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Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD exigieron al gobierno federal un Plan de Vacunación eficaz y con acceso para todas y todos los mexicanos, acusando que la vacuna está siendo utilizada para fines electorales.

Aseguraron que el mal uso de la vacuna representa una estrategia fraudulenta para engañar al pueblo mexicano y para que la 4T se perpetúe en el poder, aprovechándose de la situación tan lamentable que se vive  cusa de la pandemia.

El llamado conjunto de los partidos de oposición, señalaron, es parte de los esfuerzos que están haciendo con la sociedad civil, para no permitir que México se conduzca a través de la soberbia, la indiferencia, la opacidad y el control absoluto.

Recordaron que desde marzo del año pasado, mes en el que inició el confinamiento, las autoridades federales han actuado con indiferencia al prestar mayor atención a proyectos faraónicos en lugar de atender la emergencia sanitaria; señalaron que se han desmantelado fideicomisos y arrebataron 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para supuesta compra de vacunas, lo cual hasta la fecha no ha sido transparentado.

Alertaron que la situación en los hospitales es cada vez es más crítica, pues además de que no hay medicamentos, no hay insumos suficientes para atender a pacientes. «La austeridad de la que tanto ha presumido Morena es homicida».

Exigieron transparentar los contratos firmados con empresas privadas para la adquisición de vacunas contra la Covid-19.

«Necesitamos acciones contundentes en materia económica y social. Es necesario el fortalecimiento de las instituciones; está claro que la pandemia ha reflejado la incapacidad del Gobierno Federal para combatir esta crisis y se refleja ante un régimen autoritario», afirmaron los dirigentes del PRI, PAN y PRD.

Aprovecharon para recordar que la oposición comienza a unir fuerzas en todo el país para cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y no permitir que “la mayoría” en el Congreso de la Unión siga tomando decisiones dictadas desde Palacio Nacional que afecten de manera directa al bienestar de la sociedad.

Artículo 19 expresó su preocupación ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en cuanto a la existencia de los organismos autónomos.

Y es que el presidente ha indicado que preparará una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasen a ser parte de secretarías del gobierno federal, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía.

Entre las opciones, señaló AMLO, podría considerarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para asumir las funciones del IFT, mientras que podrán ser la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía Anticorrupción quienes asuman las funciones del INAI.

«Los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas. Estos organismos que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales permiten el ejercicio de otros derechos, son razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia», indicó la organización.

Advirtió que delegar las funciones del INAI y del IFT a dependencias del gobierno representaría un retroceso para la democracia y para las conquistas ciudadanas.

Artículo 19 recordó que en este gobierno han continuado prácticas de opacidad que reiteran la importancia de la existencia y autonomía del INAI. Muestra de ello es que 2019 fue el año en que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513.

Al recordar que el argumento dado por el presidente radica básicamente en que son organismos que “han salido muy caros” para el país, se señala que es evidente que lo que se busca es acabar con los contrapesos institucionales.

La tesorera de la Federación, Galia Borja Gómez, dio a conocer esta mañana el monto que se ha recaudado de las aportaciones «voluntarias» de los empleados del gobierno federal, luego del llamado que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que se donara una parte de los sueldos y aguinaldos.

Según lo expuesto en la conferencia matutina, al 8 de diciembre se ha recaudado 8.6 millones de pesos derivado del decreto de austeridad que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril y en el que se establece la reducción voluntaria de sueldos y aguinaldos, del 5 al 25 por ciento, desde subdirectores hasta el presidente.

La tesorera indicó que los lineamientos para el pago del aguinaldo se publicaron el 6 de noviembre de este año e indicaban una progresividad desde un día hasta 20 días del aguinaldo que podrían aportarse de manera voluntaria.

El presidente López Obrador precisó que los recursos obtenidos se destinarán en el equipamiento del sector salud y el fortalecimiento de programas sociales.

La funcionaria explicó que los servidores públicos realizaron un depósito directamente a la Tesorería de la Federación para recaudar las contribuciones, «de esa forma los recursos entran directamente a la Ley de Ingresos, eso sí, a un renglón muy específico para que posteriormente se pudiera dar la correspondiente ampliación presupuestal y el gasto saliera, como todo el demás gasto del gobierno federal, vía presupuesto, y de esta forma va a estar plasmado en la cuenta pública que se presentará en los próximos meses”, explicó.

