Tag

justicia

Browsing

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, rindió esta tarde su segundo informe anual de labores, en el que dijo que la lucha contra la corrupción será una de las prioridades de su administración.

El ministro recordó que, aunque el 2020 ha estado marcado por una pandemia mundial, gracias a un esfuerzo colectivo, la justicia en el país no se detuvo.

“Desplegamos un esfuerzo institucional sin precedentes, para enfrentar la emergencia sanitaria sin detener un solo día los servicios de justicia. Consolidamos la transición a la justicia digital y trabajamos arduamente por defender y empoderar a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad; por continuar el combate implacable contra la corrupción y el nepotismo; por alcanzar la igualdad de género y la paridad; por modernizar la formación de nuestros cuadros jurisdiccionales; por implementar el nuevo modelo de justicia laboral, y por impulsar una reforma a la justicia federal, respetuosa de la independencia judicial y de la división de poderes”.

Señaló que una de las estrategias centrales de su administración ha sido el combate a la corrupción y al nepotismo, acatando una política de cero tolerancia.

En el rubro del combate a la corrupción, Zaldívar enfatizó que se puso en funcionamiento el nuevo buzón de quejas y denuncias del Consejo de la Judicatura, el cual garantiza el anonimato, y turna de forma automática el asunto a las instancias competentes para su investigación, y permite, si es oportuno, solicitar de inmediato la atención o asesoría de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual.

Al informar que actualmente existen seis carpetas de investigación en trámite derivadas de denuncias presentadas por el Consejo, dijo que eso constituye una cifra inédita en el combate a la corrupción.

Añadió que se han impuesto sanciones en casos de alto perfil ocurridos en el pasado, como el de la venta de exámenes para el vigésimo octavo concurso para la designación de juezas y jueces de distrito; y el del Director General de Inmuebles y Mantenimiento a quien le fue descubierto dinero en la cajuela de su auto.

Indicó que las y los juzgadores federales deben tener un patrimonio que responda estrictamente a los ingresos comprobables derivados de su función jurisdiccional, por ello señaló, el seguimiento a la evolución patrimonial seguirá siendo una herramienta central en la lucha contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas traicionan la confianza de la ciudadanía.

En ese sentido expresó que el combate contra la corrupción seguirá siendo prioridad de su administración.

“Hemos logrado avances importantes, pero aún falta mucho por hacer. El reto es enorme, no es tarea fácil: se requiere voluntad, decisión y tiempo, sobre todo cuando hasta hace poco, la corrupción era un concepto vedado al interior de la Institución”.

Aseguró que a diferencia de lo que pasaba antes, hoy se visibiliza la corrupción y se combate. Insistió en que la gran mayoría de los juzgadores y juzgadoras federales son personas honestas e íntegras, por lo que la lucha contra la corrupción es también por ellos, ya que si se combate a los corruptos, se defiende a los honestos.

En su informe de labores, Arturo Zaldívar aseguró que eliminar la brecha de género dentro del Poder Judicial y consolidar la igualdad sustantiva en favor de las mujeres, lo que dijo es fundamental para transformar la realidad de la justicia federal y de nuestro país.

Así, dijo que en 2020 se dieron pasos decisivos para alcanzar la igualdad y paridad de género al interior del Poder Judicial; ejemplificó que se impulsó una política integral que comprende tres líneas de acción: conciliación personal, familiar y laboral; juzgar y defender con perspectiva de género, y consolidar una cultura libre de violencia de género.

También recordó que en el Consejo de la Judicatura Federal entró en funciones la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, con el fin de proporcionar atención inmediata y acompañamiento a las víctimas en casos de violencia sexual y de género.

Otro aspecto que mencionó, fueron las políticas de austeridad que se implementaron durante el ejercicio 2020. Insistió en que la gestión administrativa generó importantes ahorros y economías. Expuso que, en el Consejo de la Judicatura, se racionalizó el gasto de operación, se contuvo el crecimiento de las estructuras ocupacionales en áreas administrativas, y se simplificaron y automatizaron procesos, todo lo cual permitió generar ahorros por más de 700 millones de pesos.

Añadió que, en el ejercicio del presupuesto, se abatió una vez más la tendencia histórica del subejercicio, al alcanzar una eficiencia en el uso de los recursos de más del 99%.

“Aún quedan muchos objetivos por alcanzar, pero los cimientos están puestos y el camino trazado. Hoy en día, tenemos una justicia federal con un rostro distinto. Una justicia digital, una justicia en la que se hace más con menos, una justicia que tiende la mano a las personas más vulnerables, una justicia comprometida con una nueva forma de pensar y razonar el derecho, una justicia que avanza hacia la igualdad y paridad de género”, sostuvo el ministro presidente.

Zaldívar aseguró que se está demostrando con hechos y no con discursos; con acciones y no con palabras; con resultados y no con promesas, el compromiso con la renovación de la justicia federal. Al insistir en que no los detuvo la pandemia, aseguró que tampoco lo harán las resistencias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este miércoles que aunque no habrá impunidad en el caso del general Salvador Cienfuegos, ahora que regresará en las próximas horas a nuestro país, tampoco se va a permitir que se fabriquen delitos.

«Tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas, y nadie, ninguna persona, puede ser víctima de una injusticia», declaró el mandatario.

