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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes a los jueces que no están de acuerdo con reforma al Poder Judicial que se discute en Parlamento Abierto, de estar en contra de la Constitución, incluso dijo que deberían estar “doblemente obligados” a respetarla.

“Si se oponen a eso (a la reforma) están en contra de la Constitución, es elemental”, aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones del mandatario llegan luego de que la semana pasada magistrados y jueces del Poder Judicial anunciaran que preparan una estrategia jurídica para impugnar la reforma impulsada por López Obrador, que busca elegir por voto popular a los jueces en todo el país.

El viernes pasado, unos 250 integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron a las afueras del Palacio de Justicia de San Lázaro, y advirtieron que si se aprueba la reforma en los términos planteados por el mandatario mexicano responderán con impugnaciones en tribunales tanto del país como internacionales.

Al respecto, el presidente señaló que jueces y magistrados están “en su derecho de manifestarse, de expresarse, son libres” pero acotó que están “doblemente obligados a respetar la Constitución” por ser autoridades.

Refirió que la reforma que propone es “completamente constitucional” y es vivir en una realidad de derechos y de hecho. Señaló que, si no quieren someterse al escrutinio público, “ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente”.

“No hay que tenerle miedo al pueblo, ni hay que tenerle miedo a las reformas. Y no hay que aceptar chantajes, no pasa nada, nada, nada, nada, el pueblo de México es muy responsable”, aseveró.

La reforma judicial plantea no solo la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también de los integrantes del Tribunal Electoral del PJF y, en general, de todos los jueces federales y locales.

Además de la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo del Poder Judicial.

En cuanto a la sobrerrepresentación en el Congreso, la cual según los magistrados, consiste en que Morena y partidos aliados pretenden que con el 52% de la votación obtenida el pasado 2 de junio se alcancen más del 70% de las posiciones en la Cámara de Diputados, AMLO dijo que eso es “un principio constitucional”.

“Así fue cuando yo triunfé, no en la pasada elección de diputados, así fue en el 2018 pero así fue también antes y ¿cómo lo van a cambiar ahora? Sólo que reformaran la Constitución, ahora sí que como dicen los abogados, que no nos obliguen a leerles el artículo”, ironizó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que desaparecer los organismos autónomos sería una “muy buena reforma administrativa”, pues se podrían ahorrar cerca de 100,000 millones de pesos al año.

“Yo creo que sería una muy buena reforma administrativa y se ahorrarían unos 100,000 millones de pesos al año”, señaló el mandatario.

López Obrador se refirió a la estrategia de la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, quien ha asegurado que continuará con la política de austeridad republicana que él implementó desde el inicio de su Administración en 2018.

“Qué bueno que siga la austeridad. Y lo mismo en el caso de los aparatos burocráticos improductivos”, enfatizó.

Recordemos que en diversas ocasiones, el presidente López Obrador se ha pronunciado a favor de desaparecer los organismos autónomos, pues ha argumentado que “no sirven para nada” y son “gastos superfluos” para el país.

Incluso, en febrero pasado presentó una iniciativa de reforma para desaparecer, entre otros, al Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros.

López Obrador recordó que su petición es que las funciones del INAI pasen a la Secretaría de Economía, mientras que el Instituto de Comunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones y los que tienen que ver con la industria eléctrica pasen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Asimismo, aseveró que no pasará nada si desaparecen los organismos autónomos, ya que no se despedirá a los trabajadores. “Es nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo”, remató.

Tal como estaba anunciado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebró su 24 Asamblea Nacional Ordinaria, donde se concretaron los cambios estatutarios que permitirán, entre otras cosas, la reelección de la dirigencia nacional hasta por tres periodos, lo que le abre la posibilidad a Alejandro ‘Alito’ Moreno, permanecer otros ocho años más al frente del partido.

Los poco más de 3 mil delegados que estuvieron presentes en un foto al sur de la Ciudad de México, “discutieron y aprobaron” las propuestas que había acordado la Comisión Nacional de Dictamen, y que justificaron como un intento de “avanzar hacia un PRI más moderno, acorde a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad mexicana”.

La aprobación se hizo con votaciones a mano alzada, lo que recordó a lo que sucedía en los viejos tiempos del PRI, pues como se reportó a lo largo de la semana pasada, las reformas se confeccionaron a petición del actual dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. 

