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La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que México sigue muy lejos de una justicia y una igualdad real para todas las mujeres, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La ministra presidenta indicó que desde el Poder Judicial de la Federación (PJF) no sólo se asume la responsabilidad para alcanzar esa igualdad, sino que “convocaremos a todas las autoridades para trabajar, de forma efectiva y coordinada, en la solución de los problemas de seguridad, procuración e impartición de justicia que impactan, especialmente, a las mujeres.

“Hoy me dirijo a ustedes: las mujeres indígenas y afromexicanas; las mujeres en el campo y las que defienden a la naturaleza; las mujeres que viven en situaciones de pobreza; las migrantes; las mujeres trans y las de la diversidad sexual; las mujeres con discapacidad; las buscadoras, las que luchan para encontrar justicia para sus hijas, víctimas de feminicidio; las niñas, las adolescentes; las que cuidan, las que luchan por los derechos de las mujeres”, dijo durante su video mensaje con motivo del 8M.

Recordó que el año pasado escuchó y dialogó con familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de desaparición de personas que aman, de mujeres víctimas de la represión de sus derechos sexuales y reproductivos y que, con base en ello, se ha desarrollado un Programa de Derechos Humanos, Justicia Penal y Género, el cual tiene por objetivo, entre otros, brindar las herramientas para probar en un juicio, el contexto en que ocurre la violencia de género.

“No vamos a dejar de trabajar, nuestro compromiso es profundo, es honesto. Hoy les digo, con absoluta convicción que, en el Poder Judicial de la Federación, la igualdad de género va en serio”, enfatizó.

La ministra Piña Hernández agregó que este 8 de marzo se suma, una vez más, con convicción y respeto, a las miles de mujeres que toman las calles, ya sea saliendo a marchar o simbólicamente para conmemorar la lucha por la igualdad de género y exigir el alto total de las muchas violencias que no cesan contra las mujeres, niñas y adolescentes en México.

“Hoy, mientras nos escuchamos, mientras reflexionamos, honremos la memoria de quienes no están; reclamemos el derecho a un futuro libre, alegre, digno y seguro para las que llegarán. En este último año entendí, mejor que nunca que, a diferencia de los cascarones de género, los cambios reales para avanzar hacia la igualdad no son de un día al otro. Para realmente progresar, tenemos que construir cimientos sólidos que logren trascendernos como personas en lo individual, que se consoliden en una sana estabilidad institucional”, manifestó.

Reiteró su compromiso para seguir trabajando y lograr que el Poder Judicial de la Federación sea un espacio libre de violencia de género, y afirmó que se enfoca en la prevención y se trabaja, a marchas forzadas, para transversalizar la igualdad de género en temas esenciales como: reconocer y redistribuir las labores de cuidado.

La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, visitó este miércoles al periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje por las autoridades rusas, tras la decisión de de prolongar su arresto hasta el próximo 30 de marzo.

“Hoy visité al periodista estadounidense Evan Gershkovich en la prisión preventiva de Lefórtovo, donde está recluido. Evan se encuentra en buen estado de salud y conserva el buen ánimo”, escribió Tracy en Telegram.

Y es que la justicia rusa desestimó un recurso de apelación interpuesto por Gershkovich, acusado de espionaje, y ratificó su arresto hasta el 30 de marzo.

La Corte dictaminó “no satisfacer la apelación de la defensa” y mantener “sin cambios” la anterior decisión dictada el pasado 26 de enero, que prevé prolongar la medida cautelar de arresto, según reportó la agencia rusa TASS.

La sesión se celebró a puerta cerrada dado “el carácter secreto” de la causa penal en contra del periodista de The Wall Street Journal.

Recordemos que Gershkovich, de 33 años, fue detenido a fines de marzo de 2023 en Yekaterimburgo, capital de los Urales, y el 7 de abril fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), antiguo KGB.

Según el FSB, el periodista “recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso”.

Las autoridades estadounidenses y el periódico para el que trabajaba han negado las acusaciones de las fuerzas de seguridad rusas contra el periodista y han exigido su liberación inmediata.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un buen diagnóstico como candidato cuando señaló a la corrupción como el gran reto de México. Por ello debería sorprender su apoyo a Ernestina Godoy y su empeño en mantenerla cerca de su círculo político.

Ernestina Godoy no es una buena abogada. Ni siquiera debiera tener su título ya que la tesis para obtenerlo fue un plagio, como bien documentó Guillermo Sheridan. Su paso por la fiscalía ha destacado por la politización de la justicia. Desde el encarcelamiento de Alejandra Cuevas por un delito inventado con tal de darle gusto al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, en su ánimo de venganza personal, hasta la total impunidad para la gente de la CDMX ante la caída de la Línea 12 de metro que dejó 26 muertos. Nadie pagó por esta tragedia, no porque no hubiera responsables, sino porque habrían sido funcionarios de gobierno de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con un récord tan lamentable como Fiscal de la CDMX, debería sorprender que López Obrador saliera en su defensa en la mañanera de ayer, como lo hizo: “Lo de Ernestina Godoy es una venganza, porque es una mujer íntegra, honesta, una verdadera impartidora de justicia pero como se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes, y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones, porque si hacían departamentos se quedaban con uno o dos y con dinero, y como buenos hipócritas, no perdían su respetabilidad, según ellos eran puros. Como actuó con rectitud, pues se vengaron.  Aunque obtuvo mayoría…no tuvo la calificada…Ernestina Godoy va a tener mucho apoyo, porque en el proceso de transformación se toma en cuenta a la gente honesta. Aquí tiene las puertas abiertas para lo que ella quiera, y en el futuro tendrá muchas posibilidades. Es un triunfo pírrico de los corruptos.”

Eso es una defensa a ultranza, no de la justicia, sino de una herramienta política que le es útil a un presidente que no quiere gobernar sin una fiscalía a modo. Este apoyo a Godoy es una muestra más de que la lucha en contra de la corrupción y la preocupación por un país más justo es un discurso presidencial, más no una meta de su gobierno.

Digo que debería sorprender el apoyo de AMLO a Godoy pero, al pensar en el mismo apoyo a impresentables como Bartlett; Feliz Salgado Macedonio y un largo etcétera se entiende lo que tantas veces repitió el presidente sobre sus prioridades: 100% lealtad 0% capacidad. Esa es Godoy. Ese es AMLO. Esa es Claudia. Y este tipo de apoyos a personajes que son útiles a parte de la clase política y no a México conforma parte de las características que habrá que tomar en cuenta a la hora de emitir el voto en junio próximo.

¿Queremos que sigan al mando los que politizan sin rubor la política? ¿Queremos que la justicia sea una herramienta para aplastar a adversarios y para saciar ánimos de venganza personales?

Lo que hemos visto con el empuje y apoyo a Ernestina Godoy no deja lugar a dudas de lo que significa la continuidad o el segundo piso de la 4T que ofrece Claudia Sheinbaum a los electores.

Columna completa en El Universal

México enfrenta un nivel de impunidad del 99% en los delitos de desaparición de personas, para casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, dato que refleja una crisis profunda en la justicia y los derechos humanos.

Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México, con el fin de combatirla, presentó su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México.

Entre otros hallazgos del informe, se señala que la impunidad acumulada en casos de desaparición registrados por el fuero federal es del 98% para el delito de desaparición forzada, 100% de impunidad acumulada para el delito de desaparición cometida por particulares y 99% de impunidad acumulada para ambos delitos.

También se indica que a casi cinco años de su promulgación, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas “sigue sin ser plenamente implementada”, dejando brechas significativas en la persecución y sanción de estos delitos.

El reporte también refiere el creciente aumento de delitos de desaparición, sumado a la persistente impunidad que obstruye la investigación y esclarecimiento, lo que indica que México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos.

De 2019 a 2022 en el país se registraron 35,669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.

A todo ello hay que sumar la “falta de transparencia en la información” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) lo que “dificulta la comprensión de la magnitud de la crisis”.

Además de discrepancias entre informes estatales y el tablero público, así como en la sistematización de fosas clandestinas, resaltan la urgencia de una mayor claridad.

La organización indicó que el informe retoma el cálculo de impunidad acumulada desarrollado anteriormente en los delitos de homicidio doloso y feminicidio 2022, para conocer la impunidad entre los años 2019 y 2022.

Recordemos que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en el país se contabilizan más de 113,000 casos, mientras que el año pasado el país superó la cifra de 100,000 personas no localizadas desde que hay registro, en 1962.

México tiene una independencia judicial “precaria” y su presupuesto es “un talón de Aquiles” para su correcto funcionamiento, concluyeron dos informes de las organizaciones México Evalúa, Impunidad Cero, Fundación Konrad Adenauer y la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), entre otras.

