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El Senador expanista, Miguel Ángel Yuñez Márquez, construyó su carrera política sobre los hombros de su padre, Miguel Ángel Yuñez Linares. Linares fue primero Priista, luego brincó al PAN y ahí estuvo al frente del ISSSTE desde donde Andrés Manuel López Obrador lo señaló por ser un corrupto y una cuota de Elba Esther Gordillo.

Grabaciones sobre las rencillas entre ambos políticos sobran. Pero hoy todo es miel sobre hojuelas entre el clan Yuñez y Morena.

La clave fue el voto del Senador Yuñez Márquez para la Reforma al Poder Judicial. No importa que sobre él pesaran acusaciones de falsificación de documentos y fraude procesal. El expediente estaba guardado en un cajón desde el 2021. Pero cuando en Morena vieron que era necesario lograr los votos para que se aprobara la reforma judicial, lo desempolvaron y con eso lo “incentivaron” para que diera su voto al oficialismo. A cambio, el pasado 26 de noviembre un juez canceló la orden de aprehensión que se había girado en su contra.

Osea que le llegó el perdón. La extorsión judicial para aprobar una reforma que los morenistas venden como la respuesta a la corrupción en el Poder Judicial. El chiste se cuenta solo.

En Estados Unidos están viviendo su propio escándalo por un perdón otorgado desde el poder. Me refiero al indulto que le otorgó el presidente Joe Biden a su hijo Hunter, quien enfrentaba acusaciones de evasión fiscal y posesión ilegal de armas. Las condenas implicaban potencialmente décadas de prisión pero aún así, Joe Biden había dicho en repetidas ocasiones que no le otorgaría un indulto ya que confiaba en el sistema de justicia.

El domingo pasado el presidente dio un giro de 180 grados y decidió siempre sí indultar a su hijo. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos otorga un indulto a un hijo. Lo más cercano a este tipo de perdón había sido el que otorgó el presidente Gerald Ford a Richard Nixon y el de Bill Clinton a su hermano por posesión y tráfico de cocaína.

Luego vino Donald Trump quien perdonó, entre otras personas, a su consuegro por defraudación fiscal. Y ahora Trump ha prometido que cuando asuma la presidencia indultará a todos los presos por el asalto al Capitolio.

El que Trump haya abusado y pretenda abiertamente abusar del perdón presidencial no ha minimizado las críticas al indulto de Biden a su hijo Hunter. No solo los republicanos han atacado esta acción del presidente, también algunos demócratas que sienten que con esto Biden se rebaja al mismo nivel de Trump al demostrar que hay una justicia para los ciudadanos comunes y corrientes y otra para las élites. Que, en efecto, el sistema de justicia está viciado como tantas veces lo dijo Trump. Que es una herramienta para golpear a enemigos políticos.

Yo leo el perdón de Biden a su hijo como una lamentable pero legítima preocupación por lo que vendrá en Estados Unidos. Sobre todo si tomamos en cuenta los nombramientos que ha hecho Trump para puestos claves en la materia. Entre ellos, Pam Bondi, una ultra MAGA que sigue sin reconocer la victoria de Biden en el 2020, ha sido nominada para Fiscal General; y Tulsi Gabbard, para la Dirección Nacional de Inteligencia. Además de que Gabbard no tiene experiencia en inteligencia, preocupan sus posturas políticas alineadas con Rusia y la amenaza de la politización del trabajo de los servicios de inteligencia bajo su liderazgo.

Yuñez Márquez y Hunter Biden representan dos perdones controversiales, sin duda. Pero sigo creyendo que hay de indultos a indultos. Y asombra que mientras en EUA han pegado el grito en el cielo por el indulto, que es una figura legal, en México se está utilizando la justicia para extorsionar y nadie dice nada.

Columna publicada en El Universal

El cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador apunta a ser con un manotazo sobre la mesa, al igual que su arranque y el manotazo de cancelación del NAIM. La reforma al Poder Judicial se supone que la quiere el presidente para mejorar el sistema de justicia en México, pero nada de lo que incluye su propuesta va encaminado a ello. Más bien tienen todos los tintes de un acto de venganza contra un contrapeso que le ha puesto frenos.

Primero le puso un freno cuando quiso la extensión de mandato de Arturo Zaldívar como Ministro Presidente de la Corte. Antes, cuando los ministros se negaron a apegarse a recortarse el salario como pedía el presidente para que nadie ganara más que él. Y durante el sexenio le pusieron varios altos en sus intentos por pasar por encima de la Constitución. Notable fue el caso de la Ley de la Industria Eléctrica.

El documento oficial con los objetivos de la reforma al poder judicial se puede leer que ésta busca una Suprema Corte eficaz, austera y transparente en donde la elección popular legitime a los impartidores de justicia.