Fueron en total 15 artículos a los estatutos del partido los que se modificaron, con sus cinco artículos transitorios respectivos. El que más llamó la atención fue la que permite dos reelecciones consecutivas para así ocupar la dirigencia nacional durante 13 años, considerando el año en que se extendió el mandato de la actual dirigencia al coincidir el fin de su periodo original con el proceso electoral.

Se detalla que para fines de lo aprobado, se comprenderá el periodo inmediato anterior como el primero de los tres que se permitirán, lo que implica que Alito Moreno permanezca ochos más al frente del partido.

Alejandro Moreno expresó su “confianza” en que las reformas a los Estatutos, a la Declaración de Principios, al Programa de Acción Política y al Código de Ética Partidaria harán del tricolor un partido cada vez más fuerte, más unido y cercano a la ciudadanía.

Respondiendo a las críticas que se le han hecho, Moreno Cárdenas recalcó que “no obedecemos a ningún Presidente de la República, ni del PRI, ni de antes ni de ahora”. Recordemos que uno de los principales señalamientos que se le han hecho es que detrás de Alito está López Obrador y Morena.

A sus detractores dentro y fuera del partido, quienes han denunciado el manejo del partido y sus intenciones de mantenerse en el poder, dijo que “en un partido como el nuestro, no caben élites, ni notables que aspiren a imponerse a la militancia, ni a los resolutivos que el priismo en pleno decide en una Asamblea Nacional”.

“La inconformidad de quienes disienten es hacia un relevo generacional en los órganos de decisión del partido que ya es irreversible”, añadió, “ese es el problema de fondo”. No compartimos, dijo, las nostalgias del viejo partidazo, ni de las recetas provenientes de personajes que florecieron en los tiempos en que el PRI era partido dominante.

Reclamó que “quienes condicionan al partido, quienes chantajean y quienes con declaraciones y acciones pretenden humillar o sobajar al priismo, no son priistas, ni medio priistas, son mercenarios políticos y en el PRI no tienen lugar”.

“Han empeñado todo lo que les dio el PRI por un puñado de privilegios y hoy vuelven a la carga con soberbia y torcidas motivaciones. No más traiciones y no más deslealtad. Los mentirosos y sinvergüenzas no volverán a perjudicar al partido”, remarcó.

Alito Moreno finalizó señalando que no hay mayor tragedia para un régimen democrático que una oposición entregada; por lo que dijo, en el PRI trabajarán con “valentía, inteligencia y estrategia” para servir a México de la mejor manera. “Seremos la oposición que México necesita. Una oposición real, potente y protagonista de los grandes debates”, remató.

La propuesta de reforma al Poder Judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y que perfila elegir a juzgadores por voto popular, dividió ayer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como quedó evidente en el primero de los foros del Parlamento Abierto que se celebra en Diputados.

Mientras unos coincidieron en cambios escalonados, asegurando la autonomía y el conocimiento técnico de los jueces y magistrados del Poder Judicial, otros mostraron su total rechazo a la propuesta del presidente, y expresaron su preocupación por el impacto que podría tener en el sistema judicial.

El oficialismo busca que los juzgadores sean electos en las urnas, incluidos los 11 ministros de la Suprema Corte, lo que supondría la renovación de más de 1,600 personas juzgadoras federales y 5,000 locales.

A la vez, promueve un nuevo Tribunal de disciplina judicial para evaluar el desempeño de los jueces en lugar del actual  Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario.

El ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que remover en un solo momento a toda esta cantidad de personas generaría “un desajuste importante para el funcionamiento e integración de los órganos de impartición de justicia”.

A su juicio, muchos procesos y asuntos judiciales quedarían en la incertidumbre en perjuicio de los ciudadanos usuarios de los tribunales de justicia, por lo que, al igual que la ministra Yasmín Esquivel, propuso hacer los cambios de manera escalonada.

En este punto, Esquivel defendió que se impulse un comité técnico que evalúe los conocimientos y perfiles de quienes aspiren a ser juzgadores por el voto popular, aunque como ya se esperaba, se posicionó a favor de la reforma.

En tanto, la ministra Lenia Batres consideró que los órganos judiciales han atendido agendas de intereses privados mientras han dejado de lado las resoluciones que permean la vida social. “Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México, el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos”, comentó.

Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara sostuvo que la población acudió a las mesas de votación el pasado 2 de junio “no para votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial”.

Sostuvo que los cambios legales propuestos no ofrecen “una solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país”.

