del 12 de junio, el presidente dijo textual: “Acerca de cuánto nos va a costar este plan, decirles que tenemos presupuesto, lo dije ayer y lo repito, donde comen uno comen 10, 100 y un millón. Además, miren, ayer recibí el avalúo de la ONU sobre el avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba, me quedé con la duda de 130 o 150; pero este dinero saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial de nombre, como burla, José María Morelos y Pavón, el que buscaba que se acabara la opulencia, que se viviera en la justa medianía”.

Quizás valdría la pena que el presidente revise sus números… o, más bien, los números de los mexicanos, que somos quienes estamos financiando mediante nuestros impuestos el arrendamiento del hangar en el que está el avión presidencial y las mensualidades que se siguen pagando mientras el avión está estacionado en Victorville, California.

El contrato entre Boeing y la Sedena al que tuve acceso y que está firmado el 27 de diciembre del 2018 por el General de División Manuel de Jesús Hernández González, muestra que el primer año de tener el avión estacionado está costando $719 mil 321 dólares, solamente por el espacio y por la vigilancia del avión. Esto no incluye los daños que pueda sufrir el TP-01 que está estacionado a la intemperie y de cuyo deterioro no es responsable Boeing sino el gobierno mexicano.

¿Por qué se quiso enviar el avión a California a dejarlo estacionado a la intemperie en lugar de tenerlo igual, estacionado, en el hangar presidencial que se construyó específicamente para este TP-01? Quién sabe.

Pero este costo tampoco incluye arreglos extras ni partes que se le tengan que comprar al avión. Si se llega a requerir trabajos de alguna empresa o trabajador externo a Boeing, por ejemplo, el costo por día es de 2 mil 750 dólares más horas extras. Todo este costo le ha estado llegando al gobierno mexicano cada tres meses para que lo vaya liquidando puntualmente.

A este costo de tener estacionado el avión en California, que en el hangar presidencial de México sería cercano a cero, hay que sumarle los pagos mensuales que debe hacer Banobras que todavía debe liquidar poco más de 2 mil millones de pesos.

Así, entre los vuelos comerciales; las mensualidades de Banobras, y el costo de tener el avión estacionado, está saliendo bastante caro esto de vender el avión que ni Obama tuvo.

 

Columna completa en El Universal

Una de las frases más conocidas del autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis C Caroll, es: “Aquí, tienes que correr a toda velocidad para poder permanecer en el mismo lugar, y si quieres desplazarte a otro… ¡entonces debes correr el doble de rápido!”

Eso mismo debería hacer México: correr para no seguir perdiendo posición en el mundo globalizado de hoy. Y correr más rápido si queremos avanzar y ser un país próspero y desarrollado.

Pero cuando tendríamos que estar corriendo simplemente para no quedarnos atrás, estamos frenando la marcha de manera abrupta. Tan radical, que si el gobierno presenta un presupuesto que no se enfoca en reactivar la economía; en aumentar la productividad sino en regalar dinero a través de programas sociales y en meterle dinero bueno al malo a través de proyectos que sabemos desde ahora no redituarán, éste es recibido con un gran suspiro de alivio. ¡Fiu! No hubo sorpresas desagradables. Los números parecen realistas y hacen sentido. Esa ha sido la reacción ante la propuesta presupuestal que presentó hacienda para el año próximo.

La inversión para la competitividad y el crecimiento regional del país es todo menos eso. Implica invertir dinero en Santa Lucía y el Tren Maya, ambos proyectos destinados al fracaso. Pero como la inyección de capital es menor a la anticipada, ¡fiu! hay un respiro de alivio.

Los recursos para los programas sociales (Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el de las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, becas escolares, crédito agrícola y ganadero, por mencionar algunos) será dinero de los contribuyentes para generar una clientela política para el presidente y para Morena. Tomó mucho tiempo quitarle esa cartera que el PRI utilizó durante décadas a su antojo para que ahora, con el argumento de que ellos son distintos, otra vez el dinero se reparta de manera directa, sin intermediarios.