“Todos estamos conscientes del momento muy delicado para la independencia judicial que estamos viviendo, no solamente en México, sino en también en otras muchas partes del mundo”, advirtió en una conferencia la coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, Laurence Pantin.

“Desde hace unos años observamos una tendencia adversa y, en lugar de que se consolide la independencia judicial, detectamos estrategias para debilitarla”, consideró.

El estudio ‘Independencia judicial, ¿dónde estamos? Un análisis subnacional’ destacó que ninguno de los 32 estados del país alcanza un 50% de independencia judicial, con base en 51 indicadores internacionales retomados para este análisis.

Alejandra Quezada, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, detalló que solo seis entidades mexicanas cumplen con el 40% de los indicadores de independencia judicial: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Puebla.

En contraste, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Sinaloa y Tlaxcala fueron los estados cuya normatividad cumple con menos indicadores.

En este sentido, animó a los organismos judiciales de los estados y a legisladores a proponer e incluir los más altos estándares que garanticen la independencia de las instituciones impartidoras de justicia.

Entre los 51 indicadores de referencia internacional, 16 se enfocan en garantías de la independencia institucional, 30 en independencia profesional y cinco en independencia funcional.

Entre estos, destacaron áreas de oportunidad en los mecanismos para nombramientos y destituciones de jueces y magistrados, en el combate a la corrupción, en la protección a la integridad física de los impartidores de justicia y diferencias entre remuneraciones por el mismo trabajo, entre otras.

Pantin también aclaró que, aunque la existencia de una norma no garantiza su cumplimiento, es preferible que las garantías se incorporen en la normatividad al ser un piso mínimo.

Por otro lado, José Antonio Caballero y Juan José Garza, autores del estudio, afirmaron que estos recursos son la principal herramienta para el correcto funcionamiento de la gobernanza la interior del sistema judicial.

Sostuvieron que la independencia judicial también debe garantizar el flujo estable de los recursos para financiar todas las actividades del Poder Judicial, lo que contrasta con lo sucedido en el Congreso recientemente, que aprobó una reducción de más de 360 millones de dólares a lo solicitado por el Poder Judicial para el año entrante.

Todo esto sucede también cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) critica constantemente supuestos privilegios del Poder Judicial, como salarios altos y deficiencias en la impartición de justicia.

Estados Unidos dijo este martes que está “profundamente preocupado” por las acciones de quienes siguen intentando “socavar” la democracia en Guatemala.

“Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las acciones de quienes intentan socavar la democracia en Guatemala. Estos esfuerzos socavan la clara voluntad del pueblo guatemalteco”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Y es que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió al partido del presidente electo, Bernardo Arévalo, Movimiento Semilla, quien calificó la medida de “ilegal” y denunció una “persecución política” en su contra de cara a su toma de posesión el próximo 14 de enero.

Se “resuelve suspender provisionalmente la inscripción de persona jurídica del Comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla”, señaló la resolución de la Corte electoral, que acató un polémico fallo solicitado por la fiscalía.

Tras la primera vuelta de las elecciones el pasado 25 de junio, el juez Fredy Orellana ordenó al tribunal electoral suspender a Movimiento Semilla debido al inicio de una investigación penal por supuestas anomalías en los afiliados del partido en el momento de su creación en 2017.

Sin embargo, el Tribunal no acató en ese momento la orden del juez porque no podía suspender un partido en medio de un proceso electoral.

En medio de presiones internacionales, la Corte de Constitucionalidad del país garantizó entonces que el balotaje (segunda vuelta) se realizaría en la fecha prevista y con los candidatos vencedores en la primera vuelta.

Arévalo calificó la orden del juez de “absolutamente ilegal” y aseguró que forma parte de un “proceso de persecución política”. “Nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente”, añadió Arévalo.

Según analistas, la suspensión de Semilla no afecta la asunción de Arévalo, cuya seguridad fue reforzada ante informes de un posible atentado en su contra. Sus efectos podrían recaer sobre la bancada del partido en el Congreso, pues pueden perder facultades como la de presidir comisiones.

La suspensión de Semilla se da “sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado”, denunció la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado. Es “una interpretación abusiva de la ley”, según la OEA.

Simultáneamente a la suspensión de Semilla, el Tribunal electoral oficializó los resultados del balotaje a favor de Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo que gobernó Guatemala de 1945 a 1951.