En su turno, la ministra presidenta de La Corte y del CJF, Norma Piña, dijo que, a partir de los foros que se celebra´ran en los próximos días, se desprendió que “la justicia no es sólo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad: la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial”.
Piña reconoció que los Diálogos en la Cámara de Diputados son una oportunidad única para reflexionar y debatir, al estar en un momento crucial de la historia y estar en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos.
Fue clara en señalar que desde el Poder Judicial “estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión”.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de la independencia judicial, pues una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potenciará el crecimiento económico.
Precisó que si los legisladores deciden instaurar un modelo de elección popular de jueces y magistrados, se deberá considerar el impacto económico de un mal diseño.
Por su parte el ministro Javier Laynez Potisek expresó que la elección por voto popular de las personas juzgadoras no es la solución para resolver los problemas del Poder Judicial de la Federación y por el contrario podría agravarlos drásticamente; “quienes resuelven asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo, sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego a la ley”.
La ministra Margarita Ríos Farjat refirió que una reforma legislativa al Poder Judicial debe contar con cuatro características: estar orientada a resolver problemas según la realidad, no desarreglar lo que funciona, ser económica e implementarse con sencillez.
Agregó que es importante el fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados y llamó a fortalecer las escuelas de formación judicial y las clínicas de asesoría jurídica gratuita, además de incorporar en los poderes judiciales locales, la figura de jueces mediadores.
El ministro Alberto Pérez Dayán indicó que las instituciones del Estado en su conjunto no han alcanzado los niveles de justicia que demanda la sociedad, sin embargo, “toda reforma constitucional impone un estudio profundo y la prisa no es un buen consejero” y recordó a las y los legisladores que la división de poderes da fuerza a los regímenes democráticos y modernos.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo que la elección de las personas juzgadoras debe contar con criterios objetivos de selección, basados en mérito personal, capacidad profesional de las y los candidatos, principios de transparencia y publicidad, y garantizar la participación de todos los interesados.
Finalmente el ministro Luis María Aguilar Morales afirmó que el derecho a ser independiente no es de las y los jueces, sino del pueblo de México, y se logra con un trabajo constante que da la carrera judicial.

Pese a los planteamientos hechos en el foro, el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, adelantó que algunos cambios legales son “irreductibles” como la separación del Supremo del CJF, la elección de juzgadores por el voto y los cambios al Consejo de la Judicatura.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, informó que la próxima semana iniciarían los diálogos y foros de Parlamento Abierto en torno a la reforma del Poder Judicial, planteamiento que hizo la virtual presidenta electa, y que fue acordado con el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El morenista indicó que se prevé inicien estos diálogos nacionales con la inauguración y una reflexión que tiene que ver con el diagnóstico del Poder Judicial.

Insistió que una vez que la Comisión Permanente apruebe hoy el exhorto que se planteó, entonces ya se configuran los tiempos, la forma, la mecánica, el procedimiento en el que se van a desarrollar los foros regionales y nacionales.

Explicó que en “el propio desarrollo de los foros van a ir conociendo al detalle, más allá de especulaciones, una información certera sobre el proceso de elección, que es la parte toral, cuáles van a ser los métodos, cuáles van a ser los criterios de idoneidad y elegibilidad que deberán observar, tanto la Cámara de Senadores, la de Diputados”, por lo que hace a que entre los dos órganos legislativos hagan 10 propuestas.

Reiteró la necesidad de celebrar este ejercicio abierto para definir mecanismos, tiempos, plazos, de qué manera se va instrumentar, cuáles serán elecciones por circuito, cuáles serán nacionales.

Confió en que a finales de julio o la primera semana de agosto, se puedan tener las conclusiones de los foros, y así comenzar a analizar cuáles serían las modificaciones en la instrumentación que se propone para llevar a cabo el primer eje, que es la elección directa, popular, de los integrantes de los órganos del Poder Judicial.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentó esta tarde los resultados de las encuestas que se levaron el pasado fin de semana, para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la reforma al Poder Judicial que el presidente López Obrador presentó y que ella respalda para ser aprobada en septiembre próximo.

La morenista aseguró que tres de cada cuatro mexicanos encuestados respaldan elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Según los resultados presentados de los ejercicios, que estuvieron a cargo de las firmas Enkoll, De las Heras y la comisión de encuestas del partido, entre el 68% y 75% de los encuestados consideraron que los magistrados y jueces del Poder Judicial deben ser elegidos por “el pueblo de México”, en comparación con un 24% al 19% que considera que deben escogerse por el propio organismo judicial.

