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El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, finalmente regresó este miércoles a su natal Australia, tras acordar su libertad con la justicia estadounidense 14 años después de la mayor filtración de documentos clasificados de Estados Unidos.

Assange aterrizó en el aeropuerto internacional de Camberra en un vuelo chárter alrededor de las 19:40 hora local, después de un largo viaje que comenzó el lunes en Londres y que le llevó a realizar el martes un parada técnica en Bangkok antes de comparecer hoy en las Islas Marianas del Norte como parte del pacto con la fiscalía de EUA.

El activista, de 52 años, salió del jet privado -el mismo en el que la cantante Taylor Swift viajó a la Super Bowl en febrero- vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata, y con el puño en alto saludó a decenas de medios de comunicación que se dieron cita, junto a seguidores que lo aguardaban y vitoreaban.

En la pista de aterrizaje se fundió en un abrazo con su esposa, Stella Assange, y su padre, John Shipton, pero lejos de la imagen más confiada que desprendía en sus comienzos al frente de WikiLeaks, Assange mantuvo un perfil bajo y optó por no hacer ninguna declaración en la rueda de prensa que se había programado.

“Julian quería estar aquí hoy, pero me ha pedido que yo lo haga (…) Necesita tiempo, necesita recuperarse”, afirmó su esposa en una pequeña sala del East Hotel de Camberra, frente al más de centenar de periodistas que esperaban a su marido.

“Les pido por favor que nos den el espacio y la privacidad para encontrar nuestro lugar y que nuestra familia pueda ser una familia antes de que pueda hablar de nuevo cuando él elija”, sostuvo la esposa de Assange, de nacionalidad hispano-sueca, añadiendo que este debía “acostumbrarse de nuevo a la libertad”.

Ambos se conocieron durante la estancia de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres (2012-2019), periodo en el que tuvieron a sus dos hijos, mientras el australiano pasó los últimos cinco años en una cárcel británica.

La libertad de Assange fue posible tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que quedó formalizado este miércoles durante una vista en un tribunal de Saipan, en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense, en la que se declaró culpable de violar la ley de espionaje estadounidense como parte del acuerdo.

“Hoy celebramos la libertad de Julian (…) Pero creo que también es el día en el que esperamos que periodistas de todo el mundo se den cuenta del peligro que este caso genera”, enfatizó su esposa.

En la misma línea, la abogada de Julian Assange, Jennifer Robinson, subrayó que “desafortunadamente” el activista australiano tuvo que declararse culpable para “recuperar su libertad”.

Activista, periodista proclamado y programador informático, el entorno de Assange y sus defensores ven en él a un adalid de la batalla universal por la libertad de expresión, mientras que sus detractores llegaron a considerarlo el “enemigo número uno” de Estados Unidos por las implicaciones de sus filtraciones.

WikiLeaks se hizo mundialmente famoso en 2010 tras filtrar cientos de miles de documentos secretos o de contenido sensible que revelaron los secretos en Estados Unidos de las guerras de Irak y Afganistán, así como sobre la base de Guantánamo.

Presidentes y líderes mundiales, principalmente de izquierda, han expresado su alegría por la liberación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tras haber firmado un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia estadounidense.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue uno de los primeros líderes en reaccionar la noticia hecha publica este lunes.

“Celebro la salida de Julian Assange de la cárcel. Cuando menos en este caso, la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío; está viva y contenta como millones en el mundo”, apuntó López Obrador en un mensaje en X.

López Obrador se refirió con este mensaje a otro que publicó en febrero pasado cuando sugirió que Estados Unidos trasladara la Estatua de la Libertad a México, donde “sí hay libertad”, por el caso del fundador de Wikileaks.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, recordó que en febrero del 2022 entregó las Llaves de la Ciudad de la Ciudad de México, en su calidad de entonces Jefa de Gobierno, a la familia de Julian Assange.

“Para nosotros Julian representa la verdad, la libertad de expresión. Somos una Ciudad progresista que siempre ha defendido las grandes libertades y el derecho al libre acceso a la información”, dijo la futura presidenta de México.

En tanto el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que “el largo y cruel castigo que le impusieron por sus denuncias de los crímenes imperiales, quedará en la memoria de los pueblos como prueba de cuán poco creen sus carceleros en la libertad de prensa”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también celebró la liberación de Assange, a quien describió como un “ejemplo de coraje y valentía en la batalla por la verdad”.

“En nombre del pueblo de Venezuela, abrazamos y felicitamos a Julian Assange por su liberación. Es el triunfo de la libertad y la lucha de la humanidad por el respeto de los derechos humanos”, escribió el jefe de Estado en la red social X.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, felicitó a Julian Assange por su libertad. “La prisión eterna de Assange y su tortura era un atentado contra la libertad de prensa a escala global. Denunciar la masacre de civiles en Irak por parte de la acción bélica de EE.UU. fue su crimen, ahora la masacre se repite en Gaza”.

