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Las calificadoras más importantes y reconocidas, Fitch y Moody’s, le bajaron la calificación a PEMEX y la perspectiva a la CFE y la respuesta del presidente ha sido que no confía en ellas porque antes, con toda la corrupción que había, no dijeron nada y ahora que ya no hay corrupción tolerada deciden bajar el grado de inversión de tal forma que los bonos de Pemex ya son chatarra.

La respuesta del presidente es muy mala. Es como un alumno reclamando al profesor de matemáticas por una nota reprobada argumentando que estudió muchísimo para el examen de biología.

Las calificadoras evalúan la capacidad de pago de deuda en el corto, mediano y largo plazo de países y empresas y asignan una calificación para que los inversionistas sepan en dónde y cuánto invertir y decidan qué riesgo asumir. A mayor riesgo puede haber un mayor rendimiento precisamente por la posibilidad de perder esa inversión.

Para el tema de corrupción hay otras evaluaciones como Transparencia Internacional (TI) en donde México ha caído hasta los últimos sitios de la OCDE, de América Latina y del mundo de forma constante y alarmante en su Índice de Percepción de la Corrupción. Que AMLO revise como nos evalúa TI en 2019 y opine entonces. Veamos si las medidas tomadas por su gobierno logran que México suba algunos peldaños para dejar el actual 134 de 174 países en donde son más corruptos Rusia, Venezuela y Corea del Norte para ver si alcanzamos a otros países como El Salvador (104); Argentina (84); o Chile (27).

Tiene cierta razón el presidente López Obrador en cuestionar como actúan las calificadoras, que están lejos de ser infalibles. Sorprendentemente siguen siendo la métrica de los inversionistas a pesar de errores garrafales que han cometido.

El mejor ejemplo fue en 2001 cuando Enron tenía la calificación más alta de Moody’s, Fitch y Standard and Poor´s hasta cuatro días antes de su quiebra. Se volvieron a equivocar en el 2008 con Lehman Brothers que también estaba bien calificada hasta su quiebra que generó la crisis financiera de ese año. Y aquí en México no hicieron bien su trabajo con Hipotecaria Su Casita que también estuvo bien evaluada hasta que entró en Concurso Mercantil.

Entonces sí, las calificadoras se equivocan y no son siempre confiables. Sin embargo, siguen siendo la fuente a la que acuden inversionistas para tomar sus decisiones de en donde meter su dinero. Esto es así, le guste o no al presidente.

La decisión que han hecho sobre Pemex, CFE y las repercusiones que podría tener esto para la calificación del soberano (Mexico) dependen de que Hacienda haga un buen trabajo de comunicación con las calificadoras.

Columna completa en El Universal

Bajo la premisa de que lo que el pueblo pone, el pueblo debe poder quitar, Andrés Manuel López Obrador está impulsando un cambio constitucional para permitir la figura de la revocación de mandato, de tal forma que, en el 2021, su nombre aparezca en la boleta electoral para ver si el pueblo quiere que siga o no siendo el presidente de México.

Habiendo tantos problemas en el país, vale la pena preguntarnos si meternos en un galimatías como el de la duración de los presidentes en su encargo es uno que apremie hoy en México. Y es que para AMLO la premisa es sencilla: que el pueblo decida si sigo o no en el poder. Pero veamos dos ejemplos de dos democracias mucho más consolidadas que la mexicana, para entender lo complejo que puede ser abrir la caja de la revocación del mandato en México.

En octubre pasado, en una pequeña ciudad de Massachusetts llamada Fall River, el alcalde Jasiel Correia fue arrestado por cargos de fraude y falsificación en su declaración de impuestos. Resulta que Correia, además de ser político, juntó dinero de inversionistas para supuestamente desarrollar una aplicación de mercadotecnia. En lugar de esta inversión, el joven de 26 años se gastó los 230 mil dólares de los inversionistas en joyería, ropa, un Mercedes Benz y para su campaña de alcalde.

Cuando es acusado de fraude, Correia se rehúsa a abandonar el cargo. Un número suficiente de ciudadanos juntó las firrmas necesarias para obligar a una consulta de revocación de mandato y una nueva elección que se llevó a cabo el martes 12 de marzo.