Precisó que la intervención diplomática que se suscitó en torno al caso del exsecretario de la Defensa Nacional se hubiera hecho en caso de haber sido cualquier otra persona, cualquier otro mexicano, pues lo que se dejó en claro es que no se permitirá ninguna injusticia.

López Obrador sostuvo que Estados Unidos entendió muy bien que México es un país libre, independiente, soberano.

El presidente precisó que la intervención diplomática que hubo, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard no fue a a cambio de impunidad, encubrimiento o subordinación política.

En ese sentido reafirmó que las cosas han cambiado en México, por lo que se siga pensando que los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México ya no corresponden a la nueva realidad.

«No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie, nos quedamos con la idea, además, porque los gobiernos no supieron actuar a la altura de las circunstancias, nos quedamos con la idea de que lo de afuera era lo cierto, lo justo y todo lo de México, lo de nuestro país era corrupción, impunidad, Estado de chueco, no de derecho. Eso ya pasó».

Dijo que ahora hay moralidad en el gobierno, por lo que ahora el caso del general Salvador Cienfuegos se va a seguir en nuestro país, y será la Fiscalía General de la República (FGR), una autoridad competente y recta, quien continúe con la investigación que ya se inició.

AMLO llamó a tener confianza en la justicia mexicana, en la FGR, que dijo, actuará con apego a la legalidad y sin influyentismo.

Fue en ese momento cuando preguntó por qué tenerle confianza a un juez, a un fiscal en Estados Unidos y no tenerle confianza en esta nueva etapa a un juez, a un fiscal en México. «Vamos a que hablen los hechos, vamos a esperar».

El presidente Donald Trump anunció este miércoles el envío de agentes federales que se unirán a la Guardia Nacional en Kenosha, Wisconsin, para sofocar los disturbios raciales que hasta la noche de ayer tenía como saldo dos muertos y un herido, hechos por los que ha sido detenido un joven de 17 años.

El gobernador de Wisconsin, Tom Evers, aceptó el despliegue de los agentes federales, indicó Trump en un tuiit, en el que aseguró que no tolerará «saqueos, incendios intencionados, la violencia y la ilegalidad en las calles de EE.UU.»

Paralelamente, las autoridades del Condado Lake, en el vecino estado de Illinois, anunciaron la detención de un joven identificado por los medios como Kyle Rittenhouse, de 17 años, acusado de las dos muertes y las heridas causadas a otra persona en un enfrentamiento con manifestantes en Kenosha el martes de noche.

Videos grabados por testigos durante los hechos, publicados por los medios locales, muestran a un joven blanco armado con un fusil disparando contra los manifestantes.

El diario Milwaukee Journal Sentinel indicó que Rittenhouse se enfrenta a cargos de homicidio intencionado en primer grado en los tribunales del Condado de Kenosha.

El jefe de Policía del Condado Kenosha, David Beth, dijo en conferencia de prensa que de nuevo hoy habrá un toque de queda en la ciudad a partir de las 19:00 horas y que después de esa hora ya no se permitirán las protestas pacíficas y se dispersará a los manifestantes.

«Los problemas de violencia empiezan cuando oscurece», dijo Beth. «Tenemos 700 agentes policiales, tenemos cientos de soldados de la Guardia Nacional y actuaremos de manera muy firme. Si alguien no cumple con el toque de queda, será detenido por violación de la norma».

Beth dijo estar «orgulloso de la gente de Kenosha, una ciudad en la cual no estamos acostumbrados a estos motines».

Las protestas se desencadenaron después de que un policía blanco disparase al afroamericano Jacob Blake siete veces en la espalda el domingo cuando se alejaba de los agentes, sin aparentemente representar una amenaza, y abría la puerta de un vehículo SUV donde estaban sus tres hijos menores de edad, en una escena que fue captada por las cámaras de los teléfonos móviles de testigos.

El padre de la víctima, que se llama también Jacob Blake, lamentó que la policía dispara «siete veces, siete veces, como que él no importaba (…() Pero mí hijo sí importa», añadió. «Es un ser humano, y él importa».

Estos incidentes ocurren tres meses después de la muerte el 25 de mayo de George Floyd, un hombre de raza negra, asfixiado por un policía blanco, que presionó su rodilla contra su cuello durante 8 minutos y 46 segundos.  La muerte de Floyd detonó protestas multitudinarias y disturbios violentos en ciudades de todo el país.

Al respecto, el candidato demócrata para las presidenciales estadounidenses, Joe Biden, informó esta tarde que habló con la familia de Jacob Blake, a quien le prometió «justicia».

«Una vez más, un hombre negro -Jacob Blake- ha recibido disparos de la policía. Ante los ojos de sus hijos. Esto me pone enfermo», escribió Biden en un texto en Twitter, acompañado de un mensaje de video.

«He hablado hace poco con la madre y el padre de Jacob, con su hermana y otros miembros de la familia y les he dicho que había que impartir justicia y que así se hará», dijo Biden en el video.

«Nuestros pensamientos son para su familia, especialmente sus hijos. Lo que vieron es horrible: su padre tiroteado», añadió.

En su mensaje, el exvicepresidente de Barack Obama, que goza de una buena popularidad entre el electorado afroestadounidense, habló también de las manifestaciones antirracistas que estallaron en varias ciudades del país en los últimos días.

«Rebelarse contra la brutalidad es un derecho y una necesidad absoluta. Pero incendiar bienes públicos no es manifestarse, es violencia inútil», consideró el candidato demócrata.

