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Luego de que Morena denunciara a Xóchitl Gálvez y al PAN y el PRD por la difusión de los promocionales de televisión en los que aseguró no se identificaba el estatus de la denunciada, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó bajar los spots en cuestión.

La Comisión consideró, bajo la apariencia del buen derecho, que los materiales denunciados, pautados para el periodo de precampañas del actual proceso comicial federal, no cumplen con el requisito establecido en el artículo 211, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Recordaron que dichos promocionales deben señalar la calidad de precandidata de Xóchitl Gálvez Ruiz de manera expresa, tanto por medios gráficos como auditivos; razón por la cual estimó que los materiales denunciados podrían configurar una sobreexposición de la denunciada.

Así, se ordenó a los partidos denunciados a sustituir los promocionales, en un plazo no mayor a seis horas, y las concesionarias de televisión que estuvieran obligadas a la transmisión, a detenerla en un plazo que no mayor a 12 horas.

Respecto a la tutela preventiva solicitada por Morena, se determinó improcedente ordenar al PAN y al PRD, que se abstengan de realizar todo acto de propaganda calumniosa o actos anticipados de campaña en la producción de sus promocionales en radio y televisión, al tratarse de hechos futuros de realización incierta.

Sobre la aparente vulneración al interés superior de la niñez, el colegiado concluyó que no resulta procedente suspender dicho promocional, pues del análisis a la imagen mencionada se estima que no corresponde a una persona menor de edad como lo había denunciado Morena.

En lo referente a la calumnia, se estimó que ninguna de las expresiones contenidas en los spots se refiere a Morena, sino que se refieren a hechos propios de la denunciada, por lo que no hay afectación al partido, por lo que no procedía el ordenamiento del retiro del promocional.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió cinco solicitudes de medidas cautelares por presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad y equidad de cara al Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024.

El PRD y un ciudadano denunciaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a Claudia Sheinbaum y a gobernadores/as de diversas entidades federativas, por la celebración del evento en el que se hizo entrega de lo que se denominó “Bastón de mando”, así como su posterior publicación en X.

La Comisión determinó que, bajo la apariencia del buen derecho, la difusión del evento en plataformas y redes sociales oficiales es un tema ajeno al quehacer institucional del Ejecutivo Federal, puesto que se trató de un evento partidista lo que, desde una perspectiva preliminar, podría influir en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Además, la Comisión indicó que su difusión presuntamente constituye una vulneración a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos.

Por ello, se ordenó se eliminen esas publicaciones, tanto de la Presidencia como de las y los titulares del poder ejecutivo de los gobiernos de Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Asimismo, se realizó un recordatorio a las y los servidores públicos denunciados para que ajusten su actuar a los principios de imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda.

Sin embargo, y pese a que lo habían solicitado los denunciantes, la Comisión determinó que no es procedente ordenar al presidente López Obrador que publique una disculpa pública, al considerar que dicha petición excede la finalidad de las medidas cautelares, la cual, en todo caso, corresponde a la resolución de fondo del asunto.

En otro caso, un ciudadano denunció a Marcelo Ebrard por una publicación de contenido aparentemente político, realizada en el contexto de los recorridos que efectuó en el proceso de selección de la persona coordinadora de los Comités de la transformación, en la que se aprecia la imagen de una persona menor de edad.

Dado que Ebrard y/o su equipo no aportaron las pruebas necesarias para acreditar el consentimiento y la autorización o permiso de los padres para participar en la propaganda, se ordenó eliminar la publicación o, en su caso, difuminar del rostro de la persona menor de edad.

En tanto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México denunció la colocación de pintas de propaganda en plantas de bombeo del Sistema con textos alusivos a Claudia Sheinbaum  y Marcelo Ebrard.

La Comisión determino que la barda con el texto referente a Claudia Sheinbaum podría contravenir los Lineamientos y afectar la equidad en la contienda electoral 2024, por lo cual se ordenó quitar la propaganda y cualquier otra similar en un plazo máximo de dos días.

Por cuanto a la pinta de la barda alusiva a Marcelo Ebrard, se consideró improcedente su eliminación, pues no se acreditó la existencia del contenido denunciado.

La Comisión también ordenó retirar diversas publicaciones realizadas en X, antes Twitter, de Xóchitl Gálvez y del PAN, pues los materiales incluyen propuestas que podrían contravenir los Lineamientos emitidos por el INE al presentar propuestas y hacer alusión a programas de gobierno, lo que podría poner en riesgo la equidad en la contienda.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió seis solicitudes de medidas cautelares por posibles actos anticipados de precampaña y campaña, uso de recursos públicos, violaciones a los principios de equidad en la contienda, Violencia Política contra las Mujeres en Razón Género (VPMRG) y por violación a las reglas de difusión de informes de cara al Proceso Electoral Federal 2024.

