Tag

resoluciones

Browsing

Ya van cinco resoluciones del INE ordenando al presidente guardar silencio sobre las elecciones del 2024. Hay dos resoluciones además que están en proceso. Pero López Obrador simplemente hace caso omiso a la ley. La viola a pesar de los años que estuvo en campaña pidiendo piso parejo. Las acciones en las que incurre hoy eran sus reproches ayer.

La Consejera del INE, Claudia Zavala, Presidenta de la Comisión de Quejas, ya le dijo de forma clara y valiente que la autoridad electoral está ahí para hacer cumplir con la ley, no para dar permisos. Esto ante una nueva encuesta que sacó AMLO durante su mañanera en la que Morena aparece como la mejor opción rumbo al 2024.

Zavala le volvió a recordar a AMLO que la restricción para que un presidente no se entrometa en asuntos electorales fue impulsado por él ante el legislativo después de la elección del 2006 que perdió ante Felipe Calderón. En ese momento AMLO señaló que Vicente Fox había hecho campaña en favor del candidato del PAN. Si eso pidió en 2006 y obtuvo del legislativo como parte de la reforma electoral del 2007, ahora no puede señalar censura, le dijo Zavala.

Al día siguiente, de nuevo desde su conferencia, AMLO atacó a Xóchitl Gálvez por la denuncia que interpuso en su contra por violar el secreto fiscal. “¿Por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar”. Así justificó atacar a la que representa hoy la opción más fuerte de la oposición rumbo a la elección del año próximo.

Además de López Obrador, hay múltiples quejas ante el INE por presuntas violaciones de las leyes electorales en contra de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez. En nota publicada en Excelsior, al corte del 21 de julio 2023 y desde el 2022, hay 314 quejas en contra de Adán Augusto López, seguido por Claudia Sheinbaum con 225 y en tercer lugar Marcelo Ebrard con 202. Xóchitl Gálvez que apenas tenía una queja en su contra a fines de junio ahora tiene 62 quejas.

No hay duda de que frente a irregularidades graves, dolosas, violatorias de principios constitucionales plenamente acreditadas, las instituciones electorales pueden anular los comicios. Pero es evidente que todos están adelantándose a los tiempos electorales y que más de uno está violando otras leyes, como el uso de recursos públicos para promocionarse. El escenario apunta a un conflicto pre y/o post electoral.

Aquí hay diversas variables a tomar en consideración. Primero, la oposición podría decidir presentar una denuncia en contra del presidente o de la candidatura de Morena por violar la equidad y los tiempos electorales. Todo dependerá del desempeño de esa candidatura. Si a pesar de las violaciones presidenciales y de la candidatura de Morena, la oposición se ve con posibilidades de ganar, es de esperarse que no presentarán denuncia y con ello la violación a las leyes electorales quedarán impunes.

Por el contrario, podría ser el presidente o la campaña de quien resulte candidato de Morena quien decide denunciar ante el INE a la candidatura de la oposición por anticipar tiempos electorales al darse cuenta de que van en desventaja en el 2024.

Cualquiera de estos escenarios anticipa un mal destino para la democracia mexicana en donde las instituciones electorales, INE y Tribunal, se verán puestas a prueba como nunca antes. Todo por haber accedido a una reforma electoral para satisfacer a quien nunca ha tenido vocación por la equidad, el piso parejo y en general, por la democracia.

Columna completa en El Universal

Luego de que el juez Faustino Gutiérrez Pérez del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas dejara sin efecto la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador se(AMLO) se lanzó contra el Poder Judicial.

“Bueno es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción”, respondió el mandatario al ser consultado sobre el tema.

AMLO afirmó que el Poder Judicial se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y político de nuestro país, a lo que atribuyó los amparos constantes que distintos jueces han dado.

“Hay protección lamentablemente para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada, y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos. Eran los hijos predilectos del régimen anterior”, añadió.

López Obrador confió en que Poder Judicial se reforma, y recordó que cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar en la presidencia de la Corte, había un “poquito más de vigilancia sobre los jueces”. Indicó que si bien se les respetaba su autonomía, se les vigilaba desde el Consejo de la Judicatura, quien tiene la función de vigilar el correcto proceder de los jueces y ministros.