En la misma línea se manifestó el expresidente de Bolivia, Evo Morales: “Nos alegra mucho la libertad de Julian Assange. Estuvo preso muchos años por exponer ante el mundo los crímenes de los Estados Unidos. Nos ayudó a develar y desmantelar las mentiras sobre las que justifican guerras e invasiones. Es un día de alegría para la lucha por la paz”.

Mientras, en Australia, país de origen de Assange, su primer ministro, Anthony Albanese, celebró su puesta en libertad. “No hay nada que ganar con su encarcelamiento y lo queremos de vuelta en Australia”, dijo Albanese, en una sesión de control en el Parlamento de Camberra este martes, al referirse al activista de 52 años.

El dirigente laborista británico Jeremy Corbyn, en un escueto mensaje destacó que “Julián Assange está libre. Julián expuso los crímenes de los poderosos. Su encarcelamiento fue, y siempre será, un grotesco error judicial”.

Las reacciones se produjeron unas hora después de que el portal WikiLeaks anunciara que Assange dejó el lunes la prisión de alta seguridad británica donde estaba recluido y abandonara el Reino Unido con el objetivo de volver a Australia.

“Julian Assange está libre. Dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1,901 días”, informó WikiLeaks en su cuenta de X.

Assange comparecerá mañana a las 9:00 hora local en un tribunal de las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el océano Pacífico, para finalizar el acuerdo judicial alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La justicia estadounidense había acusado a Assange de hasta 18 delitos por violar la Ley de Espionaje debido a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos en 2010, que reveló secretos de las guerras de Irak y Afganistán, así como datos sobre los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros asuntos.

El cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador apunta a ser con un manotazo sobre la mesa, al igual que su arranque y el manotazo de cancelación del NAIM. La reforma al Poder Judicial se supone que la quiere el presidente para mejorar el sistema de justicia en México, pero nada de lo que incluye su propuesta va encaminado a ello. Más bien tienen todos los tintes de un acto de venganza contra un contrapeso que le ha puesto frenos.

Primero le puso un freno cuando quiso la extensión de mandato de Arturo Zaldívar como Ministro Presidente de la Corte. Antes, cuando los ministros se negaron a apegarse a recortarse el salario como pedía el presidente para que nadie ganara más que él. Y durante el sexenio le pusieron varios altos en sus intentos por pasar por encima de la Constitución. Notable fue el caso de la Ley de la Industria Eléctrica.

El documento oficial con los objetivos de la reforma al poder judicial se puede leer que ésta busca una Suprema Corte eficaz, austera y transparente en donde la elección popular legitime a los impartidores de justicia.

Eso no va a ocurrir. Pretender que sean sujetos del voto popular suena democrático, pero es un sin sentido. Primero porque para ser seleccionados dependerán de la presidencia y del poder legislativo. Segundo porque los ciudadanos apenas nos informamos de quién busca la presidencia. Ni hablar de los candidatos a diputados o senadores. Menos ocurrirá con los integrantes del judicial.

Bolivia es el único país en el mundo que elige, por voto popular, a los 26 principales cargos judiciales incluyendo a los integrantes d el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora la elección de integrantes del poder judicial solo ha ocurrido dos veces en Bolivia, en 2011 y 2017. En ambas los votos nulos y blancos han sido más numerosos que los favorables a los candidatos. Y la que tenía que ocurrir el año pasado está suspendida por un conflicto entre el legislativo y el judicial. Ha sido un verdadero caos en donde el ganador ha sido el actual presidente, Luis Arce, quien controla al poder judicial y ante la parálisis lo seguirá haciendo indefenidamente.

En un país como México, con los problemas de dinero sucio y crimen organizado ¿de verdad queremos que quienes quieran impartir justicia tengan que salir a hacer campañas y a buscar recursos; hacer convenios con cárteles; atraer dinero sucio y luego, cuando ganen, tengan que cumplir con sus “patrocinadores”?

El expresidente de Bolivia,  Eduardo Rodríguez Veltzé, opinó en entrevista par El País sobre como ha funcionado este sistema: “para elegirse debían cortejar a los políticos durante la preselección de candidatos, que se hace por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, y luego tenían que hacerse conocer por los votantes en un proceso electoral sin tradición alguna en el país. El voto popular obedece a una lógica: se vota por simpatía, por identificación, pero los votantes no están capacitados para evaluar los méritos de un funcionario que, sobre todo, es técnico”. A ello agregó que ““El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), siendo el garante de los derechos fundamentales, hasta hoy no repara en que Bolivia tiene el récord de meter gente en las cárceles. Existen 30 mil reos y, esto es lo grave, un 70% con prisión preventiva, sin sentencia. Los magistrados han sido funcionales a esta práctica abusiva.”