Recordemos que la futura presidenta ha asegurado estar de acuerdo con esta reforma propuesta por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con quien dice coincidir en el planteamiento que hace para reformar al Poder Judicial.

“Un porcentaje muy alto que considera que hay corrupción en el poder judicial y un porcentaje muy alto también que considera la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, a los ministros y a los jueces”, añadió la morenista

La ganadora de la elección presidencial resaltó que entre el 77% y 83% de los encuestados “considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial”, versus un 14% a 12% que no, y un 4% a 9% que no sabe o no contestó.

Sheinbaum dijo que esta información se va a considerar en la discusión que se va a abrir en los próximos días sobre la reforma a través de un “parlamento abierto” en el Congreso, cuyos detalles se informarán a más tardar mañana por los legisladores de Morena.

“Me parece muy relevante que, a ver, si hubiera sido 59%, es como las personas que votaron por nosotros, pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros, que reconocen la importancia de esta reforma al poder judicial”, destacó Sheinbaum.

Hace apenas una semana, Sheinbaum anunció que acordó con López Obrador hacer una “discusión muy amplia” en todo el país sobre esta reforma, que sería de las primeras en aprobarse con una nueva ‘supermayoría’ en el Congreso a partir del 1 de septiembre, un mes antes de que el presidente termine su gestión.

La polémica reforma ha provocado incertidumbre en los mercados y caídas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la depreciación del peso.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado confirmó que este fin de semana realizarán un ejercicio a nivel nacional para conocer la opinión de las y los mexicanos en torno a la reforma al Poder Judicial.

“Será domiciliaria y realizada con encuestadoras que cuentan con credibilidad. Van a ser dos casas encuestadoras- las que más se acercaron a los resultados de la elección presidencial- y la encuestadora de Morena. Todas con el mismo cuestionario para tener certeza sobre los resultados”, indicó Delgado.

Todo esto surgió de una propuesta de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien a inicios de semana planteó la posibilidad de levantar una encuesta para conocer la opinión de los mexicanos, esto en medio de la discusión que se ha generado en torno a la iniciativa de reforma de López Obrador, que se discutirá en el Congreso.

Luego de su reunión con Sheinbaum Pardo, el líder de Morena explicó que se trabajará únicamente con encuestadoras que cuenten con credibilidad. “No vamos a hacer encuestas con aquellas que erraron por completo el resultado (de las elecciones)”, aunque no reveló el nombre de las firmas seleccionadas.

Asimismo, comentó que una vez hechas las encuestas los resultados se los entregará de manera personal a la presidenta electa para que ella tome una decisión con base en dicha información. “Vamos a entregarle los resultados a la presidenta electa en cuanto los tengamos, vamos a empezar lo más pronto posible”.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum adelantó que el lunes próximo estará en posibilidad de dar a conocer los resultados.

“El fin de semana creo que van a estar haciéndose (las consultas), el lunes se sabrían los resultados, exactamente”, dijo Claudia Sheinbaum.

La ganadora de la elección presidencial detalló que en el ejercicio se aprovechará para conocer la opinión de los mexicanos en torno a la elección presidencial.

Finalmente, Mario Delgado agregó que las encuestas, aunque no serán vinculantes si serán un elemento clave para la toma de decisiones de los legisladores dado que éstas serán un reflejo de la opinión del pueblo de México.

La reforma al Poder Judicial que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ahora cuenta con el aval de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha causado incertidumbre en los mercados y entre grupos de la sociedad civil, quienes advierten de un grave retroceso en caso de aprobarse en los términos que está.

Pero ¿qué implica la iniciativa que podría aprobarse en septiembre próximo? Estas son los puntos claves del proyecto.

  • Elección popular de jueces

La propuesta plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, 1,688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.

  • Cambios en la Suprema Corte

La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial. La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros, que pasarían a nueve en lugar de los 11 actuales, y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.

También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno. Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.

No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.

  • Tribunal Electoral

El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, se encarga de resolver las controversias relacionadas con los comicios, como las recientes impugnaciones a la elección del pasado 2 de junio. Está dividido en dos niveles: la Sala Superior y salas regionales.

Con la propuesta del Gobierno, ambas mantendrían su número actual de magistrados, 7 y 18 respectivamente, pero su mandato se reduciría de los nueve años que tienen actualmente, a seis.

  • Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial

Sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial. Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley. De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.