“Se acuerda (…) declarar legalmente electo como presidente de la República de Guatemala al ciudadano César Bernardo Arévalo de León, a quien se adjudica el cargo por el periodo improrrogable de cuatro años comprendido del 14 de enero de 2024 al 14 de enero de 2028”, dijo en conferencia de prensa el secretario general del tribunal, Mario Velásquez.

El partido de la ex candidata presidencial Sandra Torres, Unidad Nacional de la Esperanza, estimó en la red social X que la oficialización de resultados de los comicios fue “precipitada” y pidió resolver una presunta “lluvia de anomalías”.

Finalmente, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reiteró este martes que se realizará una transición de poder “ordenada” con las autoridades electas y bajo la supervisión de la OEA.

“Ahora se abren las puertas a una transición de Gobierno ordenada y transparente”, expresó Giammattei, al tiempo que anunció que el 4 de septiembre se reunirá con las autoridades electas, es decir con Arévalo.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó que la sesión en la que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dio a conocer el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2024, es una “afrenta para el pueblo y al Poder Legislativo”.

“Esto que no tiene antecedente en la historia del Poder Judicial, es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la división de poderes, especialmente al pueblo de México, porque obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de las tres instituciones de dicho poder me parece un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas”, indicó el legislador.

El morenista afirmó que lo único que se desprendió de la sesión, fue un mensaje a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se le autorizan los miles de millones de pesos que el Poder Judicial solicita no habrá justicia en México.

“¿El mensaje que envían al Legislativo es que, si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de los legisladores? No son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto en procesos de señales mafiosas”, acusó.

El líder parlamentario recordó que según lo expuesto por la ministra Piña Hernández, se solicitó 84 mil 794 millones de pesos, con el fin, refirió textualmente de “garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.

Mier Velazco reiteró que ha invitado en varias ocasiones a la presidenta de la SCJN a la Cámara de Diputados y no accedido a ir, por lo que se le volverá a citar para que explique el presupuesto solicitado, y sobre todo, lo que “cuestan los salarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México”.

El diputado recordó que de 2007 a la fecha el Poder Judicial ha tenido un incremento mayúsculo en su presupuesto; sin embargo, apuntó que “la impartición de justicia pronta expedita y gratuita deja mucho que desear”, ya que sólo ha resuelto 2% de sentencias del total de los asuntos que tiene en su poder.

Al ser cuestionado sobre si aprobarán o no la propuesta del Poder Judicial, enfatizó que no son los tiempos, ya que el periodo legislativo no ha iniciado, por lo que dijo que van a analizarlo con los ministros en su momento.

Rechazó que desde el poder Legislativo, específicamente desde las bancadas afines al gobierno, se busque asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial, “no es nuestra intención, por eso me sorprendió el mensaje, parecería que es al revés”.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “es mucho el cinismo” de los ministros de la Corte y por ende del Poder Judicial, en especial de la ministra presidenta, Norma Piña, al solicitar su presupuesto y estar dispuestos a defenderlo aún violando la Constitución.

“Ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido (…)  no me va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos”, dijo el mandatario.

AMLO dijo que al Poder Judicial no le hacen falta recursos, pues insistió en que tiene un fideicomiso de poco más de 20 mil millones de pesos, además de los 84 mil millones que ahora solicitan. Acusó en que su “guardadito” en el fideicomisos es para tener reservas y financiar todos sus excesos.

López Obrador reitera que los miembros del Poder Judicial, ministros, magistrados, jueces, representan a una minoría rapaz. “Ellos no representan el pueblo. No hay nada que hagan a favor del pueblo. Están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico, para eso están”, remató.

El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este viernes el nombramiento de un fiscal especial para la investigación contra Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden.

Será David Weiss, fiscal federal de Delaware, quien esté al frente del caso. No le será algo nuevo, pues Weiss ha liderado hasta ahora las pesquisas desarrolladas contra Hunter Biden.

El jurista “supervisará la investigación y decidirá dónde, cuándo y si presentar cargos” y “no estará sujeto a la supervisión diaria de ningún funcionario del departamento”, precisó Garland.

Y es que recordemos que Hunter Biden está acusado de no haber declarado correctamente sus impuestos en 2017 y 2018 y, además, se le ha imputado un delito relacionado con la posesión de un arma de fuego, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones.

“El anuncio de hoy otorga a los fiscales, agentes y analistas que trabajan en este asunto la capacidad de realizar su trabajo con celeridad y tomar decisiones indiscutiblemente guiadas únicamente por los hechos y la ley”, destacó Garland.

Los republicanos, liderados por el exmandatario Donald Trump, han utilizado la investigación contra Hunter Biden para sembrar dudas sobre sus negocios en el extranjero y para describir a la familia del presidente como corrupta.

La investigación contra Hunter Biden se abrió en 2018 durante el mandato de Trump y ha sido utilizada por los conservadores para atacar al presidente demócrata, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta indagación hasta el final.

Este movimiento se da a poco más de un año de que se celebren elecciones presidenciales, donde se espera que Trump y Biden vuelvan a disputar la Casa Blanca.

La carrera política del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se desplomó este viernes, después de que los jueces del Tribunal Electoral Federal (TSE) votaron a favor de prohibirle ejercer cargos públicos hasta 2030 por su conducta durante las elecciones del año pasado.

Cinco de los siete jueces votaron a favor de condenar a Bolsonaro por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación el año pasado, cuando convocó a embajadores para ventilar afirmaciones infundadas sobre el sistema de votación electrónica de Brasil.

Bolsonaro, exmilitar que perdió las elecciones de octubre por un estrecho margen frente a su rival izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, está acusado de crear un movimiento nacional para anular el resultado, que culminó con la invasión de edificios gubernamentales en Brasilia por miles de sus partidarios el 8 de enero.

El juez principal del caso, Benedito Goncalves, votó a principios de esta semana para que no se le pueda elegir durante ocho años, diciendo que había “usado la reunión con los embajadores para difundir dudas e incitar a las teorías de la conspiración”.

Sin embargo, Bolsonaro niega cualquier delito y ha dicho que planea apelar ante el Tribunal Supremo. “No he atacado el sistema de votación, sólo mostré sus posibles fallas”, dijo Bolsonaro en una entrevista con Itatiaia previo al juicio. “Este juicio no tiene ningún sentido”, añadió.

Admirador declarado del expresidente Donald Trump, Bolsonaro fue criticado a nivel internacional por su mala administración de la selva amazónica, su enfoque de “laissez-faire” en las restricciones del COVID-19 y sus ataques sin pruebas al sistema electoral de Brasil.

El fiscal especial John Durham concluyó que el FBI no tuvo que haber lanzado una investigación sobre la supuesta vinculación de la campaña del expresidente Donald Trump y Rusia, en las elecciones de 2016.

Esto se conoce al revelarse un informe publicado este lunes tras una indagación que se prolongó por cuatro años.

En el reporte, de más de 300 páginas, Durham indicó que el FBI empleó información de Inteligencia “no corroborada, sin procesar ni analizar” para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña de Trump y sus posibles lazos con Rusia.

Recordemos que Durham fue designado en 2019 por el entonces secretario de Justicia, William Barr, durante el mandato de Trump para que examinara la investigación previa llevada a cabo por la agencia federal sobre los presuntos vínculos entre el equipo electoral del republicano y Moscú.

El fiscal especial argumenta que, tras revisar la investigación del FBI y otras actividades de Inteligencia, ha concluido que “el Departamento (de Justicia) y el FBI fracasaron a la hora de cumplir su misión de fidelidad estricta con la ley, en conexión con ciertos eventos y actividades descritos en este informe”.

Durham señala en el texto que responsables del FBI mostraron “una ausencia grave” de rigor analítico en el tratamiento de la información que recibieron, especialmente la relacionada con personas y entidades con afiliaciones políticas.

En suma, el manejo por parte del FBI de varios aspectos clave en este caso fue “gravemente deficiente”, de acuerdo al fiscal especial, quien consideró que este fracaso a la hora de cumplir con su responsabilidad hacia el público causó un “daño severo” a la reputación de la agencia.

En su momento, Barr abrió esta investigación tras la insistencia de Trump en que su campaña había sido objeto de espionaje antes de las elecciones de 2016 por parte de la inteligencia estadounidense, bajo las órdenes del entonces presidente, Barack Obama.

De esta forma, el Departamento de Justicia se investigó a sí mismo, ya que ese supuesto espionaje lo habría llevado a cabo el FBI, agencia con la que Trump fue muy crítico desde su llegada al poder.

Trump pretendía llegar a la raíz que originó la investigación sobre la llamada “trama rusa” liderada por Robert Mueller, que le atormentó durante los dos primeros años de su Presidencia y que finalizó en marzo de 2019 con la conclusión de que ni él ni nadie de su entorno trabajó con el Kremlin para ganar los comicios de 2016.

En un comunicado, el FBI aseguró este lunes que su cúpula “ya ha aplicado decenas de acciones correctivas, que llevan en marcha desde hace tiempo” en respuesta a los comportamientos denunciados por Durham.

El expresidente Donald Trump optó por desacreditar a la justicia estadounidense, al acusarla de parcial en un mitin en Waco, Texas, justo cuando podría ser imputado en Nueva York en un caso por el supuesto pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels.

“¡No tienen nada (contra mí)!”, dijo un Trump enfurecido ante la multitud concentrada para verlo en el Aeropuerto Regional de Waco, donde se presentó como una víctima de la justicia y arremetió contra los abogados que llevan su caso en la Fiscalía de Distrito de Manhattan, a los que insultó y tachó de “escoria”.

Aseguró sin pruebas que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Dragg, está prevaricando y actúa bajo la dirección del Departamento de “Injusticia” del país para intentar imputarlo de algo, según él, que no constituye un delito.

De hecho, fue aun más lejos y afirmó de manera infundada que el Departamento de Justicia ha mandado “operativos” a la oficina del fiscal para garantizar que “se hacen cargo de Trump” y que terminan lo que no “lograron hacer” en Washington.

El expresidente atribuyó esta y otras causas abiertas contra él a una conspiración de los demócratas para que no se presente a la elección de 2024.

Recordemos que la investigación de la Fiscalía de Nueva York, que ha durado casi cinco años, se centra en el supuesto pago por parte del equipo de Trump de 130,000 dólares a Daniels durante la campaña electoral de 2016 que lo llevó a la Presidencia, a cambio del silencio de la actriz porno sobre una relación sexual que tuvieron en 2006.

El caso está ahora en manos de un gran jurado, que debe decidir si imputa o no al exmandatario. Si Trump es acusado se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal.

El exgobernante se lanzó también con Daniels durante el mitin de este fin de semana, a la que llamó “cara de caballo” y de la que aseguró que nunca le gustó y que para él la única mujer siempre ha sido “la gran primera dama”, en referencia a su esposa, Melania Trump.

Fiel a su estilo, el magnate neoyorquino criticó a otras instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo por decidir en noviembre pasado que sus declaraciones de impuestos no se mantuvieran en secreto, como había solicitado él mismo.

Trump dijo que “cada pieza” de su vida financiera y de negocios ha sido “diseccionada” como la de nadie en el país: “Algo que se supone que no tendría que haber pasado”. También acusó al Supremo por “no haberse atrevido” a declarar inválidas las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden y que el entonces presidente republicano denunció sin pruebas que habían sido manipuladas por los progresistas.

Trump también lamentó que su exabogado Evan Corcoran tuviera que prestar declaración el viernes ante otro gran jurado federal por el caso de los documentos clasificados hallados en la mansión en Florida del exmandatario.

En este punto, volvió a acusar a la Justicia de parcial y señaló que los únicos letrados que tienen que comparecer ante grandes jurados investigadores son los de los republicanos.

Trump había promocionado este mitin en Waco como el primero de su campaña electoral para los comicios del próximo año, si bien es cierto que este no es el primero desde que se postuló en noviembre como candidato a la nominación republicana.

La ministra Norma Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), ofreció un mensaje en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que refrendó su compromiso de escuchar y trabajar de forma prioritaria con las mujeres.

La ministra aseguró que solo escuchando a las mujeres podrán atender los principales problemas que enfrentan para acceder efectivamente a la justicia en el país.

La ministra presidenta sostuvo que el Poder Judicial escucha, reconoce y asume su responsabilidad en relación con los problemas que persisten en el acceso efectivo de las mujeres a la justicia.

“En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes”, dijo en el videomensaje que se difundió.

La ministra aseguró que este 8 de marzo es un día de marcha, donde las mujeres salen a las calles para reclamar, legítimamente, un alto a las violencias que impiden a millones de niñas, adolescentes y adultas mayores, vivir en paz.

“Hoy, nos vemos a los ojos, nos fortalecemos. Nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes, de que nos tenemos. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir: ¡Ni una más!”.

La presidenta de la Corte afirmó que, desde su trinchera al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF), acompañará a todas las mujeres, asegurando que como cada año, “hoy también marcho con ustedes, pero en silencio” para exigir en lo que creen, “que es posible e impostergable detener, de una vez ؅ por todas, la discriminación y las violencias por razón de género”.

Y es que recordemos que la ministra ha sido blanco de críticas y descalificaciones desde Palacio Nacional, y por parte de diversos seguidores del gobierno morenista.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura de la Legalidad elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), el 49% de los mexicanos considera que la ley se respeta poco en nuestro país y el 21% cree que nada, d

La medición del IBD señala que la población asocia de manera predominante la palabra justicia con “cumplir la ley” (63%), muy por arriba de la palabra “igualdad” que ocupó el segundo lugar (14%).

El 56% afirma estar de acuerdo en que se deben respetar las leyes siempre, incluso aquellas que parezcan injustas.

Por otro lado, destaca que el 53% de la población encuestada respondió que la Constitución cumple con las necesidades de nuestro país, aunque deben hacerse algunos cambios.

En esta edición disminuyó de manera significativa las personas que señalan la necesidad de redactar una nueva Constitución (20%) respecto a lo expresado en 2019 cuando 38% apoyaba una nueva Carta Magna.

El aspecto más mencionado por las personas para mejorar la justicia es “tener policías eficientes y capacitados en derechos humanos” (34%), seguido de “contar con un Ministerio Público confiable, transparente y eficaz” (29%).

24% señala el tener jueves que dicten sentencias apegadas a derecho y basadas en evidencia, mientras que 5% piden cárceles que cumplan su función de readaptación social.

Otro dato relevante medido por la encuesta se relaciona con la justicia digital. 70% de la población dice tener poca o nada de confianza en presentar una demanda a través de Internet; esto debido fundamentalmente a que creen que serán ignoradas.

La principal razón es que no se tiene la seguridad de que se les hará caso; la desconfianza de que llegue la información, la pérdida de información o la manipulación de la misma.

La dirigencia nacional del PAN, a través del ‘Sistema PAN’, rechazó la pretensión de Morena y del presidente López Obrador de querer vincular a García Luna con el partido, asegurando que el exfuncionario nunca militó en el partido.

A través de un video, Marko Cortés, dirigente del partido, lamentó que Genaro García Luna, tuviera que  que ser juzgado en Estados Unidos debido a la “falta de capacidad del gobierno mexicano para hacerlo en nuestro país”.

Indicó que el PAN está a favor de que se haga justicia y que cualquier servidor o exservidor público que haya cometido un delito sea juzgado y castigado con todo el peso de la ley. Sin embargo, fue en ese punto donde enfatizó que “García Luna nunca ha sido militante de Acción Nacional”.

Además, defendió que García Luna fue un funcionario de gobierno de primer nivel que, aunque dijo que “si se corrompió, debe pagar por sus actos”.

En un intento por cambar la narrativa de Palacio Nacional, Acción Nacional indicó que seguirá denunciando la institucionalizada “complicidad del gobierno morenista con la delincuencia organizada”, poniendo como ejemplo  el saludo que López Obrador dio a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán,.

Acusó que la estrategia del gobierno de López Obrador de ‘abrazos a los delincuentes’, así como el financiamiento de la delincuencia organizada a las campañas de Morena, ha provocado la peor expansión territorial de la delincuencia en el país, el más alto involucramiento del narcotráfico en los procesos electorales y la más alta de violencia nunca antes vista.

Cortés Mendoza afirmó que “hoy lamentablemente en nuestro país existe un narco Estado”.

Finalmente, el panista dijo que al estar convencidos de que “quien la hizo la debe pagar”, aseguró que tarde o temprano, quienes hoy están cometiendo delitos de asociación delictuosa con el narcotráfico, lo pagarán en México y en Estados Unidos.

Sobre el posicionamiento del partido, el periodista Jesús García, quien recordó que durante el juicio contra García Luna, la fiscal Erin Reid preguntó a uno de los testigo, Héctor Villarreal, ex secretario de finanzas de Coahuila, sobre la afiliación partidista del exfuncionario.

“¿A qué partido pertenece Fox? Al PAN. ¿A qué partido pertenece Calderón? Al PAN. ¿A qué partido pertenece García Luna? -Al PAN”, respondió el testigo según el relato de García, por lo que le sugirió a la dirigencia nacional del partido “enviar un desmentido a la Corte del Distrito Este en NY”.

El actor Alec Baldwin y una especialista en armas serán acusados de homicidio involuntario por el tiroteo que dejó una cinefotógrafa sin vida, en un set en Nuevo México, Estados Unidos, según informaron este jueves fiscales del estado.

La fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, emitió un comunicado en el que anunció los cargos contra Baldwin y Hannah Gutierrez Reed, quien supervisaba las armas en el set de la película “Rust”.

Halyna Hutchins falleció poco después de resultar herida durante los ensayos en un rancho a las afueras de Santa Fe el 21 de octubre de 2021. Baldwin apuntaba el arma hacia Hutchins cuando se disparó, matándola e hiriendo al director de la cinta, Joel Souza.

El asistente de director David Halls, que le había dado a Baldwin el arma, firmó un acuerdo para declararse culpable de uso negligente de un arma mortal, dijo la oficina de la fiscal de distrito.

El homicidio involuntario o culposo puede involucrar una muerte que ocurre cuando un acusado hace algo que es legal pero peligroso y actúa de forma negligente o sin precaución.

El cargo implica un delito grave y se puede castigar con hasta 18 meses en prisión y una multa de 5,000 dólares bajo la ley de Nuevo México.

Los cargos también incluyen una cláusula que podría resultar en cinco años de prisión obligatoria porque el delito se cometió con un arma de fuego.

Carmack-Altwies dijo que los cargos serán presentados a finales de enero, y que Baldwin y Gutierrez Reed recibirán citatorios para comparecer en la corte. Adelantó que los fiscales se abstendrán de convocar a un jurado acusador y dejarán en manos de un juez determinar si hay una causa probable para avanzar hacia el juicio.

Recordemos que el jefe de policía del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, quien encabezó la primera investigación sobre la muerte de Hutchins, describió “un grado de negligencia” en el set de filmación. Pero dejó las decisiones sobre posibles cargos penales a los fiscales después de entregar los resultados de su investigación de un año en octubre.

Baldwin, famoso por diversos papeles en cintas y por su parodia al expresidente Donald Trump en “Saturday Night Live”, ha dicho que la muerte fue un “trágico accidente”.

Buscó limpiar su reputación al demandar a la gente involucrada con el manejo y suministro del arma cargada que le entregaron. Baldwin, quien también es coproductor de “Rust”, dijo que le señalaron que el arma era segura de usar.

La armera que supervisaba las armas de fuego en el set, Gutierrez Reed, ha sido objeto de mucho escrutinio en el caso, junto con un proveedor independiente de munición. Un abogado de Gutierrez Reed ha dicho que no puso munición real en el arma que mató a Hutchins, y ella cree que fue víctima de sabotaje. Las autoridades dijeron que no han encontrado evidencia de eso.

La comunidad jesuita en México lamentó que, después de cinco meses del asesinato de dos sacerdotes y un guía turístico en el norte del país, el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en el país.

“A cinco meses del asesinato de nuestros hermanos Javier (Campos) y Joaquín (Mora), junto con Pedro Palma, los jesuitas de México lamentamos que el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en la Sierra Tarahumara”, señalaron en un comunicado.

El 21 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que un día antes los sacerdotes fueron asesinados dentro de una iglesia en Cerocahui, en el municipio de Urique, en el estado de Chihuahua.

“Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes”, sostuvo entonces.

Las muertes de los religiosos fueron condenadas por organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración del presidente López Obrador.

Días después del asesinato, el mandatario prometió una investigación “a fondo” y ofreció recompensa por el presunto homicida.

Sin embargo, la comunidad jesuita en México señaló que, “a más de 150 días de los dolorosos hechos, la paz no ha llegado a Cerocahui, como recientemente declaró la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”.

En este sentido, los jesuitas enfatizaron que, “en la comunidad prevalece la inseguridad, el miedo de que la situación quede en el olvido y de que el perpetrador regrese a la zona”.

Además, reprocharon que mientras no haya justicia no se podrá hablar de paz y reconciliación, dos estandartes de la estrategia de seguridad del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

También aprovecharon para insistir en su llamado a los diferentes niveles de gobierno, a fin de que se dé continuidad a la seguridad en el territorio serrano y se alcance la justicia que tanto añoran las comunidades.

“Nos sumamos al manifiesto de la Diócesis de Tarahumara, quien ha convocado a construir ‘un país donde verdaderamente reine la verdad y la justicia que nos lleven a la verdadera paz y amor’”, concluyeron los jesuitas.