Fue en ese momento cuando acusó que el Consejo de la Judicatura Federal es ahora un “florero, está de adorno”, pues dijo, no hay ningún señalamiento a jueces o magistrado.

Insistió que antes había un poco más de vigilancia, aunque resaltó que ahora que llegó la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte,  debido a su formalismo extremo, declaró que los jueces son autónomos, abriéndoles la puerta a que hagan lo que quieran.

“Apenas llegó la nueva presidenta (Norma Piña) y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, acusó López Obrador.

Puso como ejemplo que en momentos en que estaban siendo juzgando en Estados Unidos el exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, en México, un juez estaba descongelando las cuentas de su esposa.

Así, dijo que el caso de García Cabeza de Vaca y otros más, son muestra de lo que pasa en el Poder Judicial.

“Ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto porque es grave. No es intervenir en un poder autónomo, es no callar ante la injusticia y la corrupción”, señaló.

Sobre el anuncio que hiciera la Fiscalía General de la República (FGR), sobre que iniciará un procedimiento en contra del juez que dio el amparo al exgobernador de Tamaulipas, AMLO dijo que lo apoyaría, pues si el Poder Judicial no actúa y hay pruebas de qué hubo influyentismo y corrupción, se deben de presentarlas denuncias correspondientes, así se trate de un juez, pues afirmó que los jueces no gozan de privilegios.

Esta tarde, al inaugurar el Primer Periodo de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Arturo Zaldívar afirmó que la Corte ha sido y seguirá siendo el Tribunal Constitucional, en donde habrá un poder equilibrador, autónomo e independiente, tal como lo exige la democracia.

Zaldívar destacó que el año pasado ingresaron a la Suprema Corte más de 12,000 asuntos, cada uno de una relevancia única para quien lo promovió, pues representa una esperanza para las personas, además de una oportunidad para los órganos y entes tanto federales como estatales y municipales, de salvaguardar sus competencias y sus garantías institucionales.

“Este año, la Corte resolverá asuntos de gran trascendencia para el orden jurídico nacional, me referiré a algunos de los de mayor interés social, aunque insisto en que estos asuntos son tan importantes como los otros miles de asuntos que ingresan a la Corte y sobre los que nos debemos pronunciar indefectiblemente”, dijo el ministro presidente.

Al referirse a los asuntos más destacados, que ya cuentan con proyecto y que podrían ser resueltos durante el primer semestre de este año, Arturo Zaldívar mencionó: la controversia constitucional en que se impugna el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada para tareas de seguridad; las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugna el Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Registro de Detenciones; diversos asuntos relacionados con el interés superior de la infancia, tales como las acciones de inconstitucionalidad relativas a los derechos de las infancias trans; la relativa al castigo con fines disciplinarios a niños, niñas y adolescentes y la que se refiere a los centros de cuidado infantil de la Ciudad de México; así como la acción de inconstitucionalidad en la que se impugna el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en la Ciudad de México, además de diversos asuntos relacionados con el caso de la presa “La Boquilla”, en Chihuahua, entre otros.

Antes de concluir su mensaje, Arturo Zaldívar aseguró que en todos los asuntos que se resuelvan, la Corte actuará con independencia e imparcialidad, tal como lo ha venido haciendo hasta ahora.

“Nuestros fallos podrán gustar o no dependiendo de las coyunturas políticas pero nuestro único compromiso es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y con los derechos humanos”, concluyó el ministro presidente.

Por su parte la ministra Margarita Ríos Farjat dio cuenta del Informe de la Comisión de Receso, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones de 2021, que fue integrada por ella y por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa; precisó que en dicho periodo se recibieron 228 expedientes, de los cuales se remitieron seis a la Primera Sala, dos a la Segunda Sala, 207 a la Subsecretaría General de Acuerdos, 13 a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.