Detalló que en en específico, los recursos se destinarán a la compra de 80 ambulancias para los hospitales rurales que atiende el programa IMSS Bienestar, con un costo total de de 147.8 millones de pesos, mismo que incluirá los recursos obtenidos por el sorteo del avión presidencial.

Al respecto, la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Sarabia, informó que en el Sorteo del avión presidencial, se vendieron 3 millones 347 mil 353 billetes a 500 pesos cada uno, lo que dio como resultado mil 823 millones 676 mil 500 pesos, de los cuales se pagaron en premios mil 272 millones 727 mil 260 pesos y en pago de impuestos, comisiones a vendedores de billetes y gastos de operación se erogaron 286 millones 817 mil 590 pesos.

El remanente de utilidad fue de 264 millones 131 mil 650 pesos, mientras que la utilidad de beneficio social fue del 96% del sorteo, sumando los premios que se dieron a la población, a las escuelas, a los hospitales, los impuestos, las comisiones y los remanentes.

En la conferencia, el presidente aprovechó para hacer un llamado a la población a ayudar a seguir «empujando» el elefante (gobierno), que cuando comenzó su administración encontraron «echado, reumático, mañoso».

El mandatario dijo que gracias a todas las acciones que se han hecho en los dos primeros años de su gobierno, se ha logrado «parar» al elefante y comenzar a empujarlo, pero dijo, es necesario el apoyo de todos los mexicanos para que siga caminando, incluso que llegue a correr.

«Todos tenemos que empujar al elefante, me tienen que ayudar a seguir empujando al elefante, porque estamos hablando de décadas, de mucho tiempo, de injusticias, de corrupción, de prepotencia, de influyentismo, de desprecio al pueblo, racismo, clasismo, discriminación», sostuvo López Obrador.

Dijo que es necesaria la trasformación del país, que implica seguir enfrentando las resistencias, no sólo manifestaciones políticas opositoras o presiones de grupos de intereses creados, sino también dar paso a un cambio de mentalidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este viernes que se está negociando con los nuevos socios de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) la devolución de 200 millones de dólares al gobierno derivados de la compra con sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.

«Al parecer ya aceptaron devolver el dinero, nos están pidiendo unos plazos y lo estamos considerando. Desde luego el plazo no debe rebasar el 2024», dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Detalló que al ser en plazos, se estaría considerando pago de intereses para que no haya pérdida de lo que se va a recibir y anticipó que ese dinero será utilizado para la compra de la vacuna contra el Covid-19, así como para fortalecer el sistema de salud en el país.

Y es que ayer se dio a conocer que la empresa Alianza Minerometalúrgica Internacional (AMI), un grupo de socios encabezados por el empresario Julio Villarreal, acordaron adquirir el 55% de Altos Hornos de México, además de reparar el daño por la venta de la planta.

Del mismo modo, celebró la firma de este acuerdo «porque de esa empresa vive mucha gente. Se está llevando a cabo esta operación para que haya nuevos accionistas», dijo.

Señaló que desde el principio su gobierno estaba de acuerdo en que se llevara a cabo la operación de adquirir la empresa, pero siempre se ponderó que se reparara el daño y se regresara el dinero invertido en esta planta calificada como «chatarra».

«Nos importa mucho que se repare el daño, sí tiene que castigarse a los responsables, pero lo que queremos es que se regrese el dinero», declaró.

Recordemos que la compra de Agronitrogenados costó al gobierno en 2013 cerca de 650 millones de dólares en total, según datos de la Audiencia Superior de la Federación (ASF). Los 200 millones de sobreprecio corresponderían a la primera evaluación que se hizo de la planta en su estado original antes de ser adquirida.

Por último, López Obrador apuntó que la extradición desde España de Alonso Ancira, hoy expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, «se va a dar», pero aclaró que el asunto quedaba en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los jueces.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía sobre los desvíos de dinero público que se hacía mediante diversos mecanismos, todos relacionados a prácticas de corrupción.

“Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, sentenció el titular de la UIF en entrevista con el diario La Jornada.

Nieto expuso que cuando asumió la dirección de la UIF, encontró que dicha oficina servía para «fines políticos y de presión» a los opositores del gobierno de Peña Nieto.

El funcionario reveló que la información aportada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permitió ampliar la investigación a 70 personas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso”, precisó Nieto Castillo.

El titular de la UIF habló sobre las investigaciones contra Rosario Robles, vinculada al caso de la llamada Estafa Maestra; indicó que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda, envió esta tarde un mensaje a su excompañera de gabinete, Rosario Robles. Le dijo que la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar inocentes. «Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad».