El resultado: 61 por ciento de los ciudadanos votaron por revocarle el mandato. Fue un claro mandato popular el que este joven abandonara la alcaldía. Pero… la segunda pregunta hecha a los ciudadanos de Fall River fue: ¿quién debe quedarse en el lugar de Correia, en caso de votarse su salida? La alternativa estaba entre cinco candidatos, uno de
ellos el mismo Correia, quien fue el que más votos recibió para ser el nuevo alcalde.

Así, el mandato popular fue revocarle el mandato a Correia…y reelegirlo. Todo el mismo día.

 

Columna completa en El Universal

Desde que Andrés Manuel López Obrador dijo que quería ser presidente de México por primera ocasión, el sector privado, se mostró preocupado por sus posturas políticas, pero, sobre todo, económicas. En la más reciente campaña presidencial, Alfonso Romo, hoy Jefe de la Oficina de la Presidencia, fue el encargado de acercarse al mundo empresarial, tanto nacional como internacional, para dar tranquilidad sobre lo que significaría una presidencia de AMLO.

Ahora que su peso ante ese mismo mundo se ha visto disminuido por la cancelación del NAIM que él prometió no ocurriría, el mismo Alfonso Romo dijo el lunes pasado, en entrevista con El Sol de México, que a él le gusta estar “callado, sordo, como hormiga”.

Así mismo, callados, sordos, como hormigas – a lo que habría que agregar ciegos – deben estar los integrantes del equipo del presidente López Obrador para poder sobrevivir dentro del gobierno.

Ahora el turno de estar callado, sordo y ciego es de Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda. De visita con inversionistas en Londres, Herrera declaró a Judith Weber, del Financial Times, que la construcción de la refinería de Dos Bocas se pondría en pausa para que esos 2.5 mil millones de dólares que se invertirían en el primer año de la obra pudieran mejor ser canalizados para impulsar la producción de Pemex, que lleva 15 años continuos de caída.

El texto del FT fue recibido como una gran noticia que daba la esperanza de sensatez de parte de López Obrador gracias a su equipo económico. Pero poco duró el gusto. Durante la conferencia mañanera de ayer, AMLO desmintió categóricamente lo dicho por Herrera y el FT corrigió su texto con la nota de este desencuentro de posturas entre Herrera y AMLO.

De golpe volvió a caer la nueva realidad mexicana. Un presidente con enorme legitimidad tiene muy poca institucionalidad y así lleva poco más de cien días gobernando.

En la misma entrevista, Romo declaró que coincide con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. “No hagamos una tormenta de una llovizna […] vamos conquistando a las calificadoras, porque si los mexicanos hablan bien de México, si los extranjeros hablan bien de México, y las calificadoras nos dan el voto de confianza, pues en lugar de ser la tormenta perfecta, va a ser la oportunidad del siglo”.

 

 

Columna completa en El Universal

El domingo cumple cien días de ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Quienes digan que parecen más días, tendrán razón, ya que, en los hechos, AMLO lleva ejerciendo el papel de presidente desde que ganó las elecciones de julio pasado, ante un Enrique Peña Nieto que aventó la toalla y le dejó la chamba al presidente electo.

En estos cien días llama la atención la diferencia que hay entre la opinión pública y la opinión publicada. La pública, como demuestran las encuestas, está entusiasmada con López Obrador. No lo quieren; lo adoran. Y la opinión publicada demuestra, casi toda (hay excepciones), más preocupación, rondando en el enojo…hasta el encabronamiento. Esta opinión publicada está acompañada por una minoría de los ciudadanos.

¿Qué entusiasma de AMLO? Sus promesas de quitar pensiones a expresidentes; de austeridad en el gasto de funcionarios públicos; sus viajes en aviones comerciales; dejar Los Pinos para ‘el pueblo’.

Se entiende que ciertas frases resuenen con sus simpatizantes. Por ejemplo: ¿por qué las calificadoras no dijeron nunca nada sobre la corrupción de Pemex y el gobierno?

La respuesta es sencilla: por qué lo que califican S&P, Moody’s o Fitch es la capacidad de pago de la deuda de empresas y/o gobiernos.

