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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes a los jueces que no están de acuerdo con reforma al Poder Judicial que se discute en Parlamento Abierto, de estar en contra de la Constitución, incluso dijo que deberían estar “doblemente obligados” a respetarla.

“Si se oponen a eso (a la reforma) están en contra de la Constitución, es elemental”, aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones del mandatario llegan luego de que la semana pasada magistrados y jueces del Poder Judicial anunciaran que preparan una estrategia jurídica para impugnar la reforma impulsada por López Obrador, que busca elegir por voto popular a los jueces en todo el país.

El viernes pasado, unos 250 integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron a las afueras del Palacio de Justicia de San Lázaro, y advirtieron que si se aprueba la reforma en los términos planteados por el mandatario mexicano responderán con impugnaciones en tribunales tanto del país como internacionales.

Al respecto, el presidente señaló que jueces y magistrados están “en su derecho de manifestarse, de expresarse, son libres” pero acotó que están “doblemente obligados a respetar la Constitución” por ser autoridades.

Refirió que la reforma que propone es “completamente constitucional” y es vivir en una realidad de derechos y de hecho. Señaló que, si no quieren someterse al escrutinio público, “ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente”.

“No hay que tenerle miedo al pueblo, ni hay que tenerle miedo a las reformas. Y no hay que aceptar chantajes, no pasa nada, nada, nada, nada, el pueblo de México es muy responsable”, aseveró.

La reforma judicial plantea no solo la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también de los integrantes del Tribunal Electoral del PJF y, en general, de todos los jueces federales y locales.

Además de la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo del Poder Judicial.

En cuanto a la sobrerrepresentación en el Congreso, la cual según los magistrados, consiste en que Morena y partidos aliados pretenden que con el 52% de la votación obtenida el pasado 2 de junio se alcancen más del 70% de las posiciones en la Cámara de Diputados, AMLO dijo que eso es “un principio constitucional”.

“Así fue cuando yo triunfé, no en la pasada elección de diputados, así fue en el 2018 pero así fue también antes y ¿cómo lo van a cambiar ahora? Sólo que reformaran la Constitución, ahora sí que como dicen los abogados, que no nos obliguen a leerles el artículo”, ironizó.

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no hay inestabilidad” en el país, como planteó la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ante la reforma al poder judicial que impulsa el Ejecutivo y que cuenta con su respaldo.

“De ninguna manera, no hay inestabilidad, al contrario, va a haber más estabilidad en el país. El pueblo de México se va a sentir representado y se va a fortalecer el Poder Judicial”, aseguró Sheinbaum.

La futura mandataria afirmó que actualmente hay “mucha corrupción” en el Poder Judicial (PJ), de la cual la reforma que impulsa el gobierno pretende “liberarlo”.

“Se va a liberar de amiguismos y se va a liberar de que no hay justicia en realidad, y de que se liberen delincuentes de cuello blanco, delincuentes del fuero común, delincuentes de la delincuencia organizada”, añadió.

Preguntada sobre su postura ante el mensaje de Norma Piña donde llamó a los trabajadores del Poder Judicial a defender sus derechos, Sheinbaum reiteró que “no tienen por qué tener temor ni problemas”.

“Se van a respetar todos los derechos laborales, e inclusive, ellos mismos tienen oportunidad de participar en la elección de jueces porque también ellos tienen experiencia. Ellos pueden ser partícipes de puestos que ahora se otorgan a través de amiguismo, de familiares”, sostuvo.

Además, Sheinbaum subrayó que el objetivo del Gobierno con la reforma “es limpiar al poder judicial” y que “los trabajadores tienen todos sus derechos consagrados”. “Lo que queremos es democratizar al país y además que deje de haber corrupción en el poder judicial”, agregó.

Sobre el impacto presupuestal con la elección de jueces por voto popular que plantea la polémica reforma, Sheinbaum dijo que se gastaría en “lo que significaría la elección, pero ahí están también los fideicomisos del poder judicial que pueden aportar”.