El mensaje de Videgaray llega luego de que se confirmara que Robles Berlanga buscará acogerse al criterio de oportunidad y ser testigo protegido de la FGR en relación al caso de la ‘Estafa Maestra’.

Con esto, la exfuncionaria busca recuperar su libertad y reducir las penas que se le pudieran imponer por su presunta participación en el desvío de recursos.

El abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, indicó que su clienta tomó la decisión de «ir contra con quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en la parte, sobre todo de las campañas, que es Luis Videgaray; en la parte electoral, en la parte de la campaña, en los fondos que se utilizaron en la campaña, en los cuales Luis Videgaray tuvo injerencia, y fue quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos para la campaña del expresidente Peña Nieto»

El abogado descartó que dentro de las declaraciones que hará Rosario Robles ante la FGR se pretenda buscar al expresidente Peña Nieto, ya que dijo no hay ningún tipo de vinculo que llegue por parte de su clienta al exmandatario, pues todo fue directamente con Videgaray.

Sobre la información compartida por el equipo legal de Rosario Robles, Videgaray emitió un comunicado en el que dijo que lamentaba que se optara por acusarlo sin fundamentos con la intención de librar su situación legal.

Negó los dichos del abogado de la también exjefa de gobierno del Distrito Federal. Dijo que por más cosas que diga Robles, lo que no podrá hacer es probar mentiras. «Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo», sostuvo Videgaray.

Añadió que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal; recordó que las únicas pruebas que han surgido en su contra respecto al supuesto desvío de recursos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad.

Aseguró que las ampliaciones presupuestales que recibieron tanto la Sedatu como Sedesol (al igual que cualquier otra dependencia) cuando él estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, se hicieron con estricto apego a la Ley.

Indicó que quererlo involucrar en presuntos desvíos de recursos cuando él estaba al frente de la cancillería, la cual afirmó no tiene nada que ver con el manejo de recursos públicos, pone en evidencia la falta de escrúpulos y lógica de los señalamientos hechos por su excompañera de gabinete.

Luis Videgaray aseguró que la nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de Robles es errada e inmoral, además de que en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. «La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables».

El exfuncionario federal reiteró que está dispuesto a atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir al esclarecimiento de la verdad.

«No voy a permitir que se me difame, y por ello habré de defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley», concluyó.

La Alianza Federalista respondió a las declaraciones que esta mañana hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre sus demandas. Indicaron que aplazar el diálogo para agotar plazos es una afrenta que lastima al federalismo.

Recordaron que el Presupuesto 2021 deberá estar aprobado el 15 de noviembre, por lo que urgieron al presidente López Obrador a dialogar antes de esa fecha.

A través de un pronunciamiento, los gobernadores que conforman la Alianza Federalista aseguraron que no pretenden dividir a México y mucho menos promover que otros estados reciban menos recursos. «Lo que buscamos es un Presupuesto2021 más justo y eficiente para todos».

De igual forma hicieron un llamado al mandatario a que deje de dividir a los mexicanos. Añadieron que los gobernadores de la Alianza Federalista no son opositores a su gobierno, y por el contrario, han dejado clara su postura de trabajar por el bien del país y por un México más justo para todos.

En los mensajes que emitieron los gobernadores de la Alianza, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, reiteró que el objetivo de la Alianza Federalista no era dividir ni confrontar, sino que buscaban defender lo que cada estado y sus ciudadanos merecen. «No se trata de exigir más, se trata de exigir solo lo que nos corresponde»

Coincidió en que no buscan que se le quite a otros estados o que se les deje en el olvido. Indicó que buscan un nuevo presupuesto 2021 que beneficie a todos.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, indicó que la reunión que buscan sostener con el presidente López Obrador es para que escuche sus propuestas, que tienen el único objetivo de obtener los recursos justos para los habitantes de cada estado.

Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, pidió al presidente recibir a la Alianza Federalista, para discutir la propuesta del Presupuesto 2021, ya que como se presenta hasta el día de hoy, tendría serias repercusiones para el Estado.

Sobre los dichos del presidente de que no recibió la carta que enviaron los gobernadores opositores en la que plantearon propuestas concretas que beneficien a los estados y municipios, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que dicha aseveración era falsa. «Presidente, exigimos justicia para las y los mexicanos en el presupuesto 2021″.

