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En línea con lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que su partido impulsará que el pueblo de México sea quien, de manera soberana, elija a los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El morenista adelantó que también se hará una revisión para perfeccionar al Poder Judicial, a fin de evitar “todas esas distorsiones”, como la invalidación de la primera parte de las reformas en materia electoral, el llamado “Plan B”.

“Que sea el pueblo, de manera soberana, como era antes de la Constitución del 57, que se elijan por parte del pueblo los ministros de la Corte y no a sugerencia de uno de los poderes que fue electo democráticamente: el Ejecutivo, y luego en la Cámara de Diputados ratificado”.

Tras reunirse con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el diputado señaló que el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no tiene la representatividad del pueblo.

“Yo estoy completamente en desacuerdo con los procedimientos restrictivos que tiene la Suprema Corte, pero los respeto porque son los procedimientos que ellos se impusieron, que ellos están establecidos en su ley”, aseveró.

Explicó que se planteará una propuesta para perfeccionar al Poder Judicial; “la vamos a presentar como una oferta al pueblo de México, de consistencia política, de congruencia”.

Y es que dijo, “algo anda mal” en el Poder Judicial, pues rechazó que la Cámara de Diputados violentara el debido proceso legislativo durante la primera parte del “Plan B” como lo señaló la Suprema Corte en su resolución.

Insistió en que la SCJN violentó la soberanía del Poder Legislativo; sin embargo, aclaró que van a acatar la sentencia porque es la última instancia.

Quien también se posicionó sobre el tema, fue el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, quien lamentó que la Suprema Corte haya determinado invalidar la primera parte de la reforma electoral.

“Lamentamos profundamente este precedente que está sentando la SCJN al resolver sólo por encimita y dejando clara una intromisión al Poder Legislativo, en donde, desde la Cámara de Diputados sentimos como violatorio el poder juzgar y sancionar una práctica parlamentaria de hace muchos años”, aseveró.

Cuestionó que la oposición haya impugnado esta reforma, cuando la práctica parlamentaria de avalar reformas legales con dispensas de trámite se ha utilizado durante mucho tiempo. ” Hay un refrán en el Estado de México que dice que a puñaladas iguales, llorar es cobardía”.

“Con el PRI y con el PAN cuántas reformas y reformas constitucionales, ya no digamos legales, se han hecho con la dispensa de trámite y han sido materia legal y vigente, incluso de las discusiones más trascendentales en los últimos años en nuestro país, como los temas energéticos, del Sistema Eléctrico Nacional y que hoy muchas inversiones extranjeras se apegaban y se acogían a esa reforma energética que aprobamos con las dispensas de todos los trámites y hasta de sede”, señaló.

Sostuvo que se está ignorando la decisión de una mayoría parlamentaria, que llegó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por un voto directo de la ciudadanía, a diferencia de los juzgadores que llegaron a través de un voto de elección mediante aquellos que fueron electos y que hoy les quitan la posibilidad de cumplir con su obligación de legislar.

El diputado del PVEM apuntó que si las y los ministros de la SCJN encuentran la inconstitucionalidad en los temas que legislan, adelante, que falle, pero rechazó que se echen para abajo las reformas nada más porque no se cumplió esa exhaustividad en el proceso parlamentario, de lo contrario, se deberán invalidar todas las leyes a las que se les ha dispensado los trámites.

Respaldó la propuesta del Presidente de la República de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean electos en comicios generales abiertos a la población.

Finalmente, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña, calificó de golpista la resolución de la Suprema Corte. Señaló que la decisión de la SCJN obedece a cuestiones políticas y no jurídicas.

“Le hacen la tarea a la inútil oposición, que no sirve para nada. Como no tienen mayoría, ni forma de ganar las elecciones, requieren de algo que los saque a flote y ese algo es lo que queda del poder conservador, del poder corrupto en absoluta descomposición”, sostuvo.

Pero, ¿ya hay un ‘Plan C’ en materia electoral por parte de Morena y el gobierno federal? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ciro Murayama, economista y ex consejero del INE, sobre las reacciones que ha generado la invalidez del ‘Plan B’ y el discurso y acciones que ha anunciando el mandatario.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la primera parte de la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mejor conocida como el “Plan B”, que Morena y aliados aprobaron en el Congreso.

Este llamado ‘Plan B’ ha sido señalado por la oposición y expertos en la materia, de atentar contra la democracia y de generar incertidumbre ante las elecciones presidenciales del próximo año.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó las reformas de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los votos a favor del proyecto fueron de los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron quienes votaron en contra del proyecto. Las dos figuras más cercanas a Morena y al gobierno federal.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.

