Tag

información

Browsing

La Secretaría de la Función Pública (SFP) otorgó una suspensión definitiva a la inhabilitación que había impuesto con anterioridad a la empresa farmacéutica Laboratorios PiSA, por un periodo de 30 meses.

«Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público», publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SFP.

En la circular emitida, la dependencia señaló que únicamente se «paralizaba temporalmente» la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante.

Recordemos que el 21 de octubre del año pasado se dio a conocer la sanción a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Laboratorios Pisa con una inhabilitación de 30 meses y una multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una, por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Y aunque fue la propia SFP quien emitió la circular en la que emitió la suspensión, en una nota informativa aclaró que dicho acto deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Advirtió que a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, continuarán defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica.

«De ningún modo la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa», dijo la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval.

Tras los señalamientos que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la labor de Artículo 19, descalificando su trabajo y exhibir que está financiada desde el extranjero, además de que pertenecen al «movimiento conservador» que está en contra de su gobierno, fue la organización quien respondió al mandatario.

«Los calificativos del presidente son simplistas y reflejan intolerancia al trabajo de aquéllos que buscan llamar al poder a cuentas», indicó la organización, quien destacó que son un grupo de personas dedicadas al periodismo, las leyes y el activismo por los derechos humanos, que conocen las fuentes de financiamiento de la organización, mismas que son públicas.

Pidieron al presidente verificar que no hay “empresas extranjeras” financiando sus actividades, sino fundaciones y gobiernos que apoyan proyectos de la sociedad civil en decenas de países alrededor del mundo; incluso le recordó que parte del financiamiento proviene de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos, que también ha aportado fondos para iniciativas en derechos humanos en las que participa el propio gobierno federal.

Artículo 19 recordó que  durante más de una década, a lo largo de gobiernos de distintos partidos, han trabajado en la defensa de periodistas del acoso del poder y en la procuración del acceso de la ciudadanía a información pública y a tecnologías de comunicación libres de censura.

Enfatizó que sus informes también fueron presentados durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, sacando a la luz casos emblemáticos de la libertad de expresión, como es la defensa y acompañamiento a la periodista Lydia Cacho en su denuncia por la tortura que sufrió en su labor informativa; formó parte del grupo de organizaciones que reveló el uso del software Pegasus para espiar a periodistas y activistas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; promovió un amparo en el que la Suprema Corte obligó al Congreso de la Unión a legislar sobre publicidad oficial, entre otas.

Le recordó que Artículo 19 también encabezó la defensa legal de Sanjuana Martínez, hoy directora de Notimex, cuando su trabajo periodístico le provocó una demanda por daño moral. Precisó que el equipo legal, encabezado por el hoy director de la Oficina, Leopoldo Maldonado, logró que la demanda fuera retirada.

«Lo ocurrido en la conferencia de este 31 de marzo es una muestra más de una creciente intolerancia a la crítica y a la información incómoda para el gobierno federal (…) en tres décadas ha trabajado para abrir libertades en regímenes autoritarios. Lo que nos preocupa es que México esté cayendo en lo mismo», remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó esta mañana contra los medios de comunicación por no corroborar la información del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señalaba irregularidades en el gasto público del gobierno federal; lamentó que se sigan prestando a transmitir información errónea a los mexicanos.

Durante la conferencia matutina, López Obrador proyectó un video con fragmentos de diversos espacios televisivos, en los que se retomó el informe de la ASF, especialmente en su apartado sobre el costo total que en un inicio indicó la Auditoria tuvo la cancelación del aeropuerto e Texcoco.

«¿Cómo lo ven? Esto es lo que enfrentamos todos los días. Todos están al servicio del régimen conservador que imperaba y al que quieren regresar. Es realmente lamentable y vergonzoso que suceda esto en los medios de información», dijo AMLO, quien encontró un pretexto más para señalar a la prensa, como lo ha venido haciendo desde que asumió el poder.

El presidente aseguró que ahora los medios seguro «van a decir que la culpa es de la Auditoría», aunque dijo, en realidad «estaban esperando» una noticia así para criticar al gobierno. «¿Que no pudieron constatar y revisar la información?», expresó el presidente.