Y es que esta mañana, el presidente López Obrador dijo que los gobernadores de la Alianza Federalista le han faltado al respeto. Los acusó de hacer un espectáculo del tema, de no ser serios.

En ese sentido, dijo que si quieren seguir tratando sus asuntos, será el secretario de Hacienda y la secretaria de Gobernación quienes les atienda, pues se debe de respetar la investidura presidencial.

«Ese es el caso, que nos respetemos, que cada quien actúe de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, que no actuemos con exabruptos, que haya respeto y también libertad de expresión, manifestación de las ideas. Yo no les estoy diciendo que ellos no hablen, no, que se expresen, que se manifiesten, porque también yo voy a ejercer ese derecho», sostuvo AMLO.

Al afirmar que 2021 será un año «extremadamente complicado» para las finanzas estatales y municipales, los gobernadores que integran la Alianza Federalista hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a posponer la discusión del Sistema de Coordinación Fiscal (pacto fiscal) para concentrarse en el Presupuesto 2021.

«Nuestra posición es que ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020. Así de claro», dijeron los gobernadores en una carta dirigida al mandatario federal.

Para lograr que ningún estado reciba menos recursos para el próximo año, indicaron que se debe realizar la distribución geográfica de recursos pendientes tales como los correspondientes al INSABI y a la SCT.

Adicional, pidieron garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura, que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los estados.

Sugirieron generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la Recaudación Federal Participable, usando los remanentes de operación del Banco de México, o subejercicios del PEF 2020 y 2021.

Propusieron la creación del Fondo para atención de emergencias sanitarias Covid-19 en entidades federativas para compensar el impacto que los gastos por Covid-19 tuvieron en las finanzas estatales en 2020 y que la pandemia seguirá teniendo en 2021.

En ese sentido, señalaron que el contar con al menos los mismos recursos por parte de la federación para los estados, permitirá atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como salud, seguridad, educación e infraestructura y fomentar la reactivación económica nacional.

Los diez gobernadores que firmaron la carta puntualizaron que todos los estados se verán afectados por la caída propuesta en gasto federalizado, por lo que llamaron a todos los gobernadores del país, independientemente de los agrupados en la Alianza Federalista, a suscribir la petición.

Recordemos que la Alianza Federalista está integrada por los gobernadores de Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Guanajuato y Chihuahua, mientras que la GOAN está conformada por los mandatario de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas.

Ante la polémica que se ha desatado entre el gobierno federal y gobernadores de oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que no les debe nada a los gobiernos estatales que amenazan con romper el pacto federalista.

AMLO celebró que se los mandatarios locales quieran hacer una consulta para conocer el sentir de la ciudadanía, aunque les advirtió: «no es conmigo, es con la Constitución».

El mandatario señaló que el pacto federal no se puede romper como lo han planteado los gobernadores de oposición porque «esto tiene que ver con la Constitución». Sostuvo que se tendría que llevar a cabo una reforma para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto.

Insistió en que el presupuesto federal no se distribuye a capricho, esto ante la demanda de los gobernadores inconformes de acceder a mayores recursos.

López Obrador sostuvo que a los estados se les entrega un monto anual, de acuerdo a la población, pobreza y otros parámetros, lo cual «obedece a un mandato constitucional. Estos acuerdos se empezaron a establecer desde 1980, por la Ley de Coordinación Fiscal».

En el caso específico del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, AMLO aseguró que no se le debe nada como lo ha denunciado el mandatario estatal. El presidente pidió a los gobernadores que «no manipulen», y reiteró que el gobierno federal actúa en el marco de la legalidad.

López Obrador sugirió a los gobernadores comprobar si es que no han recibido recursos. Dijo que el tema de las participaciones se ha utilizado con fines electorales.

La Alianza Federalista está compuesta por los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó este martes el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 77 bis 17, y se modifica el párrafo segundo del artículo 77 bis 29, de la Ley General de Salud.

Dichas modificaciones le permitirían al gobierno federal disponer de cerca de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.

El documento fue avalado en lo general por 28 a favor, 6 en contra y cero abstenciones, y en lo particular por 29 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.

De acuerdo al texto del dictamen, los recursos acumulados en el Fondo de Salud para el Bienestar seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, las necesidades de infraestructura, abasto y distribución de medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos, conforme lo establece el artículo 77 bis 29 de la Ley.

Se modifica el párrafo segundo del mismo artículo para que, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 77 bis 17, los recursos que integran el patrimonio del Fideicomiso permanezcan afectos al mismo hasta el cumplimiento de sus fines.