Además, el Instituto Nacional de Electoral (INE) aún con Lorenzo Córdova al frente, denunció que dichas reformas “merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

Pese al fallo, la decisión de la Suprema Corte no se basó en el fondo de la reforma, sino en la violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución, que establecen “el principio de deliberación informada y democrática”.

“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara”, indicó el proyecto que estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán.

Es decir, el rechazo se produjo no por el contenido o los cambios aprobados, sino porque los legisladores que la aprobaron violaron el proceso durante su aprobación en las Cámaras del Congreso.

En tanto, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, coincidió en que “se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse, además no tuvieron tiempo para examinarla previo a la deliberación derivado a que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida”.

Este es el primer revés del “Plan B” de López Obrador en la Corte, el cual llegó luego del fracasó de la su iniciativa constitucional que el mandatario envió al Congreso, con el que buscaba “transformar” al INE.

La Suprema Corte aún debe analizar el resto de las impugnaciones que la oposición y el INE han realizado contra el “Plan B”.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó suspender los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos para la implementación del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión provisional contra todos los artículos del proyecto impulsado por el presidente López Obrador.

El Instituto ordenó a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como a los órganos desconcentrados locales y distritales, aplicar las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del Decreto del ‘Plan B’.

Recordemos que el pasado 2 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que se suspende hasta en tanto la Suprema Corte resuelva en definitiva la controversia constitucional.

Recordó que debido a que el Instituto se rige por la legalidad y, por ello, acordó en sesión de Consejo General realizada el 3 de marzo, el día de la entrada en vigor de la reforma, el inicio de los trabajos de dichas modificaciones legales que mandató el Poder Legislativo.

“Dado que el proyecto del Ministro Laynez establece la suspensión de todo el paquete de reformas como fue solicitado por la autoridad electoral en la controversia interpuesta y retrotrajo el estado de cosas jurídico al orden legal vigente antes de la entrada en vigor de la mencionada reforma, es menester en acatamiento, en consecuencia con dicha resolución tomar una serie de determinaciones”, indicó Córdova.

Dijo que se trata de una resolución que pone en pausa, mientras dure la suspensión mencionada, las actividades de instrumentación de la reforma y establece con claridad en atención a los principios de legalidad y de certeza jurídica las normas a las que personal de este Instituto está ceñido en su actuación.

Como parte de los acuerdos, se suspendió la ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma del Comité Técnico para la implementación del ‘Plan B’ que se había creado para la implementación.

La Consejera Dania Ravel dijo que hasta en tanto no se resuelva el fondo de la controversia constitucional que se presentó, no deberán aplicarse las disposiciones del Decreto del ‘Plan B’, lo que deja a salvo los derechos laborales de las personas que trabajan en el INE.

Señaló que también se seguirá operando con los órganos locales y desconcentrados en los términos en que se venía haciendo, lo que finalmente redunda en una adecuada atención a la ciudadanía y la garantía de sus derechos electorales.

Pero, ¿la suspensión del ‘Plan B’ de la reforma electoral es un triunfo para la democracia? Y es que aunque la Suprema Corte otorgó la suspensión, Morena avanza en su intención de controlar el INE mediante la designación de consejeros afines a la 4T.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Sergio López Ayllón, profesor-investigador del CIDE, sobre el tema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “excederse” en sus funciones, tras frenar el viernes pasado el “Plan B” de la reforma electoral que impulsó.

“Este ministro (de la SCJN) se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”, acusó el mandatario..

López Obrador criticó al ministro Javier Laynez, quien el viernes suspendió de forma indefinida los efectos de la reforma aprobada al admitir a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE denunció que la reforma afecta su funcionamiento porque le recorta 3,500 millones de pesos, elimina el 85% del servicio profesional electoral, permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, y reduce sus atribuciones para sancionar a candidatos.

López Obrador sostuvo que “la mayoría sabe que no es un asunto jurídico”, sino “un asunto político y mercantil” al señalar que “lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE”.

El mandatario recordó que en su mandato reformó la Constitución para que ningún funcionario tenga un salario mayor al del presidente, pero eso no lo han respetado en el INE ni la Suprema Corte.

“Los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente, tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo, es que no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios”, reiteró.

López Obrador sostuvo que continuará luchando por la vía legal para que se respete su reforma. Sin embargo advirtió que si la Suprema Corte la declara inconstitucional tiene un “Plan C”, que consiste en pedir que la gente vote contra el “bloque conservador” en 2024.

“Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. (Consiste en) que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”, remató.

El “Plan B” era el último paquete de reformas legales que propuso el presidente López Obrador después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al INE, y que insiste en que no atenta contra la democracia y los comicios como sus detractores lo señalan.

La determinación del ministro Javier Laynez sobre el “Plan B” se dio porque “el decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.

Asimismo, la SCJN justificó que existen precedentes donde se suspenden leyes por su posibilidad de “vulnerar de manera irreparable derechos humanos”. “En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, indicó.

Con esta suspensión, se frena el despidió de forma inmediata al secretario ejecutivo del INE, el despido masivo de un 80% del personal de carrera electoral en el organismo, el recorte a su presupuesto, la eliminación de sus organismos estatales y locales así como a la extinción de dos fideicomisos.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió a Edmundo Jacobo, una suspensión provisiona en relación al amparo que presentó en contra del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, que al haber entrado en vigor la semana pasada, lo cesó como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

La suspensión dada refiere que Edmundo Jacobo fue electo para el periodo 2020-2026, además de que la reforma electoral no justifica su cese.

“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades (de la Secretaría Ejecutiva) justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo por el quejoso, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia”, se lee en el fallo.

La magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, presidenta del Tribunal, precisó que se trata de una decisión provisional, que no toca temas de fondo, por lo que no dejaría sin materia el juicio de amparo.

Alcalá Valenzuela también precisó que la suspensión provisional no representa un perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que de continuar en el cargo, Jacobo Molina estaría obligada a actuar conforme al marco legal vigente.

“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades, justifique que se terminan anticipadamente la titularidad del nombramiento que éste había ejerciendo por lo que la propuesta es declarar fundado el recurso de queja”.

Hay que contemplar que la temporalidad de la restitución dependerá de lo que resuelva la Juez de Distrito que lleva el caso, con relación a si concede o no la suspensión definitiva. En caso de concederse la suspensión definitiva, Jacobo Molina regresará al cargo por tiempo indefinido, pero si se le niega se mantendrá vigente su cese.

Adicional, el INE confirmó este jueves que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de Controversia Constitucional en contra del ‘Plan B’.

El INE señaló que se detectaron violaciones constitucionales en aproximadamente 200 artículos de la reforma, mismas que vulneran 25 disposiciones constitucionales.

Este nuevo recurso se suma a la Controversia Constitucional presentada por el INE el pasado 1 de febrero, en contra de la primera parte del ‘Plan B’.

En la demanda presentada este jueves, se solicita que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que el llamado Plan B de la reforma electoral, que entró en vigor este viernes, afecte la democracia y ponga en riesgo las elecciones de 2024, pese a las alertas de especialistas en México y el extranjero.

“Todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario”, expuso el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

El presidente defendió el Plan B, el cual presentó después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE), y aplicar diversos cambios en materia electoral.

AMLO aseguró que el Plan B busca que haya jueces y consejeros “honestos, íntegros, incorruptibles”, además de que ayudará a que no cuesten tanto los aparatos burocráticos que no le cuestan tanto al pueblo.

Y es que ahora el Plan B de la reforma recorta 3,500 millones de pesos al presupuesto del INE, elimina el 85% del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que ha sido señalado en un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, podría afectar las elecciones presidenciales de 2024.

López Obrador aseguró que la reforma “es para que haya jueces, consejeros, honestos, íntegros, incorruptibles, y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo”.

La reforma electoral, cuya constitucionalidad ahora analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), generó la semana pasada cuestionamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos y congresistas estadounidenses.

“Hoy, en México vemos un gran debate sobre reformas electorales que están probando la independencia de las instituciones electorales y judiciales”, tuiteó el domingo Brian Nichols, secretario asistente para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Además, cientos de miles de mexicanos marcharon en más de 100 ciudades el domingo pasado en la protesta más grande contra una iniciativa de López Obrador.

El mandatario acusó a sus opositores de que “engañan, manipulan, a muchísima gente”.

López Obrador se volvió a lanza contra Edmundo Jacobo, ahora exsecretario Ejecutivo del INE, a quien acusó de formar parte del grupo que participó en diversos fraudes electorales.

“Yo ni sabía quién era este señor Edmundo Jacobo (…) que gana más que yo, pero además me enteré que lleva 30 años en el INE, es del grupo de Woldenberg, imagínense en cuantos fraudes habrá participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio de voto libre, elecciones limpias, en favor de la democracia”, lanzó.

Por su parte el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien expuso algunos puntos en la conferencia matutina, aseguró que “la reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades”.