Se presentaron diversas quejas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); del  Coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas y de otros funcionarios, por realizar y reproducir en redes sociales frases y pronunciamientos que hacían referencia de perfiles específicos, y que acusaron violan los principios de neutralidad y equidad en la contienda.

Sobre las conferencias de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, la Comisión determinó procedente ordenar el retiro del material, toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, de manera abierta el Ejecutivo se refiere al Proceso Electoral Federal hace referencia sobre temas electorales.

En cuanto a las manifestaciones y publicaciones hechas dentro de las conferencias celebradas los días 3, 4 y 5 de julio de 2023, por las cuales se denunció la existencia de VPMRG en detrimento de Xóchitl Gálvez, se determinó la improcedencia de la cautelar solicitada, porque se indicó que ya fueron retiradas de los portales oficiales, derivado del acuerdo emitido el pasado 13 de julio.

Adicional, la Comisión consideró improcedente la medida cautelar respecto de las declaraciones del presidente hechas el 10, 11 y 17 de julio durante las mañaneras, argumentando que los mensajes denunciados formaban parte del debate público y críticas políticas entre actores de dos poderes públicos, por lo que no constituyen, bajo la apariencia del buen derecho, o en forma preliminar Violencia Política en Razón de Género.

Sobre la queja que se presentó en contra del Presidente, por la presunta violación a las reglas de difusión de informes, por el evento “Quinto Año de la Transformación”, llevado a cabo el pasado primero de julio en el Zócalo capitalino, se resolvió la improcedencia de la tutela preventiva solicitada al considerar que no se trató de un informe de labores, sino de un acto de propaganda gubernamental y no se tienen elementos para considerar que dicho evento o algún otro con las mismas características se celebrará de nueva cuenta.

En la sesión de ayer, el Consejo General del INE también acordó vigilar minuciosamente las actividades de todas y todos los aspirantes a coordinador de la Defensa de la Transformación y del o la responsable de la construcción del Frente Amplio por México.

El acuerdo aprobado por mayoría de votos faculta a la Unidad Técnica de Fiscalización llevar a cabo monitoreos y visitas de verificación para corroborar los gastos que se erogan; incluyen revisiones a medios de comunicación, redes sociales, páginas web y recorridos para detectar propaganda en la vía pública tales como bardas y espectaculares.

El acuerdo de fiscalización fue aprobado por siete votos contra cuatro; a favor votaron las consejeras y consejeros Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel, Martín Faz, Jaime Rivera, Uuc-kib Espadas y Arturo Castillo. En contra se manifestaron la consejera presidenta Guadalupe Taddei, las consejeras Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López, y el consejero Jorge Montaño Ventura.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió la solicitud de medidas cautelares, presentadas por Morena en contra del proceso interno de la oposición rumbo a la elección de 2024.

Morena denunció la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, por parte de Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, derivado de haber anunciado en un evento llevado a cabo el 26 de junio de 2023, la creación del “Frente Amplio por México”, así como la convocatoria conjunta para la elección de la candidatura a la Presidencia de la República para el 2024.

Recordemos que los partidos de oposición denunciaron en su momento, por los mismo motivos, a Morena y su proceso interno que llamó proceso para definir al Coordinador de la Defensa de la Transformación.

La Comisión determinó procedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas por Morena, en su vertiente de tutela preventiva, al señalar que, desde una perspectiva preliminar, las acciones que, en su caso, realicen los partidos políticos de oposición, podrían actualizar una violación al principio de equidad al Proceso Electoral Federal próximo a iniciar.

Se resolvió ordenar al PAN, PRI y PRD y a las personas que aspiren a ser “Responsables de la Construcción del Frente Amplio por México”, respetar los tiempos que marca la ley para la realización de procedimientos de selección de candidaturas, de conformidad con las reglas en materia de campañas y precampañas establecidas en la legislación y constreñirse a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles la obligación de conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad.

Tal como lo hizo con Morena, la Comisión del INE pidió a los participantes de dicho proceso, ajustarse a las siguientes disposiciones:

  • Los discursos y mensajes que realicen NO deberán contener directa y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna.
  • Los actos que realicen las personas involucradas NO deben tener como objetivo  obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular.
  • La propaganda que, en el caso, se exponga en los actos que se realicen NO debe tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral. Por el contrario, la misma deberá contener, de forma clara y visible el proceso al que va dirigida, es decir, al proceso de selección del Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México.
  • En NINGÚN MOMENTO deberán presentar plataforma de un partido político o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso de carácter electoral.
  • En general, NO deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una precandidatura o candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una precandidatura o candidatura.
  • NO podrán utilizar prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión, para dar difusión al proceso de selección del o la Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, o, de las personas que participen en el mismo.