La próxima presidenta recalcó que la reforma forma parte de “un mandato popular que fue definido el 2 de junio”.

Según expuso Sheinbaum, en las elecciones, donde obtuvo cerca del 60% de los votos y su alianza alcanzó la mayoría en el Congreso, los mexicanos decidieron si quieren “que continúe” la ‘cuarta transformación’, como se le conoce al gobierno actual, y “las reformas que planteó el presidente”.

Recordemos que la reforma judicial, presentada por López Obrador en febrero, plantea la elección por voto popular de los miembros de la SCJN, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

Organismos de la cúpula empresarial reconocieron este miércoles que sí se requiere reformar el Poder Judicial, por lo que ofrecieron en una reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, su colaboración para asegurar la certeza jurídica en el ambiente de negocios en el país.

Así lo señaló Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que aglutina al empresariado responsable del 80% del PIB, en la primera reunión con la morenista tras su triunfo en las elecciones del pasado 2 de junio.

El líder empresarial aceptó que nadie puede negar las fallas del sistema de justicia en el país, por lo que aseguró que la iniciativa privada puede participar en las discusiones sobre la reforma que el Gobierno impulsa para el Poder Judicial, que contemplaría elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte.

Pese a ello, el también empresario enfatizó que la certeza jurídica es indispensable para construir un país justo, y señaló como “una oportunidad única” hacer cambios estratégicos al sistema legal en México.

“Las fallas al sistema de justicia, que nadie puede negar, socavan gravemente la convivencia armónica, lo sabemos y confirmamos todos los días, por eso no tenemos margen para equivocarnos”, sostuvo.

Cervantes solicitó a la futura presidenta de México que su mandato de seis años, que iniciará a partir del próximo 1 de octubre, se base en la confianza, la certidumbre del futuro y la unidad entre la población.

“Con confianza, con certidumbre y con unidad, cuente usted con todo nuestro apoyo y reconocimiento a su liderazgo y a su Gobierno”, apuntó.

El presidente del CCE consideró que México atraviesa por una etapa de muy importantes oportunidades y destacó que los inversionistas confían en el resultado de las elecciones de 2 de junio pasado, por lo que enfatizó que la primera reunión del sector privado tras las elecciones refrenda su confianza en el país.

“Doctora Sheinbaum, con usted como la próxima presidenta de México, el Consejo Coordinador Empresarial ratifica su voluntad de seguir trabajando con sensibilidad social y, al mismo tiempo, involucrarse decididamente en la agenda de Prosperidad Compartida que propone”, remató.

Llamó la atención que durante el encuentro con los empresarios, Claudia Sheinbaum anunció la creación del nuevo Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización, el cual dijo, tendrá la participación de la Secretaría de Economía, añadiendo que pedirá a Altagracia Gómez, su asesora económica y quien se desempeñó como coordinadora de Desarrollo Económico Regional en la campaña presidencial, que mantenga el contacto con los empresarios.

Esta declaración podría dejar ver la incorporación de la empresaria en el futuro Gabinete presidencial, al frente de la Secretaría de Economía federal. Será mañana cuando la virtual presidenta electa de a conocer a los integrantes del equipo que la acompañará a partir del 1 de octubre próximo.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, informó que la próxima semana iniciarían los diálogos y foros de Parlamento Abierto en torno a la reforma del Poder Judicial, planteamiento que hizo la virtual presidenta electa, y que fue acordado con el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El morenista indicó que se prevé inicien estos diálogos nacionales con la inauguración y una reflexión que tiene que ver con el diagnóstico del Poder Judicial.

Insistió que una vez que la Comisión Permanente apruebe hoy el exhorto que se planteó, entonces ya se configuran los tiempos, la forma, la mecánica, el procedimiento en el que se van a desarrollar los foros regionales y nacionales.

