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Ya van cinco resoluciones del INE ordenando al presidente guardar silencio sobre las elecciones del 2024. Hay dos resoluciones además que están en proceso. Pero López Obrador simplemente hace caso omiso a la ley. La viola a pesar de los años que estuvo en campaña pidiendo piso parejo. Las acciones en las que incurre hoy eran sus reproches ayer.

La Consejera del INE, Claudia Zavala, Presidenta de la Comisión de Quejas, ya le dijo de forma clara y valiente que la autoridad electoral está ahí para hacer cumplir con la ley, no para dar permisos. Esto ante una nueva encuesta que sacó AMLO durante su mañanera en la que Morena aparece como la mejor opción rumbo al 2024.

Zavala le volvió a recordar a AMLO que la restricción para que un presidente no se entrometa en asuntos electorales fue impulsado por él ante el legislativo después de la elección del 2006 que perdió ante Felipe Calderón. En ese momento AMLO señaló que Vicente Fox había hecho campaña en favor del candidato del PAN. Si eso pidió en 2006 y obtuvo del legislativo como parte de la reforma electoral del 2007, ahora no puede señalar censura, le dijo Zavala.

Al día siguiente, de nuevo desde su conferencia, AMLO atacó a Xóchitl Gálvez por la denuncia que interpuso en su contra por violar el secreto fiscal. “¿Por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar”. Así justificó atacar a la que representa hoy la opción más fuerte de la oposición rumbo a la elección del año próximo.

Además de López Obrador, hay múltiples quejas ante el INE por presuntas violaciones de las leyes electorales en contra de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez. En nota publicada en Excelsior, al corte del 21 de julio 2023 y desde el 2022, hay 314 quejas en contra de Adán Augusto López, seguido por Claudia Sheinbaum con 225 y en tercer lugar Marcelo Ebrard con 202. Xóchitl Gálvez que apenas tenía una queja en su contra a fines de junio ahora tiene 62 quejas.

No hay duda de que frente a irregularidades graves, dolosas, violatorias de principios constitucionales plenamente acreditadas, las instituciones electorales pueden anular los comicios. Pero es evidente que todos están adelantándose a los tiempos electorales y que más de uno está violando otras leyes, como el uso de recursos públicos para promocionarse. El escenario apunta a un conflicto pre y/o post electoral.

Aquí hay diversas variables a tomar en consideración. Primero, la oposición podría decidir presentar una denuncia en contra del presidente o de la candidatura de Morena por violar la equidad y los tiempos electorales. Todo dependerá del desempeño de esa candidatura. Si a pesar de las violaciones presidenciales y de la candidatura de Morena, la oposición se ve con posibilidades de ganar, es de esperarse que no presentarán denuncia y con ello la violación a las leyes electorales quedarán impunes.

Por el contrario, podría ser el presidente o la campaña de quien resulte candidato de Morena quien decide denunciar ante el INE a la candidatura de la oposición por anticipar tiempos electorales al darse cuenta de que van en desventaja en el 2024.

Cualquiera de estos escenarios anticipa un mal destino para la democracia mexicana en donde las instituciones electorales, INE y Tribunal, se verán puestas a prueba como nunca antes. Todo por haber accedido a una reforma electoral para satisfacer a quien nunca ha tenido vocación por la equidad, el piso parejo y en general, por la democracia.

Columna completa en El Universal

Pasada la elección intermedia, arrancó ya el proceso para la elección del 2024. Por ello el presidente ya se quiso adelantar y aumentar sus posibles candidatos ante los problemas para Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard después de la tragedia evitable de la Línea 12 del metro. Sin embargo, antes de las elecciones presidenciales hay dos paradas.

La primera es si se enjuicia a los políticos del pasado, el mal llamado juicio a los expresidentes. La segunda parada es la posibilidad de revocar el mandato del presidente.

El juicio a los políticos del pasado está programado para agosto de este año. Esto tendrá al presidente López Obrador muy ocupado en seguir en modo polarizador.

La revocación de mandato la quería AMLO junto con la intermedia, pero se evitó que así fuera y con ello no pudo estar en las boletas de las elecciones que acaban de llevarse a cabo. Pero es un hecho que el presidente quiere que en el 2022 se lleve a cabo la votación para revocarle o no el mandato. Y si la oposición cae en la trampa del presidente de apoyar este ejercicio le estará haciendo un enorme favor.

Esto viene a cuento ya que pasadas las elecciones está muy contenta una parte de la oposición por el resultado en las legislativas y en la CDMX, pero un grupo de empresarios siente que deben de ir más allá y entusiasmar a más ciudadanos a participar en la política para frenar a Morena.

Y ahí, según me comentan dentro de estos círculos de empresarios, ven que no pueden ignorar la revocación de mandato. Ojalá la ignoren. Para lograr que ésta avance, el presidente necesita que alguien presente la solicitud entre noviembre y diciembre de este año, que es el plazo de tres meses a partir de la mitad de su sexenio. El presidente no la puede solicitar, pero podemos anticipar que entre sus muchos habilitadores, alguno hará la solicitud para comenzar a juntar las poco más de 2 millones 800 mil firmas necesarias para que proceda la revocación.

Y ahí es en dónde los empresarios que quieren mayores contrapesos al gobierno deben ignorar la revocación de mandato. Una encuesta de El Financiero publicada después de las elecciones muestra que de haberse hecho la revocación el 6 de junio un 46% habría votado por remover a AMLO y un 49% por dejarlo como presidente. Esto puede poner nerviosos a quienes quisieran ver al presidente perder. Gran error harían si caen en la trampa de querer movilizar a la población para participar en el ejercicio. Hay que tomar en cuenta que al presidente le gusta estar en modo campaña y lo hace bastante bien. Prefiere que el tema sea la revocación de su mandato y apelar al pueblo como sabio en lugar de enfrentar preguntas sobre su desempeño como gobernante.

Para que el proceso de revocación sea válido debe participar cuando menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal. Con los números de este año, eso equivale a 37 millones 411 mil electores. Lo mejor que puede hacer la oposición es ignorar el proceso; no caer en la trampa de que con la revocación se puede premiar o castigar al presidente y no permitir que lo asuma como bandera de campaña para evitar la responsabilidad de gobernar.

Veremos si evitan o caen en esta trampa del presidente.

 

Columna completa en El Universal

Cuesta trabajo entender a qué fueron los gobernadores del PRI, PAN y el del PRD a Palacio Nacional a la firma de lo que el presidente López Obrador llamó el Acuerdo Nacional por la Democracia. Todos los gobernadores salvo el de Jalisco, Enrique Alfaro, y Quirino Ordaz de Sinaloa, se prestaron a otro show más del presidente para firmar algo que simplemente implica cumplir con la ley y que ninguno de los presentes, ni el presidente, pretenden acatar.

De verdad que si todo lo que firman, acuerdan y convierten en ley nuestros gobernantes se cumpliera, seríamos mejor país que Dinamarca. Pero como lo que ocurre es que se firman acuerdos, leyes y pactos que al final no se respetan, pues somos lo que somos. México, el país de los políticos expertos en simular.

El presidente convocó a los gobernadores a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia para garantizar que ninguno de ellos interfiera en el proceso electoral en curso ni favorezca a candidatos o partidos políticos de cara a las elecciones del 6 de junio. Se sentaron a hacerle el caldo gordo en otro más de los shows del presidente. Nunca se le ocurrió a AMLO convocar un Acuerdo Nacional para lidiar con la COVID. Tampoco ha buscado trabajar en conjunto para idear el Plan Nacional de Regreso a Clases; menos aún han pensado en firmar un rescate económico de los mexicanos en tiempos de pandemia. No. Nada de eso.

La convocatoria para respetar el proceso electoral y comprometerse a no intervenir en el proceso electoral viene del presidente que cada mañana utiliza la plataforma de Palacio Nacional para auto promoverse durante al menos dos horas sin importar los tiempos electorales que impiden a los otros hacer algo similar. Lo mismo no lo puede hacer nadie más porque el megáfono de la presidencia solo lo tiene el presidente en turno.

Viene también de quien decidió inventar una figura que representa al gobierno federal en los estados, la de los Súperdelegados, que se ha dicho desde el comienzo del sexenio que no son más que aspirantes a las gubernaturas estatales. Y tan es cierto que de las 15 gubernaturas en juego el 6 de junio, 8 Súperdelegados renunciaron para poder contender.

Es el caso de Víctor Manuel Castro, candidato de Morena para Baja California Sur; Juan Carlos Loera, candidato de Morena por Chihuahua; Indira Vizcaíno, la candidata de Morena y el PANAL por Colima; Pablo Amílcar Sandoval, quien pensó que obtendría la candidatura de Guerrero pero Morena prefirió dársela al acusado de violación y acoso sexual, Feliz Salgado Macedonio; Lorena Cuéllar, la candidata de Morena en Tlaxcala; Manuel Pedraza, quien renunció para ser el candidato en Nayarit pero al final se quedó la candidatura Miguel Ángel Navarro Quintero.

Gilberto Herrera quiso ser el candidato en Querétaro y Gabino Morales en San Luis Potosí. Ambos renunciaron al puesto de Superdelegados pero se quedaron fuera de la contienda porque las candidaturas se las dio el partido a mujeres para poder cumplir con el requisito de Paridad en Gubernaturas. En el caso de Querétaro, quedó Celia Maya y en el de San Luis Potosí, Mónica Rangel.

A la firma ni siquiera fue convocado el INE, fuente constante de los ataques presidenciales a pesar de ser la institución central para el respeto al proceso electoral. Los primeros interesados en fortalecer al INE debieran ser la oposición. Pero aún así, decidieron acudir al show del presidente y darle con ello una estocada más al INE.

En lugar de pedirle al presidente que los convoque a un acuerdo que auténticamente se comprometan todos a cumplir, fueron al show de Palacio Nacional. ¿Para qué?

De verdad que la oposición nada más no entiende que no entiende.

 

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