Finalmente, pidió a los partidos de Va por México (PRI, PAN y PRD), así como a todas las personas que participen como aspirantes en la selección del o la Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, proporcionar, de manera semanal, un calendario que deberá contener los recorridos de trabajo y actividades que tengan programadas para realizar la siguiente semana.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias tomada el pasado miércoles respecto a la denuncia de la presunta realización de actos anticipados de campaña por parte de las ‘corcholatas’ de Morena, no significó darle “luz verde” a estos eventos.

En voz del consejero Uuc-kib Espadas Ancona, el INE explicó que se trata de asuntos de fondo que no le corresponde resolver a la Comisión, sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien tendrá la última palabra en ese asunto.

“El Tribunal será el que sí pueda resolver el fondo del asunto y, en consecuencia, sabremos si esto es una precampaña”, lo que dará certeza a todos los actores políticos sobre lo que va a ocurrir en este terreno, señaló el consejero..

Espadas Ancona precisó que aunque no comparte la decisión de la Comisión, no significa que se le haya dado “luz verde” a estos actos, como se ha señalado en diversos medios.

Consideró que al adelantarse las campañas, “mete a la sociedad a un debate que constitucionalmente se decidió que no fuera sino hasta dentro de varios meses”.

Aseguró que más allá de si estos son o no son campañas electorales, la ley electoral se cumplirá y está garantizada la integridad de las elecciones 2024.

Al participar en un evento de la COPARMEX Ciudad de México, el consejero electoral aclaró que el riesgo de un conflicto electoral no depende de la integridad en las elecciones.

“La falta de convicción de que sea en las urnas donde se dirima el poder hace que distintas fuerzas políticas sientan que lo que salió de las urnas no es lo que debió haber salido y que, en consecuencia, es ilegítimo, aunque sean votos reales. Ése, me parece que es el único nutriente posible hoy con este sistema electoral de un conflicto postelectoral”, indicó.

El Consejero del INE justificó que las instituciones electorales son “barrocas y costosas porque cada pequeño aspecto de los viejos fraudes electorales ha sido eliminado, se nos ha protegido de eso y hoy son imposibles”.

“Fuera del aparato del sistema electoral, las elecciones tienen garantías absolutas”, enfatizó. No obstante, hay problemas con el uso del dinero por parte de los actores políticos, señaló.

El también presidente de la Comisión de Fiscalización del INE garantizó que las faltas detectadas y contabilizadas en dicha materia, serán sancionadas como corresponde.

“Lo que este árbitro puede ofrecerle a la sociedad es que nunca más el aparato electoral, el Registro Federal de Electores, las urnas, las casillas mismas, ya nunca podrán –desde hace rato no lo son- y nunca más podrán ser utilizadas como el espacio donde se opera el fraude”, sostuvo Espadas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió denuncias presentadas en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

La queja denunciaba la presunta realización de promoción personalizada con fines electorales, la probable realización de actos anticipados de precampaña y campaña, el posible uso indebido de recursos públicos con el propósito de posicionarse ante el electorado, así como la presunta difusión de informe de labores, de cara al Proceso Electoral Federal del 2024.

En las denuncias, presentadas por un ciudadano y por la dirigencia nacional del PRD,  se denuncian a las llamas ‘corcholatas’, al considerar que han realizado diversas giras a nacionales en las que promocionan su imagen, a través de banderas, gorras, playeras, chalecos y mantas con el logotipo de Morena, acompañado de frases como “Cuarta transformación”, “Es Claudia”, “Con Marcelo Sí” y “Ahora es Adán”. Además de la difusión y distribución de propaganda en bardas, espectaculares y redes sociales.

La Comisión consideró que resultaba procedente el dictado de medidas cautelares bajo la modalidad de tutela preventiva, por advertirse la realización de estas conductas “antijurídicas cuya repetición debe evitarse”.

“Se advierte que no se trata de manifestaciones, actuaciones o propaganda aislada o espontánea, sino que es resultado de una posible estrategia a nivel nacional, cuya finalidad es posicionarse frente al electorado de cara al inicio del próximo Proceso Electoral Federal, lo que puede afectar los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y neutralidad”, resolvió la Comisión de Quejas del INE.