Se entiende que resuene cuando habla de cerrar ProMéxico porque está llena de fís y sólo nosotros tenemos ese tipo de lujos. ¿En dónde está ProFrancia? ¿En dónde ProAlemania?, pregunta el presidente en su mañanera para el deleite de sus admiradores.

ProFrancia se llama Business France; ProAlemania es el GTAI (Germany Trade and Investment). Pero hay más. España tiene el ICEX (Instituto de Comercio Exterior). Japón tiene JETRO (Japan External Trade Organization); Colombia tiene… Procolombia. Por mencionar algunos de los muchos países que tienen oficinas de promoción del comercio en el extranjero.

¿Qué preocupa? La presidencia en primera persona. Todo, desde la conferencia matutina hasta el último acto del día gira alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Si le gusta un proyecto de infraestructura, éste va porque va. Ahí está el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Si no le gusta un proyecto, se cancela, como el NAIM o la mina Los Cardones.

Es una presidencia impredecible porque puede decir una cosa un día y cambiar de opinión al siguiente. Fue el caso de la termoeléctrica de la Huexca, a la que nos referimos en este espacio la semana pasada, o el papel del Ejército en los trabajos de seguridad.

 

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En la mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el pueblo se cansa de tanta pinche transa. Y nadie como él ha sabido leer este cansancio, hartazgo incluso, con tanta pinche transa.

Por eso, en gran medida ganó Andrés Manuel López Obrador. Ayudado por un gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, marcado no solo por escándalos de corrupción, también por desdén hacia quienes señalaban sus dimensiones y por una enorme frivolidad e impunidad.

Pero en verdad y, usando palabras del propio presidente, con todo respeto, no entiendo en qué consiste la lucha contra la corrupción que dice encabezar Andrés Manuel López Obrador. Empezando porque es el más opaco de los presidentes desde que se dio la alternancia en el ejecutivo en el 2000.

No sabemos de qué ha vivido todos estos años, aun si fuese cierto que solo tiene 200 pesos en la cartera. Su declaración 3 de 3, lo hemos mencionado antes, es de pobreza inexplicable. Y ésta es igual de indignante que la riqueza inexplicable. AMLO se niega a ser claro respecto a los recursos que le han permitido ser un político que ha recorrido el país de arriba abajo y el proveedor de una familia de cuatro hijos y una esposa.

Mañana tras mañana se lanza en contra de un nuevo sector, sin dar nombres ni apellidos, al que señala por la corrupción del pasado. Ya hemos escuchado sobre los huachicoleros de cuello blanco; sobre los funcionarios corruptos de Pemex; los de la SCT y contratistas del Nuevo Aeropuerto que querían enriquecerse a costa del pueblo; sobre las calificadoras como Fitch Ratings que solaparon la corrupción en Pemex; y ahora se ha ido en contra de los cabilderos de las grandes empresas que logran excensiones millonarias en el pago de impuestos para sus clientes.

“Seré respetuoso de los poderes de la Unión, pero juez, magistrado o ministro que solape la corrupción será exhibido, pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, fue la oración completa del presidente. Y sin embargo, él es el primero que ha hablado de amnistía y de un borrón y cuenta nueva. A veces lo matiza diciendo que el devenir jurídico de los ex presidentes se resolverá mediante una consulta popular.

¿No se dan cuenta quienes esto aplauden lo grave de la propuesta? Implica amnistía por una parte y hoguera por otra. Una hoguera que brinca por encima a todas las instituciones que conforman el aparato de justicia del Estado Mexicano, con todo y sus enormes deficiencias.

 

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Los problemas para Donald Trump comienzan a apilarse. En estos momentos, su terquedad por querer que el senado le apruebe 5 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México tiene el gobierno cerrado por falta de fondos para seguir funcionando.

Si la discusión entre Trump y los senadores fuera para mejorar la seguridad fronteriza, seguramente podrían llegar a un acuerdo de entregarle recursos a cambio de un esquema de mayor patrullaje o inversión en tecnología para la zona, pero como lo que se discute es un símbolo que Trump considera determinante para fortalecer a su base electoral o perderla, el margen de maniobra entre ambos lados es demasiado estrecho. Es un todo o nada en donde Trump considera que se juega su reelección y los demócratas por ello no están dispuestos a ceder ni un ápice.