Y es que el fin de semana pasado, la ASF publicó un informe sobre el gasto público federal según el cual la cancelación en 2019 de las obras del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo 232% mayor al previsto por el gobierno.

Sin embargo, López Obrador calificó el lunes de «exagerada» la auditoría y, posteriormente, el organismo admitió la existencia de «inconsistencias» en su informe y garantizó «una revisión exhaustiva». El gobierno aseguró que encontró en el informe tres errores que explican más del 75% de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto.

Esta situación llevó a que ayer López Obrador enviara una carta a la Cámara de Diputados en la que solicitaba investigar a la Auditoría Superior, pues considera que buscó «dañar» al gobierno al dar datos erróneos.

El presidente dijo esta mañana que goza de «autoridad moral» para poder hacer dichos señalamientos e hizo un llamado a «los dueños de los medios de información y de las televisoras para que se ponga por delante la ética y no se engañe» a la ciudadanía.

Incluso AMLO fue más allá, y dijo que aunque será la Cámara de Diputados quien hará la investigación y determinará las medidas que habrá en el caso, si es necesario debe haber una «limpia», pues la credibilidad del organismo quedó en entredicho después de haber reconocido las inconsistencias.

«Esto que hicieron pone hasta en ridículo a esa institución, a los responsables de esa institución. Entonces tiene que haber algo», dijo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que en lo que va de noviembre ha sancionado a nueve empresas contratistas del sector Salud con inhabilitaciones de más de tres años y multas económicas por un monto global de 18 millones 527 mil 670 pesos.

Las acciones contra las empresas del sector salud son resultado de investigaciones donde se comprobó que se falseó información o bien se constató el incumplimiento de contratos.

“Estamos poniendo un alto al abuso de contratistas y proveedores que abusaron de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, cuando la salud se veía como un negocio y no como un derecho humano fundamental”, afirmó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

“La Función Pública se ha propuesto romper esa alianza que se dio entre contratistas y proveedores con servidores públicos para abusar del sistema de Salud”, añadió la colaboradora del gobierno de la 4T.

Las empresas sancionadas son Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México, proveedores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Detalló los casos de cada empresa: Multicorporación Brexot, inhabilitada por 45 meses y multada con 1 millón 954 mil 800 pesos incumplió con la entrega completa, en el lugar pactado y en los plazos estipulados, de 250 ventiladores mecánicos, por lo que el ISSSTE tuvo que erogar gastos extras, lo que provocó un daño al erario. El corporativo Cohmedic, inhabilitado por 45 meses y multado con 1 millón 901 mil 25 pesos incumplió con la entrega total de 490 mil pares de botas quirúrgicas, lo que afectó gravemente la atención a los derechohabientes durante la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa México.

La empresa Degasa recibió una doble sanción por el incumplimiento de dos contratos celebrados con el ISSSTE para la entrega de distintos envases; por cada uno se le aplicó una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil 25 pesos, que en conjunto asciende a 3 millones 803 mil pesos. En el caso de Insumos Médicos Geva, la sanción aplicada consiste en 45 meses de inhabilitación y multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir la entrega al ISSSTE de más de 6 mil equipos médico.

La empresa Kingsmac no entregó al ISSSTE 135 mil piezas de Mascarilla N95 Certificación Niosh, por lo que fue objeto de una inhabilitación de 45 meses y una sanción económica por 1 millón 954 mil 800 pesos.

A Dibiter se le impuso una inhabilitación por un término de dos años y una multa por 538 mil 656 pesos por incumplir contratos con el IMSS y el ISSSTE, mientras que Med Prime fue sancionada con dos multas por un monto total de 2 millones 673 mil 264 pesos y 2 inhabilitaciones por tres años cada una por haber presentado información falsa durante procesos de adjudicaciones.

Finalmente, la empresa Grupo Constructor Vadonne fue sancionada con una inhabilitación por 45 meses, y con multa por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir un contrato al realizar obras de remodelación fuera de especificación y defectuosas en el Hospital de Alta Especialidad “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, mientras que Clayton de México fue inhabilitada por 45 meses y una multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos al incumplir un contrato con el ISSSTE para la instalación y puesta en operación de 30 generadores de vapor para diferentes unidades médicas a nivel nacional.

