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Es importante que México coloque como prioridad la gestión del agua, ante la crisis hídrica que atraviesa el país, afirmó este lunes el consultor internacional en manejo de recursos hídricos, José Antonio Rodríguez Tirado.

“Necesitamos trabajar muy fuerte, colocar el tema del agua de manera prioritaria en la agenda política, económica y social”, dijo a medios el reconocido especialista, quien asistió al primer Parlamento Climático en la Cámara de Diputados de México, convocado por la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).

El experto, quien participó en la mesa ‘Hacia una Ley General de Aguas’, expuso que uno de cada tres habitantes en el medio urbano “recibe agua y saneamiento de manera intermitente”, es decir, “no lo recibe las 24 horas del día, mientras que dos de tres personas en el medio rural “no reciben los servicios de agua de manera continua”.

Sobre el llamado ‘Día Cero’, Rodríguez Tirado consideró que se dice que ese día llegará cuando el suministro libre de agua termine y el acceso al líquido comience a ser racionado. Sin embargo, dijo, debería considerarse que el ‘Día Cero’ es ahora, porque los ríos están contaminados y las fuentes están sobreexplotadas, “así lo debemos de entender”.

Lamentó que los distintos Gobiernos hayan colocado este importante tema en un tercer nivel. Recordó que los mejores resultados en materia hídrica se obtenían cuando existía la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que fue disuelta en 1976 y que se integró a otras secretarías.

Precisó que para que la Ciudad de México “pueda recibir una fuente externa de abastecimiento se llevaría alrededor de 10 años” y por ello, apuntó, “es fundamental recuperar las aguas subterráneas que actualmente es una reserva que está en riesgo”.

El especialista explicó que el tema del agua “no requiere mucho dinero como se cree, si le das al agua el 0.06% del PIB, hablamos de 108,000 millones de pesos, durante 15 años vas a levantar el país y estará en otro nivel”.

En el evento, el diputado de MC, Braulio López expuso que México se encuentra con “altos riesgos de sequía y se ubica entre los primeros países con índices de estrés hídrico”. Refirió que para finales de enero de 2024 en “aproximadamente el 60% del país se reportó en sequía”, además de que 101 de los 653 acuíferos que hay en el país están sobreexplotados.

Pero, ¿qué hay detrás de la actual crisis de agua? En Broojula Ana Paula Ordorica platica con Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, sobre la emergencia hídrica.

El Gobierno federal creará un fondo base de 64,000 millones de pesos anuales, incluyendo dinero confiscado al crimen organizado, para financiar la nueva reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso este miércoles en Palacio Nacional que los recursos de este “fondo semilla” vendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), que administra los bienes incautados a la delincuencia.

Asimismo, agregó, provendrán de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); de la venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y del cobro de adeudos de entes públicos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la seguridad social.

Además de este fondo base, se contemplan recursos adicionales por la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y la eliminación de los reguladores autónomos, así como el 25% de los beneficios que generen las empresas paraestatales administradas por el Ejército y la Marina.

La  funcionaria detalló que la reforma busca que el Gobierno aporte con recursos públicos para que los trabajadores se pensionen con su último sueldo completo, aunque aclaró que el límite será el salario promedio de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en 2023 fue de 16,777 pesos.

“¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, es decir, contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social”, expuso Alcalde.

La iniciativa constitucional que López Obrador presentó el lunes, dijo la secretaria y el propio mandatario, busca contrarrestar los efectos de la reforma del Gobierno de Ernesto Zedillo, que en 1997 creó las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), un sistema privado inspirado en el modelo de Chile.

Alcalde recordó que en 2021 entró en vigor la primera reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) desde 1997 que reduce el requisito de 1,250 semanas (25 años) de cotización a solo 750 semanas (15 años) e incrementa la aportación total a la pensión de 6.5% a 15% sin aumentar la cuota de los trabajadores.

Con ello, aseguró, los trabajadores pensionados con la última reforma percibirán el 64% de su salario frente al 27% de la legislación de 1997.

En cuanto a los mexicanos que se beneficiarán de la nueva reforma, que debe obtener la aprobación de dos tercios del Congreso, serán los trabajadores formales de al menos 65 años que coticen en el IMSS desde 1997 o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde 2007.

“Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México”, expuso Alcalde.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recaudó durante 2023 más de 97 millones de dólares para su campaña de reelección de cara a los comicios de noviembre, informó este lunes su equipo de trabajo.

Según The Washington Post, es más dinero del que recaudó el expresidente Barack Obama en 2011, el año anterior a su reelección, cuando reunió 68 millones de dólares en donaciones, de acuerdo con el periódico.

“Nuestra democracia y nuestros derechos y libertades básicas, por las que tanto se ha luchado, estarán en juego en 2024, y estas cifras demuestran que el pueblo estadounidense entiende lo que está en juego”, dijo la directora de la campaña de Biden, Julie Chávez.