Explicó que en “el propio desarrollo de los foros van a ir conociendo al detalle, más allá de especulaciones, una información certera sobre el proceso de elección, que es la parte toral, cuáles van a ser los métodos, cuáles van a ser los criterios de idoneidad y elegibilidad que deberán observar, tanto la Cámara de Senadores, la de Diputados”, por lo que hace a que entre los dos órganos legislativos hagan 10 propuestas.

Reiteró la necesidad de celebrar este ejercicio abierto para definir mecanismos, tiempos, plazos, de qué manera se va instrumentar, cuáles serán elecciones por circuito, cuáles serán nacionales.

Confió en que a finales de julio o la primera semana de agosto, se puedan tener las conclusiones de los foros, y así comenzar a analizar cuáles serían las modificaciones en la instrumentación que se propone para llevar a cabo el primer eje, que es la elección directa, popular, de los integrantes de los órganos del Poder Judicial.

El cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador apunta a ser con un manotazo sobre la mesa, al igual que su arranque y el manotazo de cancelación del NAIM. La reforma al Poder Judicial se supone que la quiere el presidente para mejorar el sistema de justicia en México, pero nada de lo que incluye su propuesta va encaminado a ello. Más bien tienen todos los tintes de un acto de venganza contra un contrapeso que le ha puesto frenos.

Primero le puso un freno cuando quiso la extensión de mandato de Arturo Zaldívar como Ministro Presidente de la Corte. Antes, cuando los ministros se negaron a apegarse a recortarse el salario como pedía el presidente para que nadie ganara más que él. Y durante el sexenio le pusieron varios altos en sus intentos por pasar por encima de la Constitución. Notable fue el caso de la Ley de la Industria Eléctrica.

El documento oficial con los objetivos de la reforma al poder judicial se puede leer que ésta busca una Suprema Corte eficaz, austera y transparente en donde la elección popular legitime a los impartidores de justicia.

Eso no va a ocurrir. Pretender que sean sujetos del voto popular suena democrático, pero es un sin sentido. Primero porque para ser seleccionados dependerán de la presidencia y del poder legislativo. Segundo porque los ciudadanos apenas nos informamos de quién busca la presidencia. Ni hablar de los candidatos a diputados o senadores. Menos ocurrirá con los integrantes del judicial.

Bolivia es el único país en el mundo que elige, por voto popular, a los 26 principales cargos judiciales incluyendo a los integrantes d el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora la elección de integrantes del poder judicial solo ha ocurrido dos veces en Bolivia, en 2011 y 2017. En ambas los votos nulos y blancos han sido más numerosos que los favorables a los candidatos. Y la que tenía que ocurrir el año pasado está suspendida por un conflicto entre el legislativo y el judicial. Ha sido un verdadero caos en donde el ganador ha sido el actual presidente, Luis Arce, quien controla al poder judicial y ante la parálisis lo seguirá haciendo indefenidamente.

En un país como México, con los problemas de dinero sucio y crimen organizado ¿de verdad queremos que quienes quieran impartir justicia tengan que salir a hacer campañas y a buscar recursos; hacer convenios con cárteles; atraer dinero sucio y luego, cuando ganen, tengan que cumplir con sus “patrocinadores”?

El expresidente de Bolivia,  Eduardo Rodríguez Veltzé, opinó en entrevista par El País sobre como ha funcionado este sistema: “para elegirse debían cortejar a los políticos durante la preselección de candidatos, que se hace por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, y luego tenían que hacerse conocer por los votantes en un proceso electoral sin tradición alguna en el país. El voto popular obedece a una lógica: se vota por simpatía, por identificación, pero los votantes no están capacitados para evaluar los méritos de un funcionario que, sobre todo, es técnico”. A ello agregó que ““El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), siendo el garante de los derechos fundamentales, hasta hoy no repara en que Bolivia tiene el récord de meter gente en las cárceles. Existen 30 mil reos y, esto es lo grave, un 70% con prisión preventiva, sin sentencia. Los magistrados han sido funcionales a esta práctica abusiva.”

Difícil pensar que México pueda estar peor en materia de impartición de justicia y Estado de Derecho pero la reforma de López Obrador será el camino más seguro para lograrlo. Y todo por un acto de venganza.

Columna completa en El Universal

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció este martes el inicio de una campaña para visibilizar la función de las personas juzgadoras federales en todo tipo de asuntos en los que se vulnera la Constitución y los derechos humanos de las personas, así como el papel que desempeñan al resolver diferendos y su rol como pacificadores sociales.

La campaña, bajo el lema #Tu Voz, tu historia, tu justicia, presentará testimonios de personas justiciables, con sus experiencias al interactuar con la justicia federal, ya sea en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito o el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Esta campaña llega justo cuando comenzará la discusión de “Parlamento Abierto” sobre la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que cuenta con el aval de la futura presidenta Claudia Sheinbaum.

“Derechos de las personas migrantes, acceso a la salud, protección a grupos vulnerables, justicia laboral, libre desarrollo de la personalidad, diversidad sexual, inclusión, perspectiva de género, acceso a servicios básicos o a la educación, entre otros, son los temas que se visualizan en la nueva campaña de difusión del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF)”, indicó la institución.

El CJF señaló que en la campaña se muestra cómo a partir de las sentencias y resoluciones, las personas juzgadoras federales hacen valer tus derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México.

“Se muestra que las juezas, jueces, magistradas y magistrados a través de sus sentencias protegen y amplían los derechos humanos de todas las personas”, precisaron.

Y es que recordemos que en las encuestas que Morena mandó realizar, con dos casas encuestadoras y una propia, se indicó que buena parte de los mexicanos consideran que la corrupción impera dentro del Poder Judicial, lo que hace que apoyen la elección de magistrados, ministros y jueces por voto popular.

La volatilidad que enfrenta el peso frente al dólar se mantiene ante la posible aprobación de una polémica reforma al Poder Judicial en el Congreso, lo que ha desatado el nerviosismo en los mercados y ha acabado con el efecto del denominado ‘super peso’ en apenas dos semanas.

Tras las elecciones del 2 de junio, en las que resultó ganadora Claudia Sheinbaum, el peso se ha depreciado un 9.3%, casi 1.58 pesos, y ha llegado a rozar la barrera de los 19 pesos por dólar, algo no visto desde comienzos de 2023.

No obstante, en los últimos días parece haberse frenado la caída y se ha estabilizado en torno a los 18.50 pesos por dólar.

Todo esto sucede tras el contundente resultado de las elecciones que dieron mayorías en ambas cámaras del Congreso a la coalición oficialista conformada por Morena, el PT y el Partido Verde.

“El peso es una moneda fuerte y va a seguir siendo una moneda fuerte y cuando nosotros entremos lo va a seguir siendo porque finalmente los números macroeconómicos, el manejo responsable del presupuesto, de la deuda va a seguir”, afirmó en conferencia de prensa Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primer mujer presidenta de México.

La mayor preocupación de los mercados se ha centrado en la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, ha respaldado.

La reforma busca, entre otros puntos, modificar el artículo 95 constitucional para elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular, lo que ha disparado las dudas en los mercados acerca de la inseguridad jurídica.

La reforma también propone reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte, y se reduce de 15 a 12 años el periodo de su encargo. Elimina las dos Salas: la Corte sólo sesionará en Pleno y sus sesiones deberán ser públicas.

Uno de los principales puntos en línea con el discurso del presidente López Obrador, es que se retira la pensión vitalicia para los ministros de la Corte, y establece que los ministros, magistrados y demás personal del Poder Judicial no podrán tener remuneraciones mayores a la que percibe el presidente.

Plantea sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial integrado por cinco magistrados que serviría para vigilar y sancionar la actuación de los jueces. Los integrantes de este Tribunal serán nombrados uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Senado y tres por la Corte.

Pese a todas las implicaciones que tendría, Claudia Sheinbaum presentó los resultados de las tres encuestas que se levantaron el fin de semana, a cargo de dos empresas encuestadoras: Enkoll, De las Heras, y una tercera de la propia comisión de encuestas de Morena.

Según los datos presentados, cerca de la mitad de los mexicanos están enterados de la iniciativa que se pretende avalar en septiembre próximo en el Congreso.

Entre 55% y 61% consideran que el poder judicial es corrupto; entre 68% y 75% están a favor de que sea el pueblo de México quien elija a los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, y entre el 77% y 83% de los encuestados están a favor de que se lleve a cabo la reforma constitucional.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Claudia de Buen, ex presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, sobre la reforma al Poder Judicial, en qué consiste y cuáles serían sus implicaciones.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentó esta tarde los resultados de las encuestas que se levaron el pasado fin de semana, para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la reforma al Poder Judicial que el presidente López Obrador presentó y que ella respalda para ser aprobada en septiembre próximo.

La morenista aseguró que tres de cada cuatro mexicanos encuestados respaldan elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Según los resultados presentados de los ejercicios, que estuvieron a cargo de las firmas Enkoll, De las Heras y la comisión de encuestas del partido, entre el 68% y 75% de los encuestados consideraron que los magistrados y jueces del Poder Judicial deben ser elegidos por “el pueblo de México”, en comparación con un 24% al 19% que considera que deben escogerse por el propio organismo judicial.

Recordemos que la futura presidenta ha asegurado estar de acuerdo con esta reforma propuesta por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con quien dice coincidir en el planteamiento que hace para reformar al Poder Judicial.

“Un porcentaje muy alto que considera que hay corrupción en el poder judicial y un porcentaje muy alto también que considera la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, a los ministros y a los jueces”, añadió la morenista

La ganadora de la elección presidencial resaltó que entre el 77% y 83% de los encuestados “considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial”, versus un 14% a 12% que no, y un 4% a 9% que no sabe o no contestó.

Sheinbaum dijo que esta información se va a considerar en la discusión que se va a abrir en los próximos días sobre la reforma a través de un “parlamento abierto” en el Congreso, cuyos detalles se informarán a más tardar mañana por los legisladores de Morena.

“Me parece muy relevante que, a ver, si hubiera sido 59%, es como las personas que votaron por nosotros, pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros, que reconocen la importancia de esta reforma al poder judicial”, destacó Sheinbaum.

Hace apenas una semana, Sheinbaum anunció que acordó con López Obrador hacer una “discusión muy amplia” en todo el país sobre esta reforma, que sería de las primeras en aprobarse con una nueva ‘supermayoría’ en el Congreso a partir del 1 de septiembre, un mes antes de que el presidente termine su gestión.

La polémica reforma ha provocado incertidumbre en los mercados y caídas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la depreciación del peso.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado confirmó que este fin de semana realizarán un ejercicio a nivel nacional para conocer la opinión de las y los mexicanos en torno a la reforma al Poder Judicial.

“Será domiciliaria y realizada con encuestadoras que cuentan con credibilidad. Van a ser dos casas encuestadoras- las que más se acercaron a los resultados de la elección presidencial- y la encuestadora de Morena. Todas con el mismo cuestionario para tener certeza sobre los resultados”, indicó Delgado.

Todo esto surgió de una propuesta de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien a inicios de semana planteó la posibilidad de levantar una encuesta para conocer la opinión de los mexicanos, esto en medio de la discusión que se ha generado en torno a la iniciativa de reforma de López Obrador, que se discutirá en el Congreso.

Luego de su reunión con Sheinbaum Pardo, el líder de Morena explicó que se trabajará únicamente con encuestadoras que cuenten con credibilidad. “No vamos a hacer encuestas con aquellas que erraron por completo el resultado (de las elecciones)”, aunque no reveló el nombre de las firmas seleccionadas.

Asimismo, comentó que una vez hechas las encuestas los resultados se los entregará de manera personal a la presidenta electa para que ella tome una decisión con base en dicha información. “Vamos a entregarle los resultados a la presidenta electa en cuanto los tengamos, vamos a empezar lo más pronto posible”.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum adelantó que el lunes próximo estará en posibilidad de dar a conocer los resultados.

“El fin de semana creo que van a estar haciéndose (las consultas), el lunes se sabrían los resultados, exactamente”, dijo Claudia Sheinbaum.

La ganadora de la elección presidencial detalló que en el ejercicio se aprovechará para conocer la opinión de los mexicanos en torno a la elección presidencial.

Finalmente, Mario Delgado agregó que las encuestas, aunque no serán vinculantes si serán un elemento clave para la toma de decisiones de los legisladores dado que éstas serán un reflejo de la opinión del pueblo de México.

La reforma al Poder Judicial que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ahora cuenta con el aval de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha causado incertidumbre en los mercados y entre grupos de la sociedad civil, quienes advierten de un grave retroceso en caso de aprobarse en los términos que está.

Pero ¿qué implica la iniciativa que podría aprobarse en septiembre próximo? Estas son los puntos claves del proyecto.

  • Elección popular de jueces

La propuesta plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, 1,688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.

  • Cambios en la Suprema Corte

La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial. La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros, que pasarían a nueve en lugar de los 11 actuales, y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.

También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno. Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.

No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.

  • Tribunal Electoral

El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, se encarga de resolver las controversias relacionadas con los comicios, como las recientes impugnaciones a la elección del pasado 2 de junio. Está dividido en dos niveles: la Sala Superior y salas regionales.

Con la propuesta del Gobierno, ambas mantendrían su número actual de magistrados, 7 y 18 respectivamente, pero su mandato se reduciría de los nueve años que tienen actualmente, a seis.

  • Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial

Sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial. Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley. De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.

  • Las elecciones por estados

Tan solo en Ciudad de México se votarían 339 cargos, 114 jueces y 225 magistrados, y podría haber hasta 2,034 aspirantes pues cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podría nombrar hasta dos candidatos por plaza.

Una situación similar ocurriría en los principales estados del país. En el Estado de México habría 114 puestos con hasta 684 candidatos, Jalisco tendría 122 cargos a elegir con hasta 732 aspirantes, y en Nuevo León un total de 72 plazas con hasta 432 pretendientes.

El presidente López Obrador, quien deja el cargo el próximo 1 de octubre, ha dicho que quiere acelerar la aprobación de la reforma una vez que se instale la próxima legislatura, en la que se proyecta que Morena y aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que les permitiría modificar la Constitución sin negociar con la oposición.

La posición del presidente contrasta con la de Sheinbaum, quien a inicios de semana aseguró que acordó con el mandatario hacer una “discusión muy amplia” en todo el país sobre la reforma, en la que dijo, se incluiría a las barras de abogados, escuelas de Derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conformó esta mañana que impulsará sus polémicas reformas constitucionales con las nuevas ‘supermayorías’ que tendrá en el Congreso a partir de septiembre próximo, tras las elecciones del pasado domingo.

Su insistencia en querer sacar adelante las reformas se da pese al nerviosismo que esto ha causado en los mercados, y a pesar de la promesa de diálogo de Claudia Sheinbaum, virtual futura mandataria.

“El pueblo quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública, eso fue lo que se manifestó el domingo, y se alarman los que se sentían dueños de México”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

AMLO consideró “natural, normal, que se den estos vaivenes” en los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumula una caída semanal del 1.27% y el peso una depreciación de 5.42% respecto al viernes pasado, luego de los comicios del domingo.

“La justicia está por encima de los mercados, es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia, o cuando se tiene que optar entre progreso y esclavitud, o sea, son cosas de definición. Además, la gente quiere eso”, argumentó.

Analistas anticipaban la victoria de la candidata presidencial del oficialismo, Sheinbaum, quien venció con casi el 60% de los votos, pero no preveían que la alianza Morena, PT, PVEM, obtuviera una mayoría calificada, de dos terceras partes, en el Congreso, con lo que podrían reformar la Constitución sin negociar con la oposición.

El temor entre los inversores creció ayer jueves, cuando el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que el oficialismo aprovecharía la nueva mayoría que tendrán a partir del 1 de septiembre para impulsar las 20 reformas anunciadas por López Obrador el pasado 5 de febrero.

Ante esto, Sheinbaum, quien asumirá el cargo un mes después de la nueva configuración del Congreso, prometió que abriría las iniciativas al diálogo; sin embargo, López Obrador insistió ahora en que promoverá sus reformas “porque es conveniente para el país”.

Entre las iniciativas más controversiales están el elegir por voto popular a los jueces y a la Suprema Corte, la eliminación de los órganos autónomos, y una “actualización” al Instituto Nacional Electoral (INE).

“De todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría de los de arriba”, argumentó el mandatario.

En defensa de sus intenciones, AMLO recordó que en México “no se actúa de manera autoritaria, acaba de haber elecciones, las más limpias y libres en la historia y que todas estas reformas son en beneficio del país”.

Los cómputos finales para definir las mayorías en el Congreso se conocerán mañana sábado, cuando el INE dé a conocer el conteo final de votos.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitó resoluciones favorables en temas de interés para la institución a Carlos Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y figura cercana al exministro Arturo Zaldívar.

Carlos Alpízar ha estado en el ojo del huracán por los constantes señalamientos que lo acusan que presionar y amenazar a jueces y magistrados para que resolvieran casos de interés para la Presidencia de la Corte, durante la gestión de Arturo Zaldívar.

Estos casos eran de interés para Zaldívar pues eran prioritarios para el Gobierno federal.

Audios obtenidos por N+Focus revelaron la forma en la que Alpízar presionó al juez Alberto Roldán Olvera para que fallara de cierta forma en un caso que se le asignó relacionado con un presunto fraude millonaria al interior de la Policía Federal.

Ahora, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en al menos en dos ocasiones, entre junio y diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió correos electrónicos solicitando a Carlos Alpízar intervenir en los casos del expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda y el Rancho Las Mesas, una propiedad incautada en Valle de Bravo a Moisés Mansur Cysneros, presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En junio de 2021, la Sedena pidió a Alpízar “su valioso apoyo para que se obtenga una resolución que favorezca los intereses institucionales”.

La dependencia buscaba que se revocara la admisión de una demanda de amparo que buscaba conocer el contenido del expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

La Sedena también solicitó a Carlos Alpízar intervenir para que la justicia federal negara el amparo con el que Moisés Mansur Cysneros buscaba recuperar la superficie del 33% del Rancho Las Mesas que un juez de control había declarado en abandono a favor de la Federación.

Pese a los señalamientos que hay en su contra, actualmente, Carlos Alpízar ocupa un cargo en la Secretaría de Gobernación como jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático, donde recibe un sueldo de 122 mil pesos libres de impuestos.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este miércoles al Poder Judicial de ser una “oligarquía corrupta”, al recordar que un juez otorgó libertad condicional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, principal acusado en la red de sobornos de la brasileña Odebrecht.

“El Poder Judicial está ahora dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta, son empleados, ellos no representan al pueblo de México”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

AMLO se refirió a la decisión de un juez que le permitió a Lozoya abandonar la noche de ayer el reclusorio norte, donde estuvo recluido por poco más de dos años.

Lozoya, quien dirigió la petrolera durante la administración de Peña Nieto, buscaba su libertad condicional con un cambio de medidas cautelares, pero la decisión se había postergado en varias ocasiones.

López Obrador dijo que la libertad de Lozoya tiene que ver con los jueces “con el Poder Judicial, que deja libres a todos”, entre ellos, presuntos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado.

“Siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de forma abierta y descarada y en contra nuestra, todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencia, a los corruptos, a los seudoambientalistas, seudodefensores de los derechos humanos”, sostuvo el mandatario.

Adelantó que probablemente la Fiscalía General de la República (FGR) apele “si es que lo puede hacer”, aunque dijo que “es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial y, la verdad, el Poder Judicial está podrido”.

Lozoya, arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos diferentes ante la justicia, uno por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, de Altos Hornos de México; y un segundo por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht. Este último es lo que lo mantenía en prisión.

Lozoya era el exfuncionario en prisión de mayor perfil de la presidencia de Peña Nieto, lo que se enmarcaba dentro de la lucha anticorrupción de López Obrador. La FGR ha pedido una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.

El Gobierno federal aseguró que el Poder Judicial se ha dedicado a obstaculizar el caso de lo 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, dijo en un comunicado el Gobierno federal.

La reacción emitida por la Secretaría de Gobernación llega luego de que el pasado viernes se diera la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes, tras lo cual el presidente López Obrador se reunió con el fiscal especial para el caso Rosendo Gómez.

La decisión de una jueza permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos cada uno.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo el domingo pasado que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza Raquel Duarte que fue quien dio la libertad a los militares.

En el comunicado, el Gobierno dijo que “una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia” y dijo que previamente había liberado a 62 implicados en los hechos, al argumentar que “habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel”.

Dijo que también intentaron dejar en libertad al extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares.

“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército (…) todo ello, por razones estrictamente políticas”.

Además dijo que con este tipo de decisiones, el Poder Judicial “mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.

Finalmente, reiteraron que el caso Ayotzinapa “es un asunto de Estado” y por ello se pedirá a la FGR “solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto de 2023, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.

Se “va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”, indicó el Gobierno federal.

Según la desacreditada versión del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.

En 2018, López Obrador reabrió las investigaciones, se ordenó la captura de militares vinculados al caso y ahora ha admitido la participación del Estado mexicano.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen apuntando hacia una falta de voluntad del Gobierno, en tanto que, las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del exfiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este martes que ya no le dará tiempo a reformar el Poder Judicial en lo que queda de su sexenio, por lo que ha emplazado a la persona que le sustituya tras a “seguir adelante” con esta tarea.

“Claro que hay que reforzar el Poder Judicial, nada más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir, va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país”, dijo el mandatario.

Y es que recordemos que López Obrador ha emprendido una batalla contra el Poder Judicial (PJ) durante los últimos años, criticando que durante el llamado “periodo neoliberal”, los integrantes del PJ fueron “los que legitimaron el saqueo y la política de pillaje”.

Pese a reconocer que no tendrá el tiempo suficiente para impulsar una reforma del Poder Judicial, López Obrador volvió a confirmar que, en aras de “limpiar” los organismos judiciales del país, enviará una iniciativa para que sea el pueblo quien elija a jueces, magistrados y ministros.

“Y ahora incluso estamos planteando y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo”, dijo el presidente, por lo que fue cuestionado sobre cuándo presentará dicha iniciativa.

“Lo más pronto posible, este año voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial”, respondió.

Volvió a cuestionar que hay jueces, magistrados y ministros corruptos, que acusó, “hacen lo que les da la gana, se enriquecen”.

Dijo que estos jueces tienen la autoridad para liberar a cualquier persona, incluso “delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada”.

Fue en ese punto donde reveló que en torno al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se encontró con una resolución relacionada a la desaparición de los estudiantes. “El Ministerio Público los acusaba y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público: ‘Nos vas a resolver en 10 días, aplicando el Protocolo de Estambul, si fueron o no torturados, y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados quedan en libertad’, y los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no, tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes”, reclamó el mandatario.

Finalmente, López Obrador dijo que si los jueces, magistrados y ministros son elegidos por el pueblo, ya no podrá haber lugar a que actúen por consigna o por dinero.