El artículo Segundo Transitorio especifica que el Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Recordemos que este año se asignaron 16 mil 205.7 millones de pesos, por lo que, aplicada la fórmula de la iniciativa, el monto reservado en el Fondo sería de 32 mil 411 millones.

Sobre el dictamen, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, denunció la pretensión de Morena de apropiarse se estos recursos, destinados a la atención de enfermedades que generan gastos catastróficos.

La líder perredista sostuvo que constituye un “acto criminal” y deja situación de vulnerabilidad a aquellas personas que tienen un padecimiento grave.

El dictamen fue turnado para su eventual discusión y en su caso aprobación en el Pleno, lo cual sucedió este mismo martes.

En un documento que firmaron los líderes de las bancadas de Morena y del PT, solicitaron que se modificará el orden del día programada, y el dictamen que fue aprobado horas antes fuera discusión en el pleno.

Luego de que el Senado aprobara la extinción de 109 fideicomisos, equivalentes a más de 68 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal iniciará una auditoría a los fondos y fideicomisos en cuestión.

“Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso”, dijo el mandatario asegurando que en caso de hallar evidencias de corrupción y mal manejo de recursos se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El presidente dijo que lo que se busca es transparentar el uso y destino de los recursos públicos que se manejaban a través de dichas figuras, y reiteró que no faltarán los apoyos para los «auténticos» beneficiarios: deportistas, investigadores, escritores, artistas, entre otros.

AMLO encabezó esta mañana la presentación de un panorama general de los fondos y fideicomisos, mismo que corrió a cargo del titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, Jorge Nuño Lara, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, el director general de Canal 11, José Antonio Álvarez y el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rodolfo González Valderrama, quienes integran el grupo al que el presidente encomendó la revisión.

Jorge Nuño informó que hay 191 fideicomisos, de los cuales solo 109 fueron creados por ley. Explicó que aún extinguiéndolos sus funciones continuarán con cargo al presupuesto, de manera que los fideicomisarios recibirán los beneficios que estaban programados.

Por su parte la directora de Conacyt informó que de 2013 a 2018, a través de los fideicomisos, se transfirieron más de 15 mil millones de pesos y a través del Programa de Estímulos a la Innovación, más de 26 mil millones de pesos a la iniciativa privada. En total el monto de recursos fue de 41 mil 624 millones de pesos.

Álvarez-Buylla apuntó que entre los beneficiarios privados figuran empresas como IBM, Monsanto, Bayer, Kimberly Clark, Volkswagen, Mabe, entre otras. “Este conjunto, a manera de ejemplo, recibió un total de 891 millones de pesos de recursos públicos so pretexto y digo so pretexto porque el análisis que hemos hecho cuesta trabajo justificar este recurso público en términos científicos reales”, comentó.

Explicó que hasta ahora se han detectado 46 obras inconclusas, sin equipamiento y que representan espacios subutilizados, cuya inversión suma 783 millones 708 mil pesos, que salieron de los fideicomisos ligados a la dependencia.

Por su parte el director de Canal Once expuso las irregularidades en el fideicomiso Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, que consistió en la compra e instalación de bebederos. Señaló que se ejercieron 2 mil 031 millones de pesos de recursos fiscales, instalando únicamente 20 mil 543 de los 31 mil bebederos proyectados; denunció que hoy solo funcionan 10 mil 900.

Rodolfo González Valderrama de la Secretaría de Gobernación dio a conocer el caso de donación de recursos públicos federales a fundaciones privadas norteamericanas. Puso como ejemplo lo que sucedió en la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien brindó apoyos en viáticos y traslados a dirigentes de las fundaciones, asegurando que era por «instrucciones superiores” de extitulares de la dependencia.

 

Desde una sede alterna, la Antigua Casona de Xicoténcatl, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que extingue 109 fideicomisos, mismos que pondrán a disposición del gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, más de 68 mil millones de pesos.

La votación tuvo el respaldo de la bancada de Morena y aliados quienes lograron 65 votos en favor. La oposición, incluido un legislador de Morena, logró reunir 51 votos en contra, que no fueron suficientes para detener el dictamen.

El proyecto enviado por la Cámara de Diputados, modifica 18 leyes y abroga dos más, con la finalidad, resalta el decreto, de eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, así como fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad.

El dictamen indica que uno de los objetivos es ordenar el funcionamiento de los fideicomisos que deben subsistir, mientras que otros montos se reasignará a atender los efectos de la pandemia, temas de salud y economía, además para garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar.

