El gobierno de Claudia Sheinbaum repite una promesa que suena bien en los discursos: no subir los impuestos. Pero lo que omite decir es que, aunque no haya una reforma fiscal, los costos para los mexicanos sí están subiendo por otras vías.
Ahora que el SAT y las compañías de seguros han llegado a un acuerdo tras años de litigio, el gobierno recaudará más y los clientes de las aseguradoras pagaremos extra.
Durante meses, el SAT y la Secretaría de Hacienda sostuvieron una batalla con el sector asegurador. La autoridad acusó a las aseguradoras de no haber entregado correctamente el IVA que cobran a sus clientes al momento de vender una póliza. En pocas palabras, lo que hacían las aseguradoras era esto: cuando el cliente pagaba su seguro, por ejemplo uno de coche o de gastos médicos, dentro del precio venía el IVA. Las aseguradoras cobraban ese dinero, pero en lugar de entregarlo completo al SAT, lo usaban para compensar otros gastos que también generaban IVA, como los pagos a talleres, hospitales o ajustadores. Es decir, mezclaban el IVA que cobraban a sus clientes con el IVA que ellas mismas pagaban, y al final mandaban menos dinero al gobierno.
Según el SAT, ese dinero pertenece al fisco, no a las empresas. El pleito era porque el SAT quería hacer el cobro de manera retroactiva. Las aseguradoras, por su parte, alegaron que el gobierno estaba reinterpretando la ley, porque durante años ese esquema fue permitido y supervisado sin objeción.
El conflicto escaló hasta convertirse en un problema de casi 200 mil millones de pesos. Finalmente, el gobierno y las aseguradoras llegaron a un acuerdo: las empresas pagarán alrededor de 20 mil millones y el SAT retirará los litigios. Ahora las aseguradoras deberán entregar todo el IVA que cobren a sus clientes y ya no podrán compensarlo con el IVA que pagan a terceros —por ejemplo, hospitales o talleres mecánicos— como hacían antes.
En términos técnicos, es una aclaración contable. En términos reales, es un aumento de costo. Porque lo más probable es que las aseguradoras trasladen ese ajuste a las primas, es decir, al precio de los seguros.
México es uno de los países con menor nivel de aseguramiento privado del mundo: apenas 8% de la población (en las mejores estimaciones) cuenta con algún seguro de salud privado, frente a 65% en Estados Unidos.
En México, la gran mayoría depende del (deficiente) sistema público, y los seguros de gastos médicos mayores son un lujo reservado para unos pocos. Si las primas suben, aún menos personas podrán o querrán contratar uno, ampliando la brecha de protección financiera en caso de enfermedad o accidente.
El gobierno logra recaudar más sin asumir el costo político de decir que sube impuestos. No incrementa el IVA ni el ISR, pero impulsa decisiones que terminan haciendo más caro el costo de vida en México: gasolina con IEPS ajustado al alza, alimentos y bebidas con impuestos especiales crecientes, servicios con nuevos costos fiscales.
En el fondo, lo que se busca es tener más dinero para alimentar el gasto social. Porque ese es el motor político de este gobierno: entregar más transferencias directas a más personas. Es un modelo de redistribución que descansa cada vez más en un Estado que reparte, pero que al mismo tiempo encarece los bienes y servicios que pagan quienes producen y consumen.
En teoría, no hay aumento de impuestos. En la práctica, hay un aumento silencioso del costo de la vida. El gobierno que presume no subir impuestos ha encontrado una fórmula más cómoda: subir los costos.
Columna publicada en El Universal