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En la mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el pueblo se cansa de tanta pinche transa. Y nadie como él ha sabido leer este cansancio, hartazgo incluso, con tanta pinche transa.

Por eso, en gran medida ganó Andrés Manuel López Obrador. Ayudado por un gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, marcado no solo por escándalos de corrupción, también por desdén hacia quienes señalaban sus dimensiones y por una enorme frivolidad e impunidad.

Pero en verdad y, usando palabras del propio presidente, con todo respeto, no entiendo en qué consiste la lucha contra la corrupción que dice encabezar Andrés Manuel López Obrador. Empezando porque es el más opaco de los presidentes desde que se dio la alternancia en el ejecutivo en el 2000.

No sabemos de qué ha vivido todos estos años, aun si fuese cierto que solo tiene 200 pesos en la cartera. Su declaración 3 de 3, lo hemos mencionado antes, es de pobreza inexplicable. Y ésta es igual de indignante que la riqueza inexplicable. AMLO se niega a ser claro respecto a los recursos que le han permitido ser un político que ha recorrido el país de arriba abajo y el proveedor de una familia de cuatro hijos y una esposa.

Mañana tras mañana se lanza en contra de un nuevo sector, sin dar nombres ni apellidos, al que señala por la corrupción del pasado. Ya hemos escuchado sobre los huachicoleros de cuello blanco; sobre los funcionarios corruptos de Pemex; los de la SCT y contratistas del Nuevo Aeropuerto que querían enriquecerse a costa del pueblo; sobre las calificadoras como Fitch Ratings que solaparon la corrupción en Pemex; y ahora se ha ido en contra de los cabilderos de las grandes empresas que logran excensiones millonarias en el pago de impuestos para sus clientes.

“Seré respetuoso de los poderes de la Unión, pero juez, magistrado o ministro que solape la corrupción será exhibido, pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, fue la oración completa del presidente. Y sin embargo, él es el primero que ha hablado de amnistía y de un borrón y cuenta nueva. A veces lo matiza diciendo que el devenir jurídico de los ex presidentes se resolverá mediante una consulta popular.

¿No se dan cuenta quienes esto aplauden lo grave de la propuesta? Implica amnistía por una parte y hoguera por otra. Una hoguera que brinca por encima a todas las instituciones que conforman el aparato de justicia del Estado Mexicano, con todo y sus enormes deficiencias.

 

Columna completa en El Universal

Los problemas para Donald Trump comienzan a apilarse. En estos momentos, su terquedad por querer que el senado le apruebe 5 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México tiene el gobierno cerrado por falta de fondos para seguir funcionando.

Si la discusión entre Trump y los senadores fuera para mejorar la seguridad fronteriza, seguramente podrían llegar a un acuerdo de entregarle recursos a cambio de un esquema de mayor patrullaje o inversión en tecnología para la zona, pero como lo que se discute es un símbolo que Trump considera determinante para fortalecer a su base electoral o perderla, el margen de maniobra entre ambos lados es demasiado estrecho. Es un todo o nada en donde Trump considera que se juega su reelección y los demócratas por ello no están dispuestos a ceder ni un ápice.

Lo incomprensible es que este cierre del gobierno es porque Trump quiere dinero para construir un muro que él dijo pagaría México. Los demócratas tienen así todas las de ganar en este nuevo escándalo que tiene a 800 mil empleados del estado sin recibir sueldo en plenas fiestas decembrinas o trabajando sin paga.

Pero ese no es el único problema de Trump. Legalmente continúan las investigaciones sobre conspiración con Rusia, obstrucción de justicia y gastos de campaña que lleva el investigador especial Robert Muller. Con él ya cooperan el ex abogado de Trump, Michael Cohen, quien ya ha sido sentenciado a tres años de prisión, y el ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, cuya sentencia sigue pendiente. La expectativa por conocer las conclusiones de Muller es enorme. El escenario para Trump podría ser reelección en el 2020 o prisión. Eso explica aun más su impulso de un todo o nada respecto al muro fronterizo.

A ello hay que sumar que las irregularidades financieras de la fundación Trump han llevado al presidente a cerrarla. Está también el pleito que tiene con el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, a quien Trump quiere despedir por la más reciente alza a las tasas de interés. Powell, como cualquier presidente de la FED, tomó su decisión en términos económicos, pero Trump siente que es un error político porque como él ha basado el éxito o fracaso de su desempeño como presidente en si suben o bajan los índices de Wall Street, la caída que ocasionó el alza en las tasas de interés lo tienen desesperado.

Y sin duda su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria y la consiguiente renuncia del Secretario de Defensa, James Mattis por esta razón, es un tema que le cuesta mucho sobre todo con los republicanos. Varios de ellos se han quejado abiertamente y han señalado que los ganadores de esta medida son Rusia e Irán, los aliados del dictador sirio, Bashar Al-Assad.

Columna completa en El Universal

Alfonso Navarrete Prida arrancó con el pie derecho su encargo como Secretario de Gobernación al negociar con Javier Corral la crisis económica y política de Chihuahua. México, por el contrario, perdió porque una vez más fueron acuerdos políticos en lo oscurito los que resuelven una crisis en la que en medio queda la duda de qué pasará con la investigación sobre la triangulación de recursos de Hacienda a las campañas políticas del PRI.

Recordemos que el caso Chihuahua se complicó cuando Gustavo Madero, Coordinador de Gabinete de Javier Corral, le pide a su amigo José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, conocer por qué Chihuahua no había recibido los 900 millones de pesos que la federación se había comprometido a depositarle.

González Anaya le respondió a Madero: “Hay que platicar” y de ahí surgió la reunión en donde se le aclaró al gobierno de Corral que no se le depositaba ese dinero por insuficiencia presupuestal, pero que también había un problema con la detención del PRIísta Alejandro Gutiérrez, acusado de la triangulación de recursos para las campañas. Eso fue una plática que se entendía se daba entre amigos, pero que generó la crisis que todos vimos con Corral flanqueado por personalidades de la sociedad civil e incluso del mundo del cine exigiendo el pago de lo adeudado y la extradición del ex gobernador Cesar Duarte.

El problema escaló al grado que el precandidato del PRI, José Antonio Meade, entró en escena y se subió al ring al llamar torturador a Corral, refiriéndose al trato que se especula el gobierno de Chihuahua estaba dando a Alejandro Gutiérrez.

Mala estrategia de Meade la de subirse a ese ring ultra PRIísta. Pero eso es otra historia.

El tema pasó de Chihuahua a Hacienda a la campaña de Meade y de ahí a Gobernación. ¿Qué tiene que ver la SEGOB en un conflicto hacendario? Nada, si se tratara solo de eso. Pero como el problema con Corral era mucho más que 900 millones de pesos, entró Navarrete Prida en escena para firmar un documento que reconoce juridicidad a los convenios de Hacienda con los estados, y por ello admite que sí era obligación de la SHCP depositarle los fondos a Chihuahua, a cambio de permitir el traslado de Alejandro Gutiérrez de una prisión estatal al Centro Federal de Readaptación Social No. 8 en Ciudad Juárez.

 

 

Columna completa en El Universal