Tag

Sedena

Browsing

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, negó la “militarización” del país tras prometer el pasado fin de semana que la Guardia Nacional (GN) pasará a control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y aseguró que tanto ella como el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “construyen” la paz.

“Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no lo es. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad fuera una institución solamente del Ejército y no es así”, expresó Sheinbaum en una conferencia ofrecida este lunes con motivo del cierre de los ‘Diálogos por la Transformación’, foros para delinear su plan de gobierno.

La morenista recordó que es la Presidencia de la República la que “dicta” la estrategia en este rubro y marcó distancia con los antecesores de López Obrador, sobre todo con Felipe Calderón, quien dijo, declaró ‘la guerra contra el narco’.

“Nosotros construimos la paz, no hacemos la guerra. Esta es la gran diferencia. Calderón decidió hacer guerra en nuestro país con una irresponsabilidad enorme”, señaló.

Su hoja de ruta sobre seguridad, apuntó, tendrá cuatro ejes: “Atención a las causas, seguir atendiendo a los jóvenes; más y mejor Guardia Nacional (GN), su consolidación; más inteligencia e investigación (…), y coordinación con todas las instituciones”.

Estas declaraciones llegan horas después de que el actual mandatario defendiera la reforma que cederá el control de la GN a la SEDENA, pese a que en su creación, en el 2019, se prometió que se mantendría bajo un mando civil.

El presidente argumentó en su conferencia diaria que “si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal”, en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) o en la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como ocurre ahora, “se va a echar a perder”.

La futura mandataria compartió el punto de vista de López Obrador al catalogar a la GN como “una nueva institución de la transformación”. “Ahora hacia adelante, la GN tiene que consolidarse en varias áreas”, añadió, como la de vigilancia en carreteras o la de ser los “primeros respondientes”.

En tanto, dijo que en manos de la SSPC quedará “coordinar” la política de seguridad pública del Gobierno federal y “colaborar” con la SEDENA, la Secretaría de Marina (SEMAR) y con la Fiscalía General de la República (FGR).

El presidente Andrés Manuel López Obrador, y su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, inauguraron este fin de semana un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el que la morenista afirmó que seguirá fortaleciendo y consolidando a la corporación como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el evento ambos aseguraron que en el próximo gobierno, encabezado por Sheinbaum a partir del 1 de octubre, se dará continuidad a la política de seguridad y militarización iniciada por López Obrador con la creación, en 2019, de la Guardia Nacional, dedicada a la seguridad pública y que tenía la promesa de mantenerla bajo control civil.

“La Guardia Nacional, en tan solo cinco años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México y nos corresponde a partir del 1 de octubre seguir fortaleciendo y consolidarla como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión”, dijo Sheinbaum durante su intervención.

Destacó la gestión del presidente López Obrador, cuyo Gobierno “dejó de velar por unos cuantos y comenzó a velar por el pueblo de México”.

En su turno, López Obrador apuntó: “vamos hacia adelante, me dio mucho gusto escuchar que la presidenta electa de México y la próxima presidenta constitucional y comandante suprema de las Fuerzas Armadas haya dado a conocer que la Guardia Nacional va, como debe de ser, a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, es una muy buena noticia”.

El mandatario recordó que Gobiernos anteriores tenían como criterio que el problema de inseguridad y violencia “lo podían resolver solo con el uso de la fuerza, pero no, no se puede enfrentar la violencia con la violencia (…) lleva tiempo, pero vamos en el camino correcto”.

Recordemos que el pasado 5 de febrero, López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas, 18 de ellas de carácter constitucional, entre las que resalta trasladar a la Sedena el control de la Guardia Nacional.

En abril de 2023, el mandatario ya había dicho que en el último tramo de su gestión, que termina el próximo 30 de septiembre, insistiría en la militarización de la Guardia Nacional, actualmente integrada por 130,000 elementos, después de que la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma legal que el presidente promulgó en septiembre de 2022 sobre el tema.

En su fallo, la Corte invalidó la ley porque durante la creación de la Guardia se estableció en la Constitución que debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Precisamente, en el mismo acto en Oaxaca, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, señaló que “México tiene hoy la oportunidad de consolidar el plan original, al contar a partir de septiembre en el Congreso con una fuerza política a favor de este proyecto”.

Y es que tras las elecciones del 2 de junio, en donde triunfó Sheinbaum, Morena alcanzó una amplia mayoría en el Congreso que le permitirá llevar a cabo las reformas propuestas por el actual presidente.