La Comisión ordenó a Morena que llame a la militancia en general, simpatizantes y posibles aspirantes, se abstengan de realizar eventos en los que se promocione a cualquier actor político con miras al 2024.

Se dio un plazo no mayor a 24 horas para que Morena publique en su página de internet y redes sociales, un extracto de la determinación para dar a conocer entre su militancia las medidas adoptadas por la autoridad electoral.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió diversas solicitudes de medidas cautelares en contra del Presidente de la República y otras personas, lo anterior derivado de denuncia del PRD, PAN y los diputados Jorge Álvarez Máynez y Federico Döring Casar.

Los quejosos denunciaron presunta coacción del voto derivado de las manifestaciones realizadas el 9 y 11 de mayo del año en curso durante su conferencia matutina.

El colegiado declaró improcedente otorgar la cautelar solicitada y ordenar el retiro parcial de ‘La Mañanera’ denunciada, toda vez que no se advirtió urgencia o peligro en la demora que justifique la medida, ya que el Proceso Electoral Federal dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año.

Aunado a esto, la comisión resolvió que se tratan de publicaciones realizadas en fecha pasada en páginas oficiales y redes sociales, a las que debe mediar la voluntad para acceder y buscar el contenido específico.

“Bajo la apariencia del buen derecho, las expresiones vertidas se encuentran vinculadas con una posible reforma constitucional al Poder Judicial y con los porcentajes de integración de una nueva legislatura federal, no así con los procesos electorales locales que actualmente se llevan a cabo en el Estado de México y Coahuila”, dijo el INE.

Y es que la oposición acusó al presidente de promover el voto a favor de Morena al hablar de su ‘Plan C’ electoral.

La Comisión también negó la tutela preventiva correspondiente a ordenar al Presidente de la República se abstenga de formular pronunciamientos encaminados a solicitar el voto a favor o en contra de alguna fuerza política, al tratarse de hechos futuros de realización incierta.

No obstante, consideró necesario emitir un pronunciamiento que tiene como destinatario al Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que en todo tiempo ajuste sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcando la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad con el propósito de no afectar en la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas.

En otros asuntos, la Comisión abordó siete solicitudes de medidas cautelares en contra de los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dos senadores de la República, las llamadas ‘corcholatas’, por actos anticipados de campaña y precampaña.

La oposición denunció además presunta promoción personalizada y el probable uso indebido de recursos públicos en el marco del Proceso Electoral Federal (PEF) 2024.

En todos los casos no se otorgaron las medidas cautelares solicitadas al no “advertirse peligro o urgencia en la demora que justifique la eliminación de los materiales denunciados”, pues si bien se tiene certeza de la celebración del Proceso Electoral Federal 2024, el mismo dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año.

En relación con publicaciones en las redes sociales de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram se negó su retiro, ya que para su consulta debe mediar la voluntad de las personas para acceder a dichos contenidos. Además, en todos los asuntos se negó la tutela preventiva, al tratarse de hechos futuros de realización incierta.

También Morena tuvo un revés, pues en su denuncia en contra del PRD, por presunta calumnia y uso indebido de la pauta derivado de la difusión de los promocionales en televisión y radio, acusó que pretender responsabilizar de hechos o delitos falsos al partido y a su candidata a la gubernatura del Estado de México, con la finalidad de dañar la imagen de la referida candidata de cara a la Jornada Electoral del próximo 4 de junio del presente año.

Al respecto, fue negado el retiro de los spots ya que se consideró que no constituye un acto de calumnia, luego de determinarse, de manera preliminar, que el medio denunciado en modo alguno realiza una imputación específica de un hecho o delito falso de forma clara y sin ambigüedades a alguna persona y en el contexto en que se emite, ante lo cual debe ser considerado como una fuerte crítica política o electoral.

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional encabezan el listado de instituciones con más denuncias por violaciones de los Derechos Humanos en 2022, con más de 1,000 quejas en total, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La Guardia Nacional, que ha sido recientemente puesto bajo mando militar, encabeza el listado con 577 denuncias, mientras que la Secretaría de la Defensa (SEDENA), acumula 428.

La Guardia Nacional habría protagonizado en total siete asesinatos, tres desapariciones forzosas, 16 casos de tortura, 29 de trato cruel y 43 detenciones arbitrarias.

La SEDENA en cambio ha sido denunciada por un asesinato, 4 detenciones arbitrarias, nueve casos de tortura, 19 de trato degradante y 34 de detención arbitraria.

Uno de los estados con más denuncias, 33, es Tamaulipas, donde precisamente efectivos militares mataron a cinco jóvenes e hirieron a otro apenas el pasado 26 de febrero. Allí la Guardia Nacional acumula 15 quejas, según el informe.