Los jugadores de los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati de las Grandes Ligas de béisbol se sumaron este miércoles al boicot en la NBA para protestar por el ataque policial contra el afroestadounidense Jacob Blake, reportaron medios.

Los Cerveceros, que iban a enfrentar a los Rojos este miércoles como locales, siguen así el paso tomado por los Milwaukee Bucks, el primer equipo de la NBA en negarse a jugar este miércoles, informó ESPN.

Tras la suspensión de este partido, otros equipos de Grandes Ligas como los Marineros de Seattle «están discutiendo la posibilidad de no jugar», informó la cadena deportiva.

La jornada de hoy en las Grandes Ligas consta de un total de 15 partidos, algunos de ellos ya en juego.

En la NBA, el plantón de los Bucks generó una reacción en cadena que terminó con la suspensión de los tres partidos de primera ronda de playoffs que se debían disputar hoy.

Foto: Twitter

José Woldenberg

EL UNIVERSAL

 

 

A la memoria de Salvador de Lara

Si a usted lo asaltan y el tipo le quita 50, 500 o 5000 pesos estamos frente a un típico juego suma cero. Lo que usted pierde lo gana el otro. Y la suma final es cero. Algo similar sucede si pierde la cartera, la encuentra una persona y no se la regresa. Su pérdida es exactamente la ganancia del otro.

Tengo la impresión que cuando nuestro presidente anima a que se exhiban los videos que muestran la corrupción de sus enemigos, piensa que está en un juego de suma cero: lo que ellos pierdan en prestigio él lo ganará. Y cuando sus adversarios hacen lo mismo imagino que lo hacen con la misma presunción: “lo que pierda el presidente y sus colaboradores en credibilidad lo ganamos nosotros”.

El “pequeño” detalle, sin embargo, es que no están bajo el formato de un juego suma cero, sino en otro, en el que todos pierden. Todos acusan a todos de corrupción y al final del descrédito no escapa nadie. Gracias a los esfuerzos agregados y documentados muchas personas llegan a la rotunda conclusión de que todos son iguales y que la política es sinónimo de corrupción. Triste desenlace de un juego tonto y suicida que crea en el imaginario público la idea de que una actividad central para la vida en común, la política, está por definición podrida.

En este ambiente puede sonar naif, pero hay centenas de militantes partidistas, legisladores y funcionarios públicos de todos los colores honestos, capaces, dedicados. Pero esa no es noticia. Solo cuando a alguno de ellos se le pesca “con las manos en la masa” el escándalo estalla y tiene visibilidad pública.

Aunque solo fuera por eso, es necesario combatir la corrupción e impartir justicia castigando a los culpables (único método conocido para intentar contenerla). Pero la fórmula debe ceñirse a un procedimiento impecable porque si no, contribuye también a la descomposición. Recordemos que en materia penal las responsabilidades son individuales, no colectivas.

¿Pero qué es lo que estamos viendo? ¿un proceso para impartir justicia o un espectáculo grosero? ¿una fórmula para sancionar a los responsables o un circo colorido? ¿un procedimiento para aclarar responsabilidades o un tribunal de opinión sumario sin garantías para nadie?

En tiempos recientes parecía abrirse paso una convicción (aspiración) que se puede sintetizar en dos fórmulas que han corrido con suerte: “la presunción de inocencia” y el “debido proceso”. Es decir, las garantías procesales para los presuntos inculpados que son inocentes hasta que un juez determine lo contrario, y el sumario, apegado a la ley, a través del cual se desahoga la investigación y el juicio.

Sin embargo, se está optando por “juicios” de opinión pública que nada tienen que ver con la justicia propiamente dicha. Se trata de un show degradado en el cual los imputados son condenados de inmediato, desacreditados de manera instantánea, y lo que después pase en tribunales parece no importar.

Cuando el presidente es al mismo tiempo fiscal, juez, cronista y propagandista el desenlace no puede ser bueno. Esa actuación que rebasa los límites que le imponen las normas es un obstáculo para una justicia digna de ese nombre.

El país necesita una política contundente contra la corrupción. Y hay instituciones y normas diseñadas para ello. Es imprescindible activarlas. No será con desplantes desde el Ejecutivo o con campañas publicitarias contra los adversarios desde cualquier flanco como México logrará anular la corrupción.

A un año de haber sido encarcelada, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, aseguró que pese a la saña con la que se le ha tratado, no dejará de luchar y demostrará su inocencia.

«Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí», dijo Robles Berlanga a través de una carta desde el penal de Santa Martha Acatitla.

La exfuncionaria señaló que se le acusa de una omisión, «no de corrupción», por lo que no «merece» estar en prisión.

Aseguró que se han violado sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, pues se le ha juzgado por quien es y no por lo que supuestamente hizo.

Denunció que se ha puesto en marcha toda una maquinaria para difamarla y hacer escarnio de su persona, «con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen».

Lamentó que a quienes se les ha acusado de delitos más graves, se les respetan sus derechos, mientras que a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad.

«Estoy aquí (cárcel) porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer. Quieren borrar una vida entera de lucha por mejorar nuestro país, y por abrir espacios y pelear por los derechos de las mujeres. Quieren borrar mi historia, anularme, silenciarme. No es la primera vez».

Aseguró estar tranquila de su trabajo al frente de las dependencias federales. Indicó que tal como lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “mi tribunal es mi propia conciencia”.