Lo incomprensible es que este cierre del gobierno es porque Trump quiere dinero para construir un muro que él dijo pagaría México. Los demócratas tienen así todas las de ganar en este nuevo escándalo que tiene a 800 mil empleados del estado sin recibir sueldo en plenas fiestas decembrinas o trabajando sin paga.

Pero ese no es el único problema de Trump. Legalmente continúan las investigaciones sobre conspiración con Rusia, obstrucción de justicia y gastos de campaña que lleva el investigador especial Robert Muller. Con él ya cooperan el ex abogado de Trump, Michael Cohen, quien ya ha sido sentenciado a tres años de prisión, y el ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, cuya sentencia sigue pendiente. La expectativa por conocer las conclusiones de Muller es enorme. El escenario para Trump podría ser reelección en el 2020 o prisión. Eso explica aun más su impulso de un todo o nada respecto al muro fronterizo.

A ello hay que sumar que las irregularidades financieras de la fundación Trump han llevado al presidente a cerrarla. Está también el pleito que tiene con el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, a quien Trump quiere despedir por la más reciente alza a las tasas de interés. Powell, como cualquier presidente de la FED, tomó su decisión en términos económicos, pero Trump siente que es un error político porque como él ha basado el éxito o fracaso de su desempeño como presidente en si suben o bajan los índices de Wall Street, la caída que ocasionó el alza en las tasas de interés lo tienen desesperado.

Y sin duda su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria y la consiguiente renuncia del Secretario de Defensa, James Mattis por esta razón, es un tema que le cuesta mucho sobre todo con los republicanos. Varios de ellos se han quejado abiertamente y han señalado que los ganadores de esta medida son Rusia e Irán, los aliados del dictador sirio, Bashar Al-Assad.

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Alfonso Navarrete Prida arrancó con el pie derecho su encargo como Secretario de Gobernación al negociar con Javier Corral la crisis económica y política de Chihuahua. México, por el contrario, perdió porque una vez más fueron acuerdos políticos en lo oscurito los que resuelven una crisis en la que en medio queda la duda de qué pasará con la investigación sobre la triangulación de recursos de Hacienda a las campañas políticas del PRI.

Recordemos que el caso Chihuahua se complicó cuando Gustavo Madero, Coordinador de Gabinete de Javier Corral, le pide a su amigo José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, conocer por qué Chihuahua no había recibido los 900 millones de pesos que la federación se había comprometido a depositarle.

González Anaya le respondió a Madero: “Hay que platicar” y de ahí surgió la reunión en donde se le aclaró al gobierno de Corral que no se le depositaba ese dinero por insuficiencia presupuestal, pero que también había un problema con la detención del PRIísta Alejandro Gutiérrez, acusado de la triangulación de recursos para las campañas. Eso fue una plática que se entendía se daba entre amigos, pero que generó la crisis que todos vimos con Corral flanqueado por personalidades de la sociedad civil e incluso del mundo del cine exigiendo el pago de lo adeudado y la extradición del ex gobernador Cesar Duarte.

El problema escaló al grado que el precandidato del PRI, José Antonio Meade, entró en escena y se subió al ring al llamar torturador a Corral, refiriéndose al trato que se especula el gobierno de Chihuahua estaba dando a Alejandro Gutiérrez.

Mala estrategia de Meade la de subirse a ese ring ultra PRIísta. Pero eso es otra historia.

El tema pasó de Chihuahua a Hacienda a la campaña de Meade y de ahí a Gobernación. ¿Qué tiene que ver la SEGOB en un conflicto hacendario? Nada, si se tratara solo de eso. Pero como el problema con Corral era mucho más que 900 millones de pesos, entró Navarrete Prida en escena para firmar un documento que reconoce juridicidad a los convenios de Hacienda con los estados, y por ello admite que sí era obligación de la SHCP depositarle los fondos a Chihuahua, a cambio de permitir el traslado de Alejandro Gutiérrez de una prisión estatal al Centro Federal de Readaptación Social No. 8 en Ciudad Juárez.

 

 

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