En otro de los grandes pilares del presupuesto, la producción petrolera, se prevé que ésta aumente un 13 por ciento. ¿Cómo vamos a producir 13 por ciento más sin el hallazgo de un nuevo yacimiento; sin fracking y sin atraer inversiones nuevas porque el presidente repite una y otra vez que éstas no han servido para nada? Se ve poco probable. Pero como el presupuesto para la construcción de ese elefante blanco que será Dos Bocas fue 17 por ciento menor al esperado, entonces ¡fiu! hay un respiro de alivio. Aunque de todas formas se le asignaron 41.3 mil millones de pesos.

El crecimiento que pronostica Hacienda va de 1.5 a 2.5 por ciento. Éste dato es demasiado bajo para una economía como la mexicana, pero como se anticipa más realista que el 4 por ciento en promedio que viene prometiendo el presidente alcanzaremos en el sexenio, entonces ¡fiu! no está tan grave ese pronóstico tan bajo porque es realista.

Sí, qué bueno que se pronostique una inflación controlada; un tipo de cambio razonable y un superávit primario. Es una lógica responsable de Hacienda que al parecer palomeó el presidente López Obrador. Pero eso es un primer escalón. México tienen enormes carencias. Regalar poco dinero a muchos mexicanos podrá ser, no nada más un motor del consumo interno, también un catalizador de mayor informalidad. Tirar dinero en un tren y un aeropuerto que no van a resolver la conectividad y sentirnos tranquilos porque será poco dinero, sigue siendo dinero de los mexicanos tirado a la basura.

No estamos corriendo a la velocidad que requerimos. Estamos ante un gobierno que ha puesto freno de mano y ahora, al presentarse un presupuesto sensato pero pobre, hay una normalización de un presente y un futuro mediocre para México.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Esta mañana el INEGI dará a conocer las cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto. Se anticipa que este número va a ser negativo. Con esto serán ya dos trimestres al hilo con PIB negativo, lo que algunos definen como una recesión.

No voy a entrar en el debate de si esto es o no la definición precisa de recesión porque ni los economistas más destacados del mundo han logrado ese consenso, pero psicológicamente dos periodos con PIB negativo no pueden considerarse buenos para la economía de un país. Y si algo le pega a la psique de los inversionistas, le pega al bolsillo de los consumidores. Pero aun con este dato del INEGI, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá firme con su apuesta de que en el 2019 vamos a crecer al 2 por ciento.

Y AMLO va a ganar la apuesta.

La apuesta no la va a ganar por un impulso natural que recibirá México vía el crecimiento de la economía estadounidense. Tampoco por las ganancias del sector exportador que se beneficia del tipo de cambio estable. Ni siquiera ganará la apuesta por el anuncio positivo de que Hacienda va a inyectar 500 mil millones de pesos a la economía vía la banca de desarrollo; créditos para viviendas y créditos al campo. Pero la va a ganar.

La va a ganar a pesar de que esta inyección de capital no va a devolver de la noche a la mañana la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros para que vengan a meter su dinero en proyectos concretos y de largo plazo, no solamente en instrumentos financieros que pueden irse igual de fácil que como llegan.

Va a ganar la apuesta a pesar de que Citibanamex hizo un nuevo pronóstico del crecimiento para el año que lo modificó de .09 a .02 por ciento y de que ni el más optimista de los pronósticos anticipa un crecimiento cercano al 2 por ciento.

Si volteamos a ver otras cifras, todo indica que el presidente tiene una apuesta perdedora. Por ejemplo, la inversión se contrajo 2.1 por ciento entre enero y abril del 2019. La producción industrial cayó 2.1 por ciento en mayo, la caída más pronunciada desde enero del 2009. El subejercicio en el gasto gubernamental, motor fundamental para el crecimiento de la economía, es preocupante porque aun si se decidiera no continuar con este subejercicio, volver a echar a andar la economía que se frenó de tajo no es tan sencillo como pulsar un botón de encendido.

