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Cuando uno pensaría que el PRI tendría que estar ideando una estrategia para ganarse a la opinión pública que desencantada y enojada con el desempeño del partido durante el sexenio pasado los abandonó y decidió darle el voto a Morena y sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, sale la sorpresa de su postura frente a la detención del General Cienfuegos.

El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados solicitando que la Secretaría de Hacienda, ósea, el gobierno mexicano, asuma los costos legales de la defensa del General Cienfuegos, acusado y detenido en Los Ángeles, California, de haber recibido sobornos de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La detención es un tema de enorme relevancia para México; para la relación bilateral con Estados Unidos y para la lucha en contra del crimen organizado que tanto le ha costado al país en dinero, vidas e imagen.

El punto de acuerdo del diputado Angulo Briceño lo subió a twitter el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así que se puede asumir que es la postura del partido. Bajo el argumento de los 54 años de servicio a México del General Cienfuegos y dado que en el país no hay una investigación abierta en su contra, el PRI, bajo el mando de Moreno y con el documento de Angulo Briceño, se inserta en un tema que hace ver al partido como defensor del crimen organizado y la corrupción.

Si, a Cienfuegos no se le ha declarado culpable en ninguna corte. Pero el primero en asumirlo como culpable fue el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 16 de octubre en donde declaró “Quiero decir que, como en le caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del General Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno o en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades”. Y agregó que él no va a encubrir a nadie. “No podemos seguir con un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Imagínense la vergüenza que detienen al que fue jefe de la Policía con Calderón y ahora al Secretario de la Defensa del pasado gobierno”, remató el presidente.

Más tarde López Obrador intentó retirar lo dicho y decidió que mejor era esperar la sentencia. Pero ese golpe a la credibilidad del ejército ya estaba dado por el actual Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que es el presidente de México.

Golpe que, según fuentes consultadas con trato directo con el Ejército, tiene sumamente enojados a buena parte de las Fuerzas Armadas que simplemente no entienden como es que el presidente López Obrador, que se ha apoyado tanto en ellos, fue tan rápido en condenar a Cienfuegos.

En lugar de dejar al presidente López Obrador en su laberinto para que resuelva qué debe hacer su gobierno frente a un Estados Unidos que actúo unilateralmente en contra de uno de sus ciudadanos y ex funcionario de tan alto rango, el PRI decide presentar este punto de acuerdo para que la opinión pública los catalogue como defensores de posibles actos de corrupción.

Algunos en el Ejército estarán contentos con el PRI. Pero fuera de ellos, esta postura será vista como la prueba de que los errores del pasado siguen siendo defendidos por el corrupto Partido Revolucionario Institucional. Flaco favor se hace el PRI como oposición en la antesala de las elecciones del 2021.

 

Columna completa en El Universal

Ante la crisis económica generada por la pandemia del COVID19 el presidente López Obrador ha dicho que aquí nada de rescates como en el pasado. Está convencido de que los recursos fiscales no se deben usar para rescatar ni a empresas ni a empresarios. La ayuda gubernamental se centrará en los más pobres. En las 22 millones de personas que integran sus programas sociales y en las microempresas y el sector informal.

Además, ha dicho que los empresarios no pueden ni bajar sueldos ni despedir a sus empleados. “Vamos a estar pendientes protegiendo a los trabajadores”, dijo el presidente, al tiempo que amenazó con irse a los tribunales en contra de las empresas que despidan o que no le paguen a sus empleados durante el periodo de confinamiento por la epidemia.

A este llamado del presidente se unieron tanto la Sectretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como el Canciller, Marcelo Ebrard. Ambos, al igual que el presidente, enfatizaron que para lograr el cuidado y respeto del empleo se requiere de un comportamiento de dimensión social y humanista por lo que consideraron que estaba clara la obligación de las empresas de pagar sueldos a pesar del confinamiento.

López Obrador dijo que quien se oponga a lo anterior se hará acreedor a multas y en los casos en que logren comprobar negilgencia habría cárcel.

Curioso que el presidente prohíba a las empresas bajar sueldos o despedir empleados cuando eso es justo lo que él está haciendo actualmente para tener dinero suficiente para sus planes. En momento de vacas flacas el gobierno puede apretarse el cinturón, pero esto mismo se lo prohibe a los empresarios.

Y es que entre las acciones anunciadas por López Obrador en su discurso del 5 de abril está la reducción de salarios para altos funcionarios, desde subdirectores hasta él mismo, y la eliminación del aguinaldo. Con ello dice el presidente que logrará hacerse de 3 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia.

López Obrador calcula que así puede estirar la cobija para seguir adelante con sus programas sociales y de infraestructura que incluyen Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Los empresarios, al igual que el gobierno, deben buscar la forma de que alcance la cobija a pesar del frenón en la economía. Por eso han pedido de distintas formas al presidente que al ponerse en pausa la economía, se pausen los cobros entre privados y con el gobierno.

Hasta el cansancio se ha aclarado que nadie pide condonación de impuestos. Pero en el gobierno entienden una pausa en el cobro de impuestos como un abuso más de los empresarios. Existe la idea de que, como las declaraciones anuales de este mes de abril son sobre las actividades empresariales del 2019, no hay razón para justificar un retraso. La pandemia no había golpeado la economía en 2019. Y, si bien es cierto que no había ese golpe y los recursos para pagar los impuestos anuales ahora en abril ahí tienen que estar, la pausa se pide para poder soportar el frenón actual para no tener que reducir salarios, despedir empleados o cerrar los negocios. Para poder sobrevivir el cierre y poder reabrir una vez que la crisis sanitaria quede bajo control.

La necedad del presidente no le permite ver hacia adelante. El gran reto vendrá muy pronto ya que si algo ha caracterizado esta pandemia es la velocidad a la que está ocurriendo todo. La velociadad a la que ha cambiado nuestra realidad.

Industrias completas han dejado de operar de un día para el otro porque la única forma de sobrevivir esta pandemia ha sido apagando la economía. Prender el switch de nuevo va a ser más complicado si durante el ‘apagón’ el gobierno es incapaz de ayudar a que los empresarios puedan reincorporarse en lugar de desaparecer.

 

Columna completa en El Universal