En la inauguración del cuartel, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, recodó que esa dependencia ha trabajado en consolidar a la GN como “la máxima institución de seguridad pública” en el país.

“En un tiempo récord hemos alcanzado logros (…) estamos ciertos que aún falta camino por recorrer pero vamos por la ruta correcta”, dijo Sandoval al tiempo que aseguró a López Obrador y a Sheinbaum que “la Sedena sin descuidar sus misiones constitucionales, continuará acompañando a la Guardia Nacional”, sostuvo.

Durante el Gobierno de López Obrador ha crecido la controversia por las políticas de militarización. El mandatario, quien prometió devolver los soldados a los cuarteles, ha justificado el uso de los militares en tareas de seguridad para enfrentar el crimen.

La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha causado polémica en México por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitó resoluciones favorables en temas de interés para la institución a Carlos Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y figura cercana al exministro Arturo Zaldívar.

Carlos Alpízar ha estado en el ojo del huracán por los constantes señalamientos que lo acusan que presionar y amenazar a jueces y magistrados para que resolvieran casos de interés para la Presidencia de la Corte, durante la gestión de Arturo Zaldívar.

Estos casos eran de interés para Zaldívar pues eran prioritarios para el Gobierno federal.

Audios obtenidos por N+Focus revelaron la forma en la que Alpízar presionó al juez Alberto Roldán Olvera para que fallara de cierta forma en un caso que se le asignó relacionado con un presunto fraude millonaria al interior de la Policía Federal.

Ahora, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en al menos en dos ocasiones, entre junio y diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió correos electrónicos solicitando a Carlos Alpízar intervenir en los casos del expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda y el Rancho Las Mesas, una propiedad incautada en Valle de Bravo a Moisés Mansur Cysneros, presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En junio de 2021, la Sedena pidió a Alpízar “su valioso apoyo para que se obtenga una resolución que favorezca los intereses institucionales”.

La dependencia buscaba que se revocara la admisión de una demanda de amparo que buscaba conocer el contenido del expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

La Sedena también solicitó a Carlos Alpízar intervenir para que la justicia federal negara el amparo con el que Moisés Mansur Cysneros buscaba recuperar la superficie del 33% del Rancho Las Mesas que un juez de control había declarado en abandono a favor de la Federación.

Pese a los señalamientos que hay en su contra, actualmente, Carlos Alpízar ocupa un cargo en la Secretaría de Gobernación como jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático, donde recibe un sueldo de 122 mil pesos libres de impuestos.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que es de “sabios cambiar de opinión” respecto al creciente rol del Ejército en tareas adicionales a la seguridad pública, y al aumento de su presupuesto durante su administración.

Cuestionado durante su conferencia matutina, el mandatario fue cuestionado sobre una investigación de la agencia Bloomberg que asegura que las Fuerzas Armadas de México gastaron casi el 30% más de su asignación presupuestaria original y cómo se han utilizado estos recursos para proyectos de infraestructura.

Como parte del cuestionamiento, López Obrador negó haber prometido devolver al Ejército a sus cuarteles.

“No creo yo que haya dicho eso, pero en el caso que lo haya dicho, hay un refrán, no, es un dicho, según el cual es de sabios cambiar de opinión y, aunque no estoy del todo de acuerdo porque no creo que el fin justifique los medios, sí creo que en política en algunos casos lo que cuenta son los resultados”, sostuvo.

La investigación de Bloomberg reveló que desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha aumentado en un 150%.

Además, indica que el Ejército gastó, sin aprobación del Congreso, en otros rubros como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y ampliaciones de la presencia militar en el país.

Esto contrasta con el discurso de López Obrador durante la presidencia de Felipe Calderón, cuando afirmó en su segunda campaña presidencial que “no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y violencia”.

Ahora, el presidente defendió la importancia de las Fuerzas Armadas en su Gobierno, pues aseveró que han ayudado “mucho” y enfatizó que son los “pilares” del Estado mexicano.

“Soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad, que garantizan la posibilidad de crecimiento (y) en buena medida la creación de empleos, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, expuso.

Afirmó que las Fuerzas Armadas “han ayudado mucho” con “bastante sacrificio” y aseguró que sus integrantes también sufren asesinatos, desapariciones y hay quienes pierden la vida mientras trabajan en las obras emblemáticas

Y es que recordemos que durante el Gobierno de López Obrador, las Fuerzas Armadas además de actuar en tareas de seguridad pública han participado en la construcción de obras emblemáticas como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, y el Tren Maya.