El funcionario reiteró que el “Plan B” reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social.

También destacó que se emite una nueva Ley General de Medios de Impugnación.

Este jueves fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con su publicación, entraron en vigor los cambios en materia electoral, que según opositores y analistas, tiene como fin debilitar al árbitro electoral y por ello, alertan, podría poner en riesgo las elecciones presidenciales de 2024.

Se esperaba desde ayer la publicación en el DOF del ‘Plan B’, pues según dijo el presidente López Obrador, el secretario de Gobernación le informó que a la brevedad se haría.

Con la publicación de las reformas electorales en el Diario Oficial de la Federación, podrá impugnarse el Plan B, y con ello, ahora pasa al campo de Suprema Corte.

Miles de mexicanos salieron el pasado domingo a protestar en contra de los cambios que restan tareas y presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) bajo la justificación de que se lograrán ahorros millonarios.

López Obrador ha defendido su iniciativa y sostiene que fortalecerá la democracia y reducirá la influencia de intereses económicos en la política. Además, esta mañana dijo que n afecta en nada el funcionamiento del INE, como se ha denunciado.

Acusó que quienes salieron a marchar en defensa del INE y la democracia, ni siquiera saben en qué consistía la reforma constitucional, que fue rechazada, ni el Plan B, que dijo, está acotado pues no puede modificar la Constitución.

Recordemos que la semana pasada, el Senado culminó la aprobación de la segunda parte del ‘Plan B’ con el apoyo de Morena y aliados.

Incluso antes de la aprobación de los cambios, conocidos como “plan B”, diputados y senadores de oposición y miembros de la sociedad civil adelantaron que presentarían acciones de inconstitucionalidad para frenarlos.

Al ser consultado sobre las declaraciones del consejero Edmundo Jacobo, que alertó que con la entrada en vigor de la reforma se ‘quedaba sin trabajo’, el presidente criticó el tiempo que lleva en el cargo (15 años) y el sueldo que recibe.

 Lamentó que el consejero no se de cuenta que vive en una República y no en una Monarquía. Dijo que con los cambios realizados, sus funciones ya no son necesarias. Además, en torno de burla, dijo que el consejero quisiera tener empleo de manera vitalicia.

“Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral, y él regrese  a su cargo y pueda tardar otros 15 años (…) son unos cinicazos”, remató el presidente.

De acuerdo con el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, la democracia requiere una defensa colectiva, la cual implica el involucramiento de instituciones y ciudadanía.

Sus declaraciones llegan después de la movilización del pasado domingo, donde cerca de 500 mil personas se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México y otras plazas en 120 ciudades, para rechazar el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral.

En ese sentido, recordó que la sociedad mexicana debe estar dispuesta a defender las reglas democráticas de acceso al poder.

El consejero electoral ejemplificó la fortaleza del sistema electoral mexicano, resultado de ocho reformas electorales y cuyos pilares se encuentran en riesgo ante la posibilidad de que entre en vigor la reforma electoral.

“En suma, es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple y sencilla razón, porque por primera vez abre la puerta a que la organización de las elecciones sean un problema”, sostuvo.

Refirió que, si bien el cambio de seis leyes ya fue aprobado y sólo se espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, el ‘Plan B’ afecta los cinco pilares en los que se ha construido el sistema democrático del país: autonomía e independencia de los órganos electorales, el Servicio Profesional Electoral, la estructura desconcentrada, el Padrón Electoral y las condiciones de equidad en la competencia.

Lorenzo Córdova mencionó que por ello el INE ha presentado y presentará más controversias constitucionales.

“Estamos recurriendo a la Suprema Corte y lo que vendrá será una batalla jurídica en la que el máximo tribunal del país se convierte en el último garante de la democracia y la Constitución en el país y, por tanto, está invocada a cumplir esa función”, señaló.

Córdova Vianello confió en que la Suprema Corte será un ancla de estabilidad política que puede y debe salvar el orden democrático y constitucional del país.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador informó que será esta tarde, “a más tardar mañana” que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del Plan B.

Al respecto, Ana Paula Ordorica conversa con Gerardo Carrasco, abogado especialista en amparo y litigio administrativo, sobre cómo los ministros de la SCJN serán los responsables de validar o no la reforma impulsada por el presidente.