Diciembre fue el mes de mayor recaudación para la campaña de reelección del mandatario, quien repetirá fórmula con la vicepresidenta, Kamala Harris.

En 2020, la campaña de Biden para las presidenciales recabó más de 1,000 millones de dólares, la mayor recaudación de una campaña presidencial en la historia de Estados Unidos, recordó su equipo en el comunicado.

Estas cifras se dieron a conocer el mismo día en el que se celebran los caucus de Iowa, la primera cita en el calendario de las primarias republicanas, en las que el expresidente Trump parte como el gran favorito para hacerse con la nominación.

Trump perdió las elecciones de 2020 contra Biden, pero nunca reconoció su derrota y está imputado en Washington y en Georgia por haber intentado alterar el resultado de los comicios.

Las encuestas indican que en una eventual reedición de las elecciones entre Biden y Trump, el republicano se impondría al actual presidente en varios estados clave, necesarios para llegar a La Casa Blanca.

Los votantes expresan mayor preocupación por la edad de Biden, de 81 años, que por la de Trump, de 77.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, mediante la propuesta de un incremento del Impuesto de Valor Añadido (IVA) del 12% al 15% con el fin de costear los recursos necesarios para hacer frente al crimen organizado.

La presente ley tiene como finalidad la recaudación para atender las obligaciones del Estado en la implementación de planes, programas, acciones y políticas públicas para los sectores sociales de Ecuador, así como estabilizar las finanzas públicas, redistribuir los ingresos y afrontar la necesidad de recursos ante la “grave crisis” que vive el país.

El texto ha sido enviado con carácter urgente para que sea debatido, discutido y aprobado por la Asamblea cuanto antes, en el contexto actual de violencia e inseguridad que ha venido padeciendo en los últimos años el país y que esta semana ha alcanzado un repunte sin precedentes.

Ecuador se encuentra inmerso en medio de una renovada espiral de violencia tras la fuga del líder de Los Choneros, Adolfo Macías, alias ‘Fito’.

Después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia para retomar el control de las cárceles, aumentó el caos tanto fuera como dentro de las prisiones, obligando al Gobierno a tomar medidas de excepción, como el uso de las Fuerzas Armadas, o toques de queda.

Noboa aseguró que la guerra contra el crimen organizado “tiene un costo”, por lo que se esperaban este tipo de medidas económicas para poner a disposición recursos con los que combatir desde el Estado.

Están sujetos a las disposiciones de la presente ley todas las personas naturales y jurídicas que residan y realicen actividades económicas en Ecuador, tantos entes públicos como privados y extranjeros que operen en el país.

México tiene una independencia judicial “precaria” y su presupuesto es “un talón de Aquiles” para su correcto funcionamiento, concluyeron dos informes de las organizaciones México Evalúa, Impunidad Cero, Fundación Konrad Adenauer y la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), entre otras.

“Todos estamos conscientes del momento muy delicado para la independencia judicial que estamos viviendo, no solamente en México, sino en también en otras muchas partes del mundo”, advirtió en una conferencia la coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, Laurence Pantin.

“Desde hace unos años observamos una tendencia adversa y, en lugar de que se consolide la independencia judicial, detectamos estrategias para debilitarla”, consideró.

El estudio ‘Independencia judicial, ¿dónde estamos? Un análisis subnacional’ destacó que ninguno de los 32 estados del país alcanza un 50% de independencia judicial, con base en 51 indicadores internacionales retomados para este análisis.

Alejandra Quezada, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, detalló que solo seis entidades mexicanas cumplen con el 40% de los indicadores de independencia judicial: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Puebla.

En contraste, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Sinaloa y Tlaxcala fueron los estados cuya normatividad cumple con menos indicadores.

En este sentido, animó a los organismos judiciales de los estados y a legisladores a proponer e incluir los más altos estándares que garanticen la independencia de las instituciones impartidoras de justicia.

Entre los 51 indicadores de referencia internacional, 16 se enfocan en garantías de la independencia institucional, 30 en independencia profesional y cinco en independencia funcional.

Entre estos, destacaron áreas de oportunidad en los mecanismos para nombramientos y destituciones de jueces y magistrados, en el combate a la corrupción, en la protección a la integridad física de los impartidores de justicia y diferencias entre remuneraciones por el mismo trabajo, entre otras.

Pantin también aclaró que, aunque la existencia de una norma no garantiza su cumplimiento, es preferible que las garantías se incorporen en la normatividad al ser un piso mínimo.

Por otro lado, José Antonio Caballero y Juan José Garza, autores del estudio, afirmaron que estos recursos son la principal herramienta para el correcto funcionamiento de la gobernanza la interior del sistema judicial.

Sostuvieron que la independencia judicial también debe garantizar el flujo estable de los recursos para financiar todas las actividades del Poder Judicial, lo que contrasta con lo sucedido en el Congreso recientemente, que aprobó una reducción de más de 360 millones de dólares a lo solicitado por el Poder Judicial para el año entrante.