Según reformas aprobadas por el Congreso en 2022, las Fuerzas Armadas apoyarán en labores de seguridad pública hasta 2028, mientras que la Guardia Nacional, que nació como institución civil, estará formado por el Ejército mexicano.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que fueron 22 el número total de personas que fueron víctimas de un secuestro masivo por un presunto grupo criminal en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Además, la dependencia precisó sobre la liberación de 16 personas y 6 pendientes de su localización. Recordemos que previamente se había anunciado el hallazgo de 14 personas.

En un comunicado, la Sedena informó que agentes del Ejército y de la Guardia Nacional en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, localizaron este 1 de abril a dichas personas.

El viernes pasado trascendió en medios un secuestro masivo de integrantes de, por lo menos cuatro familias, en los ayuntamientos de Salinas Victoria y Ciénega de Flores.

“De las 16 personas liberadas, 13 manifestaron que fueron privadas de su libertad el pasado 27 de marzo y 3 desde hace 20 días”, detalló la Sedena en la nota.

Además señaló que tanto agentes militares como de la Guardia Nacional, en conjunto con las autoridades locales, continúan las acciones para localizar a las otras seis personas plagiadas en Ciénega de Flores.

Con los 16 liberados de Salinas Victoria y los seis pendientes por localizar de Ciénega de Flores serían 22 las víctimas de secuestro masivo, precisó la Sedena.

Previamente, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León había anunciado en un comunicado la liberación de 14 personas y aseguró que estaban en buen estado de salud, aunque no proporcionó pormenores de los sucesos.

Entre los liberados figuraban cuatro mujeres, de 56, 32, 36 y 44 años, y cuatro hombres, de 58, 60 y 27 años, así como otro adulto del que no se proporcionó su edad. También había dos adolescentes masculinos, de 13 años, y cuatro niños de 3, 5, 6 y 8 años.

El secuestro masivo de familias trascendió de forma extraoficial desde el viernes cuando presuntos integrantes del crimen organizado irrumpieron en los domicilios de las víctimas.

En ese momento, la Fiscalía de Nuevo León no confirmó los sucesos y prefirió reservar la información y hasta ahora no ha dado conocer el número total de personas secuestradas.

Sin embargo, el sábado pasado 100 agentes del Ejército se desplegaron en Nuevo Laredo, municipio de Tamaulipas, a donde habrían llevado a las víctimas.

Los secuestros masivos en Nuevo León se suman a los acontecidos en las últimas dos semanas en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, en donde grupos del crimen organizado raptaron a 66 integrantes de varias familias el pasado 22 de marzo.

Un día después, las autoridades informaron de la localización de 58 personas de las 66 capturadas.

El director de un centro de adiestramiento militar del noroeste del país fue detenido por la muerte de siete soldados de la Guardia Nacional y del Ejército durante un entrenamiento en el mar.

El acusado enfrenta un proceso por desobediencia y abuso de autoridad.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval, confirmó este martes que el director del centro, al que no identificó, está bajo investigación, además de que está recluido en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero en Ensenada, Baja California, pero recién se informó oficialmente el caso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comunicó ayer en su conferencia matutina que 11 soldados se perdieron inicialmente durante un entrenamiento militar al adentrarse en el mar en las costas de Ensenada. De ellos, cuatro fueron rescatados con vida y se localizaron los cuerpos de seis.

Sin embargo, un funcionario militar, que habló en condición de anonimato para la agencia AP porque no está autorizado para hablar del caso, dijo que el cuerpo de un séptimo soldado fue encontrado hoy en la zona.

Sandoval indicó además que el director del centro militar sería vinculado esta semana a proceso por los delitos militares de desobediencia y abuso de autoridad.

“Hay procesos o procedimientos que se deben tomar en consideración porque están establecidos para poder llevar a un adiestramiento… si se sale de ese procedimiento es una desobediencia”, explicó el titular de Sedena y agregó que al “haber generado la muerte de estos elementos también hay un abuso de autoridad”. No descartó que el proceso pueda pasar a la justicia civil.

Sandoval precisó que se buscará determinar “por qué hizo esa actividad si no estaba considerada en el adiestramiento”.

Medios locales reportaron que a los soldados se le ordenó ingresar a una playa de Ensenada para realizar un ejercicio acuático, a pesar de que había una alerta de Protección Civil de fuerte oleaje en la zona, y que fueron sorprendidos por una corriente que los arrastró mar adentro. Incluso se dijo que como parte de las hipótesis que se manejan, está una posible “novatada” a los cadetes del Centro de Adiestramiento “El Ciprés”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó un contrato por 229 millones de pesos a Abspro SA de CV, cuyo principal accionista ha trabajado para la empresaria que le vendió un departamento de lujo al general Luis Cresencio Sandoval, titular de la dependencia.