Difícil pensar que México pueda estar peor en materia de impartición de justicia y Estado de Derecho pero la reforma de López Obrador será el camino más seguro para lograrlo. Y todo por un acto de venganza.

Columna completa en El Universal

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció este martes el inicio de una campaña para visibilizar la función de las personas juzgadoras federales en todo tipo de asuntos en los que se vulnera la Constitución y los derechos humanos de las personas, así como el papel que desempeñan al resolver diferendos y su rol como pacificadores sociales.

La campaña, bajo el lema #Tu Voz, tu historia, tu justicia, presentará testimonios de personas justiciables, con sus experiencias al interactuar con la justicia federal, ya sea en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito o el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Esta campaña llega justo cuando comenzará la discusión de “Parlamento Abierto” sobre la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que cuenta con el aval de la futura presidenta Claudia Sheinbaum.

“Derechos de las personas migrantes, acceso a la salud, protección a grupos vulnerables, justicia laboral, libre desarrollo de la personalidad, diversidad sexual, inclusión, perspectiva de género, acceso a servicios básicos o a la educación, entre otros, son los temas que se visualizan en la nueva campaña de difusión del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF)”, indicó la institución.

El CJF señaló que en la campaña se muestra cómo a partir de las sentencias y resoluciones, las personas juzgadoras federales hacen valer tus derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México.

“Se muestra que las juezas, jueces, magistradas y magistrados a través de sus sentencias protegen y amplían los derechos humanos de todas las personas”, precisaron.

Y es que recordemos que en las encuestas que Morena mandó realizar, con dos casas encuestadoras y una propia, se indicó que buena parte de los mexicanos consideran que la corrupción impera dentro del Poder Judicial, lo que hace que apoyen la elección de magistrados, ministros y jueces por voto popular.

La canciller Alicia Bárcena anunció esta mañana que el Gobierno federal enviará una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para denunciar el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito el viernes pasado.

“Vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General”, adelantó la secretaria de Relaciones Exteriores.

La canciller recordó que México también denunciará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por irrumpir a la fuerza el viernes pasado en su sede diplomática en Quito, “agredir” a los funcionarios mexicanos y llevarse al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien estaba ahí resguardado.

“Anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional”, apuntó.

Momentos antes, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, argumentó que México incumplió primero la Convención de Viena y la de asilo, y no dio respuestas concretas al país andino sobre sus peticiones respecto a Glas, procesado en casos de corrupción y ahora recluido en una cárcel de máxima seguridad.

Según la titular de la diplomacia ecuatoriana, México no dio “una respuesta positiva”, y solo mencionaba que estaban analizando el caso.

Pero Bárcena aseveró que “no existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático”.

La secretaria de Relaciones Exteriores defendió que “México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas” y que “México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo”.

“Si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena, sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la carta de la Organización de las Naciones Unidas”, sentenció.

La crisis entre México y Ecuador comenzó el jueves pasado, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró persona ‘non grata’ a la embajadora mexicana, Raquel Serur, en respuesta a comentarios que López Obrador hizo un día antes sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.

México anunció el mismo viernes que buscaría traer al país a Glas como asilado político, por lo que las fuerzas ecuatorianas ingresaron por la fuerza a la embajada para llevárselo.

La canciller también actualizó e indicó México ha recibido el “apoyo” de 29 países, de los que 20 son de América y 9 de Europa, además de 8 organismos internacionales, según recordó Bárcena.

“Hemos recibido, y especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, un apoyo y un respaldo de la comunidad internacional muy importante”, aseveró Alicia Bárcena.

La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que México sigue muy lejos de una justicia y una igualdad real para todas las mujeres, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La ministra presidenta indicó que desde el Poder Judicial de la Federación (PJF) no sólo se asume la responsabilidad para alcanzar esa igualdad, sino que “convocaremos a todas las autoridades para trabajar, de forma efectiva y coordinada, en la solución de los problemas de seguridad, procuración e impartición de justicia que impactan, especialmente, a las mujeres.

“Hoy me dirijo a ustedes: las mujeres indígenas y afromexicanas; las mujeres en el campo y las que defienden a la naturaleza; las mujeres que viven en situaciones de pobreza; las migrantes; las mujeres trans y las de la diversidad sexual; las mujeres con discapacidad; las buscadoras, las que luchan para encontrar justicia para sus hijas, víctimas de feminicidio; las niñas, las adolescentes; las que cuidan, las que luchan por los derechos de las mujeres”, dijo durante su video mensaje con motivo del 8M.

Recordó que el año pasado escuchó y dialogó con familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de desaparición de personas que aman, de mujeres víctimas de la represión de sus derechos sexuales y reproductivos y que, con base en ello, se ha desarrollado un Programa de Derechos Humanos, Justicia Penal y Género, el cual tiene por objetivo, entre otros, brindar las herramientas para probar en un juicio, el contexto en que ocurre la violencia de género.