  • Las elecciones por estados

Tan solo en Ciudad de México se votarían 339 cargos, 114 jueces y 225 magistrados, y podría haber hasta 2,034 aspirantes pues cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podría nombrar hasta dos candidatos por plaza.

Una situación similar ocurriría en los principales estados del país. En el Estado de México habría 114 puestos con hasta 684 candidatos, Jalisco tendría 122 cargos a elegir con hasta 732 aspirantes, y en Nuevo León un total de 72 plazas con hasta 432 pretendientes.

El presidente López Obrador, quien deja el cargo el próximo 1 de octubre, ha dicho que quiere acelerar la aprobación de la reforma una vez que se instale la próxima legislatura, en la que se proyecta que Morena y aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que les permitiría modificar la Constitución sin negociar con la oposición.

La posición del presidente contrasta con la de Sheinbaum, quien a inicios de semana aseguró que acordó con el mandatario hacer una “discusión muy amplia” en todo el país sobre la reforma, en la que dijo, se incluiría a las barras de abogados, escuelas de Derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales.

Un total de 727 trabajadores del Gobierno federal y el sector público presentaron ayer el primer amparo contra el Fondo de Pensiones del Bienestar, que el miércoles entró en vigor con la firma del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El miércoles, entraron en vigencia las reformas que dan origen al Fondo de Pensiones del Bienestar, que mediante un decreto hizo oficial López Obrador y con el que busca asegurar una jubilación del 100% para los trabajadores que comenzaron a cotizar en 1997 con tope en el salario promedio del IMSS, que es de casi 17,000 pesos.

La primera acción legal contra la reforma a las leyes que crean el nuevo fondo de pensiones fue presentada a través de la firma Trusan & Roma Abogados, despacho que dio a conocer sobre la demanda de amparo a través de sus redes sociales.

“Las 727 personas que pertenecen, tanto al sector privado como al sector público (…) están presentando esta demanda de amparo, porque afecta la forma en como ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras (de fondos para el retiro, afores)”, mencionaron los litigantes en un video publicado en redes sociales.

La firma de abogados mencionó que la reforma a las leyes que dan vida al nuevo fondo de pensiones “es inconstitucional, toda vez que es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica”.

Los abogados de la firma también anunciaron que no será la primera demanda que presenten; anticiparon que en las próximas semanas cientos de trabajadores del Estado se unirán a un nuevo amparo colectivo en contra de la reforma impulsada por Morena y López Obrador.

“Anunciamos que en las próximas semanas cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la Guardia Nacional (GN), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y varias dependencias federales más procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados”, añadieron.

Y es que la reforma busca administrar los recursos de cuentas inactivas en las afores de personas con más 70 años en caso de trabajadores del sector privado y de 75 en el público que no se han reclamado.

En ese sentido, la oposición ha anticipado que presentará acciones de inconstitucionalidad contra la reforma que entró este 1 de mayo, al considerar que el Gobierno mexicano quiere robarse ese dinero para sus propios fines.

Para sorpresa de muchos, incluido el Presidente, el diario Reforma publicó este martes una nueva encuesta en la que mide la preferencia electoral rumbo al 2 de junio, y en la que también presenta la aprobación de López Obrador.

Al preguntar ¿quién cree que va a ganar la elección para Presidente?, el 65% de los mexicanos consideran que ganará Claudia Sheinbaum, 15% cree que la ganadora será Xóchitl Gálvez y sólo un 2% piensa que ganará Movimiento Ciudadano.

Sobre la intención de voto, 58% apoyaría a la abanderada de Morena-PT-PVEM, contra un 34% que le daría su apoyo a Xóchitl Gálvez. El candidato de MC obtendría un 8% de los apoyos.

La morenista presenta así, en los últimos 3 meses, un crecimiento de 4 puntos. La candidata del PAN-PRI-PRD habría crecido 5 puntos, mientras que la opción de MC habría caído 9 puntos. En la medición de diciembre, quien fue medido fue Samuel García.

48% cree que la elección para Presidente ya está muy definida en favor de Morena. 34% cree que la oposición aún puede ganar. 61% de los encuestados creen Claudia Sheinbaum superará la votación que AMLO obtuvo en 2018.

49% de los consultados asegura que ya decidió definitivamente su voto; 12% ya decidió pero aún podría cambiar de opinión; 36% aun no decide su voto y 2% no piensa ir a votar.

La abanderada de Morena tiene la mejor opinión entre la ciudadanía, con un 64% de opiniones positivas y sólo 14% negativas; Xóchitl Gálvez tiene 38% de opiniones positivas y un 26% de negativas. Jorge Álvarez Máynez tiene 22% de positivas y 13% negativas; en su caso destaca que un 54% no lo conoce.