Abspro es una empresa que fue constituida en octubre de 2011 y que tiene como accionista mayoritario a Erik Alejandro Ramírez Guerrero, residente en una unidad habitacional popular en Tlalnepantla.El mismo dueño de Abspro ha sido apoderado legal desde 2010 de Protective Materials Technology (Promatech), empresa en la que es socia Alejandra Aguilar Solórzano, la vendedora del departamento que el titular de la Sedena adquirió en Bosque Real.Recordemos que el pasado 15 de mayo, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el general Sandoval compró en 2020 a Aguilar Solórzano un departamento de 460 metros cuadrados a un precio de 9 millones de pesos, pese a que inmuebles de características casi idénticas en el mismo complejo de Bosque Real se venden hasta en 30 millones de pesos.

Dos años después de que Sandoval adquirió el departamento a precio de ganga, Promatech recibió de la Sedena un contrato por 319 millones de pesos para surtir 48 mil juegos de placas balísticas.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió esta mañana que el Ejército “ha entregado toda la información” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto luego de su reunión con los padres, quienes lo acusaron de proteger a las Fuerzas Armadas.

“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información”, afirmó el mandatario.

Ayer el mandatario se reunió con los familiares de los jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, en el que los padres le exigieron que deje de encubrir al Ejército porque, según ellos, faltan documentos sobre el caso.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó a la salida de la reunión que “el presidente ha protegido mucho al Ejército desde hace tiempo”. López Obrador defendió el actuar de las Fuerzas Armadas, aunque prometió una revisión.

“Ellos sostienen eso, pero la Defensa sostiene que ya entregó toda la información, y lo que estoy planteando desde ayer es una revisión de todo para que no quede ninguna duda y se pueda decir: ya entregamos toda la información, eso es lo que se tenía. O, en efecto, faltaba entregar otra información, o ya no hay más”, explicó.

El encuentro llegó a días de que se cumpla el noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla su promesa de aclarar el caso y conocer el paradero de los normalistas, antes de que termine su mandato, el 1 de octubre de 2024.

“Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer, y me falta un año y estoy trabajando en esto, y por eso quería también la reunión ayer con ellos, para informarles, y quiero entregarles el lunes a cada uno, cada madre y cada padre, un expediente”, añadió.

Y es que explicó que luego del encuentro de ayer, se acordó volverse a reunir el próximo lunes donde darán respuesta a los planteamientos que hicieron ayer. Aclaró que no estará presente en la nueva reunión pues tiene “otras cosas” que atender.

El mandatario prometió que la Secretaría de Gobernación entregará “un acopio” de lo que se ha entregado “para no seguir ahondando diferencias” con los padres y “para que no haya desinformación”. Se comprometió a que los documentos no están “testados o con renglones tachados”.

Cuestionado sobre si se dará a conocer la información que se intercambie con los familiares, López Obrador dijo que una vez que lo tengan, los padres serán libres de hacerlo público.

AMLO argumentó que “esto no es nada más un asunto social, profundamente humanitario”, pues recordó que sus “adversarios” han usado el tema para “dañar” a su Gobierno.

“No queremos que estos falsarios, pseudodefensores de derechos humanos, estén utilizando este lamentable asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército”, defendió una vez el presidente.

López Obrador defendió los resultados al señalar que hay decenas de militares detenidos, incluyendo dos generales. En ese sentido, se revelaron dos cartas dirigidas al titular de Sedena, donde se le instruye procesar a elementos del Ejército involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes.

Recordemos que la Comisión de la Verdad, creada por el actual gobierno, concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas, desmintiendo así la llamada Verdad Histórica de la administración pasada.

El Gobierno federal anunció este jueves un “acuerdo histórico” con los poco más de siete mil trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación, a quienes pagará 815 millones de pesos para que el Ejército use la marca para la nueva aerolínea comercial que entrara en funciones a fin de año.

La operación, formalizada ayer, incluirá tres inmuebles y un simulador de vuelo, y el dinero se distribuirá entre todos los exempleados que están en lucha desde hace 13 años, indicó Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.