El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aseguró que no se acabarán los apoyos dirigidos a diversos sectores de la población. El legislador de Morena aseguró que con esta reforma “concluye hoy esa fase de saqueo en el país” y “se acaba el arte de desaparecer el dinero público”.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, afirmó que no se afecta a la población que actualmente es beneficiaria, como lo pretenden hacer creer mediáticamente quienes se oponen al gobierno federal.

Comentó que la desaparición de fideicomisos no es ningún atentando ni una regresión, sino una oportunidad para optimizar el aprovechamiento de los recursos públicos en el interés más importante: el social.

Por la bancada del PAN, la senadora Minerva Hernández Ramos aseguró que el dictamen no presenta elementos y razones suficientes que justifiquen la desaparición de los fideicomisos. “Esta absurda decisión es totalmente desproporcional e injustificada, ya que no se cuenta con evidencia y datos duros que puedan sustentar una acción de esta naturaleza”. Expresó que la desaparición de los fideicomisos requiere de un análisis profundo, con evidencias y sustentos sólidos por parte de las instituciones públicas, donde expongan la situación de cada uno de ellos para conocer sus debilidades y el impacto que tendrán en el mediano y largo plazo en la vida pública de México.

La senadora del PRI, Nuvia Mayorga Delgado, consideró que el argumento de la corrupción es sólo un pretexto para desaparecer los fideicomisos, toda vez que existen mecanismos como las auditorias, las denuncias y otros procesos de transparencia para comprobar y sancionar irregularidades.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado denunció que la desaparición de 109 fideicomisos es un agravio a luchas sociales históricas y a muchas causas ciudadanas que han contribuido al desarrollo del país.

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT, propuso establecer mecanismos de transparencia, control, monitoreo y evaluación para que nunca más se desvíen recursos públicos sin la rendición de cuentas; sin embargo, dijo, no se debe generalizar que todos los fideicomisos se han empleado de manera equivocada. Sugirió revisar 37 fideicomisos para mantenerlos, pues de extinguirlos se afectaría a sectores a los cuales no se les pude dar la espalda ni traicionar.

En el lugar del PVEM, el senador Germán Martínez Cázares, de Morena, quien votó en contra del dictamen, planteó regular la figura del fideicomiso a fondo y sin excepción, a efecto de acabar con la corrupción. Opinó que si se necesita dinero para atender la pandemia éste no se encuentra en los fideicomisos.

“El Secretario de Hacienda nos dijo que ahí sólo hay 29 mil millones de pesos; ese dinero, se los digo con certeza técnica, está en los fideicomisos privados, en esas arquitecturas fiscales que sangran al erario público, como los que no pagan impuestos”, expresó.

La coordinadora de la bancada del PES, Sasil De León Villard, afirmó que la operación de los fideicomisos se ha desvirtuado de su origen, ya que se han utilizado para desviar el dinero público.

El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, afirmó que la extinción de los 109 fideicomisos públicos representa un duro golpe a la ciencia, la tecnología, medio ambiente, cultura, salud, derechos humanos, entre otros. Asimismo, pidió dejar de dar pasos hacia atrás con razonamientos mal fundados y mirar hacia el fortalecimiento institucional y la consolidación que todas y todos los mexicanos merecen.

Luego de ser aprobado en lo general, inició la presentación de reservas que fueron más de 500 impulsadas por senadores de oposición y PT, y entre las que destacan las relativas a las leyes de Ciencia y Tecnología; Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; para ex trabajadores braceros; de cultura física y deporte; Cinematografía; el fondo de Nacional Financiera; la Ley General de Víctimas y para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, las bancada de Morena, PES y Partido Verde rechazaron las reservas presentadas por la oposición y las que planteó el Partido del Trabajo. Tras 12 horas y media de discusión, la sesión se declaró terminada y se citó para el próximo martes 27 de octubre.

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, presentó ante la Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE) una denuncia en contra de Mario Delgado, a quien acusa de utilizar recursos público con fines políticos-electorales.

A través del abogado Eduardo Nuñez, quien estuvo acompañado de un grupo de Diputados federales, Muñoz Ledo acusó a Delgado Carrillo de haber sacado un «grotesco provecho» de su posición como servidor público y líder de la bancada morenista la Cámara de Diputados.

«En su intención de agazapar la Presidencia de Morena, el hoy denunciado ha sacado un indebido e ilegítimo provecho de su posición como legislador federal, como Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y como Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena», señala la denuncia.