Relató que pese a despertar en ciertas ocasiones «desolada», está agradecida porque está viva y sana.

«No dejo de luchar entonces. Quiero demostrar mi inocencia. Pronto dejaré atrás este episodio. Estoy segura», remató la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto.

Sobre su posible salida de prisión, su abogado, Epigmenio Mendieta aseguró que Robles Berlanga debería estar libre en menos de 45 días o como mucho en dos meses.

En entrevista con Radio Fórmula dijo que si se resuelve favorablemente el amparo que presentaron contra la prisión preventiva el 4 de agosto, y que fue admitido, Robles «podrá enfrentar su proceso en libertad».

Recordemos que Rosario Robles está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos (225 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma, en la llamada Estafa Maestra.

El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo este martes su primera ejecución federal en 17 años, la de Daniel Lewis Lee, condenado por matar a una  familia de Arkansas como parte de una conspiración supremacista.

En 1996, Lee y otros cuatro miembros de una organización supremacista mataron al traficante de armas William Mueller, su mujer y la hija de ambos, de tan solo 8 años. De acuerdo con la Fiscalía, robaron armas y 50,000 dólares en efectivo para coadyuvar a sus planes de establecer una nación blanca.

Lee, que fue condenado a pena de muerte en 1999, finalmente ha sido ejecutado esta mañana, poco después de las 08:00 hora local, con una inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, en Indiana.

«Yo no lo hice», dijo Lee antes de ser inyectado. «He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Están matando a  un hombre inocente», fueron sus palabras según informa la cadena estadounidense NBC.

Y aunque Lee debía haber sido ejecutado ayer, la jueza federal Tanya S. Chutkan, del Distrito de Columbia, suspendió la ejecución al aceptar una demanda contra los nuevos protocolos de ejecución de la Administración de Donald Trump.

Chutkan coincidió con los demandantes en que los nuevos protocolos podrían suponer una violación de la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe expresamente las «penas crueles», debido a que la droga utilizada ahora para las ejecuciones de presos «produce sensación de ahogamiento y asfixia» provocando «dolor excesivo, terror y pánico».

Sin embargo, el Departamento de Justicia apeló y la Corte Suprema decidió, por cinco votos a favor y cuatro en contra, que debía procederse a la ejecución de Lee porque «los demandantes no han establecido que puedan tener éxito en sus demandas sobre la Octava Enmienda». Lee fue ejecutado apenas 31 minutos después de la resolución.

«Esta mañana, en la primera ejecución federal en 17 años, Daniel Lewis Lee fue ejecutado por inyección letal (…) Lee finalmente enfrentó la justicia que merecía», indicó el Fiscal General de los Estados Unidos, William P. Barr.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su compromiso de seguir trabajando para resolver el caso Ayotzinapa, esto al reunirse este viernes con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En encuentro se da luego de la reciente identificación de los restos de uno de los jóvenes que se encontraron en la Barranca de la Carnicería en Cocula, Guerrero.

«El presidente se comprometió a continuar con la investigación, la cual debe estar hasta esclarecer (el paradero) de todos los estudiantes», dijo a medios Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres al salir del encuentro en Palacio Nacional.

Ortega comentó que el presidente «ratificó su compromiso» con el caso, por lo que se dará seguimiento a las nuevas líneas de investigación. «El Gobierno está en disposición de avanzar en la investigación», añadió.

«(El anuncio) nos da la esperanza de que haya un esclarecimiento del caso, este es el inicio de la nueva investigación, nos dijo el presidente y como padres vemos una ruta, y confiamos que hay que seguir», expuso Ortega.

Durante su reunión, López Obrador reiteró a los padres de Christian Alfonso y al resto de los familiares de los estudiantes que el caso no quedará impune y habrá justicia.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado martes que logró la plena identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, con base en los restos óseos hallados en Cocula.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que lo que sigue en el caso de Christian, es que los culpables materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia. Además de que «existen más detenciones que realizar, más búsquedas que llevar a cabo, hay muchos pendientes todavía».

Recordemos que hace 10 días, la FGR ordenó la detención de 46 funcionarios por su presunta relación con la desaparición de los normalistas. Además, se detuvo a José Ángel Casarrubias Salgado, alías «El Mochomo», uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de desvío de dinero y actos de corrupción, tendrá este viernes en Florida su primera audiencia en una corte estadounidense tras su arresto este ayer en Miami.

La Oficina del Alguacil de los Estados Unidos (Office of the United States Marshal), informó este jueves que la audiencia se realizará a través de video, debido a la pandemia de Covid-19, y estará presidida por la jueza Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida.

El expediente judicial del caso señala que «Duarte ha sido acusado de malversación agravada y conspiración agravada, según la información proporcionada por el Gobierno de México».

Investigaciones periodísticas apuntan a que César Duarte ingresó a Estados Unidos el 28 de noviembre de 2016, con una visa de turista, que expiró seis meses después.

El expediente añade que «hay razones para creer» que Duarte estaba el pasado 2 de abril en un rancho de Torrance, Nuevo México, según información que proporcionó a las autoridades «una fuente confidencial» familiarizada con el caso.

La noticia del arresto de Duarte coincidió este miércoles con la reunión en La Casa Blanca de los presidente Donald Trump y  Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Duarte, con la asistencia de funcionarios de su administración y de otras (personas), malversó fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados», detalla la demanda de 9 páginas.