Todo esto sucede también cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) critica constantemente supuestos privilegios del Poder Judicial, como salarios altos y deficiencias en la impartición de justicia.

Esta mañana inició el análisis y discusión de las reservas al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 que se aprobó la noche de ayer en lo general, donde se ha denunciado que no se etiquetaron recursos para la reconstrucción de Guerrero y para apoyar a los damnificados tras el impacto del huracán “Otis”.

La oposición aseguró que Acapulco y los damnificados requieren recursos reales y no montos en papel como los que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena, pues los 61 mil millones de pesos que anunció para la reconstrucción de Guerrero no es un presupuesto etiquetado.

“Ellos están proponiendo un monto de 61 mil millones de pesos; nosotros podríamos considerar como arranque un buen monto ese, como arranque, pero no es un monto que venga en el PEF, sino que te dicen no les vamos a cobrar luz ni agua por un trimestre, vamos a tener exenciones fiscales, disminución en el impuesto sobre nómina, disminución o deducibilidad automática con el ISR. Mencionan puras cosas de no cobrar y se aprecia, pero se ocupa que ayudemos”, señaló.

En ese sentido, el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero, aseguró que su bancada y las que integran la coalición “Va por México” apoyarán sin discusión, y votarán a favor cualquier reserva que se presente para apoyar a los afectados por el huracán.

“Lo anunciamos desde ahorita, provenga de quien provenga la reserva, si su contenido es ayudar a las personas damnificadas por el huracán “Otis”, es obvio que nuestro voto va a ser a favor y me atrevo a decir que es a nombre de toda la oposición, de todo el Frente Amplio opositor por México”, señaló el panista.

También dijo que actuarán en esa misma lógica ante cualquier reserva que en el fondo ayude a los organismos autónomos que, al menos en lo general, se les pretende aplicar un recorte a los recursos solicitados.

En rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside, lamentó que ni en el sexto y último Paquete Económico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y la oposición puedan llegar a un acuerdo.

En tanto, el diputado Yerico Abramo Masso del PRI, acusó que Morena actuó con insensibilidad al no etiquetar recursos para la reconstrucción de Guerrero, especialmente el puerto de Acapulco.

“Es un presupuesto triste, quiero decirles que en las 284 páginas que tiene el dictamen, en ninguna, en ninguna se menciona la palabra Acapulco. Esa es la gravedad de la insensibilidad con la que Morena está atendiendo este tema tan difícil para las y los mexicanos”, señaló el legislador.

El también presidente de la Comisión de Turismo subrayó que más de 45 municipios en Guerrero sufrieron daños graves, mismos que requieren recursos y atención inmediata. Adelantó que diversos análisis refieren que se necesitan más de 240 mil millones de pesos para poder equilibrar la infraestructura de Guerrero, renovar la que ya venía muy desgastada y actualizar la que fue dañada totalmente.

Coincidió en que sí se requieren apoyos fiscales, con la condonación de impuestos por un periodo de más de un año para los habitantes de Guerrero que lo perdieron todo, para que pueda fortalecerse su economía, puesto que el 90% de la economía de Acapulco depende del ingreso turístico. 

“Es muy lamentable que Morena diga que en un transitorio va a decir que lo que sobre de los subejercicios y de los ingresos de recaudación pueda ser destinado a la reconstrucción de Guerrero en el 2024, es como una especie de que ya veremos”, reprochó el priista.

Abramo Massa refirió que en la Comisión de Turismo, se aprobó por unanimidad que 10 mil millones de pesos de los 22 mil millones de pesos que se recaudan por el pago de impuestos de los extranjeros para entrar a México, se asignaran específicamente para la reconstrucción en Guerrero, y no a la empresa Tren Maya S.A de C.V. como se planea hacer a partir de abril del próximo año.

La oposición llamó a las y los diputados de Morena y sus aliados, a dejar atrás filias y fobias y destinar recursos suficientes a la emergencia en Guerrero; advirtió que de lo contrario, muchas familias de esa entidad van a comenzar a emigrar a otros estados, abandonarán sus bienes, sus propiedades y muchos más caerán en la pobreza y la pobreza extrema.

Y es que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confía en que la recuperación de Acapulco será relativamente rápida, analistas y la oposición han acusado que existe una gran diferencia entre lo que el Gobierno dice que ocurre en la entidad y lo que realmente se vive.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Jorge Cano, investigador del programa de gasto público de México Evalúa, sobre cómo se prevé sea la reconstrucción en Acapulco y zonas dañadas.

Las aseguradoras entregarán los primeros anticipos de pagos para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el paso del huracán Otis en Acapulco, según informó este lunes la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Los primeros recursos, expuso la organización en un comunicado, servirán para la remoción de escombros o para iniciar las reparaciones necesarias en hasta 16,000 inmuebles asegurados solo en Acapulco, la zona más afectada por el golpe de Otis como categoría 5.