Luego de que se diera a conocer el oficio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a petición del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, en el que solicitaba a sus pares enviar por adelantado el sentido de sus votos sobre los temas que se discutiría en las sesiones públicas, los magistrados integrantes de la Sala Superior emitieron un posicionamiento en el que rechazaron dicha petición.

Indicaron que se trata de una petición que carece de fundamento legal y que atenta contra su independencia y autonomía, que como juzgadores y juzgadores tienen en lo individual y como integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado, que la ley les otorga.

 

A través de un posicionamiento que se difundió en redes sociales, y que es firmado por los magistrados Felipe Fuentes Barrer, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora Malassis, Indalfer Infante y Felipe de la Mata Pizaña, aseguran que la petición realizada pierde de vista que la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano jurisdiccional colegiado como lo es la Sala Superior del TEPJF.

Además, señalan que enviar el sentido de sus votos antes de la sesión pública de resolución supone un intento de desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional o bien que la deliberación judicial resulte irrelevante o  innecesaria en un Tribunal Constitucional.

La petición del magistrado presidente delimita “la oportunidad de que mediante la exposición y debate de los asuntos, se pueda reflexionar el sentido original de una posición respecto a un proyecto, lo que no es acorde a la finalidad de celebrar las sesiones públicas de resolución de asuntos”.

Finalmente indicaron que la advertencia sobre suspender las sesiones públicas de no contar con la información solicitada que se señala en el oficio con fecha 18 de mayo, puede entorpecer el buen desarrollo de las mismas.

Remataron indicando que la solicitud no es atendible ya que, además de no contar con sustento legal, anula por completo la posibilidad del debate y la de liberación de los asuntos que se presentan y con ello llegar a la resolución de las controversias conforme a los principios que rigen a las jugadoras y juzgadores.

“Es por ello que la votación de los asuntos se debe llevar a cabo una vez que las propuestas de sentencia hayan sido expuesta y debatidas, sin que resulte válido remitir una votación previa”.

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, aseguró que ha dado buenos resultados el modelo bajo el que trabaja ese órgano plenamente judicializado, sin que sus resoluciones estén condicionadas.

El magistrado señaló que en México se han construido instituciones grandes, sólidas y permanentes, con atribuciones para aplicar las normas jurídicas en el terreno político electoral, pero sin que sus resoluciones estén condicionadas por la política.

“En otras palabras, judicializamos la política, lo cual no es fácil. Y a la vez, evitamos que se politice la justicia, que tampoco es sencillo, pero así pretendemos hacerlo, y día con día trabajamos”, dijo al recordar la transición del modelo político a la incorporación en 1996 del TEPJF al Poder Judicial de la Federación para resolver conflictos.

Por su parte el magistrado José Luis Vargas Valdez destacó que con la apuesta e inversión en democracia que ha hecho México, es prácticamente imposible retroceder autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

“La razón es muy simple, porque no depende de los órganos, sino que depende de la ciudadanía que no está dispuesta a retroceder”, remató.

Al declarar inaugurado el Segundo Periodo de Sesiones del Alto Tribunal, el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que toca a la Suprema Corte y al Poder Judicial la defensa del orden constitucional y de los derechos humanos.

El Presidente de la SCJN sostuvo que el Tribunal debe “actuar con la mayor responsabilidad a partir de argumentos sólidos que justifiquen sus decisiones y mediante el respeto a la doctrina construida en los precedentes. Sólo así se fortalecerá su legitimidad social y política y confirmará la independencia que le garantiza la norma constitucional”.

Aseguró que esta Suprema Corte no debe estar en búsqueda de la popularidad, aunque sí está obligada a que sus resoluciones sean claras y se comuniquen y expliquen de manera adecuada a la ciudadanía.

Señaló que el Tribunal Constitucional acreditará su independencia y autonomía y su compromiso con los valores, principios y derechos humanos establecidos en la Constitución.