Después de que el Senado aprobó el Plan B electoral de AMLO que pretende amordazar al INE mediante un recorte presupuestal draconiano vino la marcha del domingo 26 de febrero. Ya habló el presidente al enviar su iniciativa. Ya se pronunció el legislativo al aprobarle dicho Plan B al presidente, sin análisis y sin al menos molestarse en sustentar que no viola la Constitución. Ya se manifestaron cientos de miles de ciudadanos que abarrotaron el Zócalo de la CDMX y varios puntos más en el país y fuera. Ahora la pelota está en la cancha de la Suprema Corte.

Es ahí en donde los 11 ministros que la conforman tendrán la última palabra. Es necesario que 8 de ellos lo declaren inconstitucional para tumbar este intento presidencial de hacerse de todo el poder electoral. Otra manera de verlo es que con que cuatro ministros voten a favor de la constitucionalidad del Plan B, éste entra en vigor.

Ya sabemos que hay justo cuatro ministros que llegaron a la Suprema Corte por ser nominados por AMLO: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. De entrada podemos descontar que Yasmín Esquivel votará en favor del Plan B, así que, sin ser alarmista, el futuro de la democracia en México está en las manos de tres ministros. Y hay que aclarar que no necesariamente tiene AMLO a estos otros 3 ministros en la bolsa.

Así fuera Andrés Manuel López Obrador un gran presidente, realmente preocupado por acabar con las desigualdades económicas; por combatir la corrupción; por lograr mejorar la educación; por atraer inversiones y por aumentar la calidad de vida de todos los mexicanos, es una aberración pensar que darle todo el poder electoral es una buena idea.

Andrés Manuel López Obrador detesta la libre competencia. Nunca, jamás ha reconocido UNA sola derrota. Ataca al INE en cada oportunidad que se le presenta pero sigue aplaudiendo cada vez que le reconocen una victoria. La más reciente fue la elección por la senaduría de Tamaulipas. El 19 de febrero se llevó a cabo la elección extraordinaria para elegir a quien concluirá el encargo de Faustino López quien murió en un accidente automovilístico en octubre del año pasado.

Las elecciones las ganó José Ramón Gómez Leal, de Morena y PT, con el 71% de los votos. Al día siguiente el presidente reconoció muy contento el triunfo en la conferencia mañanera. El mismo día de la concentración en defensa del INE, el 26 de febrero, fue la junta vocal del INE en Tamaulipas la que le entregó la constancia que lo acredita como Senador.

López Obrador ataca al INE un día sí y el otro también pero acepta cuando los resultados electorales le son favorables, empezando por su triunfo en el 2018. Tomando lo anterior en cuenta ¿es una buena idea dejar en sus manos la definición de las elecciones? ¿es buena idea cuando ha decidido tener dentro de su gobierno a Manuel Bartlett, padre de la caída del sistema?

La pelota para responder si el Plan B es constitucional o no y si por ello se convierte en la nueva regla o se desecha, está en la cancha de la Suprema Corte. ¿Qué escenarios hay para el actuar de la Corte? Lo platico con Gerardo Carrasco en el episodio de hoy de mi podcast Broojula que se puede escuchar desde el portal de este diario.

Apostilla: Otra promesa incumplida. “A la primera manifestación de 100 mil personas en contra, me voy a Palenque. Ni siquiera espero la revocación del mandato”. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador hace dos años. Pues ya el domingo hasta el presidente reconoció que fueron, tan solo en la Ciudad de México, entre 80 y 100 mil manifestantes. ¿Y luego? Ahora hay que llenar el Zócalo 60 veces.

Columna completa en EL UNIVERSAL

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que hay más democracia en México que en Estados Unidos, esto tras los cuestionamientos que hiciera el Departamento de Estado al llamado “Plan B” de la reforma electoral.

“Le digo al señor (Antony) Blinken (secretario de Estado de los Estados Unidos) que hay más democracia en México que en Estados Unidos (…). Es porque aquí gobierna el pueblo, allá la oligarquía”, reclamó el mandatario en su conferencia matutina.

AMLO añadió que además de más democracia, en México también hay más libertad que en el país vecino, y dijo que tiene las pruebas para demostrarlo, por lo que si Estados Unidos quiere debatir, está dispuesto a hacerlo.

La polémica surgió a raíz de las declaraciones hechas por las autoridades estadounidenses tras la concentración del domingo en contra de los cambios en materia electoral que fue aprobada la pasada semana en el Senado mexicano.

El secretario asistente para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo que Washington “apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer los procesos democráticos y el Estado de derecho”.

“En México hoy vemos un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales”, apuntó Nichols.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo durante una rueda de prensa de ayer, que su país “respeta la soberanía de México”, pero que “un sistema electoral independiente (…) constituye uno de los pilares de la democracia”.

“Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no le corresponden, muy contrario al presidente (Joe) Biden, que siempre habla de igualdad”, comentó López Obrador.

Y es que según han denunciado organizaciones de la sociedad y la oposición, la reforma podría poner en riesgo la autonomía de los comicios y favorecer al partido en el poder.

“En vez de estar metiéndose de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, que se ocupen de los que está pasando en Perú, donde la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas”, denunció López Obrador.

Así, ahondó en las críticas que ya vertió sobre la embajadora en el país andino, Lisa Kenna, cuando se reunió con la presidenta peruana, Dina Boluarte, después de que el exmandatario Pedro Castillo fuese destituido y encarcelado por dar un autogolpe de Estado.

En medio de dimes y diretes con la oposición, Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Senadores el segundo paquete del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Pleno aprobó, con 72 votos a favor y 50 en contra, el dictamen por el que se excluyó del paquete de reformas la modificación que los Diputados hicieron al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a la llamada ‘vida eterna’ a partidos políticos.

Esta cláusula había generado polémica, e incluso llegó a Palacio Nacional, pues permitía la transferencia de votos entre partidos que se presentaran coaligados en una elección, lo cual acusó la oposición, beneficiaba a los partidos satélite que suelen ser los aliados del partido en el poder.

Posteriormente, los senadores avalaron, con 70 votos a favor y 50 votos en contra, remitir al Ejecutivo única y exclusivamente, los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión: 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A pesar de la ‘derrota’, la oposición advirtió que pese a que concluía el proceso legislativo relacionado al ‘Plan B’, ahora la lucha continuará en la Suprema Corte.

La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, aseguró que el ‘Plan B’ está lleno de “rencor y odio”, pues el fondo es debilitar y destruir al árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), contra quien recordemos, el presidente se ha lanzado desde que inició su mandato.

Compañeros de la bancada indicaron que  las y los senadores de Morena tienen la única consigna de “destruir al INE y a la democracia, porque claramente se quieren robar la elección” de 2024.

El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, advirtió que Morena y aliados hicieron todo para aprobar  una reforma “tóxica, pervertida y antidemocrática”.

Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, dijo que el ‘Plan B’ de la reforma electoral es un retroceso para la democracia, los derechos de los ciudadanos, los militantes de los partidos políticos, además de que viola la Constitución.

El senador del Grupo Plural, German Martínez, mencionó que con la aprobación de la reforma electoral el país está regresando por lo menos 30 años; recordó que en las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador exigía democracia, pero con estas modificaciones se atenta contra ella, “yo no hago leña del árbol caído, porque veo crecer un bosque de corrupción, entre la política, la democracia y el crimen que no limita este Plan B”.

Finalmente, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI, confió en que ante las impugnaciones que se presentarán contra el ‘Plan B’, los ministros cumplirán su mandato de defender la Constitución, “por encima de las presiones y de las intenciones de sometimiento que buscará el poder para lograr su objetivo”.

Recordemos que los cambios aprobados en este nuevo paquete incluye eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales; la eliminación del 84.6% del Servicio Profesional Electoral; la eliminación de fondos y fideicomisos del INE, además de que se obligará a los consejeros y magistrados electorales ganar menos que el Presidente de la República.

En cuanto a los partidos políticos, se les da la facultad exclusiva de definir cargos y candidaturas de acuerdo a sus estatutos documentos básicos, sobre los cuales ya no podrá ordenar modificar la autoridad. Además, los partidos podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales, o utilizarlos para otra elección.

Por lo que corresponde al Poder Judicial, se establece un procedimiento en caso de que se presente una solicitud de remoción del titular de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF, además de que se limita al Tribunal a no conocer asuntos sujetos a resolución de la SCJN. También se le impone resolver antes de la conclusión del proceso electoral respectivo.

Desde el pasado fin de semana, las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, circularon el proyecto de dictamen sobre el llamado ‘Plan B’ de a reforma electoral  impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En dicho dictamen, las comisiones unidas proponían rechazar la aprobación de la modificación realizada por los Diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a la llamada vida eterna a partidos políticos.

Dicho artículo causó polémica pues permitía la transferencia de votos entre los partidos que vayan en coalición, beneficiando así a los partidos chiquitos, que suelen ir coaligados con el partido en el poder. En esta ocasión se acusaba a Morena de quererle dar vida artificial a sus aliados, PT y PVEM.

El segundo resolutivo que contenía el dictamen señalaba consultar al Pleno del Senado la posibilidad de que el resto del proyecto del ‘Plan B’ se turnara al Ejecutivo para continuar con el procedimiento legislativo.

