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El discurso de renuncia de Raúl Cervantes a la PGR ante el Senado fue claro y puntual: lo que tenemos no sirve para que en México exista Estado de Derecho. No sirve la institución, pero tampoco el personal ni la mentalidad con la que se quiere procurar justicia en México.

 

Dijo Cervantes: “Para inhibir, frenar y sancionar los delitos que se cometen hoy en México, se requiere de un nuevo servicio profesional de carrera para el personal de la Procuraduría, los Ministerios Públicos y los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, uno que les brinde incentivos y seguridades”.

 

“Hoy se trabaja con herramientas – y, necesario decirlo, a veces también con una mentalidad- del siglo pasado, […] También hemos sido testigos de una serie de delitos cuya crueldad y violencia evidencian que, además de contar con instituciones fuertes y eficientes, es necesario invertir en el capital humano y moral del país”.

 

El consenso sobre la falta de funcionalidad de la PGR no está a debate. El problema es que, si creemos que dotando de independencia a la procuración de justicia del poder ejecutivo vamos a lograr el objetivo de cumplir con el Estado de Derecho, el diagnóstico del hoy ex procurador hace evidente ese gran error.

 

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Que en un país que batalla para crecer al 2 por ciento y con más del 50 por ciento de la población viviendo en niveles de pobreza el principal problema que preocupe a la ciudadanía sea la corrupción, dice mucho sobre la economía, pero más sobre la enorme corrupción que nos corroe.

 

El presidente Enrique Peña Nieto llegó al poder con la consigna de batallar contra la corrupción. Aun así, a un año de concluir su sexenio sigue acéfalo el Sistema Nacional Anticorrupción y pendiente de ser nombrado el Fiscal General de la Nación. Si pretendían que este papel lo llenara Raúl Cervantes, la cercanía con el presidente primero, y el escándalo de su Ferrari con placas de Morelos para evitar pagar la tenencia de la CDMX después, fueron suficientes para enterrar las aspiraciones de Cervantes a la Fiscalía. Su renuncia a la PGR fue sorpresiva porque vivimos en un país en donde hacer trampas y romper la ley no conlleva castigo alguno.

 

 

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Cuando no existe una explicación lógica, la explicación es metálica. Eso me decía un colega esta semana cuando tratábamos de entender por qué el gobierno de Peña Nieto decidió poner a tres fiscales de tan baja preparación a litigar el caso de Javier Duarte frente a los abogados defensores del ex gobernador de Veracruz que son unos tiburones en la materia.

 

Al frente del equipo que lleva el caso Duarte se encuentra Marco Antonio del Toro, del despacho Del Toro Carazo Abogados. El señor ha litigado varios casos de alta notoriedad, como el Pemexgate; el del ex lider sindical, Napoleón Gómez Urrutia; o el de Elba Esther Gordillo.

 

¿Cómo defiendes a fulano de tal si es un pillo? Dice del Toro que le hacen esa pregunta de forma constante. La respuesta del abogado de Javier Duarte a una entrevista para Líderes Mexicanos es que las percepciones públicas muchas veces no corresponden con las acusaciones formales que se encuentran en el expediente.

 

“Mi papel no es el de ser juez sino el de ser un equilibrio en donde hay un Ministerio Público que acusa, un defensor y un juez que resuelve. Y creo que debe prevalecer la verdad ante todo. Lo que no puede hacer un abogado defensor es inventar pruebas o testigos, eso es de un pillo. Un buen abogado analiza el expediente y si hay deficiencias en la acusación las hace valer. Si el Ministerio Público se equivocó lo deberá llevar él en su conciencia, no yo”.

 

 

Texto completo en El Universal 

Foto: Archivo APO