El freno de mano autoimpuesto por el gobierno a la economía significa que las empresas tienen que hacer recortes, que por ello los ciudadanos tienen menos dinero para gastar y que por lo anterior el gobierno tiene menos dinero que recaudar. Lo que hoy es un subejercicio que deja dinero en las arcas, mañana serán unas arcas sin dinero que invertir. Y así el círculo vicioso.

Pero, con todo y todo, el presidente va a ganar la apuesta.

Al final del año la apuesta de AMLO de que crecimos al 2 por ciento la va a sostener el presidente porque si bien los bancos y el INEGI van a reportar una cifra distinta, menor, López Obrador va a presentar sus propios argumentos sustentados en el libro que publicará en diciembre: la economía moral. AMLO dirá que México se está transformando; que ahora medimos el desarrollo y el bienestar y no solamente el crecimiento. Que, si bien antes se crecía poco más del 2 por ciento, el dinero solo se quedaba arriba y ahora, con su 4T, no va a ser necesario esperar a que el chubasco de dinero de arriba les llegue a los de abajo porque él sabe que eso nunca sucede.

 

Columna completo en EL UNIVERSAL

Andrés Manuel López Obrador llegó a su escenario predilecto, al Zócalo, a festejar que hace un año fue electo presidente de México y a presumir que ha cumplido con 78 de sus 100 compromisos que hizo al ganar las elecciones del 2018. Muy al estilo de Donald Trump, AMLO se auto elogió ante miles de sus simpatizantes presumiendo que ningún presidente antes en la historia había logrado tanto en tan poco tiempo. Y, sin embargo, la principal razón de su triunfo permanece incumplida: acabar con la corrupción tolerada y la mafia en el poder.

El hartazgo con las viejas prácticas del PRI llevó al triunfo de Vicente Fox ayer hace 19 años. Como ni el PAN ni el regreso del PRI demostraron que realmente estaban dispuestos a combatir la corrupción y la impunidad, millones de ciudadanos voltearon a ver a Andrés Manuel López Obrador y votaron por él con esa encomienda como su prioridad.

Pero hoy es claro que AMLO no tiene intención de acabar con los privilegios y las prebendas de unos pocos a costa de millones y que su oferta es simplemente regalar dinero equivalente a migajas si lo comparamos con las transacciones de lo que él llama La Mafia del Poder.

El mejor ejemplo es la historia de Grupo Fertinal. Una empresa que era del estado y que en 1992 la compra el empresario Fabio Covarrubias. En 1998 el estado tiene que rescatar a Grupo Fertinal a través del Fobaproa, que luego se convierte en el IPAB.

En 2006 Fabio Covarrubias le compra al IPAB Grupo Fertinal. Lo hace a través de prestanombres porque el suyo aparecía entre los deudores del Fobaproa. Una de sus estrategias implica la creación de una empresa, NPK, que paga 81 millones 900 mil pesos, poco menos de 7 millones de dólares al tipo de cambio de esa fecha, por el 47 por ciento de Fertinal.

Diez años después, Covarrubias logra que Pemex pague 635 millones de dólares por una empresa que, según la auditoría independiente BDO, valía 15 millones de dólares. El sobreprecio pagado forma hoy parte importante de la enorme deuda que tiene Pemex como la empresa más endeudada del mundo.

AMLO no tuvo nada que ver ni con la compra barata ni con la venta cara de Fertinal, pero hoy como presidente tiene la oportunidad de dejar en claro que eso de acabar con la mafia en el poder sí va en serio. Nada de ser un Trump cualquiera que prometió drenar el pantano de los grandes intereses y hoy su gobierno es más bien un campeón de esos intereses que desbordan La Casa Blanca.