“Una vez confirmada la cobertura, los asegurados pueden disponer de un anticipo de pago para remoción de escombros o para iniciar la reparación de los inmuebles asegurados”, explicó Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

Además, detalló que este proceso se puede iniciar aun sin concluir completamente las evaluaciones en viviendas y pequeñas y medianas empresas.

“Inclusive podrá otorgarse más de un anticipo de pago. Este paso es crítico para iniciar la reconstrucción.”, añadió.

La AMIS explicó que para la remoción de escombros se refiere al costo de las actividades cubiertas en la póliza para limpiar una propiedad asegurada después de un siniestro, lo que incluye gastos por desmontajes, demoliciones, limpieza o acarreo de materiales.

En esta emergencia, la AMIS recordó que el seguro se convierte en una “herramienta fundamental” para acelerar el proceso de reconstrucción tras daños como los que causó el huracán Otis a su paso el 25 de octubre pasado.

Hasta ahora, el Gobierno federal contabiliza 47 fallecidos y 53 desaparecidos, de acuerdo con el último reporte dado por el presidente en su conferencia matutina. Previamente, la fiscalía del estado había mencionado 48 victimas mortales.

Pese a que el Gobierno federal anunció 61 mil millones de pesos para la reconstrucción del puerto, la calificadora Fitch ha calculado que las pérdidas catastróficas, económicas y aseguradas, ascienden a 16,000 millones de dólares.

El presidente incluso volvió a reiterar este lunes que confía en “poner de pie” a Acapulco antes de que finalice el año.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que será mañana martes cuando inicie la discusión de las reservas del dictamen de Presupuesto 2024, y el jueves por la madrugada cuando se vote en lo particular.

“Mañana se vota el dictamen en lo general. Seguramente habrá más de mil 800 reservas en lo particular, se reservan desde el proemio hasta la fecha en que fue firmado el dictamen, y le vamos a dar tiempo a la Mesa Directiva para que las sistematice todas”, dijo.

Luego de que se iniciara este lunes la discusión del PEF, el morenista aseguró que el pueblo de México puede estar tranquilo de que, a través del PEF 2024, se garantizará la estabilidad económica que necesita el país para salir adelante el próximo año.

Puntualizó que se contempla una compensación de 7 mil 600 millones de pesos en infraestructura para las 32 entidades federativas, a fin de que les permita la rehabilitación de caminos y la construcción de vialidades intercomunitarias.

Reconoció que en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se realizará una revisión debido a los próximos comicios, pues serán elegidos más de mil 400 ayuntamientos, se renovarán 20 congresos estatales y todo el Poder Federal.

“Eso implica que el Tribunal Electoral esté fortalecido. Cada tres años sucede, tiene una ampliación presupuestal para atender esto a través de la contratación de personal eventual”, dijo.

Para tales efectos, adelantó que se establecerá una reserva al dictamen para hacer adecuaciones a otros organismos constitucionalmente autónomos, a fin de que cuenten con recursos.

En el caso del Instituto Nacional Electoral declaró que se le retirará una previsión presupuestal enfocada a la realización de la consulta popular, pues no hay ninguna registrada para los próximos meses.

Por su parte el diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo votos para que en la discusión del Presupuesto, impere el diálogo democrático y se reflejen en las necesidades de la población.

“Es esencial que el debate sea incluyente y que todas las voces sean escuchadas, garantizando así la representación efectiva de los intereses de la ciudadanía”, señaló en un comunicado.

Asimismo, en su calidad de coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, sostuvo que su partido seguirá apoyando la propuesta de un “Presupuesto Amplio”, misma que presentó junto a sus aliados PRI y PRD, ya que atiende las verdaderas necesidades de las familias mexicanas.

Explicó que se pretende fortalecer áreas clave, como seguridad, salud, atención y apoyo a mujeres, reactivación económica, rescate del campo, educación, deporte, comunidades indígenas, migración, federalismo, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, vivienda y desarrollo social, entre otras.

Respecto de las obras emblema del Ejecutivo Federal, enfatizó en que el PAN no está en contra de ellas, pero sí está convencido de que la gente no necesita un aeropuerto sin vuelos, una refinería sin funcionar o un Tren Maya.

Por otro lado, el diputado lamentó que no se etiqueten apoyos específicos para Acapulco; y adelantó que su bancada insistirá en otorgar recursos para la recuperación de Guerrero, sin que se vulneren los contrapesos democráticos.

“Nos dicen que invertirán 61 mil millones de pesos, pero todo es recurso que se está decidiendo discrecionalmente, sin ningún mecanismo de fiscalización y, peor aún, sin ninguna garantía”, acusó.

Tal como lo instruyó el presidente Andrés Manel López Obrador (AMLO), la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estableció un canal de diálogo con el Poder Judicial, donde reconoció la sensibilidad y disposición de la presidenta de la Corte, Norma Piña, de trabajar de manera conjunta al adherirse a la propuesta del presidente para destinar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial a la atención de los damnificados por el huracán Otis.

