Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) de la Cámara de Diputados, el auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, explicó los resultados de la auditoría 1394-DE, “Auditoría a la Suspensión y Cierre del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Texcoco)” y la metodología para realizarla.

Recordemos que Caso Raphael fue separado del caso temporalmente, en lo que se realizan las investigaciones correspondientes por las inconsistencias que la misma ASF reconoció en la auditoría 1394-DE y que el gobierno federal denunció.

El auditor aseguró que nunca ha sido presionado por nadie, ni agentes externos o internos, ni ha recibido presiones de alguna especie porque la ASF no obedece a intereses o influencias ajenas.

Explicó que el Informe Individual de Auditorías establece la metodología de desempeño focalizada en costos, que comprende los económicos invertidos en la construcción del proyecto, los montos erogados por la terminación anticipada de contratos y convenios, costos asociados a la recompra de bonos y liquidación y los costos legales.

Precisó que no se trata únicamente de medir indicadores de gestión o aspectos administrativos, sino verificar qué instituciones, programas, proyectos y política cumplan con sus objetivos y su razón de ser. “Lo sustantivo es evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, el avance de la atención de los problemas públicos y el impacto real de la gestión”.

Además, subrayó que el ente auditado contó con todas las prerrogativas para presentar información, ya que se le dieron los tiempos procesales, los resultados y se dio la oportunidad de confronta. “No hay discrepancias, se sigue una metodología y hay derecho de réplica para solventar temas, en el marco de un proceso que permita arribar a un buen puerto con cifras y cantidades”.

Y es que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intervino cuando la ASF informó que la cancelación del NAIM tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por la 4T, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

López Obrador aseguró que con “buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. No vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad”. Fue él quien envió a Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, organismo del que depende la ASF, solicitando se iniciara una investigación sobre lo sucedido con el informe.

El presidente opinó que sería lamentable que la Auditoría hiciera mal las cuentas, e incluso dejó entrever que se trataba de una actitud politiquera por parte del organismo.

Al respecto, Agustín Caso señaló ante los diputados que el proceso de cancelación de un proyecto de las dimensiones como las del nuevo aeropuerto de Texcoco, ameritaba una serie de procesos, metodologías y planteamientos muy complejos para llevarlo a cabo, y “la recomendación se hizo desde la ASF es que el Grupo Aeroportuario tenga la capacidad y los sistemas de información que hagan transparente el proceso de cancelación.

Caso Raphael sostuvo que con la auditoría no se presentó ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado, ya que el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye; dijo que sólo se emitieron recomendaciones de carácter preventivo, propositivo y de control para la mejora de la gestión.

Incluso dijo que debido a que no se está ante un hecho completamente pagado o cerrado, el proceso que tiene un conjunto de escenarios jurídicos financieros y económicos pueden tardar en completarse hasta 26 años.

Manifestó que “no existió dolo o motivación política en el equipo auditor. No vengo a defender a capa y espada una cifra; vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan, con igual validez, dos ópticas distintas, a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”.

Consideró que es importante superar la disyuntiva sobre dos criterios y enfoques metodológicos, porque ambos, en referencia al presentado por la ASF y a la del gobierno federal vía la Secretaría de Hacienda, tienen sustento constitucional, legal y técnico.

Enfatizó que la ASF se apega a su debido proceso y aunque las auditorías sean distintas no hay dolo, mala fe, ni errores. “Sería una cuestión grave si en temas importantes del país la Auditoría actuara con mala fe o con interés creados”.

Lo expuesto por el auditor especial coincidió con lo que el titular de la ASF expuso el pasado 1 de marzo cuando compareció ante los Diputados; David Colmenares aseguró que el organismo no confrontan ni mucho menos enfrenta a nadie, a ningún orden de gobierno ni a ningún gobierno.