En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió un total de 12 mil 582 quejas ante el mal uso de la autoridad de todas las instituciones del gobierno.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabeza la lista de quejas, con 3 mil 789 casos, seguido por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con 2 mil 679; el Instituto Nacional de Migración (INM), 2 mil 141; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mil 258.

Sin embargo también aparecen la Secretaría de Bienestar con 994 quejas; la Guardia Nacional, con 577; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 526; la Secretaría de la Defensa Nacional, 428; la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 369 y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 347.

 

Con información de El Universal

Estados Unidos activó este miércoles consultas contempladas en el T-MEC, para la solución de disputas con México por la política energética de nuestro país que, según Washington, favorecen injustamente a la CFE y Pemex, poniendo en desventaja a las empresas estadounidenses y los proveedores de energía limpia.

Estados Unidos busca una ronda de conversaciones para resolver las disputas, mecanismo que tendrá un plazo de hasta 75 días, y en caso de que no se logre un acuerdo, desencadenaría un panel que podría terminar en sanciones comerciales contra México.

“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su cumplimiento con los compromisos de México”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en un comunicado. “Las empresas de Estados Unidos siguen enfrentando un trato injusto en México”, agregó.

Entre los temas específicos en disputa está la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que, según Estados Unidos, otorga una ventaja injusta a la producción de la Comisión Federal de Electricidad sobre la energía de empresas privadas y sobre fuentes más limpias, como la eólica y la solar.

En abril pasado, la Suprema Corte confirmó la LIE, aprobada en 2021, que establece que la CFE debe tener prioridad sobre los proveedores de energía privados en el despacho, o cuando las plantas entran en funcionamiento.

Estados Unidos también protesta por una regulación de 2019 que otorga solo a Pemex tiempo adicional para cumplir con estándares ambientales más estrictos que limitan el azufre permitido en el combustible diésel para automóviles.

Washington acusa a México de retrasar, rechazar o no actuar sobre las solicitudes de permisos de empresas privadas para operar en el negocio de la energía y de revocar o suspender los permisos existentes.

“Las políticas de México han dejado fuera en gran medida las inversiones estadounidenses y de otros países de la infraestructura de energía limpia del país, incluidos pasos significativos para revertir las reformas que México realizó anteriormente para cumplir con sus objetivos climáticos en virtud del Acuerdo de París”, dijo la oficina de Tai en su comunicado.

La solicitud, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), supone la disputa más grave entre Washington y Ciudad de México desde que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La medida llega justo una semana después de que López Obrador se reuniera con su homólogo Joe Biden, en Washington, y anunciara que empresas estadounidenses planeaban invertir miles de millones de dólares en el sector energético mexicano.

Recordemos que en junio, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que las políticas energéticas de nuestro país habían puesto en riesgo unos 30,000 millones de dólares en proyectos de inversión estadounidenses.

Diputadas federales y locales, así como dirigencias estatales del PRI, presentaron quejas ante 31 comisiones estatales de Derechos Humanos, en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política en razón de género.

Las priístas exigieron a las autoridades correspondientes sancionar y poner un alto a la violencia que ejerce el gobierno de Campeche en contra de las legisladoras, esto luego de que hace unas semanas, la gobernadora ventilara la existencia de supuestas fotografías íntimas que legisladores habrían enviado al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno.

La diputada federal y presidenta del Organismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI), Montserrat Arcos agradeció y celebró la valiosa acción que llevaron a cabo dirigentes en todo el país a favor de los derechos de las mujeres.

“Las mujeres estamos llamadas a ser protagonistas de la vida política nacional de manera propositiva, por lo que de no estamos de acuerdo con ningún tipo de amenaza como la realizada por la titular del Ejecutivo de Campeche”, resaltó.

Las legisladoras señalaron que hoy se estará ingresando la solicitud de exhorto por parte de la Cámara de Diputados federal hacia la gobernadora Layda Sansores, para que deje de utilizar su cargo público y su programa ‘Martes del Jaguar’ para ejercer violencia política y violencia de género en contra de las mujeres en general y de las legisladoras priistas en lo particular.

Al respecto, este martes, la morenista publicó una imagen en la que adelantaba que para su transmisión de hoy, tendría un “audio asqueroso”, acompañado de la leyenda “atención mujeres, medios nacionales y locales”. La imagen se acompaña de una fotografía de Alito Moreno.