“No vamos a dejar de trabajar, nuestro compromiso es profundo, es honesto. Hoy les digo, con absoluta convicción que, en el Poder Judicial de la Federación, la igualdad de género va en serio”, enfatizó.

La ministra Piña Hernández agregó que este 8 de marzo se suma, una vez más, con convicción y respeto, a las miles de mujeres que toman las calles, ya sea saliendo a marchar o simbólicamente para conmemorar la lucha por la igualdad de género y exigir el alto total de las muchas violencias que no cesan contra las mujeres, niñas y adolescentes en México.

“Hoy, mientras nos escuchamos, mientras reflexionamos, honremos la memoria de quienes no están; reclamemos el derecho a un futuro libre, alegre, digno y seguro para las que llegarán. En este último año entendí, mejor que nunca que, a diferencia de los cascarones de género, los cambios reales para avanzar hacia la igualdad no son de un día al otro. Para realmente progresar, tenemos que construir cimientos sólidos que logren trascendernos como personas en lo individual, que se consoliden en una sana estabilidad institucional”, manifestó.

Reiteró su compromiso para seguir trabajando y lograr que el Poder Judicial de la Federación sea un espacio libre de violencia de género, y afirmó que se enfoca en la prevención y se trabaja, a marchas forzadas, para transversalizar la igualdad de género en temas esenciales como: reconocer y redistribuir las labores de cuidado.

La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, visitó este miércoles al periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje por las autoridades rusas, tras la decisión de de prolongar su arresto hasta el próximo 30 de marzo.

“Hoy visité al periodista estadounidense Evan Gershkovich en la prisión preventiva de Lefórtovo, donde está recluido. Evan se encuentra en buen estado de salud y conserva el buen ánimo”, escribió Tracy en Telegram.

Y es que la justicia rusa desestimó un recurso de apelación interpuesto por Gershkovich, acusado de espionaje, y ratificó su arresto hasta el 30 de marzo.

La Corte dictaminó “no satisfacer la apelación de la defensa” y mantener “sin cambios” la anterior decisión dictada el pasado 26 de enero, que prevé prolongar la medida cautelar de arresto, según reportó la agencia rusa TASS.

La sesión se celebró a puerta cerrada dado “el carácter secreto” de la causa penal en contra del periodista de The Wall Street Journal.

Recordemos que Gershkovich, de 33 años, fue detenido a fines de marzo de 2023 en Yekaterimburgo, capital de los Urales, y el 7 de abril fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), antiguo KGB.

Según el FSB, el periodista “recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso”.

Las autoridades estadounidenses y el periódico para el que trabajaba han negado las acusaciones de las fuerzas de seguridad rusas contra el periodista y han exigido su liberación inmediata.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un buen diagnóstico como candidato cuando señaló a la corrupción como el gran reto de México. Por ello debería sorprender su apoyo a Ernestina Godoy y su empeño en mantenerla cerca de su círculo político.

Ernestina Godoy no es una buena abogada. Ni siquiera debiera tener su título ya que la tesis para obtenerlo fue un plagio, como bien documentó Guillermo Sheridan. Su paso por la fiscalía ha destacado por la politización de la justicia. Desde el encarcelamiento de Alejandra Cuevas por un delito inventado con tal de darle gusto al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, en su ánimo de venganza personal, hasta la total impunidad para la gente de la CDMX ante la caída de la Línea 12 de metro que dejó 26 muertos. Nadie pagó por esta tragedia, no porque no hubiera responsables, sino porque habrían sido funcionarios de gobierno de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con un récord tan lamentable como Fiscal de la CDMX, debería sorprender que López Obrador saliera en su defensa en la mañanera de ayer, como lo hizo: “Lo de Ernestina Godoy es una venganza, porque es una mujer íntegra, honesta, una verdadera impartidora de justicia pero como se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes, y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones, porque si hacían departamentos se quedaban con uno o dos y con dinero, y como buenos hipócritas, no perdían su respetabilidad, según ellos eran puros. Como actuó con rectitud, pues se vengaron.  Aunque obtuvo mayoría…no tuvo la calificada…Ernestina Godoy va a tener mucho apoyo, porque en el proceso de transformación se toma en cuenta a la gente honesta. Aquí tiene las puertas abiertas para lo que ella quiera, y en el futuro tendrá muchas posibilidades. Es un triunfo pírrico de los corruptos.”

Eso es una defensa a ultranza, no de la justicia, sino de una herramienta política que le es útil a un presidente que no quiere gobernar sin una fiscalía a modo. Este apoyo a Godoy es una muestra más de que la lucha en contra de la corrupción y la preocupación por un país más justo es un discurso presidencial, más no una meta de su gobierno.

