Esta semana arrancó con autopistas bloqueadas por piperos que roban agua de tomas clandestinas y que, indignados por el Operativo Caudal para frenar este negocio ilegal, paralizaron buena parte del Valle de México.
Me tocó estar en uno de los puntos cerrados y logré salir por un acotamiento en sentido contrario. Otros no tuvieron esa suerte. Miles de personas quedaron varadas durante horas por manifestantes que, lejos de exigir justicia, protestaban porque las autoridades estatales y federales intervinieron pozos, inmuebles y pipas usadas para robar agua.
En el México que normaliza la ilegalidad, los ladrones no se esconden: bloquean carreteras y reclaman derechos sobre lo que no les pertenece. Nadie parece recordar que el Código Penal del Estado de México castiga con dos a seis años de prisión a quien robe agua.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la Extorsión. Otro ejemplo del reflejo automático de este gobierno: creer que los problemas del país se resuelven redactando nuevas leyes.
La ley eleva las penas por extorsión de 6 a 15 años, y hasta 25 años si se agravan las circunstancias. Pero aumentar las penas no resuelve nada cuando el 94% de los delitos en México quedan impunes, según el Inegi. La extorsión no se combate con años de cárcel escritos en el Diario Oficial, sino con policías, ministerios públicos y jueces que hagan su trabajo.
Durante la discusión, el diputado panista Damián Retes recordó lo obvio: la extorsión no es solo el cobro de piso o las llamadas desde penales. También la cometen servidores públicos al exigir pagos para autorizar permisos o dejar operar comercios.
La nueva ley promete que se podrá denunciar de manera anónima al 089. Pero, ¿quién recogerá esas denuncias cuando el extorsionador sea el propio gobierno? Porque hoy, uno de los principales extorsionadores de empresas es el SAT, que congela cuentas y retiene devoluciones para presionar a contribuyentes.
El morenista Julio César Moreno aseguró en tribuna que “a partir de ahora, si hay indicios de extorsión, se investiga, se persigue y se castiga. Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades”. Qué desgracia para la familia de Bernardo Bravo, productor de limón asesinado en Michoacán por denunciar las extorsiones de los cárteles, escuchar esa declaración justo una semana después de su muerte.
En esa región de Tierra Caliente operan al menos cinco grupos criminales desde hace más de una década. El padre de Bernardo, conocido como Don Berna, fue secuestrado y asesinado hace diez años por el mismo motivo. Pero ahora, con una ley más, nos dicen que todo cambiará.
La verdad es que los diputados legislan para la narrativa. Es teatro político, no solución. El problema de México no está en la falta de leyes, sino en su aplicación. A menos, claro, que pensemos que antes de esta ley la extorsión estaba permitida.
Columna publicada en El Universal