Las diputadas señalaron que ante la afirmación pública de una supuesta posesión de fotografías de índole sexual, “el INE debe asegurar que las y los responsables se incorporen al registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género, para evitar que vuelvan a ocupar un cargo durante los próximos seis años”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió cinco medidas cautelares, una por presunta promoción personalizada y actos anticipados de precampaña, en relación al evento que la dirigencia nacional de Morena llevó a cabo en Toluca, Estado de México.

La denuncia fue presentada por el los partidos que integran la coalición Va por México, así como por el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quienes denunciaron al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al canciller Marcelo Ebrard; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; al dirigente de Morena, Mario Delgado; al instituto político y a 24 funcionarios más.

En la denuncia se apuntó que los funcionarios incurrieron en indebida promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña y violación al principio de laicidad, vinculados a los procesos electorales locales de 2023 que se llevarán a cabo en Coahuila y Estado de México, así como a la elección presidencial de 2024.

Señalaron la realización y difusión del evento denominado “Unidad y Movilización” en la explanada del teatro Morelos, en Toluca, Estado de México.

La Comisión de Quejas y Denuncias estimó improcedentes las medidas cautelares solicitadas, al considerar que no se actualizan los elementos de urgencia, imperiosa necesidad o peligro en la demora, pues los proceso electorales locales en las dos entidades iniciarán en enero del próximo año, mientras que el de la Presidencia iniciarán en septiembre de 2023.

En cuanto a la difusión en Twitter y Facebook de publicaciones relacionadas con el evento, así como por la publicidad difundida, también se estimaron improcedentes las medidas cautelares por tratarse de actos consumados e irreparables.

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió un pronunciamiento a los funcionearios involucrados, así como a la dirigencia de Morena, a fin de que, en todo tiempo, “ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales antes expuestos, recalcándoles la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente la medida cautelar y tutela preventiva solicitadas en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la supuesta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, es decir, durante la veda electoral por la consulta de Revocación de Mandato.

Se estimó que durante la conferencia mañanera del pasado lunes 21 de marzo, que se realizó desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y que está disponible en el portal del gobierno federal, AMLO difunde actividades gubernamentales, vinculadas a los logros y acciones de su gobierno, como lo es la apertura y funcionamiento de la nueva terminal aérea, al haber hablado de la cobertura, inversión y beneficios que dicha obra conlleva.

Las declaraciones del presidente, resolvió el INE, constituyen propaganda gubernamental y se encuentra prohibida durante el proceso de Revocación de Mandato.

La Comisión de Quejas y Denuncias consideró que el criterio de interpretación legislativa que se publicó el pasado 17 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no es aplicable al proceso de Revocación de Mandato en curso, pues éste inició el 4 de febrero con la publicación de la convocatoria respectiva.

“Lo anterior, además, en concordancia con lo sostenido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sentencia SRE-PSC-33/2022 del pasado 18 de marzo, que estableció que dicho decreto de interpretación no aplica a los procesos electorales que ya comenzaron, por lo que aun si es vigente dicho decreto el mismo no resulta aplicable en los procesos en curso”, indicó el INE.

Así, se ordenó al Presidente, así como al Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, que, de inmediato, realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de la conferencia matutina efectuada el pasado 21 de marzo del año en curso o modificar los referidos archivos a efecto de que sean suprimidas las manifestaciones realizadas por Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional; Gustavo Vallejo Suárez, Ingeniero Residente General y Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles; e Isidoro Pastor Román, Director General del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Además, por segunda ocasión, la Comisión de Quejas determinó la procedencia de la medida cautelar solicitada en contra de Morena y su presidente nacional, Mario Delgado, por las publicaciones realizadas en sus redes sociales Facebook, Instagram y Twitter el día 18 de marzo de 2022, ya que, aparentemente, un dirigente partidista está promoviendo la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato, lo cual no se encuentra permitido.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió dos medidas cautelares solicitadas por el PAN y el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por presunta difusión de propaganda gubernamental atribuible al presidente López Obrador, así como al Grupo Parlamentario del partido Morena en el Senado.

La denuncia del PAN en contra del titular del Ejecutivo Federal fue por la difusión de dos publicaciones en la página de internet del mandatario y en redes sociales oficiales, que daban cuenta de una reunión sostenida el 12 de febrero con autoridades del pueblo Seri, en Hermosillo, Sonora, así como el acto de supervisión del estadio “Tomás Oroz Gaytán”, un día después en Cajeme, Sonora.

El PAN señaló que se trató de logros, acciones y programas de gobierno considerada como propaganda gubernamental en periodo prohibido en el contexto de la Revocación de Mandato.