Precisa que el 8 de octubre de 2019, la jueza María Alejandra Ramos Durán, en Chihuahua, había emitido una orden de arresto contra el exgobernador.

Y es que las autoridades mexicanas detectaron irregularidades «significativas» en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado.

Según la demanda, desde al menos junio de 2011 hasta noviembre de 2014, Chihuahua transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que «Duarte era el accionista mayoritario». Se trata de la Unión Ganadera, División General Regional del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, SA de CV, SOFOM, ENR.

Sobre la detención de Duarte, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que «no es un regalo ni un
favor» del país vecino sino parte de los tratados internacionales.

Corral precisó que desde que el gobierno estatal se recondujo, ya en la administración del presidente López Obrador, el proceso de extradición, pues con la anterior administración, la formulación de la extradición no fue hecha de manera correcta. Dijo que el tema se colocó en la agenda binacional y la Fiscalía estatal trabajó conjuntamente con la Fiscalía General de la República (FGR).

«Ha sido un proceso muy largo como para decir que se trata de un asunto que surgió como si se intercambiaran favores. Es el cumplimiento de un tratado no es un regalo, no es un favor de Estados Unidos», señaló Corral en videoconferencia.

Corral consideró que el proceso de extradición de César Duarte «había sido muy manoseado por la anterior administración» y recordó que Duarte «tuvo la protección hasta el último día del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, él fue quien le colocó un manto de protección e impunidad de la que gozó hasta ayer», día que fue detenido.

El gobernador afirmó que la detención y extradición de Duarte podría sentar un gran precedente, en la historia de México para dar un «combate efectivo a la corrupción».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó este miércoles el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, ocurrido ayer en Colima.

«Es un crimen atroz, condenable y estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables», dijo el mandatario durante su conferencia matutina desde Puebla.

Aprovechó el tema para insistir en que su gobierno seguirá enfrentando a la delincuencia, de manera conjunta, con el fin de que no se repitan crímenes como el cometido en contra del juez.

AMLO advirtió que no cederán  ante ninguna amenazan y ante ningún acto de intimidación. Afirmó que no nada lo detendrá de lograr su promesa de limpiar y acabar con la corrupción en el país, que haya justicia, y que se garantice la paz.

«La intimidación no procede, porque nosotros tenemos como encomienda, mandato, el garantizar la paz y la tranquilidad en el país», añadió.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se unió a la condena del asesinato del juez, quien dijo, murió por cumplir con su labor.

“Para mí ha sido terriblemente difícil esta situación. Yo creo que no solamente para mí, sino para todos. Era un juez penal. Yo lo conocí personalmente, era secretario y uno de las gentes que estuvieron en la Corte mucho tiempo, y decirles que estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo», declaró Sánchez Cordero.

Recordó que Villegas Ortiz tenía algunos juicios de importantes personajes de la delincuencia organizada y aseguró que para ella su fallecimiento ha sido «sumamente triste y lastimoso» e indicó que se tendrá que trabajar en el esclarecimiento de las investigaciones.

Y aunque López Obrador no quiso dar detalles sobre la investigación que se lleva a cabo, adelantó que ya se tiene información sobre el móvil del crimen. Insistió en que no habrá impunidad y que los que cometen esos delitos serán castigados.

En ese sentido, adelantó que se reforzará la seguridad de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Villegas Ortiz se encargaba de llevar las audiencias preliminares y órdenes de aprehensión de delitos como narcotráfico, huachicol y lavado de dinero; estaba especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

En marzo de 2018, Villegas Ortiz ordenó el traslado de Rubén Oseguera González «El Menchito», hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio «El Mencho» Oseguera, desde un penal de Oaxaca, donde estuvo antes de ser extraditado a Estados Unidos, a uno de Jalisco.

Desde el 1 de febrero, Villegas Ortiz fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Colima.

De acuerdo a los reportes preliminares, ayer un grupo de hombres armados ingresó al domicilio del juzgador y lo asesinó junto con su esposa.

LUIS RUBIO

REFORMA

 

William H. McNeill, autor del famoso libro Plagas y Pueblos, comienza su texto contando que se interesó en ese tema al leer sobre cómo un pueblo guerrero tan preparado y numeroso como los aztecas, se sometió con tanta facilidad ante una pequeña runfla de vividores que comandaba Hernán Cortés. La respuesta es simple: enfermedades infecciosas que diezmaron a los mexicas.

Las plagas y las infecciones han acompañado a la humanidad desde siempre. Tucídides describe el impacto de una virulenta plaga sobre Atenas en la mitad de la guerra del Peloponeso como “la catástrofe fue tan devastadora que el hombre, no sabiendo qué vendría después, acabó siendo indiferente al reino de la religión y la ley”. En la oración fúnebre de Pericles, el famoso político enaltece la actitud de los atenienses ante la crisis, a pesar de que Esparta acabó ganando la guerra e imponiendo un régimen dictatorial. Sin embargo, visto en retrospectiva, la democracia ateniense sobrevivió y legó al mundo lo que Churchill acabó denominando como “el peor sistema de gobierno, excepto por todos los demás”.

Según un estudio de Josiah Ober y Federica Carugati*, la democracia ateniense persistió -y, a la larga, derrotó a Esparta- a pesar de las guerras y las plagas que duraron años, porque la solidez interna de su sociedad así lo facilitó. Saliendo de la epidemia, la gente resultó muy intolerante de las malas políticas y decisiones gubernamentales y más exigente sobre sus gobernantes.

La gran pregunta para México es si la democracia saldrá fortalecida o si continuará languideciendo (o peor). La respuesta depende de tres factores: primero, de las fortalezas y debilidades que la caracterizan; segundo, de la calidad del liderazgo; y, tercero, de la forma en que la ciudadanía aprenda de esta crisis, qué lecciones derive y cómo decida organizarse.

La naturaleza de nuestra democracia es bien conocida. Hace unos dieciocho años, en una ceremonia oficial, un reportero les preguntó a los líderes de los principales partidos políticos si México era una democracia. Las respuestas fueron reveladoras: el entonces presidente del PRI afirmó que México siempre había sido una democracia; el del PAN dijo que México era una democracia desde el 2000; y el del PRD respondió que México todavía no había alcanzado la democracia. Es decir, lo democrático depende de que un partido gane las elecciones, no de que exista una forma democrática de elegir y gobernar, lo que incluiría cosas como: pesos y contrapesos, equilibrio entre los tres poderes públicos, libertad de expresión, un poder judicial efectivo e independiente, una prensa independiente del gobierno y un respeto irrestricto a los derechos ciudadanos.

Medida con estos criterios, es claro que la democracia mexicana es más bien enclenque, lo que se ha demostrado por la facilidad con que el presidente y su partido han tomado control de todas las instancias de gobierno, incluyendo aquellas que teóricamente serían clave como contrapesos. En una palabra, el punto de partida no es encomiable.

Por lo que toca a la calidad del liderazgo, el panorama es elocuente. Tenemos un presidente que, por no tener asociación alguna con las decisiones de las pasadas décadas que él tanto reprueba, contaría con los elementos y la legitimidad para llevar a cabo las reformas que México efectivamente requiere. Sin embargo, su estrategia y, de hecho, sus instintos más básicos, le llevan a lo opuesto: a confrontar, descalificar, atacar y marchar hacia atrás. En lugar de construir, desmantela y en vez de sumar, resta. No hay mucho que se pueda esperar del liderazgo actual, pero un pregunta clave es qué clase de liderazgo alternativo pudiera emerger para el futuro, comenzando con las elecciones intermedias del año próximo. El crédito que anunció el sector privado para empresas pequeñas es un gran comienzo.

Al final del día, lo crucial radica en la ciudadanía, esa que ha sido sometida, controlada y vapuleada desde hace casi un siglo. Toda la estructura partidista e institucional fue construida para el control y nada -incluyendo la libertad de expresión y la alternancia de partidos en el gobierno- la ha erosionado mayormente.

Eso ha producido un fenómeno peculiar, que ilustró un estudio sobre la justicia en América Latina de hace un par de décadas: al comparar los factores que incidían en la justicia entre las diversas naciones de la región, los investigadores brasileños encontraron que México seguía pautas muy distintas. Resultó que había mayores semejanzas entre México y algunas naciones excomunistas, no en términos ideológicos, sino en la forma en que el sistema de partido dominante y controlador había disminuido a la ciudadanía.

Una generación después, hay innumerables esfuerzos organizativos, muchos de ellos muy innovadores, por parte de la ciudadanía, pero persisten muchas de las formas políticas ancestrales, comenzando por toda la estructura del partido gobernante.

George Bernard Shaw, el dramaturgo inglés, decía que “las personas razonables se adaptan al mundo, en tanto que las que no lo son tratan de adaptar al mundo a sí mismas; por lo tanto, el progreso depende de las personas que no son razonables”. Me temo que ahí nos encontramos, al menos por ahora.

 

El Fiscal General de los Estados Unidos William Barr junto a otros fiscales federales acusaron formalmente este jueves al presidente Nicolás Maduro y a otros 14 funcionarios venezolanos ​​de narcotráfico, corrupción y otros cargos penales.

Se indicó que Maduro y los funcionarios venezolanos de alto rango, tanto actuales como anteriores, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para «inundar» a los Estados Unidos de droga.

«El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción», dijo el Fiscal General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran las comunidades estadounidenses», añadió.

Se precisó que el anuncio de hoy busca erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno.

«Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales», añadieron.

Además de Maduro, entre los acusados figuran Diosdado Cabello; Hugo Armando Carvajal Barrios; Clíver Antonio Alcalá Cordones; Luciano Marín Arango; Seuxis Paucis Hernández Solarte; Vladimir Padrino López; Maikel José Moreno Pérez;  Tareck Zaidan El Aissami Maddah, entre otros.

Según lo anunciado, Maduro y los otros acusados ​​tenían la intención expresa de «inundar» los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar del país. Describieron que Maduro desplegó deliberadamente cocaína como arma.

Acusaron que durante la última década, funcionarios del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela con miles de millones de dólares. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal», dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.

Los fiscales indicaron que las acusaciones presentadas hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes del mundo de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la  justicia estadounidense. Precisaron que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas, sin importar quiénes sean o dónde vivan.

Derivado de las denuncias, el Departamento de Estado de EUA a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofrece hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro, y hasta 10 millones  y 5 millones respectivamente por información que conduzca al arresto y/o condena del resto de los funcionarios acusados.

En las denuncias se añade que en su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro negoció envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

 

María Magdalena Antón Fernández, madre de Fátima, exigió justicia por la muerte de su hija de siete años, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo en la alcaldía Tláhuac.

“Se tiene que hacer justicia, por la mía (su hija) y por todas las mujeres a las que les han quitado la vida», expresó Antón Fernández afuera del Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizan estudios genéticos al cuerpo de la menor.

Visiblemente molesta, la mujer confrontó a los reporteros que le preguntaban detalles sobre el caso y dijo no tener nada qué hablar con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también se encontraba en el lugar.

Por su parte, Sheinbaum expresó de manera breve que su administración está «con las víctimas y va a haber justicia».

Sobre el caso, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) informó que a la comunidad educativa Rébsamen ya se le investiga por la desaparición de su estudiante Fátima, quien, presuntamente, fue sustraída la semana pasada del plantel por una persona desconocida y encontrada sin vida el domingo.

Sin ahondar en detalles, el titular de la dependencia federal, Luis Humberto Fernández Fuentes, reveló que las indagatorias «ya van muy avanzadas» y en breve se darán los informes correspondientes, a fin de sancionar a quien resulte responsable en lo que compete a materia administrativa.

El funcionario destacó que todas las escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, incluida la Enrique C. Rébsamen, cuentan con protocolos para la entrega de los niños y las niñas, por lo que se agotan todas las pesquizas para resolver el caso de la sustracción de la menor, de siete años de edad.

«No juzgamos ni criminalizamos a ningún maestros. Primero se está investigando, a partir de los hechos será el Órgano Interno de Control el que determinará sí hay alguna responsabilidad o no. Todos los involucrados están dando su versión de los hechos, incluido el director», expresó.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) anunció hoy una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información para localizar a las personas que hayan participado en la desaparición y asesinato de Fátima en la alcaldía Tláhuac.

En conferencia de prensa, el vocero de la Procuraduría, Ulises Lara, explicó que “en imágenes obtenidas en cámaras particulares se observa a la menor al interior de la escuela, posteriormente se aprecia en otra cámara el paso de la menor acompañada de la mujer, en otras imágenes de las cámaras de videovigilancia se observó el paso de otro vehículo blanco circular por la avenida Melchor Ocampo de la alcaldía Xochimilco hasta llegar a la calle Camino Ancho e ingresar a un domicilio», detalló.

El vocero de la FGJ CDMX, dijo que hasta el momento cinco personas han declarado ante el agente del Ministerio Público, sin ningún detenido hasta ahora. Adelantó que se agotarán todas las líneas de investigación para sancionar a los responsables del asesinato de la menor.

“Estamos en la investigación de todas las líneas posibles, desde la familia y todo su entorno, todas las investigaciones estamos revisando las bases y en la casa estamos revisando todos los indicios, no hay nadie detenida; de la mujer no tenemos indicios», agregó.

No obstante, el vocero de la Fiscalí capitalina indicó que la madre de la menor de edad pudiera tener algún trastorno mental, por lo que realizaron las pruebas de genética para confirmar la identidad de la menor, lo cual resultó positivo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que Emilio Lozoya será extraditado a México luego de su detención en España, al estar acusado en nuestro país por diversos delitos, entre ellos desvío de fondos.

El mandatario aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo bien su trabajo.

“Ya informó el Fiscal General (Alejandro Gertz Manero) con amplitud sobre este tema y yo solo me sumo a lo que él expresó, es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso esta detención en España».

AMLO indicó que los pormenores se conocen, los delitos por los que se les acusa, lo que tiene que ver con el caso de Odebrecht y también lo de la compra de unas plantas de fertilizantes; señaló que eso s lo que se está investigando y es lo que llevó a la detención del exdirector de Pemex.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, López Obrador expresó que no cederán al enfrentar el problema de la corrupción, ya que ha sido un factor para detonar la inseguridad y la violencia.

Indicó que confía en el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República para regresar al país a quien también fuera parte de la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto en 2012.

«La Fiscalía está haciendo su trabajo muy bien. Les recuerdo que se trata de una institución autónoma no hay consigna específica. Sí hablamos de consigna, lo que queremos es que se destierre la corrupción de México y esto se está llevando a cabo en el marco de la legalidad, expresó.

Figuras trascendentales como Nancy Pelosi, la segunda personalidad política más importante de Estados Unidos después de Donald Trump, o Sanna Marin, la nueva Primera Ministra de Finlandia que, a sus 34 años se convirtió el pasado 10 de diciembre en la Jefa de Estado más joven de todo el mundo, marcaron la agenda del 2019.

Pero más allá de ellas, hay mujeres y movimientos encabezados por ellas que han querido mostrar, en México y en el mundo, que la violencia hacia la mujer y la disparidad en el trabajo, es inaceptable.

Este lunes arrancó el juicio en contra del primer señalado por el movimiento #MeToo, el ex director de cine, Harvey Weinstein. El mundo entero está familiarizado con esta sacudida que arrancó señalando a Weinstein en 2017 y, desde entonces, han sido muchos los hombres poderosos de varios ámbitos en el mundo que han caído en desgracia cuando mujeres los han acusado de acoso. Veremos sin con este juicio se comienza a poner fin a la impunidad de quienes estuvieron protegidos durante años por un sistema que normalizó relaciones de poder desiguales.