63% de los encuestados afirman haber visto o escuchado recientemente algún spot de Claudia Sheinbaum; 58% de Xóchitl Gálvez y 22% de Álvarez Máynez.

Sobre la elección de Diputados federales, Moren-PT-PVEM arrasaría con el 56% de los votos. La coalición opositora tendría el 34% de los votos y MC se haría del 8% de los votos.

Sobre la aprobación del presidente, el ejercicio de Reforma reporta que el mandatario alcanzó en marzo uno de sus niveles más altos (solo por detrás de marzo 2019) al registrar una aprobación de 73%. Sólo el 24% de los consultados desaprueban su labor.

Sobre su actuar en el marco del proceso electoral, 69% cree que el mandatario respetará los resultados de la elección presidencial independientemente de quién gane. 49% de los consultados creen que López Obrador está siendo neutral. 40% dijo que está favoreciendo a Morena.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que buscarán el mayor acuerdo entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso para aprobar el último paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así se tengan que modificar las iniciativas.

“Esta va a ser una discusión como muy pocas se han dado en la historia de México, donde todos los grupos parlamentarios van a tener la oportunidad de fijar una postura ante estos grandes temas. Y eso, seguramente nos llevará a que, donde logremos acuerdos, se tengan que mover puntos y comas”, aseguró en conferencia de prensa.

Incluso mencionó que se impulsará que, tanto la Cámara de Diputados, como el Senado, puedan trabajar de forma conjunta para tomar acuerdos de forma rápida y abrir espacios de Parlamento Abierto donde haga falta mayor discusión.

“Vamos a tener dos Cámaras trabajando en conferencia, a la par, y eso permitirá que tomemos acuerdos donde sea necesario, abrir los espacios de Parlamento Abierto”, dijo.

Sobre la discusión de las últimas 20 reformas constitucionales de López Obrador, Rivera anticipó que será un periodo ordinario donde se verán cambiar de posiciones a todos los grupos parlamentarios. “Seguramente vamos a ver muchas posiciones de los grupos (parlamentarios) cambiar. Ni tan radicales en el no, ni tan positivos en el sí; tenemos que mediar”, detalló.

Si bien la mayoría de Morena y sus aliados, PT y PVEM, no cuentan con las dos terceras partes para lograr cambios constitucionales sin necesidad de la oposición en la Cámara alta del Congreso, la presidenta del Senado confió en que habrá legisladores de oposición que darán su voto a las reformas del presidente de México.

“Hoy vamos a tener los votos posibles con la oposición que tome una responsabilidad ante la nación y priorice el interés colectivo y público. Eso es posible, lo vamos a lograr, quizá no en todas”, advirtió.

En tanto, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja del Congreso, Ignacio Mier, dio a conocer la intención del grupo mayoritario de realizar foros de discusión o Parlamento Abierto en todo el país a partir del 20 de febrero y hasta el 15 de abril próximo.

En concreto, Mier reveló que Morena buscará hacer cinco foros nacionales, 32 estatales y 300 asambleas en todo el país y que cuenten con la mayor inclusión de voces entre especialistas, autoridades, académicos, organizaciones civiles y todos los interesados.

Sobre los tiempos legislativos del último paquete de reformas constitucionales, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, precisó que los grupos de trabajo contarán con 90 días para analizar y dictaminar las 20 iniciativas.

En el caso de las comisiones que solo tengan que emitir una opinión tendrán 30 días para realizarlo; aunque podrán fundamentar y solicitar prórrogas en ambos casos.

El Gobierno federal creará un fondo base de 64,000 millones de pesos anuales, incluyendo dinero confiscado al crimen organizado, para financiar la nueva reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso este miércoles en Palacio Nacional que los recursos de este “fondo semilla” vendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), que administra los bienes incautados a la delincuencia.

Asimismo, agregó, provendrán de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); de la venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y del cobro de adeudos de entes públicos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la seguridad social.

Además de este fondo base, se contemplan recursos adicionales por la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y la eliminación de los reguladores autónomos, así como el 25% de los beneficios que generen las empresas paraestatales administradas por el Ejército y la Marina.

La  funcionaria detalló que la reforma busca que el Gobierno aporte con recursos públicos para que los trabajadores se pensionen con su último sueldo completo, aunque aclaró que el límite será el salario promedio de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en 2023 fue de 16,777 pesos.

“¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, es decir, contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social”, expuso Alcalde.

La iniciativa constitucional que López Obrador presentó el lunes, dijo la secretaria y el propio mandatario, busca contrarrestar los efectos de la reforma del Gobierno de Ernesto Zedillo, que en 1997 creó las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), un sistema privado inspirado en el modelo de Chile.

Alcalde recordó que en 2021 entró en vigor la primera reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) desde 1997 que reduce el requisito de 1,250 semanas (25 años) de cotización a solo 750 semanas (15 años) e incrementa la aportación total a la pensión de 6.5% a 15% sin aumentar la cuota de los trabajadores.

Con ello, aseguró, los trabajadores pensionados con la última reforma percibirán el 64% de su salario frente al 27% de la legislación de 1997.

En cuanto a los mexicanos que se beneficiarán de la nueva reforma, que debe obtener la aprobación de dos tercios del Congreso, serán los trabajadores formales de al menos 65 años que coticen en el IMSS desde 1997 o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde 2007.

“Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México”, expuso Alcalde.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, adelantó que los partidos de oposición, que la impulsan en su aspiración política, apoyarán la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentara en materia de pensiones.

“Por supuesto que nosotros (la oposición) estamos absolutamente de acuerdo en que los mexicanos tengan una pensión digna, lo comparto, lo vamos a apoyar”, aseguró en conferencia de prensa la candidata, pese a que ha dicho que ella no interviene en temas o decisiones internas de los partidos.

Sin embargo, la candidata del bloque opositor retó al presidente a no solo hacer estas modificaciones, sino permear a los trabajadores del Estado y docentes.

Exigió a López Obrador cambiar la medida con la que se calcula la pensión de maestros, que actualmente se estima en Unidades de Medida de Actualización (UMA’s), y actualizarlos a salarios mínimos, lo que implicaría subir su base de cotización, pues la UMA equivale a los 108.6 pesos diarios, mientras que el salario mínimo es de 207.4 pesos.

“Aquí le pediría al presidente que empiece poniendo el ejemplo, que las pensiones de los maestros, que hoy están en UMA’s, las pase inmediatamente a salarios mínimos porque hoy los maestros tienen una pensión miserable”, sostuvo.

Además, demandó que su próxima reforma también permee a los trabajadores del Gobierno mexicano.

“Él es el patrón y podría de inmediato mejorarles la pensión a todos los trabajadores del sector público con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creo que el presidente puede”, señaló.

Ayer, la dirigencia del PRI adelantó que también votaría a favor de esta reforma constitucional del presidente López Obrador.

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que los legisladores de su partido votarán en ese sentido porque “están de acuerdo con una jubilación digna”. “Tenemos la instrucción de ir a favor de todo aquello que beneficie a los mexicanos”, expresó.

El dirigente pidió además discutir la reforma para recortar la jornada laboral de 48 a 40 horas laborales que impulsa el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En tanto, el dirigente del PAN, Marko Cortés, adelantó que analizarán con “absoluta seriedad” las iniciativas presidenciales una vez que sean presentadas, pero confirmó que el partido está a favor de una reforma al sistema de pensiones que beneficie a las familias mexicanas.

Añadió que para ello el Gobierno “debe precisar de dónde saldrán los recursos para financiar una pensión al 100%, pero por lo pronto podría ir pensando en cerrar proyectos que absorben demasiados recursos públicos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, suspender las obras de la Refinería de Dos Bocas o del Tren Maya, para que existan estos fondos”.

Recordemos que López Obrador ha adelantado que enviará un paquete de reformas constitucionales, el próximo lunes 5 de febrero, entre las que propondrá que los mexicanos reciban su último sueldo como pensión al retirarse.

En este último paquete de por lo menos 10 reformas de López Obrador se prevé que envié iniciativas para elevar siempre el salario mínimo por encima de la inflación, la eliminación de órganos autónomos y la propuesta de designar a jueces por el voto popular, entre otras.

Sobre los dichos de Xóchitl y líderes de la oposición, esta mañana el presidente López Obrador atribuyó a la “desesperación” electoral el apoyo a su reforma de pensiones.

“Me dio mucho gusto ayer (el apoyo de) los del PRI y hasta los del PAN, fíjense qué nivel de desesperación o lo que hace la temporada electoral, ellos reformaron la Constitución para quitarle sus derechos a los trabajadores”, dijo el mandatario.