Ayer, las comisiones dictaminadoras avalaron el dictamen con 20 votos a favor y 10 en contra, con los votos de Morena y aliados, y con la oposición en contra.

Así, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su programación en el Pleno. Se espera que sea hoy cuando se le de primera lectura y mañana se someta a discusión de los legisladores.

El Pleno tendrá dos opciones: aprobar el dictamen de las comisiones y determinar si se turna el resto del proyecto al Ejecutivo, sólo con los 429 artículos aprobado por ambas cámaras relativos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el proyecto para expedir la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La otra opción es que el Pleno rechace el dictamen de las comisiones, apegándose a lo que les remitió la Cámara de Diputados que incluye el artículo relativo a la vida eterna.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a los senadores que lleguen a un “consenso” respecto al llamado “Plan B”, la polémica reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que fue apoyado por Moena y aliados en la Cámara de Diputados.

“La relevancia de la elección federal en el año 2024 en la que se elegirá presidente de la República, y de los procesos locales que se llevarán a cabo este año, precisa de un marco electoral que otorgue certidumbre y, sobre todo, que sea producto del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas”, dijo el organismo en un comunicado.

Y es que la iniciativa que se discute en el Senado incluye reformas a leyes electorales con las que, según el presidente López Obrador, se pretenden ahorrar 3,500 millones de pesos, eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección.

Estos cambios, conocidos como el “Plan B”, llegó luego de la reforma constitucional que López Obrador presentó al Congreso y que fracasó al no alcanzar los apoyos necesarios para aprobar los cambios constitucionales.

La oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE) han presentado ya impugnaciones en contra de la reforma, argumentando que pone en riesgo la autonomía y la confiabilidad de las elecciones en beneficio del gobierno y del partido en el poder.

El CCE recordó que en 2024 se efectuarán comicios “de suma importancia” como la renovación de la totalidad de los integrantes del Congreso Federal, ocho gobiernos estatales y el Gobierno de la Ciudad de México, entre otros puestos.

Por ello, dijo, se requieren instituciones “fuertes y de un marco de convivencia política que privilegie los acuerdos y la construcción de consensos, a fin de consolidar los avances democráticos logrados en las últimas décadas, que han permitido la organización de elecciones libres y transparentes en México”, apuntó el CCE.

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, mejor conocido como el ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.

Dicho recurso se interpuso, debido a que la autoridad electoral considera que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto crean condiciones que mermarían la autonomía del INE y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata.

Ademas, indicó que el ‘Plan B’ desequilibra el modelo de comunicación social vigente, lo que perjudicaría la equidad en las contiendas.

Recordó que la Constitución es clara al establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.

En ese sentido, dijo que  la reforma aprobada por Morena y aliados desconoce dichas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, bajo el pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, omitiendo el derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.

En el recurso legal presentado, la autoridad electoral reclama diversas violaciones al proceso legislativo, al haberse aprobado el llamado ‘Plan B’ apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.

Refiriéndose a los diputados de Morena, el INE dijo que “en un evidente fraude a la ley”, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.

Recordemos que desde la semana pasada, el INE inició diálogos para informar los efectos que tendrá la reforma en las próximas elecciones del 2024. Presentó un informe sobre el impacto que tendrá la reforma electoral en la democracia del país.

Algunos de los efectos del ‘Plan B’ sería el retraso en el cómputo de los votos, se pondría en riesgo la organización de elecciones y se promovería la ausencia de funcionarios de casillas

Y es que por ejemplo, actualmente existen cinco vocales en cada una de las 300 Juntas Distritales y cada uno realiza diferentes funciones. Con la reforma se quedará un sólo vocal con todas las tareas; se reduciría el tiempo para la capacitación de los funcionarios; y habría riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito. 

El coordinador de las y los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que la minuta de la reforma electoral, el llamado “Plan B”, se enviará este miércoles a las Comisiones dictaminadoras de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado para su deliberación y, en su caso, aprobación.

El morenista señaló que pese a que existía la posibilidad de abordar el tema por la vía del ‘fast track’, se enviaría como siempre a las comisiones como se hace en todos los casos.

“Hay dos hipótesis que podríamos aplicar. Una de ellas es dispensar todos los trámites y mañana mismo votarlo para enviarlo al Ejecutivo como resulte la votación; sin embargo, en el Senado nunca hemos precipitado el procedimiento, siempre enviamos a las comisiones dictaminadoras, que son las que le imprimen el ritmo que consideran conveniente”, dijo.