Digo que debería sorprender el apoyo de AMLO a Godoy pero, al pensar en el mismo apoyo a impresentables como Bartlett; Feliz Salgado Macedonio y un largo etcétera se entiende lo que tantas veces repitió el presidente sobre sus prioridades: 100% lealtad 0% capacidad. Esa es Godoy. Ese es AMLO. Esa es Claudia. Y este tipo de apoyos a personajes que son útiles a parte de la clase política y no a México conforma parte de las características que habrá que tomar en cuenta a la hora de emitir el voto en junio próximo.

¿Queremos que sigan al mando los que politizan sin rubor la política? ¿Queremos que la justicia sea una herramienta para aplastar a adversarios y para saciar ánimos de venganza personales?

Lo que hemos visto con el empuje y apoyo a Ernestina Godoy no deja lugar a dudas de lo que significa la continuidad o el segundo piso de la 4T que ofrece Claudia Sheinbaum a los electores.

Columna completa en El Universal

México enfrenta un nivel de impunidad del 99% en los delitos de desaparición de personas, para casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, dato que refleja una crisis profunda en la justicia y los derechos humanos.

Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México, con el fin de combatirla, presentó su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México.

Entre otros hallazgos del informe, se señala que la impunidad acumulada en casos de desaparición registrados por el fuero federal es del 98% para el delito de desaparición forzada, 100% de impunidad acumulada para el delito de desaparición cometida por particulares y 99% de impunidad acumulada para ambos delitos.

También se indica que a casi cinco años de su promulgación, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas “sigue sin ser plenamente implementada”, dejando brechas significativas en la persecución y sanción de estos delitos.

El reporte también refiere el creciente aumento de delitos de desaparición, sumado a la persistente impunidad que obstruye la investigación y esclarecimiento, lo que indica que México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos.

De 2019 a 2022 en el país se registraron 35,669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.

A todo ello hay que sumar la “falta de transparencia en la información” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) lo que “dificulta la comprensión de la magnitud de la crisis”.

Además de discrepancias entre informes estatales y el tablero público, así como en la sistematización de fosas clandestinas, resaltan la urgencia de una mayor claridad.

La organización indicó que el informe retoma el cálculo de impunidad acumulada desarrollado anteriormente en los delitos de homicidio doloso y feminicidio 2022, para conocer la impunidad entre los años 2019 y 2022.

Recordemos que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en el país se contabilizan más de 113,000 casos, mientras que el año pasado el país superó la cifra de 100,000 personas no localizadas desde que hay registro, en 1962.

México tiene una independencia judicial “precaria” y su presupuesto es “un talón de Aquiles” para su correcto funcionamiento, concluyeron dos informes de las organizaciones México Evalúa, Impunidad Cero, Fundación Konrad Adenauer y la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), entre otras.

“Todos estamos conscientes del momento muy delicado para la independencia judicial que estamos viviendo, no solamente en México, sino en también en otras muchas partes del mundo”, advirtió en una conferencia la coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, Laurence Pantin.

“Desde hace unos años observamos una tendencia adversa y, en lugar de que se consolide la independencia judicial, detectamos estrategias para debilitarla”, consideró.

El estudio ‘Independencia judicial, ¿dónde estamos? Un análisis subnacional’ destacó que ninguno de los 32 estados del país alcanza un 50% de independencia judicial, con base en 51 indicadores internacionales retomados para este análisis.

Alejandra Quezada, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, detalló que solo seis entidades mexicanas cumplen con el 40% de los indicadores de independencia judicial: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Puebla.

En contraste, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Sinaloa y Tlaxcala fueron los estados cuya normatividad cumple con menos indicadores.

En este sentido, animó a los organismos judiciales de los estados y a legisladores a proponer e incluir los más altos estándares que garanticen la independencia de las instituciones impartidoras de justicia.

Entre los 51 indicadores de referencia internacional, 16 se enfocan en garantías de la independencia institucional, 30 en independencia profesional y cinco en independencia funcional.

Entre estos, destacaron áreas de oportunidad en los mecanismos para nombramientos y destituciones de jueces y magistrados, en el combate a la corrupción, en la protección a la integridad física de los impartidores de justicia y diferencias entre remuneraciones por el mismo trabajo, entre otras.

Pantin también aclaró que, aunque la existencia de una norma no garantiza su cumplimiento, es preferible que las garantías se incorporen en la normatividad al ser un piso mínimo.

Por otro lado, José Antonio Caballero y Juan José Garza, autores del estudio, afirmaron que estos recursos son la principal herramienta para el correcto funcionamiento de la gobernanza la interior del sistema judicial.

Sostuvieron que la independencia judicial también debe garantizar el flujo estable de los recursos para financiar todas las actividades del Poder Judicial, lo que contrasta con lo sucedido en el Congreso recientemente, que aprobó una reducción de más de 360 millones de dólares a lo solicitado por el Poder Judicial para el año entrante.