La secretaria indicó que el canal se estableció con el propósito de instalar una comisión conformada por los tres Poderes de la Unión, que permita administrar los recursos de los fideicomisos a través de un fondo de ayuda.

Y es que recordemos que el martes pasado, el presidente López Obrador lanzó la propuesta para que los cerca de 15 mil millones de pesos de los13 fideicomisos se destinaran a ayudar a los afectados por el huracán Otis.

Rápidamente, la ministra Norma Piña indicó que dicha propuesta era una “alternativa real” para canalizar los recursos de los fideicomisos que según había dicho, eran necesarios para cumplir con los derechos labores de los trabajadores del Poder Judicial.

En su carta, se dijo a la espera de conocer los canales institucionales que se manejarían para concretar la canalización de dichos recursos.

Fue el pasado 18 de octubre, cuando el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen que reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de extinguir 13 fideicomisos y fondos equivalentes a 15 mil millones de pesos no contemplados en dicho ordenamiento.

Una semana después, el 24 de octubre, el Senado aprobó la minuta y un tres días después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que su desaparición entró en vigor. Sin embargo, esta semana un juez concedió un amparo para evitar que los recursos fueran transferidos a la Tesorería.

Luisa María Alcalde informó además que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados respaldaron el planteamiento del presidente para que el dinero de los fideicomisos se asigne a un fondo para apoyar a las personas damnificadas de Guerrero.

Explicó que, dado que es la Cámara de Diputados la que está a cargo del presupuesto, los representantes del Poder Legislativo serán quienes integrarán el comité de seguimiento y vigilancia que el presidente propuso para el traslado de los recursos.

El Gobierno estimó en 61,313 millones de pesos el costo para las reparaciones y apoyos sociales en Guerrero tras el impacto del huracán Otis, que ha dejado hasta ahora 46 muertos.

Este es el primer cálculo oficial del Gobierno federal, que ofreció en la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, en donde el presidente López Obrador anunció un plan de recuperación con 20 puntos, que incluyen 10,000 millones de pesos para restaurar la infraestructura pública en Acapulco.

“El costo de la inversión, que estamos ya varios días trabajando para aproximarlo lo más posible a las necesidades, es de 61,313 millones de pesos y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la República, ese es el monto de inversión”, expuso el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

El costo de los daños, según estimaciones privadas, podría ascender a 15,000 millones de dólares.

El presidente detalló que el plan incluye apoyos directos a los afectados, como la entrega de 20,000 “créditos a la palabra” por 25,000 pesos para comercios devastados; 8,000 pesos para pintura y techos de viviendas; entrega de despensas semanales; y equipamiento con enseres básicos para hogares.

Adicionalmente, anunció la duplicación en el número de becas a 90,000 para estudiantes de niveles básicos; exenciones de algunos impuestos y pagos de intereses de 373 hoteles, y el no pago de servicio eléctrico hasta febrero del 2024.

Los puntos que integran el plan de reconstrucción son:

  • Apoyar a todos los damnificados e intensificar las labores de bísqueda.
  • Adelantar 2 meses la dispersión de todos los programas de Bienestar
  • Incorporar a 10 mil jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para labores de limpieza, construcción y pintura. Recibirán el equivalente al salario mínimo.
  • Se duplicará el número de becas a estudiantes hasta 90 mil en la zona.
  • 6 meses de prórroga en el pago de Infonavit, Fovissste e IMSS.
  • No se pagará servicio de luz de noviembre 2023 a febrero 2024.
  • Se entregará una canasta básica de 24 productos por semana a 250 mil familias durante 3 meses.
  • Se otorgarán a todos los hogares 8 mil pesos para limpieza y pintura y a hogares afectados desde 35 mil hasta 60 mil pesos para su reconstrucción.
  • A todas las familias se les entregará un kit de enseres domésticos: cama, estufa, refrigerador, vajilla.
  • Se otorgarán 20 mil créditos a la palabra por 25 mil pesos cada uno.
  • Se destinarán 10 mil mdp a la rehabilitación de líneas de agua, drenaje y avenidas.
  • No se cobrarán IVA ni ISR desde octubre 2023 hasta febrero 2024.
  • En cada colonia de más de mil viviendas habrá un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos.
  • Créditos sin intereses a pequeñas y medianas empresas.
  • Hacienda pagará la mitad de los intereses a créditos de Banca Comercial para 377 hoteles en el puerto.
  • La SICT destinará 218 mdp para rehabilitar las carreteras, puentes y obras viales

El mandatario señaló que todas la obras de reconstrucción estarán coordinada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. 

Los últimos puntos del plan más que apoyos financieros, se trataron de reconocimientos. AMLO agradeció a los trabajadores de la CFE que dijo, actuaron de manera excepcional para reestablecer el servicio de eléctrico, el cual señaló, se recuperará por completo en los próximos días.

Finalmente reconoció a los elementos de las Fuerzas Armadas que brindan apoyo a la población afectada en Guerrero, así como a los habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez, las dos ciudades más afectadas tras el paso de Otis.

