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La batería de los teléfonos móviles permite que pueda ser escuchada o visualizada toda la información que contienen, aunque estén apagados, según un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí.

En el marco del encuentro internacional ETHICOMP, que reúne a 68 expertos de 15 países en la Universidad española de La Rioja, con el fin de abordar el impacto ético y social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el doctor en Economía y Empresa de la Universidad, Juan Carlos Yáñez-Luna, habló al respecto.

“Quizás, es difícil saber quién puede visualizar o escuchar” el contenido de toda la información que contiene un teléfono móvil cuando está apagado, pero sí puede hacerse porque “todo se almacena en un punto”, precisó.

Mencionó, por ejemplo, que los servidores donde se almacena la información podrían tener acceso a la misma, como puede ser también el caso de plataformas como Facebook o Google Maps, que, en este último caso, puede llegar a conocer la ubicación que ha tenido la persona titular del dispositivo o la ruta que ha realizado en un momento determinado.

Por ello, destacó la importancia de “estar atentos y saber exactamente qué se puede ofrecer y qué callar” a la hora de brindar información a un dispositivo u ordenador, detrás del que hay servidores, plataformas o redes sociales que se tienen contratadas.

Explicó que la tecnología y la inteligencia artificial (IA) impactaron en la sociedad de tal manera que la ciudadanía no puede desaparecer del mundo, pero sí “ser prudente” a la hora de subir esa tecnología.

Yáñez-Luna aconsejó no hacer pública en estas plataformas la información que no se quiera que pueda ser utilizada y únicamente postear lo que sí se quiera.

También dijo que la IA no es un tema nuevo, pero que adquirió ahora el bum por el avance de unos procesadores que son más potentes y que pueden trabajar algoritmos de manera muy rápida.

Ello permite que “toda la información se procese muy rápidamente, en segundos”, recalcó Yáñez-Luna.

En este encuentro se debate, entre otros aspectos, la ética y la tecnología en campos como el comercio minorista, el turismo, la educación, la seguridad, los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial y las diferencias de género.

Las autoridades ucranianas anunciaron este martes que habían detenido a cinco antiguos y actuales agentes de sus servicios de inteligencia, sospechosos de haber proporcionado información a los servicios de seguridad rusos (FSB).

Los servicios de seguridad ucranianos (SBU) aseguraron que habían “neutralizado una poderosa red de agentes del FSB” que operaban en Ucrania. Según la oficina del fiscal general, se trata de “ciudadanos ucranianos”.

Uno de ellos trabajaba para una filial regional del SBU y los otros cuatro habían sido empleados del servicio de inteligencia militar del ministerio de Defensa (GUR) y del servicio de inteligencia exterior.

Los agentes son sospechosos de “alta traición” por haber comunicado estas informaciones a cambio de retribución económica, indicó la oficina del fiscal.

Según el SBU, su tarea consistía en transmitir informaciones a Rusia sobre el ejército ucraniano y “las infraestructuras energéticas esenciales” del país.

En concreto, habrían informado a Moscú sobre el tipo de vehículos utilizados por los servicios de inteligencia militar, la ubicación de soldados ucranianos, los sistemas de seguridad de dos centrales nucleares ucranianas, o las vías de transporte de armamento extranjero en el país, según la oficina del fiscal.

También habrían proporcionado elementos sobre los sistemas de defensa instalados cerca de Odesa, ciudad portuaria del mar Negro, y los sistemas de lanzacohetes múltiples de Jarkiv, en el noreste, dos de los sitios blanco habitual de los ataques rusos.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania anunció haber desenmascarado a un gran número de agentes de Moscú infiltrados en sus estructuras del Estado y en especial en los servicios secretos.

Las autoridades rusas acusaron igualmente a algunos de sus propios ciudadanos o a extranjeros de trabajar en nombre de Ucrania, facilitando informaciones o preparando actos de sabotaje.

Vivimos en los tiempos de los Fake News. De por sí teníamos ya un reto con la información en tiempos electorales y ahora llegamos al 2024 con dos ingredientes que harán el reto de informar e informarnos uno mucho más complicado.

Con las redes sociales sabemos que la información viaja a una gran velocidad. Y dentro de esta información bien se dice que mientras la mentira ya corrió y le dio la vuelta al mundo, la verdad apenas se está amarrando las agujetas. Pero tenemos que pensar ahora en el enorme reto que representa la Inteligencia Artificial (IA).

En estos días, a manera de advertencia sobre lo que se viene, el New York Times publicó imágenes verdaderas a la par de otras generadas con IA. Intentar diferenciar cuál es la auténtica de la ficticia es casi imposible.