“Sancionamos ya a quienes, individualmente o en grupo, habían monopolizado los servicios y la venta de insumos médicos y medicamentos a nuestros sistemas públicos de salud, y ahora estamos haciendo justicia administrativa y poniendo un alto a contratistas, proveedores y empresarios que se resisten a aceptar que esto ya cambió”, remató la titular de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer esta tarde una sancionó a una distribuidora de medicamentos y a un laboratorio farmacéutico por falsear información en contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval detalló que la sanción es contra las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa), y Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., a quienes inhabilitó por 30 meses e impuso una multa de un millón 170 mil 095 pesos a cada una.

De acuerdo con lo informado, las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, «al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato» con el IMSS.

La investigación, que data de 2017, encontró que durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en ese año, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato.

«Sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS», afirma el escrito.

La sanción impuesta se deriva de un procedimiento administrativo iniciado desde 2017, a raíz de una denuncia presentada por otra empresa del sector Salud ante el Órgano Interno de Control en el IMSS.

Sandoval Ballesteros indicó a través de un comunicado que “la Función Pública trabaja con transparencia y legalidad para mantener una estricta vigilancia que asegure los adecuados servicios de salud para la ciudadanía. No permitimos la impunidad ante hechos que infringen la ley en materia de compras y contrataciones públicas”.

Este no es el primer caso de sanciones a empresas relacionadas con el IMSS. Recordemos que en agosto pasado, el gobierno federal sancionó e inhabilitó a la empresa del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por el caso de 20 ventiladores vendidos a la delegación del IMSS Hidalgo.

Al respecto Laboratorios PiSA emitió un posicionamiento en el que aclaró que la sanción se vincula con un proceso de adjudicación de Servicio Integral de Anestesia (SIA) para el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se llevó a cabo en el año 2017.

Reconoció que el motivo de la sanción se deriva de la presentación de documentación con la que las empresas aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir el contrato; sin embargo, durante la investigación las autoridades consideraron que dicha información no respaldaba plenamente la oferta, teniendo como consecuencia la sanción consistente en la inhabilitación antes referida.
Aclara que el alcance de la inhabilitación es exclusivo para las entidades federativas, municipios y alcadías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen con cargo total o parcial a fondos federales., mientras que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados y vigentes con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no quedan comprendidos en esta inhabilitación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este lunes que, de acuerdo con los procedimientos legales vigentes, solicitará a Estados Unidos toda la información sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

«Que nos permitan conocer sobre esas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas» y sólo después se abrirá una investigación en México, dijo el mandatario en la conferencia matutina.

«No podemos permitir que se juzgue a alguien si no hay pruebas sólo por razones políticas o de otra índole», agregó. No obstante, garantizó que no se protegerá ni habrá impunidad para nadie.

Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, fue detenido la semana pasada en el aeropuerto de Los Ángeles, California y al día siguiente los fiscales publicaron los documentos con los cargos en su contra.

Los fiscales estadounidenses lo acusan de ayudar a un cártel a traficar a Estados Unidos miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a cambio de sobornos. El general tendrá su segunda audiencia mañana martes.

Según López Obrador, que supo de la investigación dos semanas antes del arresto, el grueso de la información recabada por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, salió de México aunque lo capturaran en Estados Unidos.

«Lo que no se vale es que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, saquen información y resuelven sin dar a conocer al gobierno de México lo que están investigando», recriminó AMLO. «Es su derecho, porque se trata de un gobierno soberano, pero también nosotros tenemos que hacer lo mismo».

El mandatario criticó el papel histórico que ha jugado la DEA en el país. Comentó que durante las administraciones anteriores, «estaba infiltrado el Gobierno de agencias extranjeras, que eran las que decidían en materia de seguridad y combate al narcotráfico».
El mandatario criticó que en otros tiempos, desde Estados Unidos se introdujeron armas con sensores para detectar a las bandas delictivas. «Parece increíble el nivel de ingenuidad», dijo en relación al polémico operativo «Rápido y Furioso».
López Obrador recordó que el general Cienfuegos está recibiendo asistencia consultar como cualquier otro mexicano en el extranjero.

Aprovechó para defender a las Fuerzas Armadas, tal y como lo ha venido haciendo desde que se conoció la detención del ex funcionario federal, y dijo que solo él se pronunciaría sobre el tema como cabeza del gobierno federal. «Como comandante supremo yo voy a ser el vocero… para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución».

AMLO dijo que aún con lo complejo y vergonzoso del caso, se debe focalizar bien el problema, enfrentarlo y quitar el «mal», pero siempre cuidando a la institución.

Gran Bretaña, Rusia y Canadá acusaron este jueves que Rusia está tratando de robar información de los investigadores que buscan una vacuna contra el Covid-19.

Los tres países denunciaron que el grupo de hackers APT29, conocido también como Cozy Bear y que se cree forma parte del servicio de inteligencia ruso, está atacando las instituciones de investigación académicas y farmacéuticas que trabajan en una vacuna contra el coronavirus.

Funcionarios de inteligencia creen que los ataques persistentes no buscan interrumpir la investigación sino robar la propiedad intelectual.

El Centro Nacional de Ciberseguridad británico hizo el anuncio en coordinación con las autoridades de Estados Unidos y Canadá.

No está claro si hasta el momento han logrado robar información, pero el Centro Nacional de Ciberseguridad dijo que no estaba comprometida la información confidencial de individuos.

Washington dice que Cozy Bear es uno de los dos grupos de hackeo vinculados con el gobierno ruso que penetraron en la red informática del Comité Nacional Demócrata y robaron correos electrónicos antes de la elección de 2016. Al otro grupo se lo conoce como Fancy Bear.

Aunque no hay información sobre si el presidente ruso Vladimir Putin está al tanto del hackeo, funcionarios de la inteligencia británica creen que esa información sería de alto valor.

Desde hace meses, las autoridades estadounidenses dirigen acusaciones similares a China.

El director del FBI, Chris Wray, dijo la semana pasada que «en este preciso instante China trata de atacar organizaciones de atención sanitaria, compañías farmacéuticas e instituciones académicas estadounidenses que realizan investigaciones esenciales sobre el COVID-19».

No tardó en llegar la respuesta del Kremlin, quien negó ciberataques vinculados a agencias de inteligencia rusas.

«No disponemos de ninguna información sobre quién podría haber atacado a empresas farmacéuticas y centros de investigación en el Reino Unido», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según la agencia oficial TASS.

«Podemos decir solo una cosa: Rusia no tiene nada que ver con estos intentos. No aceptamos estas acusaciones, como tampoco (aceptamos) las acusaciones sin fundamento sobre interferencias en las elecciones de 2019» en el Reino Unido, agregó.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a la población de todo el país, a atender las indicaciones de los gobiernos estatales, esto al reconocer que entidad federativa ajusta los indicadores del semáforo federal a las particularidades que se presenten.

«Que no le distraigan estas discusiones totalmente infundadas de que hay un semáforo federal que conflictúa con el semáforo estatal, no. Hemos dicho desde el principio, nuestra responsabilidad desde la federación es tener un esquema general con una misma metodología que identifique los estados de acuerdo a su nivel de riesgo», explicó López-Gatell.

El también responsable de la estrategia nacional contra la pandemia del Covid-19, aseguró que la autoridad sanitaria estatal es completamente competente para adaptar el semáforo federal a las características específicas de su entidad, e incluso puede dividir el estado en regiones específicas.

Indicó que desde la Secretaría de Salud federal se respaldan las decisiones de todas las entidades federativas, en las adaptaciones que se hagan del semáforo epidemiológico.

«Respete, atienda, siga las indicaciones de su gobierno estatal y todas y todos contribuyamos al mismo propósito, que es disminuir los contagios», sostuvo López-Gatell.

Explicó que la Secretaría de Salud federal produce el semáforo todas las semanas, independientemente de que entre en operación semanal o quincenal como lo han solicitado los gobernadores.

Sobre las diferencias con los gobiernos estatales en cuanto a la implementación del semáforo, López-GatellLo aclaró que el instrumento no se negocia con los estados, «no está sujeto a negociación».

Explicó que el semáforo es un instrumento técnico, por lo que la SSA lo presenta a los gobiernos estatales para que cada uno sepa qué es lo que se identifica en cada entidad.

Ejemplo de ello dijo, una vez que el semáforo se presenta a los gobiernos estatales, algunos le han llegado a informar a la autoridad federal la puesta en marcha de hospitales Covid-19, con lo que buscan algún tipo de ajuste en el indicador; sin embargo, como no actualizaron la información en el sistema único oficial, no se puede tomar en cuenta al momento, hasta que se introduzca el dato por la vía indicada y así pueda verse reflejado en la calificación que se le asigna a cada estado.

«No es que de súbele, bájale, no hay negociación alguna, es un instrumento técnico», remató López-Gatell.

Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aceptó su extradición a nuestro país luego de haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer a detalle qué fue lo que pasó en el caso Odebrecht y en la compra de la planta de Agronitrogenados.

«Él va a declarar. Está, según entiendo, aceptando la extradición por un acuerdo con la fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena aportando información, es decir, dando a conocer lo que sucedió. Esto es muy importante», dijo AMLO.

El mandatario aseguró que daba mucha vergüenza que en otros países, por el caso de Odebrecht, estaban en la cárcel altos funcionarios, hasta presidentes, y en nuestro país no había sucedido absolutamente nada; refirió que por eso México era el «campeón»en impunidad.

Indicó que con la información que aporte Lozoya Austin se podrá reparar el daño que se hizo, y así ayudar a sanear la vida pública del país. Dijo que se podrá conocer qué sucedió y cómo es que se recibían los soborno, y sobre todo, a dónde iba a parar y a quiénes beneficiaron.

AMLO señaló que en el mensaje que ofreció el Fiscal, Alejandro Gertz Manero, habló un poco de que había personas relevantes, lo que le llamó la atención.

Señaló que tal como lo dijo el titular de la FGR, se podrá esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados y sus beneficiarios, incluyendo personas de relevancia, que en términos coloquiales, son los llamado «machuchones», personas de relevancia o grupos políticos.

Añadió que una vez que se conozca toda la verdad, se podrá aclarar y evidencial cómo funcionaba el régimen corrupto, además de que cabe la posibilidad de que se recupere algo de dinero de todo lo que el se involucro en dichas operaciones.

Al ser cuestionado sobre si las investigaciones y lo que de a conocer Emilio Lozoya podría involucrar al expresidente Enrique Peña Nieto, López Obrador dijo que no tenía elementos para opinar, pues será la Fiscalía quien lo determine de acuerdo a la información que reciba y las investigaciones que realice.

Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hizo un llamado al gobierno a brindar información certera sobre la pandemia del Covid-19, y que no se repita lo mismo que en los sismos de 1985, que se ocultaron las cifras.

Al participar en el Seminario Digital “Pandemia, Democracia y Derechos Humanos», organizado con la Unesco y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, señaló que el INAI ha sido incisivo en la apertura sobre el impacto del Covid-19, así como que el gobierno y los medios de comunicación respeten los datos personales de las personas afectadas.

Señaló que nunca se querrá repetir la situación vivida durante los sismos de 1985 y en la que se ocultaron las cifras de dicho desastre. “Que esta pandemia, agregó, así sean muchos los números, se tiene que enfrentar con crudeza y si ha habido errores en el momento de la información que se corrijan, y que se diga de cara a la sociedad lo que se ha hecho bien y mal».

Acuña Llamas destacó que en esta pandemia los periodistas tienen la labor fundamental de informar, así como las autoridades federales y estatales de protegerlos y apoyarlos, toda vez que “el Estado mexicano ya tiene una mala reputación de maltrato al periodista.

A su vez, Frédéric Vacheron Oriol, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), salió a la defensa de los derechos de los periodistas y lamentó los recientes decesos y contagios de profesionales de ese sector, así como los despidos laborales.

“Los despidos, los fallecimientos, los contagios, la actual pandemia ha hecho imposible que los periodistas salgan a la calle sin poner en riesgo su salud y, sin embargo, lo hacen. Se hace necesario la gratitud a los periodistas que ponen en riesgo su vida. Toda sociedad debe tener compromiso con sus periodistas», enfatizó.

En su intervención, las periodistas, Alejandra Crail y Haidee Ramírez, así como Jorge Ruiz, del Mecanismo Especial de Protección a los Derechos Humanos y Periodistas, condenaron los ataques y asesinatos contra periodistas e indicaron que se han registrado 44 casos de agresiones a periodistas desde el día uno de la alerta sanitaria.

Al respecto, Jesús Peña, representante adjunto en México de la Organización de las Naciones Unidas, subrayó que las personas sólo podrán protegerse de la pandemia si se les da acceso a la información, por lo que es importante la libertad de expresión.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), dejó en claro que la pandemia ha mostrado que la circulación de la información es vital y donde la respuesta del Estado pasa a ser central.

Autoridades estadounidenses alertaron este miércoles que piratas informáticos chinos intentaron robar datos sobre tratamientos y vacunas contra el coronavirus.

El FBI y la agencia de seguridad cibernética de Estados Unidos dijeron en un comunicado que organizaciones que investigan el Covid-19 estuvieron en riesgo de ser blanco de acciones de China.

Advirtieron que expertos en cibernética asociados a Pekín intentaron hacerse de «valiosa propiedad intelectual» y datos públicos relacionados a vacunas, tratamientos y tests de redes y personal relacionados con investigaciones sobre el Covid-19″.

«Los intentos de China dirigidos a estos sectores representan una amenaza significativa para la respuesta de nuestras naciones al Coid-19», dijeron las entidades sin dar ejemplos o pruebas de sus afirmaciones.

Pero la advertencia se sumó a la creciente pelea entre las superpotencias sobre el brote que se desató en China a fines del año pasado y ha costado la vida a cerca de 300 mil personas, tan solo 80 mil de ellas en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha acusado a China de esconder el origen del virus y no haber cooperado con Estados Unidos ni otros países en los esfuerzos por controlar la enfermedad.

Cuestionado sobre el tema de los supuestos ataques cibernéticos, Trump respondió: «¿Qué más hay de nuevo? Díganme. No estoy contento» con China.

La advertencia del miércoles también resaltó que Washington cree que China ha continuado amplios esfuerzos para obtener secretos comerciales tecnológicos de Estados Unidos por todos los medios posibles bajo el impulso del objetivo del presidente Xi Jinping de convertir a su país en un líder en tecnología en esa década.

China ha repetidamente negado las acusaciones estadounidenses.

«Estamos en el liderazgo mundial en tratamiento del COVID 19 y la investigación de la vacuna. Es inmoral hacer de China un blanco de rumores y difamaciones sin ninguna evidencia», dijo el lunes el vocero del ministerio de Exteriores de China.

Las advertencias estadounidenses llegan en momentos en que docenas de empresas, institutos y países de todo el mundo trabajan en desarrollar vacunas que frenen al coronavirus. Muchos más grupos están investigando tratamientos para infectados. De momento no hay una terapia de probada eficacia.

Tras el señalamiento que hiciera el diario estadounidense The New York Times (NYT), acerca de que en México se ocultan los registros completos de muertes en la Zona Metropolitana del Valle de México, el gobierno federal respondió a la publicación.

«El Gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por #COVID19, como suponen algunos medios», dijo Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República.

El responsable de la comunicación social del gobierno federal aseguró que las cifras de casos que se presentan todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos.

Además resaltó que el gobierno de la Cuarta Transformación mantiene una política de datos abiertos y transparencia total.

Ramírez Cuevas aprovechó para indicar que México os el único país de América Latina que participa en el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, en coordinación con la Orgaización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, el el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e instituciones del sector público y privado participarán en tres protocolos en curso que ingresarán a la fase 1 de investigación para la obtención de la vacuna contra el virus.

Actualmente, dijo, el país es junto a otros 11 con mayor presencia en los protocolos de investigación sobre el virus.

«El objetivo es que se pueda llegar lo más pronto posible al desarrollo de una vacuna de acceso público, es decir, a la vacuna que se llegue se pondrá a disposición de todos. Esto puede llevar a una limitación de los abusos (…) en precios y falta de disponibilidad», explicó el secretario.

La aportación inicial de México será de un millón de euros y posteriormente las aportaciones tendrán que ser mayores dependiendo los protocolos en curso, precisó el canciller.

Ebrard refirió que al cooperar, México tendrá posibilidades de llegar al mismo tiempo que otros países al desarrollo de la vacuna y, al mismo tiempo, crecer su capacidad tecnológica.

«Para el gobierno de México la salud es un derecho universal y el bienestar un objetivo de la humanidad», añadió la presidencia de la República.

The New York Times registró un aumento récord de suscriptores digitales en el primer trimestre del año y duplicó su número de lectores en línea en marzo, en medio de la reducción de publicidad provocada por la pandemia de coronavirus.

En su reporte trimestral de este miércoles, el prestigiado diario estadounidense informó que ganó 587,000 nuevos suscriptores digitales alcanzando los 5 millones. Sumando a sus suscriptores en prensa escrita, el diario tiene 5.8 millones de usuarios que pagan por consumir sus contenidos.

El beneficio neto del trimestre registró un aumento de 9% con 32.8 millones de dólares y los ingresos totales crecieron un 1% sumando 444 millones de dólares, debido a que el incremento en suscripción digital y otros ingresos se compensaron con la reducción de la publicidad y el aumento de los costos.

El presidente y director ejecutivo de New York Times Co., Mark Thompson, dijo que el periódico se comprometía a mantener su cobertura durante la pandemia de coronavirus.

«El New York Times se compromete a ofrecer las noticias más fiables y una orientación útil sobre el coronavirus y sus consecuencias», dijo Thompson en una declaración. «Hoy en día, a pesar de muchos obstáculos que enfrenta nuestra redacción, creemos que estamos haciendo justamente eso», agregó el ejecutivo.

La relativa salud del Times contrasta con el golpe generalizado que viven muchas publicaciones de prestigio, en especial los periódicos que dependen de la publicidad casi exclusivamente.

El New York Times dijo que está aumentando el número de trabajadores en su sala de redacción durante la crisis, en momentos en que se han perdido unos 36,000 empleos en la industria de noticias en Estados Unidos, según el mismo diario.

Thompson señaló que el periódico se ha mantenido a flote debido a su cambio a la dependencia de ingresos por suscriptores en lugar de publicidad.

«El modelo de negocio del Times, con su creciente enfoque a la suscripción digital y la disminución de la dependencia de la publicidad, está muy bien posicionado para capear esta tormenta y salir adelante en un mundo post-pandémico», aseguró.

El presidente del INEGI, Julio Santaella, dio hoy el banderazo de salida del Censo de Población y Vivienda 2020, proyecto estadístico que considero como el de mayor envergadura y alcance que se realiza en México cada 10 años para conocer cuántos mexicanos son, cómo son y en dónde viven.

Santaella dijo que el Censo que se levantará a partir de hoy y hasta el 27 de marzo contribuirá a actualizar la información sobre la estructura y distribución de la población, así como de sus características socioeconómicas y culturales, además de que permitirá conocer las condiciones de las viviendas.

La información estadística que se recabe, precisó el titular del INEGI, será fundamental para la planeación, organización y ejecución de políticas públicas de los gobiernos federal, estatales y municipales, y contribuirá a apoyar la toma de decisiones de los sectores público, social y privado.

Santaella dijo que 151 mil entrevistadores, debidamente identificados, tocarán las puertas de alrededor de 45 millones de viviendas para aplicar un cuestionario básico que contiene 38 preguntas y que indaga sobre las características de la población y las condiciones de la vivienda.

A un universo de cuatro millones de viviendas, elegidas de manera probabilística, se aplicará un cuestionario ampliado de 103 reactivos que, además de las preguntas básicas, profundiza en temas como servicios de salud, discapacidad y educación, entre otros.

Ambos cuestionarios, detalló el titular del Instituto, contienen preguntas relacionadas con la edad, sexo, parentesco y situación conyugal; migración, fecundidad y mortalidad, etnicidad, afrodescendencia, discapacidad, religión, servicios de salud, educación y condición de actividad económica.

En cuanto a la vivienda comentó que se preguntará por características constructivas, acceso al agua, electricidad, instalaciones sanitarias y saneamiento, disponibilidad de algunos bienes electrodomésticos y para transporte, así como tecnologías de la información.

Santaella explicó que la información se captará mediante entrevista directa en la puerta del informante y, por vez primera a través de dispositivos de cómputo móviles, lo que significa que toda la información que se recabe estará encriptada y, por ley, protegida la confidencialidad de los datos.

Precisó que los entrevistadores que tocarán a las puertas estarán debidamente identificados con chaleco y sombrero con logotipo del INEGI y portarán de manera visible una credencial con fotografía, holograma y número de folio.

El INEGI recordó que durante estas cuatro semanas se visitarán alrededor de 51 millones de inmuebles de los cuales casi 45 millones serán viviendas y de ellas se estima que 36 millones estén habitadas. Los resultados se darán a conocer el próximo 4 de noviembre.

Tras ofrecer disculpas por las molestias que pueda ocasionar a los pasajeros que viajan en el mismo vuelo que él, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó seguirá viajando en vuelos comerciales.

“Ofrecemos disculpas a quienes nos acompañan y a veces se molestan. Para que el que no quiera viajar conmigo procure comprar para otro día o a otra hora y no hacer coraje, porque hace daño, si está uno contento, está uno sano, feliz, feliz, feliz”, expresó el mandatario.

La disculpa del mandatario federal se dio luego de que en días pasados una familia decidió bajarse del avión donde coincidió con el presidente López Obrador, en un vuelo hacia Tabasco.

López Obrador reafirmó su postura de continuar viajando por el país en vuelos comerciales, porque eso ha representado ahorros en el gasto público.

Sin embargo, como medida dij que se informará sobre los vuelos que tomará para que quienes no deseen viajar con él, tome sus precauciones.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe entregar la versión pública del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Al presentar el caso ante el pleno, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que la construcción del aeropuerto es un tema de interés público, sobre todo, por el monto del recurso erogado, que asciende aproximadamente a 189 mil millones de pesos, contando los pagos por abonos y empresas que se tuvieron que liquidar.

Y es que un particular solicitó el estudio de capacidad y niveles de servicios requerido por la Sedena para la construcción del aeropuerto civil/militar de Santa Lucía, como uno de los estudios de preinversión inscritos en la Cartera de Programas.

En respuesta, la Sedena reservó la información, argumentando que darla a conocer puede vulnerar la confidencialidad de la estructura y medios de seguridad interna y externa con la que contará la instalación del aeropuerto.

Inconforme con la reserva, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI y en alegatos, la Sedena reiteró su respuesta, informó el organismo.

Tras una diligencia, en la que el Instituto tuvo acceso a la información clasificada, el INAI precisó que el documento que atiende el requerimiento es el Plan Maestro con Estudio de Capacidad y Niveles de Servicio, el Sembrado de cada Componente del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (Lado Aire, Lado Tierra, Edificios Complementarios, etc.), de fecha 13 de septiembre de 2019.

En el análisis del caso, el comisionado presidente del INAI aseguró que llevó a cabo una búsqueda de información pública y advirtió que, en algún momento, un documento semejante al referido por la Sedena fue de dominio público, lo cual fue constatado por el organismo al resolver el recurso RRA 12981/19.

Bajo esta consideración, se concluyó que la reserva es improcedente, en razón de que la información contenida en ambos documentos es esencialmente la misma y ya estuvo disponible en una fuente de acceso público.

El pleno del organismo modificó la respuesta de la Sedena y le instruyó entregar versión pública del Plan Maestro con Estudio de Capacidad y Niveles de Servicio, el Sembrado de cada Componente del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía