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En junio del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un memorándum que firmó contra el influyentismo, la corrupción, nepotismo, el amiguismo. Dijo: “me toca estar informando constantemente para que no utilicen mi nombre. Nosotros no vamos a permitir corrupción, impunidad, influyentismo, amiguismo ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”.

Esto fue su respuesta cuando se dio a conocer que su hijo, José Ramón López Beltrán, había participado en el arranque de los Centros Integradores de Bienestar en el Estado de México. Así, no es la primera vez que por acciones de su hijo, el presidente sale a defenderse y a su familia diciendo que él es diferente y que no hay amiguismo ni nepotismo en su gobierno. Y sin embargo…

Ese memorándum claramente queda violado cuando el mismo José Ramón López Beltrán ahora admite que trabaja para un amigo del presidente, en este caso para Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta. Dejemos de lado la creación espontánea de la empresa en donde dice trabajar López Beltrán, KEI Partners, cuya página muestra como proyectos suyos fotografías de otros lugares. Por ejemplo, publicitan el Bar 88 en Royal Pines, un club en Houston, usando la fotografía del Bon Bon Bar, en Gotemburgo, Suecia. Eso por sí solo debería ser un escándalo y una muestra de que creen que a los mexicanos nos pueden mentir sin que no demos cuenta.

El presidente o no entiende o cree que no entendemos los demás que un conflicto de interés es precisamente que su hijo trabaje para un empresario que hace negocios con su gobierno. Cree que la situación lo exenta porque no cobra su asesoría en el Tren Maya aun cuando Grupo Vidanta tiene muchos tentáculos en el sector turístico, entre ellos la concesión del aeropuerto de Puerto Peñasco, Sonora.

Pero más allá de las mentiras del hijo del presidente, ¿qué otras alarmas enciende el López Obrador iracundo que hemos visto en estos días? De forma destacada está la intolerancia. El comunicado que publicó ayer Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de respaldo al presidente arranca afirmando que López Obrador encarna a la Nación, a la patria y al pueblo. Concluye: “[…] por ende, los que se oponen al Presidente de México no son más que un puñado de mercenarios que al ver sus privilegios mancillados, luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son ¡unos traidores a la nación, a la patria y al pueblo!”

Con esta definición de oposición como mercenarios y traidores de parte de quienes deberían ser un contrapeso al Ejecutivo, no comparsas, vemos una copia de los dichos de Chávez y Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y los Castro en Cuba. Los senadores están de facto criminalizando a la oposición, algo que sucede en regímenes autoritarios, no en las democracias.

Y claro, está también ataques a la prensa; a la libertad de expresión; las violaciones a la Constitución y un largo etcétera. No sorprende pues que estemos en la espiral de un régimen híbrido a una autocracia. Esa es la auténtica transformación de López Obrador.

Apostilla: Llama la atención que José Ramón López Beltrán prefirió irse a vivir a Estados Unidos antes que a cualquiera de los países que su padre constantemente defiende, como Venezuela, Cuba, Nicaragua o El Salvador. ¿Por qué no quiso irse a vivir a alguno de esos paraísos el hijo del presidente?

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En el Estado de México, concretamente en Valle de Bravo, en donde muchos residentes de la Ciudad de México pasan sus fines de semana, hubo una descomposición en materia de seguridad muy importante durante la parte final del sexenio de Felipe Calderón y principios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ante autoridades federales, estatales y municipales rebasadas por la situación, algunos empresarios, ciudadanos e integrantes de la iniciativa privada decidieron poner manos a la obra. Con el liderazgo de México SOS de Alejandro Martí, formaron una mesa de seguridad para reunirse periódicamente con autoridades locales y estatales para crear sectores en la zona que revisaran y controlaran las actividades del crimen organizado.

Valle de Bravo es un municipio operado por La Familia Michoacana. Cuando Eruviel Ávila comenzaba como gobernador la organización criminal logró tener buenos informantes dentro de la Secretaría de la Defensa y la policía federal. Por ello, cuando la IP decidió actuar para revertir la inseguridad, lo primero que pidió es que la Marina fuera quien operara en el municipio.

A cambio, este grupo de ciudadanos donó a la Marina un terreno en La Cuadrilla, ya en el municipio vecino de Donato Guerra, frontera con Michoacán. Ahí se comenzó con la capacitación de un grupo de sus integrantes para convertirlos en lo que hoy se conoce como los Navy Seals mexicanos.

En casi 8 hectáreas se han ido entrenado a más de dos mil elementos de la Marina en áreas de bosque con casas simuladas de secuestro y de laboratorios de drogas. La Cuadrilla es hoy el campo de entrenamiento más grande y moderno de la institución.

Y sin embargo, el destino de estos Navy Seals mexicanos está en riesgo por los cambios que vendrán con la entrada de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador se empeña en decir que con él todo es distinto que en el pasado, pero en materia de seguridad parece empeñado en repetir errores de sus antecesores. Concretamente, queriendo cambiar una corporación de seguridad por otra sin tomar en cuenta los efectos negativos que ya se han visto antes.

Cuando Vicente Fox llegó a la presidencia creo la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, como el cuerpo encargado de atacar la inseguridad. Al terminar su sexenio y con la llegada de Felipe Calderón, la AFI desapareció y se creó la Policía Federal (PF). Algunos de los elementos de la AFI fueron absorbidos por la PF pero otros no. De los AFIs que quedaron en el desempleo surgieron grupos de secuestradores que fueron quienes planearon el secuestro y posterior asesinato de Fernando Martí.

Hoy, los Navy Seals mexicanos podrían sufrir la misma suerte y ser absorbidos, algunos, por la Guardia Nacional, lo mismo que las instalaciones de La Cuadrilla. Bajo la premisa de que la seguridad en Valle de Bravo ya está resuelta, los recursos de tiempo, dinero y esfuerzo, de las autoridades y ciudadanos en la zona van a ser tirados a la basura, lo que sería una lástima.

En Valle de Bravo se han controlado los secuestros que llevaron a este activismo de ciudadanos pero el gobierno de López Obrador parece olvidar que la seguridad nunca es un producto terminado.

 

Columna completa en El Universal