Todo esto sucede también cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) critica constantemente supuestos privilegios del Poder Judicial, como salarios altos y deficiencias en la impartición de justicia.

Estados Unidos dijo este martes que está “profundamente preocupado” por las acciones de quienes siguen intentando “socavar” la democracia en Guatemala.

“Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las acciones de quienes intentan socavar la democracia en Guatemala. Estos esfuerzos socavan la clara voluntad del pueblo guatemalteco”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Y es que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió al partido del presidente electo, Bernardo Arévalo, Movimiento Semilla, quien calificó la medida de “ilegal” y denunció una “persecución política” en su contra de cara a su toma de posesión el próximo 14 de enero.

Se “resuelve suspender provisionalmente la inscripción de persona jurídica del Comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla”, señaló la resolución de la Corte electoral, que acató un polémico fallo solicitado por la fiscalía.

Tras la primera vuelta de las elecciones el pasado 25 de junio, el juez Fredy Orellana ordenó al tribunal electoral suspender a Movimiento Semilla debido al inicio de una investigación penal por supuestas anomalías en los afiliados del partido en el momento de su creación en 2017.

Sin embargo, el Tribunal no acató en ese momento la orden del juez porque no podía suspender un partido en medio de un proceso electoral.

En medio de presiones internacionales, la Corte de Constitucionalidad del país garantizó entonces que el balotaje (segunda vuelta) se realizaría en la fecha prevista y con los candidatos vencedores en la primera vuelta.

Arévalo calificó la orden del juez de “absolutamente ilegal” y aseguró que forma parte de un “proceso de persecución política”. “Nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente”, añadió Arévalo.

Según analistas, la suspensión de Semilla no afecta la asunción de Arévalo, cuya seguridad fue reforzada ante informes de un posible atentado en su contra. Sus efectos podrían recaer sobre la bancada del partido en el Congreso, pues pueden perder facultades como la de presidir comisiones.

La suspensión de Semilla se da “sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado”, denunció la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado. Es “una interpretación abusiva de la ley”, según la OEA.

Simultáneamente a la suspensión de Semilla, el Tribunal electoral oficializó los resultados del balotaje a favor de Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo que gobernó Guatemala de 1945 a 1951.

“Se acuerda (…) declarar legalmente electo como presidente de la República de Guatemala al ciudadano César Bernardo Arévalo de León, a quien se adjudica el cargo por el periodo improrrogable de cuatro años comprendido del 14 de enero de 2024 al 14 de enero de 2028”, dijo en conferencia de prensa el secretario general del tribunal, Mario Velásquez.

El partido de la ex candidata presidencial Sandra Torres, Unidad Nacional de la Esperanza, estimó en la red social X que la oficialización de resultados de los comicios fue “precipitada” y pidió resolver una presunta “lluvia de anomalías”.

Finalmente, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reiteró este martes que se realizará una transición de poder “ordenada” con las autoridades electas y bajo la supervisión de la OEA.

“Ahora se abren las puertas a una transición de Gobierno ordenada y transparente”, expresó Giammattei, al tiempo que anunció que el 4 de septiembre se reunirá con las autoridades electas, es decir con Arévalo.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó que la sesión en la que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dio a conocer el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2024, es una “afrenta para el pueblo y al Poder Legislativo”.

“Esto que no tiene antecedente en la historia del Poder Judicial, es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la división de poderes, especialmente al pueblo de México, porque obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de las tres instituciones de dicho poder me parece un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas”, indicó el legislador.

El morenista afirmó que lo único que se desprendió de la sesión, fue un mensaje a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se le autorizan los miles de millones de pesos que el Poder Judicial solicita no habrá justicia en México.

“¿El mensaje que envían al Legislativo es que, si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de los legisladores? No son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto en procesos de señales mafiosas”, acusó.

El líder parlamentario recordó que según lo expuesto por la ministra Piña Hernández, se solicitó 84 mil 794 millones de pesos, con el fin, refirió textualmente de “garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.

Mier Velazco reiteró que ha invitado en varias ocasiones a la presidenta de la SCJN a la Cámara de Diputados y no accedido a ir, por lo que se le volverá a citar para que explique el presupuesto solicitado, y sobre todo, lo que “cuestan los salarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México”.

El diputado recordó que de 2007 a la fecha el Poder Judicial ha tenido un incremento mayúsculo en su presupuesto; sin embargo, apuntó que “la impartición de justicia pronta expedita y gratuita deja mucho que desear”, ya que sólo ha resuelto 2% de sentencias del total de los asuntos que tiene en su poder.

Al ser cuestionado sobre si aprobarán o no la propuesta del Poder Judicial, enfatizó que no son los tiempos, ya que el periodo legislativo no ha iniciado, por lo que dijo que van a analizarlo con los ministros en su momento.