AMLO puede ser diferente. Son varios sus colaboradores los que están de acuerdo con que dejar impune el pasado corrupto no le suma al actual proyecto. En la Cámara de Diputados hay incluso preocupación porque entienden que sin contundencia en la lucha contra la corrupción la tendrán más complicada en la elección intermedia.

Pero lejos de querer cumplir con su compromiso y, cuando menos en un caso tan burdo como el de Fertinal, proceder para que no quede impune, AMLO está actuando igual que en el pasado que dice condenar. Basta ver que el 26 de febrero pasado, el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, autorizó una nueva capitalización de Pemex Fertilizantes y sus filiales.

 

Columna completa en El Universal

Carlos Lomelí, superdelegado del gobierno federal en Jalisco, prometió que ninguna de sus empresa del sector farmacéutico participaría en licitaciones públicas en tanto él fuera funcionario para no despertar sospechas de que se beneficiaba de su relación con Andrés Manuel López Obrador. No sería uno de esos funcionarios neoliberales de los de ‘antes’, cuando en México había la corrupción tolerada que ahora el presidente dice ha desaparecido.

Pero resulta que no. Que Carlos Lomelí mintió.

El pasado 1º de mayo publiqué en este espacio una columna a propósito de los negocios en el ámbito de las farmacéuticas de Carlos Lomelí en donde daba cuenta de como sus empresas en el sector saldrían beneficiadas del veto a Grupo Fármacos Especializados; Maypo y Dimesa que el gobierno les impuso por ser ‘inmorales’.

Como respuesta a este señalamiento, Lomelí publicó en twitter el comunicado en el que decía que “por carecer de sustento y por tratarse de una especulación que perjudica tanto la reputación de su servidor, como de la administración pública federal, me permito rechazar tajante la opinión vertida en la columna de Ana Paula Ordorica, publicada en El Universal. En congruencia con la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmo y dejo en claro:

  • Ninguna de las empresas en las que su servidor tenga participación, cuenta con contrato vigente con ningún ente gubernamental.
  • Ninguna de las empresas en las que su servidor tenga participación, entrará a concurso o licitación alguna.

Agradezco sea otorgado el derecho de réplica.

Atte. Dr. Carlos Lomelí
Delegado para el Desarrollo del Gobierno de México en Jalisco.

Pues resulta que no han pasado ni dos meses después de ese comunicado tan firme del Dr. Lomelí cuando una de sus empresas ya participa en licitaciones del sector farmacéutico. El lunes 17 de junio se llevó a cabo la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012000991-E82-2019 para la contratación consolidada de bienes terapéuticos (medicamentos, material de curación, material radiológico y de laboratorio) para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2019.

En el proceso participaron 311 compañías y en la lista aparece, nada más y nada menos que Laboratorios SOLFRAN SA. Esta firma es de Carlos Lomelí, según aparece dentro de las siete empresas reconocidas por él mismo como de su propiedad en su declaración 3 de 3, presentada el 24 de febrero de 2016.

Así que, Dr. Carlos Lomelí, ¿no que no iba a participar en estas licitaciones mientras fuera funcionario para no afectar la imagen del gobierno federal.

Apostilla: Si un gobierno dice que va a cambiar las cosas para simplemente mover las fichas y repartirlas bajo el mismo cuestionable modus operandi, vale la pena que quienes tenemos la oportunidad de contar con un espacio en los medios lo hagamos patente. AMLO no está acabando con la mafia en el poder; no está terminando con los amiguismos; no está terminando con los contratos en lo oscurito.

AMLO lo que hace es poner a México en el peor de los mundos: funciona como un priísta buscando reconstruir la enorme maquinaria que les permitió a los señores presidentes ser los mandamases durante un sexenio, pero además es alguien que cree que habla en nombre del pueblo y que tiene la batuta del Mesías para salvar a México.

Columna completa en El Universal

 

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Las calificadoras más importantes y reconocidas, Fitch y Moody’s, le bajaron la calificación a PEMEX y la perspectiva a la CFE y la respuesta del presidente ha sido que no confía en ellas porque antes, con toda la corrupción que había, no dijeron nada y ahora que ya no hay corrupción tolerada deciden bajar el grado de inversión de tal forma que los bonos de Pemex ya son chatarra.

La respuesta del presidente es muy mala. Es como un alumno reclamando al profesor de matemáticas por una nota reprobada argumentando que estudió muchísimo para el examen de biología.

Las calificadoras evalúan la capacidad de pago de deuda en el corto, mediano y largo plazo de países y empresas y asignan una calificación para que los inversionistas sepan en dónde y cuánto invertir y decidan qué riesgo asumir. A mayor riesgo puede haber un mayor rendimiento precisamente por la posibilidad de perder esa inversión.

Para el tema de corrupción hay otras evaluaciones como Transparencia Internacional (TI) en donde México ha caído hasta los últimos sitios de la OCDE, de América Latina y del mundo de forma constante y alarmante en su Índice de Percepción de la Corrupción. Que AMLO revise como nos evalúa TI en 2019 y opine entonces. Veamos si las medidas tomadas por su gobierno logran que México suba algunos peldaños para dejar el actual 134 de 174 países en donde son más corruptos Rusia, Venezuela y Corea del Norte para ver si alcanzamos a otros países como El Salvador (104); Argentina (84); o Chile (27).

Tiene cierta razón el presidente López Obrador en cuestionar como actúan las calificadoras, que están lejos de ser infalibles. Sorprendentemente siguen siendo la métrica de los inversionistas a pesar de errores garrafales que han cometido.

El mejor ejemplo fue en 2001 cuando Enron tenía la calificación más alta de Moody’s, Fitch y Standard and Poor´s hasta cuatro días antes de su quiebra. Se volvieron a equivocar en el 2008 con Lehman Brothers que también estaba bien calificada hasta su quiebra que generó la crisis financiera de ese año. Y aquí en México no hicieron bien su trabajo con Hipotecaria Su Casita que también estuvo bien evaluada hasta que entró en Concurso Mercantil.

Entonces sí, las calificadoras se equivocan y no son siempre confiables. Sin embargo, siguen siendo la fuente a la que acuden inversionistas para tomar sus decisiones de en donde meter su dinero. Esto es así, le guste o no al presidente.

La decisión que han hecho sobre Pemex, CFE y las repercusiones que podría tener esto para la calificación del soberano (Mexico) dependen de que Hacienda haga un buen trabajo de comunicación con las calificadoras.

Columna completa en El Universal

Bajo la premisa de que lo que el pueblo pone, el pueblo debe poder quitar, Andrés Manuel López Obrador está impulsando un cambio constitucional para permitir la figura de la revocación de mandato, de tal forma que, en el 2021, su nombre aparezca en la boleta electoral para ver si el pueblo quiere que siga o no siendo el presidente de México.

Habiendo tantos problemas en el país, vale la pena preguntarnos si meternos en un galimatías como el de la duración de los presidentes en su encargo es uno que apremie hoy en México. Y es que para AMLO la premisa es sencilla: que el pueblo decida si sigo o no en el poder. Pero veamos dos ejemplos de dos democracias mucho más consolidadas que la mexicana, para entender lo complejo que puede ser abrir la caja de la revocación del mandato en México.

En octubre pasado, en una pequeña ciudad de Massachusetts llamada Fall River, el alcalde Jasiel Correia fue arrestado por cargos de fraude y falsificación en su declaración de impuestos. Resulta que Correia, además de ser político, juntó dinero de inversionistas para supuestamente desarrollar una aplicación de mercadotecnia. En lugar de esta inversión, el joven de 26 años se gastó los 230 mil dólares de los inversionistas en joyería, ropa, un Mercedes Benz y para su campaña de alcalde.

Cuando es acusado de fraude, Correia se rehúsa a abandonar el cargo. Un número suficiente de ciudadanos juntó las firrmas necesarias para obligar a una consulta de revocación de mandato y una nueva elección que se llevó a cabo el martes 12 de marzo.