En Japón, la modelo y actriz, Yumi Ishikawa, generó conciencia sobre el requisito tan machista de que las mujeres usaran tacones al trabajo, a diferencia de los hombres que, evidentemente pueden ir a trabajar en zapatos bajos. En Japón los tacones son un requisito. Ishikawa subió un tuit quejándose de esta regla y éste fue compartido más de 30 mil veces en pocos minutos. Con su tuit, Ishakawa, de tan solo 32 años, se convirtió en la imagen del movimiento #KuToo: un amalgama de las palabras zapato (kutsu) y dolor (kutsuu) en japonés.

El movimiento de Las Tesis en Chile se hizo viral con el performance de “El violador eres tú”. Una coreografía que llegó a México también. Las mujeres buscan generar conciencia de que cuando un hombre abusa o violenta, no hay excusas de que es culpa de ella por la ropa que traía puesta o por el lugar por el cual caminaba.

Los números que ha reportado la ONU en tema de genero son alarmantes. Más del 17 por ciento de las mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia sexual o física de su actual pareja o de la pareja con la que tuvieron una relación en los últimos 12 meses. De las 87 mil mujeres asesinadas en el 2017, la mitad ocurrió a manos de su pareja o de algún integrante de su familia.

En México el caso de Abril Pérez Sagaón, que fue asesinada el 25 noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional en Contra de la Violencia contra la mujer, acaparó la atención.  A Abril le falló todo el sistema de justicia, de principio a fin. Es decir, desde que reportó por primera vez la violencia de su esposo, hasta su asesinato frente a sus hijos en noviembre pasado. Su caso conmovió pero, desgraciadamente no es ni será el único en donde prevalezca esta falla en el aparato de impartición de justicia.

La agenda de género fue uno de los grandes temas del 2019. Fue el año de los hashtags #MiPrimerAcoso #SiMeMatan #NiUnaMas y otros tantos que buscan hacer visible un problema en el cual apenas se asoma la punta de un enorme iceberg. México es el país en donde los feminicidios ocurren con mayor frecuencia en toda América Latina. Y es también el país en donde éstos quedan impune en casi todos los casos.

 

Columna completa en El Universal

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que, como toda persona, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido ayer en Texas, Estados Unidos, tiene derecho a un juicio justo y a una defensa adecuada.

La funcionaria federal añadió que la propia Fiscalía General de la República (FGR), informó que iniciará una investigación y solicitará al Juez de Control la orden de aprehensión con fines de extradición contra García Luna.

“Lo único que les puedo decir yo, juzgadora desde hace más de 25 años, que todas las personas, como un derecho humano, tenemos el derecho a un juicio justo, al acceso a la justicia y a una defensa adecuada», sostuvo.

La titular de la Segob dijo desconocer si la detención de García Luna por los delitos de conspiración para traficar cocaína y declaraciones falsas a autoridades judiciales federales podría alcanzar al expresidente Felipe Calderón.

Al ser cuestionada sobre si la gravedad de las acusaciones amerita una investigación paralela por parte de las autoridades de México, mencionó que “creo que el Fiscal (Alejandro Gertz Manero) ya tiene una investigación. Él lo ha mencionado, él dice que tiene una carpeta de investigación integrada».

Sánchez Cordero aprovechó para confirmar que el embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, quien fue exhibido en un video robando un libro en ese país sudamericano, arribó esta mañana a la Ciudad de México.

La funcionaria comentó que el diplomático, quien presentó sus cartas credenciales en agosto de este año, venía en el mismo vuelo en el que ella arribó a territorio nacional, tras asistir a la toma de posesión del presidente argentino Alberto Fernández.

“Ya se vino para acá (para México). De hecho, venía en el mismo avión que yo. Ya aterrizó él también aquí en México», declaró.

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, eligió a Ernestina Godoy como la primer fiscal de la capital, esto luego de que la comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobara el decreto por el que se designaba a Godoy Ramos titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con 60 votos a favor y solo uno en contra, Godoy se convirtió en la primer fiscal de la entidad; y aunque rindió protesta al cargo esta tarde, su periodo iniciará a partir del 10 Enero de 2020, y será por cuatro años.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Eduardo Santillán Pérez, detalló previamente que con base en las entrevistas realizadas a los integrantes de la terna, la Comisión Dictaminadora evaluó a los aspirantes de la siguiente forma:

  • Ernestina Godoy Ramos, 9.36
  • Carlos Juan Manuel Daza Gómez, 8.14
  • Fernando Vázquez Herrera, 7.76.

“Como resultado de las entrevistas realizadas a las personas propuestas en la terna enviada, esta Comisión Dictaminadora considera que la persona que reúne los mayores requisitos de idoneidad y cumplimiento del perfil que debe tener quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General de Justicia conforme lo establece el artículo 44 numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, es la ciudadana Ernestina Godoy Ramos”, leyó del dictamen el legislador Santillán Pérez.

Resaltó que se analizó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos a Godoy Ramos, mismos que fueron aprobatorios y que fueron:

  • Tener ciudadanía mexicana, acreditada con el acta de nacimiento correspondiente.
  • Tener cuando menos 35 años de edad.
  • Contar con título y cedula en Derecho, con experiencia mínima de cinco años.
  • No haber sido condenado por delito doloso.
  • Someterse y acreditar en los términos de la ley las evaluaciones y certificación de confianza.
  • Presentar y hacer pública en los términos de la ley su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
  • No haber desempeñado cargo de elección popular o de dirección de un partido político.