Eso no va a ocurrir. Pretender que sean sujetos del voto popular suena democrático, pero es un sin sentido. Primero porque para ser seleccionados dependerán de la presidencia y del poder legislativo. Segundo porque los ciudadanos apenas nos informamos de quién busca la presidencia. Ni hablar de los candidatos a diputados o senadores. Menos ocurrirá con los integrantes del judicial.

Bolivia es el único país en el mundo que elige, por voto popular, a los 26 principales cargos judiciales incluyendo a los integrantes d el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora la elección de integrantes del poder judicial solo ha ocurrido dos veces en Bolivia, en 2011 y 2017. En ambas los votos nulos y blancos han sido más numerosos que los favorables a los candidatos. Y la que tenía que ocurrir el año pasado está suspendida por un conflicto entre el legislativo y el judicial. Ha sido un verdadero caos en donde el ganador ha sido el actual presidente, Luis Arce, quien controla al poder judicial y ante la parálisis lo seguirá haciendo indefenidamente.

En un país como México, con los problemas de dinero sucio y crimen organizado ¿de verdad queremos que quienes quieran impartir justicia tengan que salir a hacer campañas y a buscar recursos; hacer convenios con cárteles; atraer dinero sucio y luego, cuando ganen, tengan que cumplir con sus “patrocinadores”?

El expresidente de Bolivia,  Eduardo Rodríguez Veltzé, opinó en entrevista par El País sobre como ha funcionado este sistema: “para elegirse debían cortejar a los políticos durante la preselección de candidatos, que se hace por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, y luego tenían que hacerse conocer por los votantes en un proceso electoral sin tradición alguna en el país. El voto popular obedece a una lógica: se vota por simpatía, por identificación, pero los votantes no están capacitados para evaluar los méritos de un funcionario que, sobre todo, es técnico”. A ello agregó que ““El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), siendo el garante de los derechos fundamentales, hasta hoy no repara en que Bolivia tiene el récord de meter gente en las cárceles. Existen 30 mil reos y, esto es lo grave, un 70% con prisión preventiva, sin sentencia. Los magistrados han sido funcionales a esta práctica abusiva.”

Difícil pensar que México pueda estar peor en materia de impartición de justicia y Estado de Derecho pero la reforma de López Obrador será el camino más seguro para lograrlo. Y todo por un acto de venganza.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un buen diagnóstico como candidato cuando señaló a la corrupción como el gran reto de México. Por ello debería sorprender su apoyo a Ernestina Godoy y su empeño en mantenerla cerca de su círculo político.

Ernestina Godoy no es una buena abogada. Ni siquiera debiera tener su título ya que la tesis para obtenerlo fue un plagio, como bien documentó Guillermo Sheridan. Su paso por la fiscalía ha destacado por la politización de la justicia. Desde el encarcelamiento de Alejandra Cuevas por un delito inventado con tal de darle gusto al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, en su ánimo de venganza personal, hasta la total impunidad para la gente de la CDMX ante la caída de la Línea 12 de metro que dejó 26 muertos. Nadie pagó por esta tragedia, no porque no hubiera responsables, sino porque habrían sido funcionarios de gobierno de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con un récord tan lamentable como Fiscal de la CDMX, debería sorprender que López Obrador saliera en su defensa en la mañanera de ayer, como lo hizo: “Lo de Ernestina Godoy es una venganza, porque es una mujer íntegra, honesta, una verdadera impartidora de justicia pero como se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes, y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones, porque si hacían departamentos se quedaban con uno o dos y con dinero, y como buenos hipócritas, no perdían su respetabilidad, según ellos eran puros. Como actuó con rectitud, pues se vengaron.  Aunque obtuvo mayoría…no tuvo la calificada…Ernestina Godoy va a tener mucho apoyo, porque en el proceso de transformación se toma en cuenta a la gente honesta. Aquí tiene las puertas abiertas para lo que ella quiera, y en el futuro tendrá muchas posibilidades. Es un triunfo pírrico de los corruptos.”

Eso es una defensa a ultranza, no de la justicia, sino de una herramienta política que le es útil a un presidente que no quiere gobernar sin una fiscalía a modo. Este apoyo a Godoy es una muestra más de que la lucha en contra de la corrupción y la preocupación por un país más justo es un discurso presidencial, más no una meta de su gobierno.

Digo que debería sorprender el apoyo de AMLO a Godoy pero, al pensar en el mismo apoyo a impresentables como Bartlett; Feliz Salgado Macedonio y un largo etcétera se entiende lo que tantas veces repitió el presidente sobre sus prioridades: 100% lealtad 0% capacidad. Esa es Godoy. Ese es AMLO. Esa es Claudia. Y este tipo de apoyos a personajes que son útiles a parte de la clase política y no a México conforma parte de las características que habrá que tomar en cuenta a la hora de emitir el voto en junio próximo.

¿Queremos que sigan al mando los que politizan sin rubor la política? ¿Queremos que la justicia sea una herramienta para aplastar a adversarios y para saciar ánimos de venganza personales?

Lo que hemos visto con el empuje y apoyo a Ernestina Godoy no deja lugar a dudas de lo que significa la continuidad o el segundo piso de la 4T que ofrece Claudia Sheinbaum a los electores.

Columna completa en El Universal

Figuras trascendentales como Nancy Pelosi, la segunda personalidad política más importante de Estados Unidos después de Donald Trump, o Sanna Marin, la nueva Primera Ministra de Finlandia que, a sus 34 años se convirtió el pasado 10 de diciembre en la Jefa de Estado más joven de todo el mundo, marcaron la agenda del 2019.

Pero más allá de ellas, hay mujeres y movimientos encabezados por ellas que han querido mostrar, en México y en el mundo, que la violencia hacia la mujer y la disparidad en el trabajo, es inaceptable.

Este lunes arrancó el juicio en contra del primer señalado por el movimiento #MeToo, el ex director de cine, Harvey Weinstein. El mundo entero está familiarizado con esta sacudida que arrancó señalando a Weinstein en 2017 y, desde entonces, han sido muchos los hombres poderosos de varios ámbitos en el mundo que han caído en desgracia cuando mujeres los han acusado de acoso. Veremos sin con este juicio se comienza a poner fin a la impunidad de quienes estuvieron protegidos durante años por un sistema que normalizó relaciones de poder desiguales.

En Japón, la modelo y actriz, Yumi Ishikawa, generó conciencia sobre el requisito tan machista de que las mujeres usaran tacones al trabajo, a diferencia de los hombres que, evidentemente pueden ir a trabajar en zapatos bajos. En Japón los tacones son un requisito. Ishikawa subió un tuit quejándose de esta regla y éste fue compartido más de 30 mil veces en pocos minutos. Con su tuit, Ishakawa, de tan solo 32 años, se convirtió en la imagen del movimiento #KuToo: un amalgama de las palabras zapato (kutsu) y dolor (kutsuu) en japonés.

El movimiento de Las Tesis en Chile se hizo viral con el performance de “El violador eres tú”. Una coreografía que llegó a México también. Las mujeres buscan generar conciencia de que cuando un hombre abusa o violenta, no hay excusas de que es culpa de ella por la ropa que traía puesta o por el lugar por el cual caminaba.

Los números que ha reportado la ONU en tema de genero son alarmantes. Más del 17 por ciento de las mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia sexual o física de su actual pareja o de la pareja con la que tuvieron una relación en los últimos 12 meses. De las 87 mil mujeres asesinadas en el 2017, la mitad ocurrió a manos de su pareja o de algún integrante de su familia.

En México el caso de Abril Pérez Sagaón, que fue asesinada el 25 noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional en Contra de la Violencia contra la mujer, acaparó la atención.  A Abril le falló todo el sistema de justicia, de principio a fin. Es decir, desde que reportó por primera vez la violencia de su esposo, hasta su asesinato frente a sus hijos en noviembre pasado. Su caso conmovió pero, desgraciadamente no es ni será el único en donde prevalezca esta falla en el aparato de impartición de justicia.

La agenda de género fue uno de los grandes temas del 2019. Fue el año de los hashtags #MiPrimerAcoso #SiMeMatan #NiUnaMas y otros tantos que buscan hacer visible un problema en el cual apenas se asoma la punta de un enorme iceberg. México es el país en donde los feminicidios ocurren con mayor frecuencia en toda América Latina. Y es también el país en donde éstos quedan impune en casi todos los casos.

 

Columna completa en El Universal

Cuando no existe una explicación lógica, la explicación es metálica. Eso me decía un colega esta semana cuando tratábamos de entender por qué el gobierno de Peña Nieto decidió poner a tres fiscales de tan baja preparación a litigar el caso de Javier Duarte frente a los abogados defensores del ex gobernador de Veracruz que son unos tiburones en la materia.

 

Al frente del equipo que lleva el caso Duarte se encuentra Marco Antonio del Toro, del despacho Del Toro Carazo Abogados. El señor ha litigado varios casos de alta notoriedad, como el Pemexgate; el del ex lider sindical, Napoleón Gómez Urrutia; o el de Elba Esther Gordillo.

 

¿Cómo defiendes a fulano de tal si es un pillo? Dice del Toro que le hacen esa pregunta de forma constante. La respuesta del abogado de Javier Duarte a una entrevista para Líderes Mexicanos es que las percepciones públicas muchas veces no corresponden con las acusaciones formales que se encuentran en el expediente.

 

“Mi papel no es el de ser juez sino el de ser un equilibrio en donde hay un Ministerio Público que acusa, un defensor y un juez que resuelve. Y creo que debe prevalecer la verdad ante todo. Lo que no puede hacer un abogado defensor es inventar pruebas o testigos, eso es de un pillo. Un buen abogado analiza el expediente y si hay deficiencias en la acusación las hace valer. Si el Ministerio Público se equivocó lo deberá llevar él en su conciencia, no yo”.

 

 

Texto completo en El Universal 

Foto: Archivo APO