Monreal señaló que “no hay prisa” en abordar el ‘Plan B’ de la reforma electoral. “No nos vamos a precipitar y vamos a actuar conforme a los procedimientos que establecen la Ley Orgánica y el Reglamento”, añadió.

Recordemos que fue a finales del 2022, cuando parte del ‘Plan B’ impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue aprobado por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados argumentando supuestos ahorros millonarios.

Ante ello, el Instituto Nacional Electoral, el INE, inició diálogos para informar los efectos que tendrá la reforma en las próximas elecciones del 2024. La semana pasada se dio a conocer un informe sobre el impacto que tendrá la reforma electoral en la democracia del país.

Algunos de los efectos del ‘Plan B’ sería el retraso en el cómputo de los votos, se pondría en riesgo la organización de elecciones y se promovería la ausencia de funcionarios de casillas

Y es que por ejemplo, actualmente existen cinco vocales en cada una de las 300 Juntas Distritales y cada uno realiza diferentes funciones. Con la reforma se quedará un sólo vocal con todas las tareas; se reduciría el tiempo para la capacitación de los funcionarios; y habría riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito. 

Ante los riesgos que trae consigo el ‘Plan B’, la alianza ciudadana “Unidos”, convocó a una segunda concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 26 de febrero, para mostrar su inconformidad con la reforma electoral. Uno de los lemas será “Mi voto no se toca”.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, acompañado de diversos liderazgos del partido, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Informó que la acción presentada tiene que ver con las dos leyes que fueron modificadas: la relativa a propaganda gubernamental y la de responsabilidades administrativas.

Marko Cortés confió en la nueva presidencia de la Suprema Corte, encabezada por la ministra Norma Piña, y afirmó que se tiene una alta expectativa de que se haga valer la supremacía constitucional y se respete la Constitución.

Dijo no tener duda en que la Corte les dará la razón. “Lo que está queriendo hacer el presidente es querer ganar a la mala lo que ya no pudo ganar a la buena, en el 2018 el presidente gana con el 53%, pero ya en el 2021 toda la oposición en su conjunto sacó más votos que el propio gobierno del presidente y, por lo tanto, lo que tiene el presidente es miedo de que en el 2024 les vamos a ganar la presidencia de la República”, afirmó el dirigente panista.

Cortés Mendoza acusó que el presidente y Morena quieren a través del Plan B, que los servidores públicos puedan hacer difusión, contratar publicidad y no haya un órgano electoral como es el INE o Tribunal Electoral, que los sancione.

Señaló que el diputado federal y presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel, solicitará que las acciones y controversias presentadas sean atendidas de manera expedita por el máximo tribunal de justicia.

“Como ustedes saben tengo facultades de carácter constitucional como presidente de la Cámara de Diputados, para solicitarle a la SCJN que los asuntos en materia electoral sean tratados de manera prioritaria, así lo dice la Constitución, y voy a ejercer mis facultades constitucionales”, dijo Creel Miranda quien formó parte de la comitiva panista que acudió a interponer la acción de inconstitucionalidad.

Precisó que la SCJN tiene ya listados varios asuntos relativos a la militarización. Confió en que suceda lo mismo con los asuntos de temas electorales porque dijo, es prioritario, ya que están a la vuelta los procesos electorales de Estado de México y Coahuila.

“Tienen que definir con mucha claridad que ya no aplica este plan B para esas dos elecciones”, subrayó el diputado presidente.

En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, junto al coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentaron otra acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra del llamado “Plan B” de la reforma electoral.

Moreno Cárdenas explicó que las reformas impulsadas por el gobierno son una violación flagrante a la Constitución, y atentan contra el federalismo y la equidad. “Tenemos un gobierno autoritario que quiere ganar las elecciones a como dé lugar”, dijo el priísta.

Señaló que la acción de inconstitucionalidad en contra del “Plan B” de Morena se presentó porque “atenta contra la democracia de nuestro país y viola lo que las mexicanas y mexicanos por años hemos construido”.

Advirtió que la democracia no le pertenece a un partido o a un gobierno. “El PRI dará la batalla” para echar abajo el paquete de reformas en materia electoral que fueron aprobadas por Morena y sus aliados.

La acción de inconstitucionalidad que se presentó impugna la primera parte del “plan B”, en lo que se refiere a la Ley General de Comunicación Social.

Alejandro Moreno adelantó que después de que el partido presentó este recurso, en los próximos días se interpondrá el del Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados y, posteriormente, se habrán de presentar controversias constitucionales.