El resultado: 61 por ciento de los ciudadanos votaron por revocarle el mandato. Fue un claro mandato popular el que este joven abandonara la alcaldía. Pero… la segunda pregunta hecha a los ciudadanos de Fall River fue: ¿quién debe quedarse en el lugar de Correia, en caso de votarse su salida? La alternativa estaba entre cinco candidatos, uno de
ellos el mismo Correia, quien fue el que más votos recibió para ser el nuevo alcalde.

Así, el mandato popular fue revocarle el mandato a Correia…y reelegirlo. Todo el mismo día.

 

Columna completa en El Universal

Desde que Andrés Manuel López Obrador dijo que quería ser presidente de México por primera ocasión, el sector privado, se mostró preocupado por sus posturas políticas, pero, sobre todo, económicas. En la más reciente campaña presidencial, Alfonso Romo, hoy Jefe de la Oficina de la Presidencia, fue el encargado de acercarse al mundo empresarial, tanto nacional como internacional, para dar tranquilidad sobre lo que significaría una presidencia de AMLO.

Ahora que su peso ante ese mismo mundo se ha visto disminuido por la cancelación del NAIM que él prometió no ocurriría, el mismo Alfonso Romo dijo el lunes pasado, en entrevista con El Sol de México, que a él le gusta estar “callado, sordo, como hormiga”.

Así mismo, callados, sordos, como hormigas – a lo que habría que agregar ciegos – deben estar los integrantes del equipo del presidente López Obrador para poder sobrevivir dentro del gobierno.

Ahora el turno de estar callado, sordo y ciego es de Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda. De visita con inversionistas en Londres, Herrera declaró a Judith Weber, del Financial Times, que la construcción de la refinería de Dos Bocas se pondría en pausa para que esos 2.5 mil millones de dólares que se invertirían en el primer año de la obra pudieran mejor ser canalizados para impulsar la producción de Pemex, que lleva 15 años continuos de caída.

El texto del FT fue recibido como una gran noticia que daba la esperanza de sensatez de parte de López Obrador gracias a su equipo económico. Pero poco duró el gusto. Durante la conferencia mañanera de ayer, AMLO desmintió categóricamente lo dicho por Herrera y el FT corrigió su texto con la nota de este desencuentro de posturas entre Herrera y AMLO.

De golpe volvió a caer la nueva realidad mexicana. Un presidente con enorme legitimidad tiene muy poca institucionalidad y así lleva poco más de cien días gobernando.

En la misma entrevista, Romo declaró que coincide con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. “No hagamos una tormenta de una llovizna […] vamos conquistando a las calificadoras, porque si los mexicanos hablan bien de México, si los extranjeros hablan bien de México, y las calificadoras nos dan el voto de confianza, pues en lugar de ser la tormenta perfecta, va a ser la oportunidad del siglo”.

 

 

Columna completa en El Universal

El domingo cumple cien días de ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Quienes digan que parecen más días, tendrán razón, ya que, en los hechos, AMLO lleva ejerciendo el papel de presidente desde que ganó las elecciones de julio pasado, ante un Enrique Peña Nieto que aventó la toalla y le dejó la chamba al presidente electo.

En estos cien días llama la atención la diferencia que hay entre la opinión pública y la opinión publicada. La pública, como demuestran las encuestas, está entusiasmada con López Obrador. No lo quieren; lo adoran. Y la opinión publicada demuestra, casi toda (hay excepciones), más preocupación, rondando en el enojo…hasta el encabronamiento. Esta opinión publicada está acompañada por una minoría de los ciudadanos.

¿Qué entusiasma de AMLO? Sus promesas de quitar pensiones a expresidentes; de austeridad en el gasto de funcionarios públicos; sus viajes en aviones comerciales; dejar Los Pinos para ‘el pueblo’.