Rechazó que desde el poder Legislativo, específicamente desde las bancadas afines al gobierno, se busque asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial, “no es nuestra intención, por eso me sorprendió el mensaje, parecería que es al revés”.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “es mucho el cinismo” de los ministros de la Corte y por ende del Poder Judicial, en especial de la ministra presidenta, Norma Piña, al solicitar su presupuesto y estar dispuestos a defenderlo aún violando la Constitución.

“Ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido (…)  no me va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos”, dijo el mandatario.

AMLO dijo que al Poder Judicial no le hacen falta recursos, pues insistió en que tiene un fideicomiso de poco más de 20 mil millones de pesos, además de los 84 mil millones que ahora solicitan. Acusó en que su “guardadito” en el fideicomisos es para tener reservas y financiar todos sus excesos.

López Obrador reitera que los miembros del Poder Judicial, ministros, magistrados, jueces, representan a una minoría rapaz. “Ellos no representan el pueblo. No hay nada que hagan a favor del pueblo. Están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico, para eso están”, remató.

El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este viernes el nombramiento de un fiscal especial para la investigación contra Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden.

Será David Weiss, fiscal federal de Delaware, quien esté al frente del caso. No le será algo nuevo, pues Weiss ha liderado hasta ahora las pesquisas desarrolladas contra Hunter Biden.

El jurista “supervisará la investigación y decidirá dónde, cuándo y si presentar cargos” y “no estará sujeto a la supervisión diaria de ningún funcionario del departamento”, precisó Garland.

Y es que recordemos que Hunter Biden está acusado de no haber declarado correctamente sus impuestos en 2017 y 2018 y, además, se le ha imputado un delito relacionado con la posesión de un arma de fuego, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones.

“El anuncio de hoy otorga a los fiscales, agentes y analistas que trabajan en este asunto la capacidad de realizar su trabajo con celeridad y tomar decisiones indiscutiblemente guiadas únicamente por los hechos y la ley”, destacó Garland.

Los republicanos, liderados por el exmandatario Donald Trump, han utilizado la investigación contra Hunter Biden para sembrar dudas sobre sus negocios en el extranjero y para describir a la familia del presidente como corrupta.

La investigación contra Hunter Biden se abrió en 2018 durante el mandato de Trump y ha sido utilizada por los conservadores para atacar al presidente demócrata, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta indagación hasta el final.

Este movimiento se da a poco más de un año de que se celebren elecciones presidenciales, donde se espera que Trump y Biden vuelvan a disputar la Casa Blanca.

La carrera política del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se desplomó este viernes, después de que los jueces del Tribunal Electoral Federal (TSE) votaron a favor de prohibirle ejercer cargos públicos hasta 2030 por su conducta durante las elecciones del año pasado.

Cinco de los siete jueces votaron a favor de condenar a Bolsonaro por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación el año pasado, cuando convocó a embajadores para ventilar afirmaciones infundadas sobre el sistema de votación electrónica de Brasil.

Bolsonaro, exmilitar que perdió las elecciones de octubre por un estrecho margen frente a su rival izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, está acusado de crear un movimiento nacional para anular el resultado, que culminó con la invasión de edificios gubernamentales en Brasilia por miles de sus partidarios el 8 de enero.

El juez principal del caso, Benedito Goncalves, votó a principios de esta semana para que no se le pueda elegir durante ocho años, diciendo que había “usado la reunión con los embajadores para difundir dudas e incitar a las teorías de la conspiración”.

Sin embargo, Bolsonaro niega cualquier delito y ha dicho que planea apelar ante el Tribunal Supremo. “No he atacado el sistema de votación, sólo mostré sus posibles fallas”, dijo Bolsonaro en una entrevista con Itatiaia previo al juicio. “Este juicio no tiene ningún sentido”, añadió.

Admirador declarado del expresidente Donald Trump, Bolsonaro fue criticado a nivel internacional por su mala administración de la selva amazónica, su enfoque de “laissez-faire” en las restricciones del COVID-19 y sus ataques sin pruebas al sistema electoral de Brasil.

El fiscal especial John Durham concluyó que el FBI no tuvo que haber lanzado una investigación sobre la supuesta vinculación de la campaña del expresidente Donald Trump y Rusia, en las elecciones de 2016.

Esto se conoce al revelarse un informe publicado este lunes tras una indagación que se prolongó por cuatro años.

En el reporte, de más de 300 páginas, Durham indicó que el FBI empleó información de Inteligencia “no corroborada, sin procesar ni analizar” para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña de Trump y sus posibles lazos con Rusia.

Recordemos que Durham fue designado en 2019 por el entonces secretario de Justicia, William Barr, durante el mandato de Trump para que examinara la investigación previa llevada a cabo por la agencia federal sobre los presuntos vínculos entre el equipo electoral del republicano y Moscú.