La oposición alertó sobre el recorte al presupuesto del Poder Judicial que impulsa Morena mediante la extinción de 13 fideicomisos, que aseguran, afectará a los trabajadores en activo, a los jubilados y en la labor diaria de los jueces.

La dirigencia nacional del PAN reprobó que Morena y sus partidos satélites en el Poder Legislativo sólo acaten la orden dada desde Palacio Nacional para desaparecer los 13 fideicomisos al Poder Judicial, reforma que será sometida a votación en el Pleno la próxima semana.

“A pesar de que hay dudas sobre la legalidad de los recortes, Morena y aliados están abocados a este nuevo acto de extrema politización del presupuesto”, indicó Marcos Aguilar, vocero del PAN.

“Es importante recordar que el actual Ejecutivo Federal desde años atrás no se ha detenido desmantelado todos los fideicomisos y no cesa su ataque a los organismos independientes, limita la operatividad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación justo de cara a las elecciones del próximo año,” añadió.

Aseguró que López Obrador actúa como un autócrata, al señalar que todo lo que pide se hace, “todos sus caprichos y ocurrencias son ordenes que deben cumplirse sin opinar”.

Recordemos que esta semana la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, la extinción de 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

La reforma pretende hacerse del control de 15 mil 450 millones de pesos disponibles en los fideicomisos cuyos titulares son la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Javier Martín Reyes, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre las implicaciones de este nuevo ataque al Poder Judicial, ahora vía el presupuesto

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que busquen formar coaliciones para la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa.

Será a más tardar el 5 de noviembre de 2023, fecha de inicio de las precampañas, cuando vencerá el plazo para la presentación de registro de convenios de coalición.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, precisó que los partidos políticos pueden constituirse en coaliciones con las siguientes modalidades:

  • Total: Aquella en la que se postula, en un mismo Proceso Electoral Federal o local, a la totalidad de sus candidaturas a puestos de elección popular bajo una misma plataforma.
  • Parcial: En la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al 50% de sus candidaturas a puestos de elección popular, bajo una misma plataforma electoral.
  • Flexible: Los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, al menos a un 25% de candidaturas a puestos de elección popular, bajo una misma plataforma.

El INE indicó que se mantendrá el criterio aplicado en 2021 respecto a la “afiliación efectiva”. Esto exige a los partidos coaligados detallar a qué partido pertenece cada candidato, para que al repartir los escaños y curules de representación proporcional no exista sobrerrepresentación.

Guadalupe Taddei, argumentó que el mantener la regla no pretender entrometerse en la vida política de los partidos, sino alcanzar una representación ordenada y plural.

El Consejo General del INE también hizo un llamado a los partidos políticos para que cumplan “con lo que elección tras elección debería ser una normalidad”: el principio de paridad horizontal y vertical en la postulación de candidaturas y observar los bloques de competitividad; reportar los gastos de campaña, así como las reglas de prorrateo y no rebasar los topes de precampaña y de campaña.

También exhortó a que no hagan uso indebido de las pautas de radio y televisión y a determinar con claridad el origen partidario de las personas candidatas a senadurías y diputaciones de mayoría relativa.

Finalmente, la Comisión Temporal de Debates (CTD) indicó que se prevé la organización de tres debates entre candidatos a la Presidencia, uno más de los que se contemplan en la ley.

El Plan de Trabajo aprobado por el Consejo General establece la celebración que el primero debate presidencial se llevará a cabo en marzo, el segundo en abril y el tercero en mayo.

Ante la propuesta de los partidos de oposición, que solicitaron la realización de cinco encuentros y no tres, se indicó que el número de debates dependerá del presupuesto que se le termine aprobando al INE en el presupuesto para 2024.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, presentó una iniciativa que propone eliminar la mayoría de los 14 fondos y fideicomisos que maneja el Poder Judicial, y conservar sólo los que estén previstos en la legislación.

Apuntó que de los 14 fideicomisos actuales, sólo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia es el único que está amparado por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, el morenista expuso que el objetivo de su propuesta es construir un Poder Judicial autónomo, imparcial y eficaz, así como auditable y austero, que garantice la justicia pronta y expedita.

“Los primeros tres elementos se encuentran en cursos de consolidación gracias a la reforma constitucional y legal de 2021, pero con esta iniciativa de reforma lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad, para que los cinco componentes fundamentales en este recambio para la refundación del Poder Judicial, se concreten”, señaló.

La propuesta consiste en reformar el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El líder de la bancada de Morena explicó que, sabiendo que algunos de estos 14 fideicomisos que en su conjunto suman más de 20 mil millones de pesos, resguardan recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, su iniciativa estipula que los actos de extinción de estos fideicomisos deberán respetar los compromisos contractuales y los derechos que se hayan generado.

Asimismo, dijo, establece que, una vez solventados estos compromisos, los recursos federales remanente, incluyendo los productos y rendimientos que hayan generado a lo largo de los años, generando ahorros financiados por el presupuesto pública, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Reclamó que, en materia de austeridad dentro del Poder Judicial, el avance es casi nulo, lo que está generando una percepción negativa en la sociedad de dicho poder, agraviada por una cultura generalizada de excesos que, afirmó, “ya no se pueden tolerar”.

Mier Velazco señaló que los recursos de los fondos de la Corte podrían emplearse para llevar bienestar al pueblo de México y destacó que estos recursos alcanzarían para pagar el sueldo de 68 mil 500 maestros y maestras, 64 mil 400 médicos especialistas o cerca de 75 mil policías por un año.

Tan pronto se presentó la iniciativa, la bancada del PAN aseguró que ninguna acción que tenga como consecuencia el debilitamiento de un contrapeso, sea organismo constitucionalmente autónomo o un Poder del Estado, van a ser políticas que sus diputados respalden.

“Al contrario, las mujeres y los hombres de Acción Nacional al Poder Judicial lo vamos a defender ante cualquier embate que pueda darse, porque no solamente es el de esta iniciativa de ley que acaban de anunciar, también se ha anunciado que pretenden una reforma constitucional y el proyecto de Egresos se puede modificar”, sostuvo Jorge Romero, coordinador de las y los diputados del PAN.

Señaló que en caso de existir excesos en el Poder Judicial, éstos deben dejarse atrás; sin embargo, afirmó que es curiosa la coincidencia de que ahora que la Suprema Corte de Justicia, con una nueva presidencia, empieza a tomar decisiones que no agradan al Gobierno federal, se comienza a hablar de su presupuesto.

El panista recordó que en las reformas constitucionales es necesaria la aprobación de las dos terceras partes del Pleno cameral; algo que dijo, sin la oposición el bloque oficialista no tiene. “No van a poder, no pudieron en otras ocasiones, no podrían en esta tampoco”, adelantó.

Sobre el presupuesto del Poder Judicial, el diputado explicó que, de acuerdo con la Constitución, por el principio de progresividad un presupuesto dado ya no se puede reducir; “no puedes ir disminuyendo derechos.

El presidente López Obrador anunció con bombo y platillo que el 1º de diciembre de este año comenzará a operar una nueva línea aérea del estado que se llamará Mexicana, después de haber comprado el nombre por 407 millones de pesos. Este anuncio debería de ser un escándalo por la cantidad de preguntas que deja sin resolver.

¿Cuál es el beneficio social de una aerolínea del Estado que requerirá dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)? Ni siquiera cuando Cintra operaba Aeromexico y Mexicana como líneas del Estado se requirió meterle dinero del PEF a la aviación. Hoy, con un gobierno que se dice humanista y que pone primero a los pobres, ya anunció López Obrador que de arranque Mexicana recibirá 4 mil millones de pesos.

¿De dónde saldrá ese dinero? Actualmente no tiene una partida en el presupuesto. Si se van a esperar a la aprobación del nuevo PEF en septiembre, será muy tarde pensando en que Mexicana quiere comenzar a operar en diciembre.

El presidente dijo que Mexicana volará a destinos a los que no vuelan actualmente las líneas comerciales (Aeromexico, Volaris, Vivaerobus) pero en la presentación que hicieron en la mañanera, a los veinte destinos señalados ya vuelan las tres aerolíneas. No se cumple con la promesa de incrementar la conectividad que hizo AMLO al presentar su proyecto. Los otros destinos apuntados bajo el rubro de ‘Fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria’, como Apodaca, Tulum, Lázaro Cárdenas o Tamuin, no tienen pistas aun o no son adecuadas para que aterrice un jet 737-800, que son los aviones que arrendará Mexicana. ¿Cuánto va a costar construir estas nuevas pistas?

¿Quién es Petrus Aero? Esta empresa ha publicado anuncios buscando contratar a trabajadores del sector aéreo para Mexicana. La empresa no tiene ni página de internet. Eviacorp Aviation Services, que aparece ligada a Petrus Aero, solo tiene cuenta de Instagram con los anuncios de contratación pero su página de internet no funciona.

Más allá de que no parecen empresas serias para ser usadas por el gobierno, ¿cómo van a pagar salarios competitivos a los pilotos? Actualmente un piloto de un 737 gana entre $180 y $220 mil pesos al mes. Esto es un salario mayor al del presidente… que tiene prohibido que cualquier trabajador del Estado gane más que él. ¿Cómo le van a hacer?

¿Por qué quieren arrendar diez aviones 737-800? Son aviones viejos que por ello gastan más combustible; contaminan más y su mantenimiento será más caro.

Mexicana además será competencia desleal en un sector de por sí complicado. El presidente anunció que venderán los boletos entre un 18 y un 20 por ciento más baratos. Lo podrán hacer porque seguramente recibirán un precio especial de renta en el AIFA para sus operaciones. El precio de la turbosina, que solo vende el gobierno, ¿será el mismo que para las otras aerolíneas? ¿Qué plazos tendrá Mexicana para pagar los servicios aeroportuarios?