Se entiende que ciertas frases resuenen con sus simpatizantes. Por ejemplo: ¿por qué las calificadoras no dijeron nunca nada sobre la corrupción de Pemex y el gobierno?

La respuesta es sencilla: por qué lo que califican S&P, Moody’s o Fitch es la capacidad de pago de la deuda de empresas y/o gobiernos.

Se entiende que resuene cuando habla de cerrar ProMéxico porque está llena de fís y sólo nosotros tenemos ese tipo de lujos. ¿En dónde está ProFrancia? ¿En dónde ProAlemania?, pregunta el presidente en su mañanera para el deleite de sus admiradores.

ProFrancia se llama Business France; ProAlemania es el GTAI (Germany Trade and Investment). Pero hay más. España tiene el ICEX (Instituto de Comercio Exterior). Japón tiene JETRO (Japan External Trade Organization); Colombia tiene… Procolombia. Por mencionar algunos de los muchos países que tienen oficinas de promoción del comercio en el extranjero.

¿Qué preocupa? La presidencia en primera persona. Todo, desde la conferencia matutina hasta el último acto del día gira alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Si le gusta un proyecto de infraestructura, éste va porque va. Ahí está el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Si no le gusta un proyecto, se cancela, como el NAIM o la mina Los Cardones.

Es una presidencia impredecible porque puede decir una cosa un día y cambiar de opinión al siguiente. Fue el caso de la termoeléctrica de la Huexca, a la que nos referimos en este espacio la semana pasada, o el papel del Ejército en los trabajos de seguridad.

 

Columna completa en El Universal

En la mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el pueblo se cansa de tanta pinche transa. Y nadie como él ha sabido leer este cansancio, hartazgo incluso, con tanta pinche transa.

Por eso, en gran medida ganó Andrés Manuel López Obrador. Ayudado por un gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, marcado no solo por escándalos de corrupción, también por desdén hacia quienes señalaban sus dimensiones y por una enorme frivolidad e impunidad.

Pero en verdad y, usando palabras del propio presidente, con todo respeto, no entiendo en qué consiste la lucha contra la corrupción que dice encabezar Andrés Manuel López Obrador. Empezando porque es el más opaco de los presidentes desde que se dio la alternancia en el ejecutivo en el 2000.

No sabemos de qué ha vivido todos estos años, aun si fuese cierto que solo tiene 200 pesos en la cartera. Su declaración 3 de 3, lo hemos mencionado antes, es de pobreza inexplicable. Y ésta es igual de indignante que la riqueza inexplicable. AMLO se niega a ser claro respecto a los recursos que le han permitido ser un político que ha recorrido el país de arriba abajo y el proveedor de una familia de cuatro hijos y una esposa.

Mañana tras mañana se lanza en contra de un nuevo sector, sin dar nombres ni apellidos, al que señala por la corrupción del pasado. Ya hemos escuchado sobre los huachicoleros de cuello blanco; sobre los funcionarios corruptos de Pemex; los de la SCT y contratistas del Nuevo Aeropuerto que querían enriquecerse a costa del pueblo; sobre las calificadoras como Fitch Ratings que solaparon la corrupción en Pemex; y ahora se ha ido en contra de los cabilderos de las grandes empresas que logran excensiones millonarias en el pago de impuestos para sus clientes.

“Seré respetuoso de los poderes de la Unión, pero juez, magistrado o ministro que solape la corrupción será exhibido, pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, fue la oración completa del presidente. Y sin embargo, él es el primero que ha hablado de amnistía y de un borrón y cuenta nueva. A veces lo matiza diciendo que el devenir jurídico de los ex presidentes se resolverá mediante una consulta popular.

¿No se dan cuenta quienes esto aplauden lo grave de la propuesta? Implica amnistía por una parte y hoguera por otra. Una hoguera que brinca por encima a todas las instituciones que conforman el aparato de justicia del Estado Mexicano, con todo y sus enormes deficiencias.

 

Columna completa en El Universal