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La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó este lunes que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política), emitida por la Secretaría de Energía, al considerar que violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución.

La COFECE consideró que la Política es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

“El instrumento afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia (…) la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”, dijo la COFECE este lunes a través de un comunicado.

La Comisión dijo que se incide de manera grave y trascendente su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico.

Precisó que solicita a la Suprema Corte pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado.

Finalmente indicó que si bien reconoce que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito legítimo y deseable, cuando otros objetivos, como el de la competencia económica también son parte del mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos, lo que no sucede con la Política impugnada.

La mayor organización petrolera de Estados Unidos, el API, denunció prácticas de discriminación contra inversionistas estadounidenses de crudo y gas por parte del gobierno de México, mismas que violan el tratado comercial que ambos países sostienen junto a Canadá.

En una carta fechada el 11 de junio y dirigida a funcionarios de alto nivel de Washington, incluyendo el secretario de Estado, Mikel Pompeo, el Instituto Americano del Petróleo (API), dijo que los empresarios estadounidenses enfrentan una serie de dificultades para operar en el país latinoamericano.

El organismo señaló que los obstáculos son “cada vez mayores” para obtener permisos para estaciones de servicio, terminales de almacenamiento y de gas natural licuado, así como importación de combustibles.

“Estos ejemplos son acciones de discriminación contra empresas miembros de API que probablemente contravengan los compromisos de México con la protección de inversiones”, dijo el API refiriéndose al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLAN) y del nuevo acuerdo comercial que lo sustituirá el próximo 1 de julio, el T-MEC.

El API exhortó a los funcionarios en la carta a recurrir a canales diplomáticos para comprometer al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gobierno a que “trate a los inversores y exportadores estadounidenses de manera justa”.

Recordemos que lópez Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que desea darles un nuevo impulso a Pemex y CFE, que asegura, quedaron en desventaja frente a empresas privadas y extranjeras tras la reforma energética del sexenio anterior.

Según relata la agencia Reuters, el SAT está retrasando autorizaciones para descargar y distribuir combustible, argumentando cargamentos no declarados o problemas con la calidad de la gasolina, el diésel y la turbosina.

El gobierno mexicano, que ha cancelado subastas de contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, se ha enfrentado en las últimas semanas a inversionistas enojados por cambios en las reglas del sector eléctrico, que algunos consideran que también violan acuerdos comerciales.

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El informe anual sobre inversiones en energías renovables del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP), que se publicó este miércoles, exhibe la preocupación de la comunidad internacional por la política energética de México y la incertidumbre que está causando en el sector.

El informe señala que aunque en 2019 en México se invirtieron 4,300 millones de dólares en proyectos de energías renovables, un 17% más que el año anterior, la cifra está lejos de los 6,100 millones invertidos en 2016.

Refiere que las inversiones en energía eólica en México cayeron el año pasado un 15%, a 887 millones de dólares, aunque las de energía solar aumentaron un 31% a 3,400 millones de dólares.

En el informe “Global Trends in Renevable Energy Investment 2020”, en el que además del UNEP también han participado Frankfurt School y BloombergNEF, hace referencia a la “incertidumbre sobre la política energética bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador” y que en 2019 no se produjeron nuevas subastas de proyectos.

La aparición del informe se produce pocas semanas después de que el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ decidiera de forma inesperada y unilateral cambiar las normas sobre los proyectos privados de generación de energía renovable que en la práctica bloquea los proyectos de energía limpia.

Las autoridades de nuestro país han justificado su decisión sobre los proyectos de energía renovable porque su generación de electricidad es “intermitente” y depende de condiciones meteorológicas y que la crisis causada por la pandemia de COVID-19 obliga a contar con fuentes fiables de energía.

La situación de México contrasta con la del resto de Latinoamérica. El informe de la UNEP destaca que Latinoamérica tiene tres ventajas particulares sobre algunas partes del mundo en lo que respecta a la atracción de inversiones.

En primer lugar, señala, tiene excelentes recursos para la generación eólica, solar y de biomasa. En segundo lugar, destaca su desarrollo de políticas que han puesto el énfasis en el papel de las subastas para distribuir nueva capacidad. Y finalmente, la confianza de promotores internacionales como Enel, EDF y Mainstream Renewable Power así como los prestamistas internacionales.

Pero los expertos temen que estos dos últimos aspectos estén en peligro con las acciones del gobierno de López Obrador.

El informe señala que las inversiones globales en renovables sumaron 282,200 millones de dólares en 2019, un 1% más que en el año anterior, y que se añadieron 184 GW de capacidad eléctrica limpia.

El informe añade que los compromisos existentes de inversiones en energía renovables de aquí al año 2030 suman alrededor de 1 billón de dólares y crearán 826 GW de capacidad de generación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió su decisión de exhibir el supuesto plan del “Bloque Opositor Amplio” (BOA), aún sin verificar su autenticidad, y negó que su gobierno espíe a la oposición.

“No afecta en nada. El que no tiene injerencia en ese asunto, ¿pues qué le preocupa? Yo lo doy a conocer porque me lo entregan y mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. ¿Qué voy a andar guardando yo los documentos?”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador se refirió al texto que presentó ayer, que delinea acciones para derrotar a Morena en las elecciones de 2021, previo a la revocación de mandato a la que se someterá en 2022.

El grupo firmante, bautizado por el Gobierno como “BOA”, incluye a gobernadores, a partidos de oposición, a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a magistrados del Tribunal Electoral y a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). También aparecen medios de comunicación, grandes compañías y la cúpula del sector privado, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Tras darlo a conocer, el “BOA” se volvió tendencia en redes sociales; empresarios, instituciones y políticos se desmarcaron del documento al asegurar que ni siquiera el gobierno sabe de su autenticidad.

Sobre lo expresado por el expresidente Felipe Calderón, quien recordó que si la oposición se organiza es su derecho y si el gobierno la espía es un delito, López Obrador dijo que en su gobierno ya no hay espionaje, como en “el tiempo de Genaro García Luna”, secretario de Seguridad de Calderón, y quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, AMLO reconoció que la oposición tiene el derecho de agruparse y ponerse de acuerdo para combatirlo políticamente, aunque criticó que lo hagan de manera encubierta. Incluso dijo que ante esa situación, él se divierte al exhibir sus planes.

“Yo hasta me divierto el dar a conocer esto porque hasta se tapan tanto, se ensarapan ahí, que piensan que nadie lo va a saber, y ahora las cosas en México se saben antes de que sucedan”.

López Obrador dijo que es su deber discutir de política ante los ciudadanos, y aseguró que tiene que estar informando a la gente constantemente. Sostuvo que es importante que en la democracia se actúe con transparencia, y no con hipocresía.

Y aunque fue cuestionado sobre el tema, y se le pidió revelar más detalles, el mandatario rechazó detallar cómo llegó el presunto plan a sus manos.

Sobre el tema, este miércoles, el diario El Universal, revela que un “personero de Morena”, ofreció un día antes el documento a la casa editorial.

“El lunes, un personero de Morena se acercó a este diario. Pidió cita, fue atendido y dijo que traía un documento que exhibía un complot en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su intención era que EL UNIVERSAL lo publicara en su edición del martes como una gran nota generada por este diario, y que además —ofrecía  generosamente— serviría para que esta casa editorial, que era mencionada en el supuesto plan, pudiera marcar distancia del presunto proyecto desestabilizador”, reveló el diario en su espacio ‘Bajo Reserva’.

El diario señaló que si el presidente quiere saber quién llevó el BOA a Palacio Nacional, solo tiene que preguntarle a un “distinguido morenista, y orgulloso representante de la 4T (…) Bastaría con que lo invite a desayunar, una vez más, a Palacio para que le cuente. A menos que en la Presidencia ya conozcan bien la historia”, añade el texto de El Universal.