El fiscal especial argumenta que, tras revisar la investigación del FBI y otras actividades de Inteligencia, ha concluido que “el Departamento (de Justicia) y el FBI fracasaron a la hora de cumplir su misión de fidelidad estricta con la ley, en conexión con ciertos eventos y actividades descritos en este informe”.

Durham señala en el texto que responsables del FBI mostraron “una ausencia grave” de rigor analítico en el tratamiento de la información que recibieron, especialmente la relacionada con personas y entidades con afiliaciones políticas.

En suma, el manejo por parte del FBI de varios aspectos clave en este caso fue “gravemente deficiente”, de acuerdo al fiscal especial, quien consideró que este fracaso a la hora de cumplir con su responsabilidad hacia el público causó un “daño severo” a la reputación de la agencia.

En su momento, Barr abrió esta investigación tras la insistencia de Trump en que su campaña había sido objeto de espionaje antes de las elecciones de 2016 por parte de la inteligencia estadounidense, bajo las órdenes del entonces presidente, Barack Obama.

De esta forma, el Departamento de Justicia se investigó a sí mismo, ya que ese supuesto espionaje lo habría llevado a cabo el FBI, agencia con la que Trump fue muy crítico desde su llegada al poder.

Trump pretendía llegar a la raíz que originó la investigación sobre la llamada “trama rusa” liderada por Robert Mueller, que le atormentó durante los dos primeros años de su Presidencia y que finalizó en marzo de 2019 con la conclusión de que ni él ni nadie de su entorno trabajó con el Kremlin para ganar los comicios de 2016.

En un comunicado, el FBI aseguró este lunes que su cúpula “ya ha aplicado decenas de acciones correctivas, que llevan en marcha desde hace tiempo” en respuesta a los comportamientos denunciados por Durham.

El expresidente Donald Trump optó por desacreditar a la justicia estadounidense, al acusarla de parcial en un mitin en Waco, Texas, justo cuando podría ser imputado en Nueva York en un caso por el supuesto pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels.

“¡No tienen nada (contra mí)!”, dijo un Trump enfurecido ante la multitud concentrada para verlo en el Aeropuerto Regional de Waco, donde se presentó como una víctima de la justicia y arremetió contra los abogados que llevan su caso en la Fiscalía de Distrito de Manhattan, a los que insultó y tachó de “escoria”.

Aseguró sin pruebas que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Dragg, está prevaricando y actúa bajo la dirección del Departamento de “Injusticia” del país para intentar imputarlo de algo, según él, que no constituye un delito.

De hecho, fue aun más lejos y afirmó de manera infundada que el Departamento de Justicia ha mandado “operativos” a la oficina del fiscal para garantizar que “se hacen cargo de Trump” y que terminan lo que no “lograron hacer” en Washington.

El expresidente atribuyó esta y otras causas abiertas contra él a una conspiración de los demócratas para que no se presente a la elección de 2024.

Recordemos que la investigación de la Fiscalía de Nueva York, que ha durado casi cinco años, se centra en el supuesto pago por parte del equipo de Trump de 130,000 dólares a Daniels durante la campaña electoral de 2016 que lo llevó a la Presidencia, a cambio del silencio de la actriz porno sobre una relación sexual que tuvieron en 2006.

El caso está ahora en manos de un gran jurado, que debe decidir si imputa o no al exmandatario. Si Trump es acusado se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal.

El exgobernante se lanzó también con Daniels durante el mitin de este fin de semana, a la que llamó “cara de caballo” y de la que aseguró que nunca le gustó y que para él la única mujer siempre ha sido “la gran primera dama”, en referencia a su esposa, Melania Trump.

Fiel a su estilo, el magnate neoyorquino criticó a otras instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo por decidir en noviembre pasado que sus declaraciones de impuestos no se mantuvieran en secreto, como había solicitado él mismo.

Trump dijo que “cada pieza” de su vida financiera y de negocios ha sido “diseccionada” como la de nadie en el país: “Algo que se supone que no tendría que haber pasado”. También acusó al Supremo por “no haberse atrevido” a declarar inválidas las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden y que el entonces presidente republicano denunció sin pruebas que habían sido manipuladas por los progresistas.

Trump también lamentó que su exabogado Evan Corcoran tuviera que prestar declaración el viernes ante otro gran jurado federal por el caso de los documentos clasificados hallados en la mansión en Florida del exmandatario.

En este punto, volvió a acusar a la Justicia de parcial y señaló que los únicos letrados que tienen que comparecer ante grandes jurados investigadores son los de los republicanos.

Trump había promocionado este mitin en Waco como el primero de su campaña electoral para los comicios del próximo año, si bien es cierto que este no es el primero desde que se postuló en noviembre como candidato a la nominación republicana.