Adelanó que algunos asuntos relevantes que se analizarán en la Suprema Corte son: la Controversia Constitucional relativa al financiamiento público a las estancias infantiles; la Controversia Constitucional sobre la distribución de las participaciones del llamado fondo minero; las Controversias Constitucionales sobre la validez de la Norma Oficial Mexicana que establece el acceso al aborto en casos de violación; la Controversia Constitucional y la Acción de Inconstitucionalidad sobre salud y educación sexual, así como distribución de anticonceptivos en el estado de Veracruz; la Acción de Inconstitucionalidad relativa al tema de gestación subrogada; la Acción de Inconstitucionalidad sobre la consulta previa a personas con discapacidad, tratándose de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down.

Otros asuntos que se atenderán son las Controversias Constitucionales en las que se analizarán los derechos contemplados en la Constitución de la Ciudad de México, tales como el derecho al agua, seguridad ciudadana, sistema educativo, uso medicinal de cannabis, derechos de migrantes, justicia cívica y derechos laborales, entre otros.

Luego de dar se a conocer las resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Partido Acción Nacional (PAN), confió en que se confirmará la anulación de la elección de gobernador en Coahuila. “Es inminente”, aseguró el partido.

 

El blanquiazul indicó que de acuerdo a cifras preliminares, el PRI habría rebasado el tope de gasto de campaña permitido por 6.15%, subrayando que esa cifra no contempla las quejas presentadas por el PAN y que siguen pendientes de resolver.

 

Y aunque reconoció que la Sala Superior disminuyó algunos gastos acreditados al candidato del PRI en Coahuila, “éstos no son suficientes ni definitivos, puesto que, de manera principal, regresó a revisión el prorrateo de gastos y la comprobación del gasto de cinco spots, que era el último elemento con el que el PRI contó para intentar disminuir el gasto acreditado al candidato Miguel Riquelme”.

 

Acción Nacional afirmó que determinaron que Riquelme dejó de reportar gastos de pago a representantes de casilla, por más de medio millón de pesos, con lo que se estaría elevando el rebase de campaña al 10.6%, más del doble del requisito constitucional de nulidad.

 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su “solidaridad y respaldo al pueblo y al gobierno de Japón”, por el lanzamiento de un nuevo misil balístico de Corea del norte, que de acuerdo a lo que se ha confirmado por autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos, habría sobrevolado el territorio del norte de Japón.

 

México resaltó que “Japón es un aliado estratégico de México en Asia-Pacífico, con el cual mantenemos sólidos vínculos políticos, económicos, comerciales y de cooperación. Actualmente es nuestro tercer socio comercial en el mundo y nuestro principal inversionista en Asia”, añadió que la cooperación con Japón es una de las más amplias que sostiene nuestro país.

 

“El Gobierno de México reafirma su enérgica condena a este nuevo lanzamiento, el cual representa una amenaza a la seguridad de Japón y de esa región. Los lanzamientos de misiles de Corea del Norte, aunados al desarrollo de un programa militar nuclear, alteran la paz y la seguridad internacionales, constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de múltiples resoluciones obligatorias del Consejo de Seguridad de la ONU, y obstaculizan los esfuerzos multilaterales para propiciar un ambiente de estabilidad y cooperación en la península coreana y en el noreste de Asia”, reafirmó el gobierno federal.

 

La dependencia aseguró que Corea del Norte tiene la obligación de cumplir con las resoluciones que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó desde 2006, que implicaba la suspensión de los lanzamientos con tecnología de misiles balísticos, de su programa nuclear militar y de cualquier otro acto de provocación.

 

 

Foto: Archivo APO

Luego de que la canciller venezolana Delcy Rodríguez indicara que una de las razones para volver el martes a la sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) era por los proyectos que presentaría al organismo entre los que se encontraba uno por el caso Ayotzinapa, la comisión encargada desechó las 10 propuestas presentadas  por considerarlas de “último minuto”.

 

Según lo revela el diario Reforma, fuentes diplomáticas indicaron que los proyectos de Venezuela no serán presentados a votación toda vez que el país se autoexcluyó tres meses de los trabajos que se realizaron al respecto, por lo que consideraron “poco serio” plantearlos con tan poco tiempo. “Fueron desechados prácticamente por unanimidad”, aseguró la fuente.

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO