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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes una nueva propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico y el manejo de las presas para priorizar el interés público y la protección civil sobre el interés privado.

“Nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional”, reveló el mandatario durante su gira por Tabasco, donde este lunes atendió a damnificados de inundaciones.

El mandatario no aclaró si se trata de la misma propuesta que anunció el pasado 15 de junio, donde habló de una reforma constitucional que “fortalezca” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador explicó ahora que decidió proponer esta reforma porque una empresa extranjera se amparó contra un decreto de su gobierno que entró en vigor el 1 de enero que prioriza la “protección civil” y el abasto desde las presas y ríos a las hidroeléctricas de CFE sobre las privadas.

Aunque no mencionó el nombre, dijo que la compañía interpuso el recurso “hace como 20 días”, lo que coincide con la queja diplomática que México envió a Italia para acusar a su empresa Enel de “violar la ley” al ampararse contra sus políticas.

“Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, argumentó.

La disputa ocurre también en medio de la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó en mayo pasado, suspendida en el Poder Judicial, que prioriza las plantas de la CFE, incluyendo las contaminantes, sobre las privadas de renovables.

El presidente ha insistido en que pedirá reformar la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional su reforma legal.

El mandatario ha pedido revertir la política energética del “periodo neoliberal” que culminó en una reforma constitucional en 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para abrir el sector a la inversión privada.

Las inundaciones en Tabasco desde el pasado han despertado el malestar de la población y del gobernador Adán Augusto López, aliado de López Obrador, contra la CFE, a la que acusan de provocar el desastre por su manejo de las presas y las hidroeléctricas.

Pero el presidente justificó su reforma constitucional al culpar a las empresas privadas de la situación.

“Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este lunes una persecución política contra Ildefonso Guajardo, quien fuera secretario de Economía en el sexenio anterior, quien la semana pasada fue vinculado a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“Nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas. No es mi fuerte la venganza. Si hay algún asunto judicial tiene que ver con la Fiscalía”, respondió el presidente durante su conferencia matutina.

Y es que al conocerse sobre el caso, que derivó de una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), Guajardo denunció que lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR) le “huele a persecución política”.

AMLO recordó que cuando asumió el poder a finales de 2018 dio “la instrucción de que no haya corrupción y que no haya impunidad”, por lo que cuando se encuentra cualquier indicio de delito se denuncia ante el Ministerio Público.

“Si un secretario me lleva un expediente sobre un hecho de corrupción, digo que proceda, que envíe la denuncia donde corresponda”, expresó el mandatario.

En el caso específico del exnegociador del T-MEC, López Obrador dijo que Guajardo no debe preocuparse si no tiene nada ilegal porque “el que nada debe, nada teme”.

“Si él es una gente honesta, ¿de qué se puede preocupar”, dijo López Obrador, quien consideró que lo más importante es la tranquilidad de conciencia.

Hasta el momento se ha dado a conocer la SFP, entonces a cargo de Irma Eréndira Sandoval, denunció ante la Fiscalía a Guajardo Villarreal por una cuenta en el extranjero por 8.2 millones de pesos. Dicha denuncia se presentó el l 12 de octubre del año pasado.

Al respecto, el exsecretario de Economía sostiene que dichos recursos provienen del repudio de un inmueble heredado en 2014, pero el Ministerio Público sostiene que la escritura “no corresponde de ninguna manera” con la cantidad depositada.

Ante su vinculación a proceso, cuyo proceso podrá seguir en libertad, el juez impuso medidas como que debe firmar de manera periódica ante el juzgado y no puede abandonar el país en lo que dura su proceso judicial.

El exsecretario considera que se trata de un intento del gobierno para que no asuma como diputado del PRI en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados que arrancará en septiembre próximo.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, aseguraron esta tarde que manifestaron al gobierno de nuestro país sus preocupaciones sobre la política energética que sigue.

Dichos planteamientos se hicieron durante la visita de ambas funcionarias a la Ciudad de México, por el primer aniversario de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Con respecto a las políticas energéticas que vemos que se discuten y prevén en el gobierno de López Obrador, las estamos observando muy de cerca”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai. “Estamos planteando nuestras preocupaciones (…), exploraremos vías para abordar nuestras preocupaciones”, añadió Tai en conferencia de prensa.

Y es que desde que asumió el poder, en diciembre de 2018, López Obrador se ha empeñado en reforzar el papel del Estado en el sector energético, lo que ha generado choques entre el gobierno y el sector empresarial.

En mayo pasado, un juez suspendió la aplicación de la ley nacional de hidrocarburos, indicando que podría afectar la “competencia y la libre concurrencia” en la industria.

En marzo pasado, el mismo magistrado había suspendido indefinidamente la ley de la industria eléctrica que buscaba dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía en sus plantas, sin importar el costo y la tecnología.

López Obrador argumenta que las reformas son necesarias para evitar que los precios de la energía aumenten.

Las tres funcionarias revisaron igualmente el tema laboral. Washington ha invocado en dos ocasiones los mecanismos de disputa del tratado de libre comercio para pedir a México investigar violaciones de derechos sindicales en el sector automotor, especialmente en una planta de General Motors.

En una declaración conjunta, los tres países reafirmaron su compromiso con las cadenas de suministro y la competitividad económica de América del Norte, que han generado un crecimiento económico significativo y beneficios para la gente, las empresas y los trabajadores en los tres países.

Aseguraron que el T-MEC ha fortalecido la competitividad de la región y la ha reforzado como el bloque económico más dinámico del mundo. El tratado reemplazó en julio de 2020 al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), vigente desde hacía casi 25 años.