Recordó que el presidente Ernesto Zedillo, del PRI, creó en 1997 las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), el sistema privado inspirado en el modelo de Chile; mientras que Felipe Calderón del PAN modificó el sistema de jubilación de los trabajadores del Estado.

“Esas reformas a las pensiones significaron que el trabajador al jubilarse iba a recibir menos del 50% de su salario y ahora que vamos a presentar las iniciativas vamos a cancelar esas leyes, la ley Zedillo en pensiones y la ley Calderón en pensiones”, añadió el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este viernes que presentará una reforma constitucional para prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, rechazando argumentos sobre los riesgos de criminalizar a los consumidores.

“Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo, así directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción, es algo que tenemos que cuidar mucho”, declaró el mandatario.

López Obrador afirmó que su Gobierno seguirá combatiendo el tráfico de precursores para la elaboración de esos productos.

Y es que el consumo de fentanilo causa cada año la muerte de decenas de miles de personas en el vecino Estados Unidos, cuyas autoridades han pedido varias veces a México hacer más para evitar que los cárteles de la droga introduzcan la droga en territorio estadounidense.

“Una de las iniciativas que voy a presentar como reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Aunque grupos de izquierda han acusado a López Obrador de ser conservador en su postura sobre las drogas, incluyendo la marihuana, el presidente desestimó los argumentos.

“Esa opinión de que se va a criminalizar el consumo está muy extendida, vamos a ver si eso conviene o no conviene”, expresó.

“Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social, podría ser que se haga el cuestionamiento que no hay que criminalizar el combate a las drogas, pero sí se están atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio y de trabajo, ¿por qué permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción?”, agregó.

Pese a su iniciativa, el mandatario aseveró que el consumo de fentanilo está focalizado en algunas zonas y “no está extendido en el país”, según una encuesta que realiza su Gobierno.

“Partimos de la hipótesis que, en comparación con Estados Unidos, el consumo en México es menor y, por lo mismo, son menos los jóvenes, las personas, que pierden la vida por sobredosis”, afirmó.

El presidente opinó que las drogas son “el principal problema en Estados Unidos”, donde citó que mueren 100,000 personas al año por sobredosis de fentanilo y otras sustancias.

Por ello, ofreció mantener el apoyo para combatir el narcotráfico a Estados Unidos, donde ha subido la presión en medio de las elecciones presidenciales de este año.

Las Fuerzas Armadas han decomisado más de 8,170 kilogramos de fentanilo durante la presidencia de López Obrador, de los que más de una cuarta parte, casi 2,329 kilogramos, corresponde al año pasado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que en el paquete de reformas que presentará el próximo 5 de febrero, estará la propuesta de desaparecer todos los organismos autónomos que existen en el país.

“Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma, que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares”, señaló el mandatario.

AMLO respondió así a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Andrea Marván, sobre la exhaustiva revisión que hará dicho organismo sobre la venta de 13 plantas de la española Iberdrola a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en junio pasado.

Entre los organismos que ha criticado López Obrador, y que podrían estar en la lista negra, están la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

López Obrador afirmó que todos los reguladores autónomos se crearon en lo que él llama el periodo neoliberal “para afectar el interés público”. Y sostuvo que durante esa etapa se entregaron los bienes “del pueblo” y de la nación a particulares.

“Hubo una privatización que solo venía como antecedente en la historia que llevó a cabo (el dictador) Porfirio Díaz, le entregó el petróleo, las minas, las tierras, el agua, los ferrocarriles, los bancos a los extranjeros”, añadió.

AMLO indicó que su paquete de iniciativas busca modificar las reformas hechas en los últimos 36 años para favorecer únicamente a particulares y aseveró que justo por ello se crearon los organismos “supuestamente” autónomos.

“Necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos, supuestamente autónomos, en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público, por eso es la actitud de este organismo (Cofece)”, reclamó.

Fue a inicios de semana cuando López Obrador reveló que el paquete de reformas constitucionales que presentará el 5 de febrero asciende a 10 iniciativas, aunque no negó que el número pueda ser mayor; ente ellas incluirá las del Poder Judicial, la Guardia Nacional y la austeridad republicana.

En eventos previos ha expresado que también buscará una iniciativa eléctrica para contrarrestar la reforma que abrió a la inversión privada el sector energético en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ayer dijo que el dinero que hoy se les asigna a estos organismos autónomos podrían servir para financiar las aportaciones del Gobierno federal a las pensiones, las cuales propone sean del 100%.