La Comisión de Quejas y Denuncias determinó procedentes las medidas cautelares y determinó vincular al Presidente de la República, a que de inmediato elimine las publicaciones denunciadas, así como de cualquier otra plataforma electrónica bajo su dominio, control o administración.

La Comisión declaró la procedencia de la  tutela preventiva, pues en reiteradas ocasiones AMLO ha desplegado conductas consideradas que podrían ser contrarias a la normativa, por lo que consideró que existe un riesgo actual y real de que incurra nuevamente en posibles vulneraciones a los principios constitucionales y legales en el contexto del proceso de Revocación de Mandato.

La Comisión determinó ordenar al Presidente de la República que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con logros y actividades de gobierno, así como de otras áreas y dependencias a su cargo, que puedan considerarse propaganda gubernamental.

Recordemos que dada la consulta de Revocación de Mandato que se tiene programada para el próximo 10 de abril, la veda electoral entró en vigor el pasado 04 de febrero de 2022 y estará vigente hasta la Jornada de Revocación de Mandato.

El INE pidió al Presidente de la República revisar, ajustar, adecuar, modificar o actualizar sus estrategias, programas o políticas públicas para que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales, sin interferir en este proceso de participación ciudadana.

En un segundo caso, la Comisión resolvió medidas cautelares solicitadas por el diputado Jorge Álvarez Máynez, en contra del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, por la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, luego de que publicaran un “comunicado” de respaldo al presidente López Obrador y al gobierno federal, en el marco de la discusión de la reforma eléctrica.

La Comisión concluyó que el comunicado se encuadra dentro de la categoría de propaganda gubernamental, ya que, además de resaltar aspectos personales y de la manera en que gobierna el Presidente, tenía como temática central y preponderante señalar y difundir logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales, tanto del Ejecutivo Federal, como de las 61 senadoras y los senadores.

Por esta razón, se ordenó a la bancada de Morena eliminar el comunicado de redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica bajo su dominio o administración.

Quedó instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, la cual está integrada por 19 diputados y por 18 senadores.

Como presidente de este órgano fue elegido el diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena, mientras que las vicepresidencias estarán ocupada por la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, el senador José Alfredo Botello Montes, y el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante.

Fungirán como secretarias y secretarios la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, y el diputado Luis Arturo González Cruz.

Y aunque obtuvo el respaldo de la mayoría de los legisladores, durante la instalación la senadora Patricia Mercado señaló que la instalación de la Comisión Permanente se realizó en medio de un acto de exclusión, donde de manera antidemocrática se impidió al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano participar y formar parte de esta Comisión.

Al respecto, Gutiérrez Luna precisó que “cuando se votó en la Cámara de Diputados qué diputados integrarían o pasarían a integrar la Comisión Permanente, el Partido Movimiento Ciudadano no hizo ninguna manifestación cuando se puso a consideración de la Asamblea el acuerdo de la Junta de Coordinación Política”.

Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, denunció que en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados le están negando los espacios a su partido en la Comisión Permanente, los cuales ganaron electoralmente.

Otro desencuentro se dio entre el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, y los integrantes del Grupo Plural, pues el morenista indicó que dicho grupo podrá actuar única y exclusivamente en los trabajos legislativos que desarrolle el Pleno de la Cámara de Senadores, y  no tendrán acceso a la Mesa Directiva, ni a ningún órgano directivo del Senado, por lo que no podrían integrar la Comisión Permanente.

Eso llevó a que el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, acusara que se estaba vulnerando los principios de libre desarrollo de la representatividad y la protección a la pluralidad. “Si no se quiere hacer política, emprender diálogo y suscitar acuerdos, no se puede aspirar a los altos cargos del Estado, como la Presidencia de la República”, reclamó a Monreal.

Una vez integrada la Comisión Permanente, se procedió a citar a sesión para el viernes 7 de enero de 2022, a las 11:00 horas, en modalidad presencial.

Llama la atención que en el caso de los Diputados, tras una sesión que se prolongó por casi cinco horas, se dieron por terminados los trabajos del primer periodo del primer año de la 65 Legislatura, con lo que los Diputados salieron de vacaciones por mes y medio.

Una mañanera sí y la otra también el presidente López Obrador ataca los contratos que la iniciativa privada obtuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el sector energético. Contratos que ha descrito como leoninos; como un abuso que daña la soberanía de México al otorgar a empresas privadas, en especial internacionales, los recursos que López Obrador considera deben manejar Pemex y/o la CFE.

Por eso llama la atención que en el caso de Grupo Simsa no se le escuche al presidente queja alguna de los abusos de esta empresa propiedad de Nessim Issa Tafich. Por el contrario, el monopolio en la distribución y transporte de gas natural que tiene una de sus subsidiarias, Gas Natural del Noroeste, en el estado de Veracruz, se mantiene extrañamente firme.

Tan firme que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta la fecha han obtenido más de 40 contratos exclusivos para la distribución de gas en donde ellos deciden a quién le venden; cuánto y cómo cobran. El caso más llamativo es la concesión que se les dio del gasoducto Zapoapita-Mendoza que apenas mide 35 kilómetros pero es sumamente importante porque es el que conecta el norte con el sur de México.

Y aquí es cuando entra en acción la selectividad de los contratos en el gobierno. La empresa Alten (Destiladora del Valle) presentó una denuncia en contra de Gas Natural del Noroeste (GNN) porque de un día al otro, en 2019, Pemex le cambió la jugada a pesar de tener un contrato vigente para que le suministrara gas natural. Petróleos Mexicanos les anunció que su nuevo proveedor sería GNN. Hasta ahí no habría problema, salvo por la mordida de entrada que pidió este nuevo proveedor a Alten: 17 millones de pesos, como se puede ver en la carpeta 3645-2019.

Como Alten no quiso pagar esta cantidad y presentó una denuncia contenida en la carpeta arriba mencionada, GNN amenazó y acusó a la empresa de robar gas de sus ductos, de gaschicol. A pesar de no presentar una sola prueba, la Fiscalía General de la República cateó una planta de Alten y detuvo sus trabajos durante cuatro meses. Todo esto con el apoyo de la gerente de Gas Natural y Etano de Pemex, Beda Carreto Santiesteban, contra quien ya hay una carpeta de investigación también, la 2664-2021, por abuso en sus funciones.

Al no encontrar pruebas que acreditaran el robo de gas por parte de Alten, la planta ya fue reabierta pero los daños causados por los privilegios de GNN son varios. Alten no es la única empresa afectada en la zona de Orizaba. En total ya se han perdido más de 700 empleos en esa región por recortes que han tenido que hacer entre cierre de plantas y aumento a las tarifas de gas de forma unilateral y sin explicación por parte de GNN.

Lo peor es que algunas empresas han tenido que encontrar otras fuentes de energía para no frenar su producción, entre ellas combustóleo y metano que, además de ser más caras, son mucho más contaminantes.

Esta concesión del ducto Zapoapita-Mendoza que se le otorgó a GNN permite a la empresa trabajar sin ninguna regulación. Evidentemente aquí no se puede hablar de que a través de esta acción apoyada por el gobierno estatal y federal se esté logrando un fortalecimiento ni de Pemex ni de Gas Bienestar, como constantemente dice el presidente que actúa su gobierno. Por ello la gran pregunta es ¿por qué tiene tanto poder esta empresa, Gas Natural de Noroeste, filial de Grupo Simsa? Y ¿por qué tiene tanto poder Beda Carreto Santiesteban, una gerente en Pemex?

Columna completa en El Universal

Ante el incremento de quejas sobre los cobros de colegiaturas por parte de escuelas privadas, pese a que no estar impartiendo clases presenciales debido a la contingencia sanitaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) invitó a los padres y a las instituciones a buscar acuerdos en beneficios de todos.

La dependencia indicó que tal como lo ha dicho la Profeco, la emergencia sanitaria no es pretexto ni libera al consumidor (padres de familia o tutores) de sus obligaciones de pago, ya que puntualizó, no reciben clases debido a una causa de fuerza mayor.

La SEP invitó a escuelas particulares, con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), a entablar un diálogo con madres, padres y tutores con el objeto de conciliar el pago por la prestación de sus servicios.

Pidió a ambas partes tener un acercamiento para acordar los pagos de inscripciones, reinscripciones, colegiaturas y demás conceptos, considerando que la pandemia del Covid-19 afecta a todas las familias, pero también a las escuelas y al personal académico.

“Es imprescindible que todos sean solidarios”, indicó el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, quien exhortó a conciliar, en favor de los alumnos, maestros y propietarios de tales instituciones educativas.

La Secretaría indicó que cuando hay alguna controversia, se puede acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, quien en días pasados expresó que es conveniente, que las escuelas y los padres de familia o alumnos, puedan conciliar y acordar condiciones de flexibilidad para realizar los pagos.

Algunas de las opciones que ha mencionado la Profeco son: parcialización de pagos, meses sin intereses, cuota reducida, entre otras.

La Profeco ha señalado que se debe tratar el tema escuela por escuela, incluso atender situaciones de alumnos en lo particular.

Foto: Twitter  @mbuciom