Aunado a lo anterior ¿será legal una aerolínea en la que el regulador (AFAC); la marca (Mexicana) y el aeropuerto (AIFA) sean todos manejados por una misma entidad, en este caso la Sedena?

Mexicana es un capricho más de un López Obrador que ha decidido destruir el sector de la aviación desde la cancelación de Texcoco. Si Mexicana tuviese que arrancar respetando las reglas de la industria, que incluyen reglas de operación, certificaciones, adiestramientos, comercialización, canales de distribución (agencias) y mantenimiento, sería imposible su arranque el 1º de diciembre. Pero como sabemos que al presidente se le cumplen sus caprichos, seguramente volará Mexicana en diciembre y los costos los pagaremos los contribuyentes. De saque, serán 4 mil millones de pesos.

Vaya austeridad de quien presume que solo carga $200 pesos en la cartera pero tira a manos llenas raudales del dinero público.

Columna completa en El Universal

Debido a la parálisis que enfrenta ante la negativa de los legisladores de Morena y partidos aliados de apoyar el nombramiento de los comisionados faltantes, y con ello cumplir con el quórum legal y necesario para sesionar, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) presenta una pesada carga de trabajo pendiente de resolver.

La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas advirtió que suman más de 5 mil recursos de revisión y medidas de apremio que no se han podido ejecutar.

“Hay INAI, sigue existiendo, lo que está detenido es un quórum. Hace falta un compañero, bueno tres; pero con uno podemos sesionar. Pero todos los demás programas, la Plataforma Nacional de Transparencia, las Fiestas de la Verdad (…) siguen en marcha”, dijo.

Del Río Venegas añadió que los comisionados “vamos a seguir aguantando, resistiendo, porque unidos somos más”.

La Comisionada del INAI subrayó que el órgano garante nacional sigue realizando acciones para promover los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en colaboración con el Sistema.

Confió en que “ya estemos a días” de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les pueda conceder la suspensión que solicitan para poder sesionar con el número de integrantes del Pleno actuales, y con ello no depender del nombramiento de nuevos comisionados.

Y es que recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vetó el nombramiento de dos comisionados que el Senado había aprobado, ante presuntas acusaciones de acuerdos entre partidos, lo que provocó que el tema regresara a la Cámara Alta.

En el Senado, Morena y aliados se han negado a sacar adelante nuevos nombramientos, incluso faltando a acuerdos con la oposición, con quienes habían negociado sacar adelante otros asuntos a cambio de votar los nombramientos.

La oposición exige a Morena destrabar el asunto, acusando una estrategia del gobierno federal para mantener en parálisis al órgano encargado de la transparencia. Incluso se llegó a filtrar un audio en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, revelaba que el presidente habría pedido mantener dicha parálisis en el INAI.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Minerales (Semarnat) denunció este viernes que la minería ha afectado 15 millones de hectáreas de 5,000 núcleos agrícolas, esto al defender la reforma que el presidente López Obrador presentó a la Ley Minera, que busca para restringir esta actividad.

Por los daños de esta industria, la Semarnat contabilizó que las comunidades se han opuesto al menos a 169 proyectos entre 2013 y 2018.

La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, advirtió del “impacto ambiental que esta actividad ha generado por residuos mineros o jales y que contaminan el aire, el agua y el suelo en perjuicio de las poblaciones que están alrededor”.

Aunque la actual administración no ha entregado nuevas concesiones mineras, la Semarnat reconoció que desde 1992 se otorgaron 65,534 concesiones para exploración y explotación minera.

Esto implica más de 117 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 60% de las 195.6 millones de hectáreas del territorio nacional, detalló la dependencia.

“El país debe contar con un marco jurídico que responda a la impostergable necesidad de dar al sector ambiental herramientas legales con las cuales se pueda defender, de manera efectiva, los recursos naturales y salvaguardar el bienestar de las comunidades”, enfatizó Albores.

La titula de la Semarnat hizo estas declaraciones en la Cámara de Diputados para defender la reforma que propuso López Obrador a la Ley Minera, con la que se busca que el gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios.

La legislación también acortaría la duración de los permisos de las minas de los 50 años actuales a 15 con la posibilidad de solo una prórroga.

Además, prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.

Al respecto, la Cámara Minera de México (Camimex) ha argumentado que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4,000 millones de dólares al año con 406,000 empleos directos y que representa el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La legislación sacudiría la minería de México, el mayor productor mundial de plata, el segundo de fluorita y uno de los 10 principales de zinc, oro y cobre, ha señalado la agencia Moody’s.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Jorge Álvarez Fuentes, Embajador y asociado del COMEXI, sobre la iniciativa de la Ley Minera, los riesgos sobre los que ha alertado la IP, y la defensa del gobierno federal a la propuesta del presidente.