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Si algo hemos visto en estos más de cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que cuando anuncia que quiere algo, hace hasta lo imposible por lograrlo. No importa si esto implique cometer un crimen contra la lógica.

Lo vimos con la cancelación del NAIM. El aeropuerto de Texcoco ya llevaba millones de dólares invertidos en su construcción y su cancelación costaría millones más. López Obrador era apenas presidente electo y nada de esto le impidió armar una consulta a modo que concluyó con la cancelación del aeropuerto. La sensatez y el sentido común apuntaba en una dirección y eso hacía pensar que sería el camino que tomaría AMLO. Imperó la amenaza de destruir todo lo que tuviera que ver con el pasado. El NAIM fue cancelado.

Lo vimos también con el avión presidencial. Algunos pensaban que su amenaza de volar en líneas comerciales y de vender el avión que AMLO decía mañosamente que “no tiene ni Obama” era una simple estrategia política. No fue así. Intentó todo con tal de cumplir con la venta del avión. Al final optó por rematarlo, pero cumplió.

Ahora, ante el tremendo revés de la Suprema Corte en la que nueve ministros declararon inconstitucional las modificaciones a las leyes electorales mejor conocidas como ‘Plan B’ porque el legislativo no cumplió con el debido proceso cuando las aprobó, el presidente no va a ser el político que reflexione como lograr un mejor diálogo con la oposición o cómo tejer lazos con el legislativo.

No. La nueva cruzada del presidente ya quedó clara desde unos minutos después de que se conociera el fallo de la Corte. El Plan C es lograr la mayoría calificada en el legislativo en las elecciones del 2024.

Ayer en su conferencia mañanera López Obrador llamó al pueblo a votar por la mayoría absoluta en el congreso para lograr que en septiembre del 2024 se apruebe una reforma al Poder Judicial. Ahora, dice López Obrador, quiere que sea el pueblo quien los elija.

Es una nueva estrategia política porque actualmente los ministros de la Corte se eligen de una terna nombrada por el ejecutivo y ratificada por el Senado para asegurar los contrapesos. Es una insensatez lo que propone el presidente ya que, entre otras cosas, implicaría que quienes quisieran integrarse a la corte hicieran campaña para ganar el voto ciudadano.

Pero aun siendo una insensatez, es una amenaza que se debe escuchar como seria viniendo del presidente López Obrador.

¿Lo hará la oposición? Hasta ahora vemos a los liderazgos del PAN y PRI, a Marko Cortes y Alejandro Moreno, más preocupados por mantener sus cotos de poder que en trabajar por presentar propuestas atractivas para la ciudadanía y en desnudar las estrategias políticas del presidente por su insensatez.

La Corte ha hecho su trabajo con la votación de esta semana por salvaguardar la democracia. La ciudadanía también, al salir a las calles. Es el turno de la oposición de tomarse en serio la nueva cruzada del presidente.

Columna completa en El Universal

Después de que el Senado aprobó el Plan B electoral de AMLO que pretende amordazar al INE mediante un recorte presupuestal draconiano vino la marcha del domingo 26 de febrero. Ya habló el presidente al enviar su iniciativa. Ya se pronunció el legislativo al aprobarle dicho Plan B al presidente, sin análisis y sin al menos molestarse en sustentar que no viola la Constitución. Ya se manifestaron cientos de miles de ciudadanos que abarrotaron el Zócalo de la CDMX y varios puntos más en el país y fuera. Ahora la pelota está en la cancha de la Suprema Corte.

Es ahí en donde los 11 ministros que la conforman tendrán la última palabra. Es necesario que 8 de ellos lo declaren inconstitucional para tumbar este intento presidencial de hacerse de todo el poder electoral. Otra manera de verlo es que con que cuatro ministros voten a favor de la constitucionalidad del Plan B, éste entra en vigor.

Ya sabemos que hay justo cuatro ministros que llegaron a la Suprema Corte por ser nominados por AMLO: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. De entrada podemos descontar que Yasmín Esquivel votará en favor del Plan B, así que, sin ser alarmista, el futuro de la democracia en México está en las manos de tres ministros. Y hay que aclarar que no necesariamente tiene AMLO a estos otros 3 ministros en la bolsa.

Así fuera Andrés Manuel López Obrador un gran presidente, realmente preocupado por acabar con las desigualdades económicas; por combatir la corrupción; por lograr mejorar la educación; por atraer inversiones y por aumentar la calidad de vida de todos los mexicanos, es una aberración pensar que darle todo el poder electoral es una buena idea.

Andrés Manuel López Obrador detesta la libre competencia. Nunca, jamás ha reconocido UNA sola derrota. Ataca al INE en cada oportunidad que se le presenta pero sigue aplaudiendo cada vez que le reconocen una victoria. La más reciente fue la elección por la senaduría de Tamaulipas. El 19 de febrero se llevó a cabo la elección extraordinaria para elegir a quien concluirá el encargo de Faustino López quien murió en un accidente automovilístico en octubre del año pasado.

Las elecciones las ganó José Ramón Gómez Leal, de Morena y PT, con el 71% de los votos. Al día siguiente el presidente reconoció muy contento el triunfo en la conferencia mañanera. El mismo día de la concentración en defensa del INE, el 26 de febrero, fue la junta vocal del INE en Tamaulipas la que le entregó la constancia que lo acredita como Senador.

López Obrador ataca al INE un día sí y el otro también pero acepta cuando los resultados electorales le son favorables, empezando por su triunfo en el 2018. Tomando lo anterior en cuenta ¿es una buena idea dejar en sus manos la definición de las elecciones? ¿es buena idea cuando ha decidido tener dentro de su gobierno a Manuel Bartlett, padre de la caída del sistema?

La pelota para responder si el Plan B es constitucional o no y si por ello se convierte en la nueva regla o se desecha, está en la cancha de la Suprema Corte. ¿Qué escenarios hay para el actuar de la Corte? Lo platico con Gerardo Carrasco en el episodio de hoy de mi podcast Broojula que se puede escuchar desde el portal de este diario.

Apostilla: Otra promesa incumplida. “A la primera manifestación de 100 mil personas en contra, me voy a Palenque. Ni siquiera espero la revocación del mandato”. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador hace dos años. Pues ya el domingo hasta el presidente reconoció que fueron, tan solo en la Ciudad de México, entre 80 y 100 mil manifestantes. ¿Y luego? Ahora hay que llenar el Zócalo 60 veces.

Columna completa en EL UNIVERSAL

 

Arranca bien el año al prevalecer la independencia del Poder Judicial sobre la preferencia del titular del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente López Obrador. Ya decíamos la entrega anterior que hay poca comprensión sobre la división de poderes. Al haber sido electa la Ministra Norma Lucía Piña como la nueva presidenta de la Corte, López Obrador volvió a demostrar que la división de poderes le desagrada profundamente.

Declaró: “Si de los 11 ministros, se cuenta con cuatro se asegura que no declaren inconstitucional una ley […] ¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda.”

Así el presidente demostró que cuando manda ternas al Senado para integrar la Corte, lo hace asumiendo que quien resulte electo debe de avalar cualquier iniciativa de su gobierno. No entiende que sus nombramientos los debe hacer pensando en enriquecer la procuración de justicia en el país para todos, no la sumisión a sus designios.

Un gobierno empeñado en acaparar todo se vio acotado. No todo está perdido. Y por ello arrancamos bien el penúltimo año de esta presidencia.

Más allá de que la llegada de la Ministra Norma Lucía Piña significa el triunfo de la primera mujer para presidir la corte, la importancia viene de que ella ha sido una Ministra profesional e independiente. Es un triunfo de género, pero es mucho más un triunfo para el Poder Judicial.

Pocos días antes de la elección por la presidencia de la Corte un grupo de amistades especulábamos sobre las probabilidades que tenía la Ministra Yasmín Esquivel de ganar la presidencia de la Suprema Corte.

En prácticamente cualquier régimen desarrollado la acusación, pruebas y respuesta de la Ministra Esquivel habría merecido una aclaración expedita, incluso previo a la elección por la presidencia de la Corte. Y a partir de la resolución, acciones.

Si la investigación resolvía que la Ministra plagió, el castigo no sería simplemente no ganar la presidencia de la Corte. Significaría la revocación de su título y por ende su expulsión de la Corte. Ni más, ni menos.

Si, por el contrario, la investigación resultara en que todo fue una campaña para tumbar su candidatura a la presidencia, el castigo debiera ser igual de contundente para quienes orquestaron esta campaña en contra de una Ministra que, en ese sentido, sería exonerada como intachable.

Pero con un gobierno que ha buscado arrasar con los contrapesos democráticos, existía la duda sobre si la Ministra Esquivel iba a ganar la presidencia de la Corte a pesar de los señalamientos y sus pruebas.

Hasta ahora, la UNAM ha dicho que hay una coincidencia del 90 por ciento entre ambas tesis. La primera en publicarse un año antes fue la de Édgar Ulises Báez. Aun cuando ya no ganó la presidencia de la Corte la Ministra Yasmín Esquivel, el asunto debe esclarecerse. Si plagió, no puede seguir siendo Ministra.

Un gobernante que ha repetido una y otra vez que en su gobierno no se miente; no se roba y no se traiciona ha decidido por anticipado defender a la acusada de plagio y atacar a quien la señaló, de ser un alcahuete. Así se ha referido el presidente sobre el académico Guillermo Sheridan quien ayer dio una elegante respuesta en estas páginas a este señalamiento presidencial.

Felicidades a la Suprema Corte de Justicia por la elección de Norma Lucía Piña, una Ministra que ha probado su profesionalismo e independencia. Ahora toca cerrar el círculo llegando hasta las últimas consecuencias respecto al posible plagio de la Ministra Esquivel. Si plagió, no puede seguir en la Corte.

Columna completa en El Universal

En mi columna de ayer hacía mención del caso de Baja California, en donde la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar cinco años y no dos, que fue el tiempo para el cuál lo eligieron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio.

El Congreso había determinado desde 2014 que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021. Pero Bonilla, quien desde antes de la elección tenía casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, no estaba conforme con esta regla electoral. Intentó hasta el último momento que el Tribunal Electoral local modificara la regla para dejar la gubernatura de un sexenio. El PAN impugnó este intento de Bonilla.

Hasta cuatro días antes de la elección estaba en duda si el Tribunal Electoral Federal resolvería en favor del PAN, que pedía no modificar esta regla plasmada en la Constitución, o de Bonilla. El fallo fue mantener la gubernatura en dos años.

Aun después de haber recibido su constancia como gobernador electo, Bonilla no se dio por vencido. El 14 de junio presentó un recurso para echar atrás el dictamen que resolvió que el periodo de su mandato duraba dos años. Finalmente, el lunes pasado se salió con la suya con el extraño apoyo del PAN en el congreso local para ampliar su mandato de dos a cinco años.

La Cámara de Diputados local está integrada por tres diputados de Morena; cinco del PRI; una del PRD; una del PT; uno de Movimiento Ciudadano; dos de dos partidos locales y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo del PAN, la ampliación del mandato de Bonilla era imposible. Pero resulta que 9 de los 12 diputados del PAN, además del resto de la legislatura, votaron en favor de ampliarle el mandato a Bonilla, lo que apuntaba en mi columna de ayer.

Solo tres diputados del PAN no votaron en favor de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, que votó en contra; Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, quienes estuvieron ausentes de la sesión.

Esto se logró a través de una negociación entre el saliente gobernador del PAN, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior del Estado.

Montejo Oceguera, designado la misma noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.

Este voto del PAN local fue contrario a lo que el dirigente nacional, Marko Cortes, había adelantado. Por ello Cortés ha dicho que va a expulsar a los diputados locales del PAN y que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto podría implicar un choque de trenes de dos instituciones: la SCJN y el Tribunal Electoral Federal.

Cada uno tendrá que pronunciarse sobre el tema. La Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no del la reforma y el Tribunal Electoral Federal sobre la legalidad de la modificación ya que Bonilla fue electo por un periodo de dos años y no de cinco.

 

Columna completa en El Universal

El Poder Judicial en general y la Suprema Corte en particular tienen muy mala imagen entre los mexicanos. En la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, la SCJN está en el límite de aprobación por encima de la policía y por debajo de las cadenas de televisión en cuanto a la confianza que genera. Bien o mal ganada esta desconfianza, es cuestión de matices. La mezcla de un Estado de Derecho tan fallido y un Poder Judicial que se percibe alejado del común de los mexicanos, hasta elitista, hace que sea blanco fácil de ataque.

Hace unos días me comentaba un ministro de la SCJN su preocupación por esta mala imagen de la Corte. Ya veía venir el enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo con el Judicial.

La relación entre AMLO y la Corte ha sido tirante desde antes de la elección de julio. Su desdén nos lleva hasta los años del proceso de desafuero, pero en esta última campaña presidencial el desprecio de López Obrador a la Corte arreció. Primero estuvo circulando la versión de que, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés trabajaba en la elaboración de un proyecto para conformar en México un Tribunal Constitucional de Justicia para fungir como la última instancia para interpretar la Constitución. Esto en los hechos minimizaría el papel de la SCJN y el contrapeso que representa al ejecutivo.

De este proyecto no se ha vuelto a decir mucho y la relación de AMLO y su círculo cercano con Valadés quedó dañada después de la entrevista que concedió a Proceso en la que criticó las primeras acciones de AMLO como presidente electo y cuya portada generó incluso un enfrentamiento vía twitter entre la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Muller, con el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda.

Una vez ganada la elección presidencial, AMLO sostuvo un encuentro con los ministros de la SCJN en la que le comunicaron que se comprometerían a sumarse a la austeridad republicana cuando arrancara el sexenio.

El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, le puso monto a los recortes presupuestales en aquel encuentro. Habló de poco más de 800 millones de pesos que luego resultó no serían realmente recortes sino un subejercicio del año anterior que no había devuelto la Corte y que se había destinado a un fideicomiso. Esto molestó mucho a AMLO que se sintió truqueado por el ministro presidente.

Y ahora estamos en el enfrentamiento por la Ley de Remuneraciones y el amparo que ha otorgado la Corte para suspender este recorte a los sueldos de la burocracia, incluyendo a los jueces, magistrados y ministros de la Corte.

 

Columna completa en El Universal