La información académica sugiere que la población de mayor edad es la que tiende a compartir más videos falsos y los más jóvenes son los que más fácil se creen lo que ven en redes sociales, en especial en TikTok.

En México no tenemos tanto dato como el que hay en Estados Unidos respecto a estos temas pero, si nos guiamos por las tendencias de aquel país, el problema no son solamente los Fake News y la IA, también la simple amenaza de su existencia genera retos. De acuerdo con una encuesta de Axios, 53 por ciento de los estadounidenses creen que la desinformación generada con IA tendrá un efecto en el resultado de sus elecciones de noviembre próximo. Esto en si es un círculo vicioso que genera desconfianza en los medios de comunicación, tradicionales o no.

Otro reto al que nos enfrentamos desde ya con la IA y la desconfianza que genera es que cuando un político es captado en una situación reprobable, su argumento puede ser escudarse en decir que dicha información es falsa y que fue creada o generada con Inteligencia Artificial. Eso vimos en el caso Martí Batres con una grabación de WhatsApp en la que hablaba de como fortalecer a Clara Brugada frente a Omar García Harfush en sus aspiraciones por la CDMX, a pesar de lo que “la Jefa” Claudia Sheinbaum quisiera. La respuesta inmediata de Batres para defenderse fue decir que esa grabación fue hecha con IA.

A todo esto hay que agregarle el ingrediente en México de un López Obrador y su partido, Morena, que no tienen ni empacho ni la menor preocupación por los daños que una campaña plagada de mentiras y falsedades pueda tener para el país. Por el contrario, lejos de querer robustecer a los medios de comunicación establecidos y a los periodistas con años de carrera, tenemos a un presidente que no se cansa de atacar. Ha ocurrido a lo largo del sexenio pero se ha recrudecido conforme llega el final de su mandato.

La Mañanera de AMLO en la que habló de que los dueños de Imagen y Fórmula no le hacen caso respecto a sacar a Ciro Gómez Leyva, o el enojo de esta semana con Azucena Uresti por no explicar a qué circunstancias se refiere en su mensaje anunciando su salida de Milenio TV son dos claros y burdos ejemplos del enorme desdén por un periodismo serio e informado en México, en especial en tiempos electorales.

La situación pinta para pasar de complicada a complejísima por la tecnología en sí misma y por un mandatario que, cegado de poder, no solo no alcanza a dimensionar el tamaño del reto, además está listo con su cajita de cerillos, aventándolos a la hoguera de las Fake News, los Deep Fakes, y demás herramientas de desinformación.

Columna completa en El Universal

TikTok está incrementando su influencia como fuente de información entre los jóvenes de 18 a 24 años en todo el mundo, mientras Facebook ve reducido su impacto, según un estudio publicado este miércoles por el Reuters Institute.

El estudio analiza los datos generados por una encuesta realizada por YouGov, entre enero y febrero de 2023, a más de 92,000 personas de 46 países, incluyendo este año por primera vez a la India, Tailandia, Indonesia, Nigeria, Colombia y Perú.

El informe resalta que “shocks” recientes como la pandemia de coronavirus y la guerra de Ucrania han “acelerado los cambios estructurales hacia un entorno mediático dominado por lo digital y los móviles”.

Una media de un 48% de los encuestados a nivel global muestran un interés pronunciado por la actualidad, un descenso frente al 63% en 2017. Las nuevas generaciones son “nativos digitales” y prefieren videos y un contenido más “entretenido” a la prensa escrita en comparación con generaciones anteriores.

En el ámbito de las redes sociales, Facebook continúa siendo el líder para ofrecer información en el conjunto de la población, pero su influencia decrece hasta el 28%, frente al 36% en 2020, y aumenta el peso de Instagram, crece 3 puntos porcentuales desde 2020, hasta el 14 %, y TikTok que aumenta 5 puntos, hasta el 6 %.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la red social china es especialmente influyente: el 44% de ellos la utiliza y para el 20% es una fuente de información de actualidad.

Sobre todo Asia, Latinoamérica y África se han convertido en los grandes consumidores de noticias en TikTok, que expande su influencia en el “sur global”, según el informe del Reuters Institute.

La red “ha jugado un papel en propagar tanto información como desinformación en elecciones recientes en Kenia y Brasil, y ha crecido con fuerza en zonas del este de Europa, donde el conflicto en Ucrania ha impulsado su perfil”, señala el trabajo.

En cuanto al nivel de confianza en la información recibida a través de medios de comunicación, se sitúa en el 40% en el conjunto de los mercados analizados.

Los niveles más altos de confianza se registran en Finlandia (69%) y Portugal (58%), mientras que los más bajos se encuentran países “con altos niveles de polarización política” como Estados Unidos (32%), Argentina (30%), Hungría (25%) y Grecia (19%).

El Reuters Institute le asigna un nivel de confianza en las noticias en Latinoamérica de: Brasil, un 43%, México, un 36%; Chile, un 35%; Colombia, un 35%; Perú, un 33% y Argentina, un 30%.

Santiago Creel Miranda, diputado del PAN y aspirante a la candidatura presidencial en el bloque opositor, presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del nuevo decreto de el pasado 18 de mayo el gobierno federal publicó por medio del cual declaró como de seguridad nacional e interés público, la construcción y operación de determinadas obras de infraestructura de transportes.

Creel Mirando explicó que el recurso lo presentó en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En un mensaje a difundido a través de sus redes sociales, el panista informó que impugnó el nuevo decreto con el que el gobierno busca que ciertas obras de infraestructura de su gobierno sean consideradas de seguridad nacional, y con ello negar toda información relacionada, a la que tienen derecho de acceder todas y todos los mexicanos.

Recordemos que el nuevo ‘decretazo’ se refiere a obras como el Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

Dicho decreto llegó apenas unas horas después de que la Corte invalidara el decreto que que emitió el gobierno federal en noviembre de 2021, con el cual buscaba blindar todos los proyectos y obras de infraestructura que lleva a cabo el gobierno.

“Se trata de un acto arbitrario del Presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad”, añadió Santiago Creel.

Creel Miranda adelantó que si este decreto se vuelve a invalidad, tal como sucedió con el primero en mayo pasado, “de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación, y así lo haré las veces que sean necesarias”.

Finalmente, Creel Miranda mandó un mensaje al presidente López Obrador: Sí Presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley”.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió un decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información.
De acuerdo al decreto publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la creación de dicha Comisión se justifica en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
“El Ejecutivo Federal contará con las Unidades de apoyo técnico y estructura que su titular determine, las cuales podrán estar adscritas de manera directa a la Presidencia y desarrollarán, entre otras funciones, la definición de políticas del Gobierno Federal en el sector informático, de tecnologías de la información, comunicación y gobierno digital”, señala el apartado de considerandos.
Y aunque el presidente ha señalado en distintas ocasiones que no se crearían dependencias que significaran un mayor gasto al gobierno, el decreto indica que la Ley Federal de Austeridad Republicana establece como una medida de austeridad republicana la priorización del uso de software libre, siempre y cuando cumpla con las características requeridas para el ejercicio de las funciones públicas.
La Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información tendrá como objeto establecer un mecanismo de coordinación y conducción colegiada de acciones para la implementación de las políticas federales en materia de tecnologías de la información y comunicación, y de la seguridad de la información.
Además, el artículo 5 del decreto menciona que la Comisión tendrá las siguientes funciones:
  1. Fungir como instancia de coordinación entre las autoridades responsables de la implementación y desarrollo de acciones en materia de tecnologías de la información y comunicación, así como de la seguridad de la información, en la Administración Pública Federal.
  2. Participar en la implementación de estrategias y acciones interinstitucionales para el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y de la seguridad de la información.
  3. Impulsar y coordinar con los sectores público, privado, académico y social el desarrollo de estudios y actividades relacionadas con el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, y de la seguridad de la información
  4. Emitir los lineamientos para su organización y funcionamiento.
  5. Crear las subcomisiones y grupos de trabajo que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
  6. Emitir los manuales o, en su caso, los lineamientos de organización y funcionamiento de las subcomisiones y grupos de trabajo que con motivo del objeto del presente Decreto sean creados por la Comisión.
  7. Solicitar a las subcomisiones y grupos de trabajo que para tal efecto instaure, la elaboración de documentos, estudios, proyectos, y lineamientos necesarios para mejorar las tecnologías de la información y comunicación, y de la seguridad de la información en la Administración Pública Federal.
  8. Recibir y analizar los informes de actividades y, en su caso, aprobar los acuerdos, informes y documentación que les sean presentados por las subcomisiones y grupos de trabajo creados por la Comisión
  9. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Se detalla que la Comisión será presidida por la persona titular de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, adscrita a la Oficina de la Presidencia, que al día de hoy encabeza Carlos Emiliano Calderón Mercado; aunque dependerá directamente del presidente López Obrador.
La Comisión estará conformada por diversos integrantes entre los que se encuentran: el titular de la Coordinación; los titulares de las Unidades de Tecnologías de la Información y Comunicación o equivalentes, de la unidad administrativa y dependencias federales, entre las que figuran la oficina de la Presidencia de la República; Segob; SRE; SEDENA; SEMAR; SSPC; Hacienda; Bienestar; Semarnat; Energía; Economía; Sader; SICT; SFP; SEP; Salud; STYPS; SEDATU; Cultuta; SECTUR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
También la integrarán titulares o integrantes de un área relacionada, con nivel mínimo de dirección general, del SAT; CONACYT; IMSS; ISSSTE; PEMEX; CFE; CNI y la CONAMER.
Todos las personas integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto, y podrán extender invitaciones a otros funcionarios del gobierno federal; representantes de órganos autónomos; autoridades de gobiernos estatales, municipios o locales; integrantes del Poder Judicial de la Federación y miembros del Congreso.
El Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el DOF, es decir, mañana miércoles 11 de enero, y contempla que la Comisión se instalará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor, mientras que tendrá un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de su instalación para emitir sus lineamientos de organización y funcionamiento

El empleo de equipamiento de seguridad chino en la frontera entre Estados Unidos y México es una “preocupación” que se puede solventar si ambos países fabrican el suyo propio, afirmó este lunes un alto cargo del Departamento de Estado estadounidense.

“Existen importantes preocupaciones de seguridad cuando se habla de ese tipo de tecnología y de la información que fluye de un lado a otro entre Estados Unidos y México”, afirmó Todd Robinson, subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, refiriéndose a los equipos procedentes de China.

Apuntó que hay empresas en Estados Unidos y México que tienen la capacidad de producir muy buenos equipos que ambos países pueden usar con “compañías en las que confiamos para manejar el flujo de información”, apuntó el funcionario en un evento organizado por el Woodrow Wilson Center de Washington.

Y es que según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Estados Unidos alertó a México de los riesgos a la seguridad nacional que implicaba comprar equipos de monitoreo fronterizo fabricados por Nuctech, una empresa ligada al gobierno de China.

MCCI, que cita documentos oficiales, afirma que México “ya instaló decenas de equipos chinos en aduanas y puertos”.

Robinson habló de la cooperación en materia de seguridad entre los dos países vecinos, sobre todo de la lucha antidrogas, especialmente contra el tráfico de fentanilo. También aprovechó para instar de nuevo a China a reanudar la cooperación contra el comercio de estupefacientes.

“Seguimos exhortando firmemente a China a volver a la mesa y tomar medidas significativas para poner fin al desvío de precursores químicos utilizados en la producción de drogas ilícitas”, dijo.

Recordemos que China suspendió varios acuerdos de cooperación a raíz de la visita este año de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio.

En ese sentido, Washington considera que México podría mediar. “El gobierno mexicano se halla quizás en una mejor situación para intentar que China participe en los problemas compartidos (…) sobre seguridad, y en particular sobre los precursores químicos, tanto lícitos como ilícitos, que fluyen desde esa zona del mundo”, afirmó.

Sobre la seguridad fronteriza, el subsecretario afirma que se ha terminado un estudio, en colaboración con México, sobre cinco puertos de entrada para identificar cómo se puede mejorar la infraestructura y los procedimientos para detectar drogas, armas y otros bienes de contrabando y al mismo tiempo facilitar los viajes y el comercio.

Dos agentes de inteligencia chinos fueron inculpados este lunes en Nueva York por intentar interferir en una demanda en Estados Unidos contra una empresa de telecomunicaciones china.

El Departamento de Justicia acusó a Wang Zhen y He Guochun de obstrucción a la justicia, y a este último también por lavado de dinero.

La acusación señala que pagaron a un informante estadounidense, en realidad un doble agente, que creyeron haber reclutado de una agencia gubernamental para que proporcionara documentos relacionados a un caso legal contra la empresa china, a cambio de bitcoins por valor de 61,000 dólares.

El acta de acusación no especifica el nombre de la empresa involucrada y apenas indica que se trata de un grupo global de telecomunicaciones con sede en China.

Sin embargo, fuentes de la investigación citadas por la cadena CNN han confirmado que sí se trata de esta compañía.

Los detalles son similares al caso contra Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones procesado en 2019 en Estados Unidos por robo de secretos comerciales y eludir sanciones, entre otros cargos.

Desde enero de 2019, cuando se anunciaron los cargos contra Huawei, ambos agentes chinos buscaron reiteradamente obtener información confidencial sobre los testigos, las pruebas reunidas para el juicio y posibles nuevos cargos contra la empresa, “en un esfuerzo por interferir con el proceso”.

Reclutaron a su fuente en 2017, pero esta “comenzó a trabajar como agente doble para el gobierno de Estados Unidos”, bajo la supervisión del FBI, precisa el acta de acusación.

El FBI elaboró documentos falsos, clasificados como “secretos”, que luego fueron entregados a los agentes chinos. He Guochun pagó el año pasado unos 41.000 dólares en bitcoins por uno de ellos.

Los agentes chinos reconocieron que transmitieron la información que obtuvieron a la compañía de telecomunicaciones, y que esta última estaba al tanto de la operación de espionaje que continuó hasta 2022.

El gobierno federal anunció este lunes medidas de protección para la periodista Azucena Uresti, y para Milenio, quienes fueron amenazados por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El gobierno tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados”, señaló en Twitter Jesús Ramírez, vocero de la presidencia de la República. “Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información”, añadió.

Y es que esta mañana, se viralizó en redes sociales una grabación en la que se observa aun grupo de hombres armados, uno de ellos identificándose como Rubén Oseguera, líder del CJNG. En dicho video, que se publicó en dos partes, se lanzan las amenazas contra Milenio y Uresti.

Quien asegura ser Rubén Oseguera, pide que la cobertura del conflicto que mantiene con otros grupos en Michoacán sea “pareja”. Los encapuchados aseguran que Milenio y Uresti son parciales y apoyan a grupos como los Viagra, el ‘Abuelo’, e Hipólito Mora, quienes asegura no son autodefensas, sino narcotraficantes.

“No son autodefensas, por el tipo de armamento que traen (…) son narcotraficantes, si así se les puede llamar, porque son cobracuotas, porque no les ajusta lo que sacan del narcotráfico para solventar sus gastos. Ustedes Milenio le están recibiendo dinero a esos cobracuotas, secuestradores y extorsionadores. Lo único que le digo es que sean parejos”, menciona la persona que habla en el video.

La amenaza ha levantado fuertes críticas, además de diversas exigencias al gobierno federal de garantizar la labor periodística en el país.

“Esta práctica que se repite de amenazas a medios y periodistas públicamente sin ningún rubor, sin ningún temor, es grave, porque significa que estos grupos se están empoderando ante una inacción del Estado”, dijo Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras (RSF) en entrevista con la agencia AFP.

Flores instó al gobierno a brindar seguridad a los reporteros que han sido señalados por grupos criminales, aunque agregó que los corresponsales en las zonas de conflicto son los más vulnerables.

Por su parte, el periodista Héctor de Mauleón, que investiga el problema del narcotráfico, dijo en Twitter que esta amenaza “es muy preocupante y “por ningún motivo se puede dejar pasar”.

Recordemos que México es uno de los países más peligrosos para la prensa con más de un centenar de comunicadores asesinados desde el año 2000, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tan solo en lo que va de este año se han registrado tres homicidios de reporteros, el más reciente de ellos el 22 de julio cuando fue asesinado Ricardo López, quien había denunciado amenazas en Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que recibió información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre “posibles responsabilidades penales” del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción y crimen organizado.

En el mismo caso se apuntaron los nombres de Ismael “G”, José Manuel “G” y José Ramón “C”, hermanos y suegro del gobernador respectivamente.

La FGR indicó que entre las posibles responsabilidades penales de los señalados, y de diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, están las “vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”.

Señaló que debido a que es nueva información a la que tienen acceso, se procederá a integrarla a la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía indicó que la investigación se conformará con las diligencias que llevarán a cabo tanto la Fiscalía, como las autoridades respectivas, para establecer con toda precisión las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso.

Recordemos que la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó una controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en torno al desafuero de García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción y nexos con el crimen organizado.

Y es que el pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de la Fiscalía de desaforar al gobernador panista, acusado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, donde el partido del gobernador tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador, por lo que diputados locales y federales han presentado controversias constitucionales para que la Suprema Corte resuelva la disputa de competencias.

Poco después de la controversia, y a través de un video publicado en redes sociales, el gobernador de Tamaulipas calificó su desafuero como un “golpe a la Constitución y a la democracia, pero, sobre todo, al federalismo”.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Horas después de que la Fiscalía revelara la recepción de información por parte de las autoridades estadounidenses, el gobernador utilizó sus redes sociales para indicar que giró instrucciones a su defensa para que acuda a revisar dicha información.

“Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia”, dijo el panista.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometió transparencia absoluta en todo relacionado con la adquisición de vacunas contra el COVID-19, incluyendo el acceso a los contratos que el gobierno federal ha firmado con las farmacéuticas, las dependencias encargadas de dicha información han negado el acceso a ella, e incluso reservado la información hasta por cinco años.

“Nosotros no vamos a reservar nada, es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el Gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar”, declaró el presidente Lopez Obrador el pasado 12 de enero en su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, de acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el marco de un trabajo conjunto de la alianza “Vigila la Pandemia”, realizado en colaboración con periodistas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, el gobierno federal ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las vacunas.

El argumento que se ha utilizado para negar el acceso a la información es que hay acuerdos de “confidencialidad suscritos con las farmacéuticas” para no divulgar sus secretos industriales y comerciales; entre la información secreta está el precio pagado por cada dosis de las vacunas.

Lo que se ha informado es que las cláusulas de confidencialidad establecen que en caso de que la Secretaría de Salud reciba una orden judicial para dar a conocer información comercial contenida en los contratos de las vacunas, deberá dar aviso a las farmacéuticas para que soliciten un amparo o medida cautelar y así mantener los datos en secreto.

Sin embargo, la negativa a transparentar la información no ha sido exclusiva de México. Las respuestas de las autoridades en todos los países que participan en la alianza “Vigila la Pandemia” han sido la misma: negativa o incluso el silencio.

En el caso de México, el gobierno federal ordenó reservar hasta diciembre de 2025 la información relativa a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, argumentando que podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”.

La compra de vacunas representará un gasto de 33 mil millones de pesos, según ha indicado el presidente López Obrador. En promedio, cada vacuna costará 7 dólares, aunque el precio que cobró cada laboratorio es por ahora un secreto.

A la fecha, el gobierno de México tiene acuerdos y contratos suscritos para adquirir vacunas de los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia; con el laboratorio Bharat Biotech de la India, y con GAVI Alliance para participar en el mecanismo multilateral COVAX.

 

Investigación completa en MCCI

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que durante las campañas electorales y hasta el día de la Jornada Electoral, se abstenga de difundir logros de gobierno, incluyendo lo relacionado con programas sociales, obra pública y cualquier información que pueda incidir en las preferencias electorales.

La medida se deriva de una queda que el PRD y Movimiento Ciudadano presentaron en contra del presidente por la presunta difusión de propaganda gubernamental, así como la probable trasgresión al principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, por lo expuesto durante la conferencia mañanera del pasado 16 de abril.

A decir de los quejosos, se indicó que en la mañanera se recurrió a propaganda gubernamental al exponer logros de su gobierno, como la entrega de becas y apoyos sociales en tres entidades federativas.

La Comisión estimó que se consideran constitutivas de propaganda gubernamental, con la exaltación de logros o acciones gubernamentales, además de que tales declaraciones estuvieron acompañadas de la reproducción de imágenes, particularmente una tabla que contenía datos sobre tres entidades federativas en las que se señalaron cifras de las personas beneficiarias, aun y cuando en las mismas se están llevando a cabo los procesos electorales federal y locales.

Se enfatizó que tras el análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que no se trató de manifestaciones espontáneas, sino que fueron preparadas para su emisión pública, pues contenían gráficas y datos previamente obtenidos por el gobierno federal.

La Comisión advirtió la existencia de un riesgo inminente de que vuelva a ocurrir tal conducta y se ponga en riesgo los principios rectores del proceso electoral.

La medida incluyó la instrucción de que dicho contenido sea eliminado del material que se encuentra en Facebook y en YouTube, además de las redes sociales y plataformas oficiales del presidente y del gobierno federal.

Tras la medida alcanzada por la Comisión del INE, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió asegurando que el “INE censura”.

“Para el INE no es suficiente quitar candidaturas de manera arbitraria y desproporcionada, ahora intenta censurar al Presidente. Una prueba más de su parcialidad, le hacen el trabajo sucio al PRIAN”, señaló a través de una serie de mensajes de Twitter.

Se lanzó de nuevo contra Lorenzo Cordova y Ciro Murayama, de quienes dijo, quieren silenciar al presidente, mientras usan los medios, recursos y las redes institucionales del INE  para difundir sus acciones políticas.

Los exhortó a renunciar y a afiliarse a un partido para hacer frente así al movimiento que encabeza el presidente López Obrador.

Y aunque Morena se quejó, la noche de ayer se eliminó de plataformas digitales la conferencia del 16 de abril.

Al respecto, esta mañana el presiente indicó que “hay que cuidar… y ayúdenme ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras”.

AMLO indicó que si la prensa le cuestiona temas partidistas o de asuntos relacionados con la elección, él debe contestar, pues sino se perdería el sentido de las conferencias.

Esgrimió y dijo que aunque hay temas que no puede tocar, sí hablará de la democracia, de la participación ciudadana, de que sean elecciones limpias, que se respete la decisión de la ciudadanía, entre otros, “sin que se incline la balanza” hacia algún partido o candidato.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) otorgó una suspensión definitiva a la inhabilitación que había impuesto con anterioridad a la empresa farmacéutica Laboratorios PiSA, por un periodo de 30 meses.

“Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público”, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SFP.

En la circular emitida, la dependencia señaló que únicamente se “paralizaba temporalmente” la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante.

Recordemos que el 21 de octubre del año pasado se dio a conocer la sanción a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Laboratorios Pisa con una inhabilitación de 30 meses y una multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una, por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Y aunque fue la propia SFP quien emitió la circular en la que emitió la suspensión, en una nota informativa aclaró que dicho acto deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Advirtió que a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, continuarán defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica.

“De ningún modo la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa”, dijo la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval.

Tras los señalamientos que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la labor de Artículo 19, descalificando su trabajo y exhibir que está financiada desde el extranjero, además de que pertenecen al “movimiento conservador” que está en contra de su gobierno, fue la organización quien respondió al mandatario.

“Los calificativos del presidente son simplistas y reflejan intolerancia al trabajo de aquéllos que buscan llamar al poder a cuentas”, indicó la organización, quien destacó que son un grupo de personas dedicadas al periodismo, las leyes y el activismo por los derechos humanos, que conocen las fuentes de financiamiento de la organización, mismas que son públicas.

Pidieron al presidente verificar que no hay “empresas extranjeras” financiando sus actividades, sino fundaciones y gobiernos que apoyan proyectos de la sociedad civil en decenas de países alrededor del mundo; incluso le recordó que parte del financiamiento proviene de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos, que también ha aportado fondos para iniciativas en derechos humanos en las que participa el propio gobierno federal.

Artículo 19 recordó que  durante más de una década, a lo largo de gobiernos de distintos partidos, han trabajado en la defensa de periodistas del acoso del poder y en la procuración del acceso de la ciudadanía a información pública y a tecnologías de comunicación libres de censura.

Enfatizó que sus informes también fueron presentados durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, sacando a la luz casos emblemáticos de la libertad de expresión, como es la defensa y acompañamiento a la periodista Lydia Cacho en su denuncia por la tortura que sufrió en su labor informativa; formó parte del grupo de organizaciones que reveló el uso del software Pegasus para espiar a periodistas y activistas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; promovió un amparo en el que la Suprema Corte obligó al Congreso de la Unión a legislar sobre publicidad oficial, entre otas.

Le recordó que Artículo 19 también encabezó la defensa legal de Sanjuana Martínez, hoy directora de Notimex, cuando su trabajo periodístico le provocó una demanda por daño moral. Precisó que el equipo legal, encabezado por el hoy director de la Oficina, Leopoldo Maldonado, logró que la demanda fuera retirada.

“Lo ocurrido en la conferencia de este 31 de marzo es una muestra más de una creciente intolerancia a la crítica y a la información incómoda para el gobierno federal (…) en tres décadas ha trabajado para abrir libertades en regímenes autoritarios. Lo que nos preocupa es que México esté cayendo en lo mismo”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó esta mañana contra los medios de comunicación por no corroborar la información del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señalaba irregularidades en el gasto público del gobierno federal; lamentó que se sigan prestando a transmitir información errónea a los mexicanos.

Durante la conferencia matutina, López Obrador proyectó un video con fragmentos de diversos espacios televisivos, en los que se retomó el informe de la ASF, especialmente en su apartado sobre el costo total que en un inicio indicó la Auditoria tuvo la cancelación del aeropuerto e Texcoco.

“¿Cómo lo ven? Esto es lo que enfrentamos todos los días. Todos están al servicio del régimen conservador que imperaba y al que quieren regresar. Es realmente lamentable y vergonzoso que suceda esto en los medios de información”, dijo AMLO, quien encontró un pretexto más para señalar a la prensa, como lo ha venido haciendo desde que asumió el poder.

El presidente aseguró que ahora los medios seguro “van a decir que la culpa es de la Auditoría”, aunque dijo, en realidad “estaban esperando” una noticia así para criticar al gobierno. “¿Que no pudieron constatar y revisar la información?”, expresó el presidente.

Y es que el fin de semana pasado, la ASF publicó un informe sobre el gasto público federal según el cual la cancelación en 2019 de las obras del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo 232% mayor al previsto por el gobierno.

Sin embargo, López Obrador calificó el lunes de “exagerada” la auditoría y, posteriormente, el organismo admitió la existencia de “inconsistencias” en su informe y garantizó “una revisión exhaustiva”. El gobierno aseguró que encontró en el informe tres errores que explican más del 75% de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto.

Esta situación llevó a que ayer López Obrador enviara una carta a la Cámara de Diputados en la que solicitaba investigar a la Auditoría Superior, pues considera que buscó “dañar” al gobierno al dar datos erróneos.

El presidente dijo esta mañana que goza de “autoridad moral” para poder hacer dichos señalamientos e hizo un llamado a “los dueños de los medios de información y de las televisoras para que se ponga por delante la ética y no se engañe” a la ciudadanía.

Incluso AMLO fue más allá, y dijo que aunque será la Cámara de Diputados quien hará la investigación y determinará las medidas que habrá en el caso, si es necesario debe haber una “limpia”, pues la credibilidad del organismo quedó en entredicho después de haber reconocido las inconsistencias.

“Esto que hicieron pone hasta en ridículo a esa institución, a los responsables de esa institución. Entonces tiene que haber algo”, dijo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que en lo que va de noviembre ha sancionado a nueve empresas contratistas del sector Salud con inhabilitaciones de más de tres años y multas económicas por un monto global de 18 millones 527 mil 670 pesos.

Las acciones contra las empresas del sector salud son resultado de investigaciones donde se comprobó que se falseó información o bien se constató el incumplimiento de contratos.

“Estamos poniendo un alto al abuso de contratistas y proveedores que abusaron de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, cuando la salud se veía como un negocio y no como un derecho humano fundamental”, afirmó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

“La Función Pública se ha propuesto romper esa alianza que se dio entre contratistas y proveedores con servidores públicos para abusar del sistema de Salud”, añadió la colaboradora del gobierno de la 4T.

Las empresas sancionadas son Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México, proveedores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Detalló los casos de cada empresa: Multicorporación Brexot, inhabilitada por 45 meses y multada con 1 millón 954 mil 800 pesos incumplió con la entrega completa, en el lugar pactado y en los plazos estipulados, de 250 ventiladores mecánicos, por lo que el ISSSTE tuvo que erogar gastos extras, lo que provocó un daño al erario. El corporativo Cohmedic, inhabilitado por 45 meses y multado con 1 millón 901 mil 25 pesos incumplió con la entrega total de 490 mil pares de botas quirúrgicas, lo que afectó gravemente la atención a los derechohabientes durante la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa México.

La empresa Degasa recibió una doble sanción por el incumplimiento de dos contratos celebrados con el ISSSTE para la entrega de distintos envases; por cada uno se le aplicó una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil 25 pesos, que en conjunto asciende a 3 millones 803 mil pesos. En el caso de Insumos Médicos Geva, la sanción aplicada consiste en 45 meses de inhabilitación y multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir la entrega al ISSSTE de más de 6 mil equipos médico.

La empresa Kingsmac no entregó al ISSSTE 135 mil piezas de Mascarilla N95 Certificación Niosh, por lo que fue objeto de una inhabilitación de 45 meses y una sanción económica por 1 millón 954 mil 800 pesos.

A Dibiter se le impuso una inhabilitación por un término de dos años y una multa por 538 mil 656 pesos por incumplir contratos con el IMSS y el ISSSTE, mientras que Med Prime fue sancionada con dos multas por un monto total de 2 millones 673 mil 264 pesos y 2 inhabilitaciones por tres años cada una por haber presentado información falsa durante procesos de adjudicaciones.

Finalmente, la empresa Grupo Constructor Vadonne fue sancionada con una inhabilitación por 45 meses, y con multa por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir un contrato al realizar obras de remodelación fuera de especificación y defectuosas en el Hospital de Alta Especialidad “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, mientras que Clayton de México fue inhabilitada por 45 meses y una multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos al incumplir un contrato con el ISSSTE para la instalación y puesta en operación de 30 generadores de vapor para diferentes unidades médicas a nivel nacional.

“Sancionamos ya a quienes, individualmente o en grupo, habían monopolizado los servicios y la venta de insumos médicos y medicamentos a nuestros sistemas públicos de salud, y ahora estamos haciendo justicia administrativa y poniendo un alto a contratistas, proveedores y empresarios que se resisten a aceptar que esto ya cambió”, remató la titular de la Función Pública.