El también Diputado acusa a Mario Delgado de promocionar su imagen y propuestas en un espacio que debería ser ajeno a los intereses y asuntos de la vida interna del Partido, en referencia a la Cámara de Diputados; obtener provecho y difusión indebido, y aprovecharse de los recursos de origen público a los que tiene acceso.

Señaló que los recursos públicos los utilizó a su favor disfrazándolos como parte de su actividad como legislador.

Además, denuncia que su rival por la presidencia de Morena ha hecho un despliegue de propaganda de su imagen y propuestas mediante la colocación de diversos y «sumamente costosos» anuncios espectaculares en la vía pública de diversos Estados como Nuevo León, Veracruz y Guerrero; la difusión de su candidatura mediante perifoneo en vehículos automotores que exhibían espectaculares promoviendo su candidatura, y mediante el uso de las principales redes sociales.

Indicó que lo grave es que ha impulsado su candidatura, echando mano de la estructura del Partido en la Cámara de Diputados.

Muñoz Ledo lamentó que Mario Delgado solo busca el poder sólo por el placer de ostentarlo. Señala la obtención indebida de ventaja electoral, sacando provecho de los cargos de elección popular, siendo que éstos deben ser exclusivamente para servir al pueblo y no para servirse de él; la utilización indebida de recursos públicos para posicionarse electoralmente; la compra de consciencias, y el despilfarro en despoblado de recursos del pueblo.

«Es más que obvio que los actos realizados por Mario Martín Delgado Carrillo han afectado gravemente el proceso, y han repercutido en la certeza y la legalidad de esta elección, ya que usando una cantidad exorbitante de recursos económicos logró hacerse de una indebida ventaja en la carrera por la dirigencia del Partido, lesionando irreparablemente la equidad en la contienda», enfatizó el abogado de Muñoz Ledo.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, con el apoyo de los legisladores del PES y el Partido Verde, lograron aprobar en lo general, el dictamen por el que se extinguen 109 fideicomisos.

El Pleno de la Cámara aprueba así el dictamen que se aplazó el jueves pasado, y que involucra recursos superiores a los 68 mil millones de pesos.

Morena y aliados lograron la aprobación del dictamen al reunir 242 votos a favor; mientras que se registraron 178 votos en contra y 7 abstenciones.

Los diputados del PAN, PRI, MC y PRD mantuvieron su posición en contra, mientras que en esta ocasión el PT, bancada aliada de la Cuarta Transformación, también votó en contra.

Sin embargo, en Morena no hubo «lealtad a ciegas», ya que las diputadas Lorena Villavicencio, Isabel Alfaro, Lidia García, Rocío Barrera y Wendy Briceño, votaron en contra; en tanto, Tatiana Clouthier, Marivel Solís y Guadalupe Castañeda se abstuvieron.

Aunque se obtuvo la aprobación en lo general, los diputados proceden a discutir las cerca de 400 reservas que se presentaron, tanto de la oposición como de los legisladores que lo apoyaron el dictamen. Debido a que serán más de 300 legisladores que subirán a tribuna, se espera un debate de más de 20 horas.

Fue la tercera votación que se realizaba para aprobar dicho dictamen. La primera fue el jueves pasado cuando la oposición abandonó el recinto, ocasionando que no se alcanzara el quórum necesario. Se citó para este martes, con la intención de retomar la votación. Sin embargo, por segunda ocasión no se obtuvo el quórum requerido, pues se registraron solo 274 votos (230 a favor, 12 en contra y 5 abstenciones.

Tras la votación obtenido, la Mesa Directiva decretó un receso de 15 minutos, para así tener una tercera votación.

El dictamen señala la desaparición de fideicomisos relacionados con la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, la cooperación internacional para el desarrollo, la cultura y el cine, ciencia y tecnología, el cambio climático y el apoyo a migrantes.

Uno de los fideicomisos cuya desaparición podría consumarse este martes es el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), justo en el día en que el sureste mexicano espera el impacto del huracán ‘Delta’, de categoría cuatro.

El objetivo oficial es el de reasignar recursos para afrontar la crisis económica derivada de la COVID-19, según señala el texto.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador insistió en que pese a la extinción de los 109 fideicomisos, sus beneficiarios seguirán recibiendo apoyos, aunque ahora se entregarán de manera directa.

«Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tanto nos importan que queremos que no haya corrupción», afirmó López Obrador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, confió en que gracias al diálogo que se ha entablado con los diputados de los grupos parlamentarios aliados, Morena tendrá los tendrán los votos necesarios para aprobar el dictamen en materia de fideicomisos

El también coordinador de Morena explicó que el pasado jueves la oposición aprovechó las condiciones dadas en el Pleno para romper el quórum y evitar que avanzara esta iniciativa.

Advirtió que la oposición quiere hacer creer que la extinción de fideicomisos no es benéfica; sin embargo, insistió en que los apoyos para los sectores que se ven beneficiados con estos recursos continuarán, y sus beneficiarios seguirán recibiendo los apoyos.

“A veces no tenemos la información completa y nos dejamos ir por un debate mal informado, donde, por ejemplo, se piensa que la desaparición del fideicomiso que administra los apoyos a deportistas, significa que ‘se van a quedar los deportistas sin apoyos’, es absolutamente falso. Los apoyos van a seguir estando ahí, los beneficiarios ni se van a  enterar que ahora el gobierno administrará de manera diferente esos recursos”, señaló el legislador.

Delgado Carrillo dijo que mañana se repetirá la votación en lo general, para pasar después a la votación en lo particular, la discusión de las reservas y posteriormente la votación de los artículos en lo particular.

Al respecto, esta mañana el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue cuestionado sobre la desaparición de los fideicomisos.

Ante los señalamientos que hay de que desaparecerán los apoyos, explicó que la mayor parte de los recursos se pagan directamente a través del presupuesto. Detalló que el fideicomiso es la excepción, pues el fideicomiso es un mecanismo a través de los cuales los recursos salen de la Tesorería, para de ahí pagarse a los beneficiario.

Herrera afirmó que los recursos que se obtengan de la eliminación de los fideicomisos van a ser aplicados para su mismo fin.

«Lo que sí no va a pasar es que, antes, cuando había subejercicios los recursos se quedaban sentados en el fideicomiso y de hecho los recursos que están sentados en un fideicomiso no benefician a nadie, ni a los artistas ni a los deportistas, ni a los creadores, etcétera», sostuvo el secretario.

El titular de Hacienda aclaró que no habrá uso discrecional de los recursos que se obtengan por la eliminación de los fideicomisos, pues si éstos salen directamente del presupuesto o de un fideicomiso, hay mecanismos específicos para la decisión y la operación de los mismos.

«Si es a través de los fideicomisos hay un comité técnico, si es a través del presupuesto, tiene que haber reglas de operación, las cuales son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así es que no hay ningún tema de discrecionalidad; de hecho, hay un poquito más de discrecionalidad a través de los fideicomisos porque hay un comité donde los miembros deciden el destino. A través del presupuesto, las reglas son específicas», aclaró.

 

Los mexicanos recibieron 26,395,72 millones de dólares en remesas entre enero y agosto de este año, un aumento de 9.35% respecto al mismo periodo de 2019, pese a la crisis de COVID-19, informó este jueves el Banco de México (Banxico).

El total de remesas superaron los 24,138,41 millones de dólares de los primeros ocho meses del año pasado.

El monto del dinero enviado por transacción también incrementó, pues la remesa promedio de enero a agosto fue de 338 dólares, 3.72% más que en el mismo lapso de 2019, cuando fue de 326 dólares.

Asimismo, el número de operaciones pasó de 74.02 millones en los primeros ocho meses de 2019 a 78.04 millones en el mismo lapso de 2020, un incremento del 5.43%.

Tan solo en agosto, las remesas rebasaron los 3,574 millones de dólares, un aumento mensual de 1.2% frente a los 3,531.8 millones de dólares de julio.

Pese a los datos de crecimiento, contrastan con lo reportado en marzo, cuando México recibió un monto histórico de más de 4,000 millones de dólares, una cifra casi 49% superior a los 2,694 millones de dólares en febrero.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha agradecido en varias ocasiones a los 38 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, al estimar que este año enviarán 40,000 millones de dólares en remesas para cerca de 10 millones de familias pobres.

«Con las remesas estamos fortaleciendo el consumo y, a pesar de la pandemia y de la crisis, no hay hambre en nuestro país, se está garantizando el consumo básico», dijo AMLO la semana pasada en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Los pronósticos del presidente superarían las remesas enviadas a México en 2019, cuando alcanzaron un máximo histórico de 36,048 millones de dólares, con un incremento de 7,04 % respecto a la cifra registrada en 2018.