“Hoy se alcanza un acuerdo histórico para lograr justicia a 7,407 trabajadores y trabajadoras de Mexicanas de Aviación. Pilotos, sobrecargos, personal de tierra, trabajadores de confianza y jubilados, lograron un consenso para vender la marca de Mexicana de Aviación al Gobierno de México, permitiendo con ello que retome el vuelo la línea área que será de todas y todos los mexicanos”, dijo la funcionaria.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había expresado desde mayo de 2021 su intención de revivir Mexicana de Aviación, aerolínea con participación del Gobierno que, en agosto de 2010, se fue a concurso mercantil.

Alcalde Luján acusó al presidente Vicente Fox de privatizar la compañía aérea en 2005 para venderla a Grupo Posadas, que en cinco años la “desmantelaron y llevaron a la quiebra”.

“A pesar de las injusticias del pasado ocasionadas por la irresponsabilidad de la empresa y la complicidad de gobiernos anteriores, hoy podemos celebrar que gracias a la lucha de las y los trabajadores, y de sus organizaciones sindicales, se logra avanzar en el reconocimiento de sus derechos”, añadió la secretaria de Gobernación.

Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam), agradeció al presidente López Obrador por “cristalizar” su apoyo con este acuerdo.

“Esta compraventa de estos bienes va a traer como consecuencia, primero, que el nombre de Mexicana de Aviación volverá a surcar los aires de México y esperemos que del mundo, señor presidente. Y segundo, un beneficio para las más de 7,000 familias que después de 13 años de lucha recibirán un poco de este beneficio”, manifestó.

Miguel Ángel Yúdico, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) sostuvo que “los trabajadores de Mexicana de Aviación son el grupo de trabajadores que más ha sufrido en México en los últimos años”.

Ahora, el Ejército usará la marca para la nueva aerolínea comercial del Estado que venderá boletos a partir de septiembre próximo y que iniciará operaciones a finales de año, según expuso Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

El secretario habló de una inversión inicial de 4.000 millones de pesos, dinero que se destinará a la renta de las aeronaves, mantenimiento, combustible, la renta de inmuebles de destino, equipo de apoyo en tierra y equipamiento de la aerolínea.

En ese sentido se informó que la nueva compañía recibirá tres aviones Boeing 737-800 el próximo 30 de septiembre y otros siete el 30 de octubre con los que volará a 20 destinos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los destinos iniciales serán Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Ixtapa, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que se llegó a un acuerdo con los ex trabajadores para usar el nombre de Mexicana de Aviación para la nueva aerolínea que arrancará operaciones en diciembre próximo y que será administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ya afortunadamente es buena noticia, se logró que un juez desechara los recursos que presentaron abogados y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca de Mexicana de Aviación, entonces ya se resolvió”, dijo el mandatario.

El mandatario señaló que aún faltan algunos trámites para concretar la transacción, pero aseguró que ya se hizo el avalúo y se determinó que los trabajadores van a recibir un pago por la venta de la marca y de algunos bienes.

“Van a recibir, pues, alrededor de 1,000 millones de pesos. Son 6,000 trabajadores, les van a tocar a algunos 60,000, 80.,000 hasta 100,000 pesos”, especificó.

López Obrador sostuvo que esto será una “recompensa” a lo “mucho que han sufrido” los trabajadores en otros sexenios. Denunció que hubo mucha impunidad y que se vendieron aerolíneas mexicanas a la iniciativa privada en sexenios anteriores.

“Sucedió en el caso de Mexicana, que la vendieron y también vendieron Aeroméxico, que era otra empresa pública, en el gobierno de Calderón”, afirmó.

Asimismo, dijo que faltan algunos trámites en los juzgados, pero celebró que se haya podido llegar a un acuerdo para utilizar el nombre, aunque ya había pensado utilizar otro nombre, como “Línea Maya”.

Sin embargo, expertos aseguran que más allá de lograr un acuerdo, lo que se hizo fue desechar las apelaciones que se habían presentado, lo que afectaba concretar la operación. Los reclamos de los ex trabajadores inconformes continúan, solo que ya no por la vía legal.

Mexicana de Aviación era la aerolínea más antigua del país desde 1921 y contaba con participación del Estado, pero se declaró en concurso mercantil en 2010 en un controversial proceso que aún no se resuelve y mantiene a sus extrabajadores en lucha.

La nueva aerolínea, que según el mandatario iniciará operaciones el 1 de diciembre de este año, estará a cargo de la empresa Olmeca-Maya-Mexica, operada por el Ejército.

Dicha empresa también es la encargada de administrar el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otros aeropuertos del Caribe.

Según detalló en octubre pasado el mandatario, la aerolínea del Estado, que se sumaría a Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, operaría en un inicio con 10 aviones alquilados.

Dieciséis militares fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco hombres , presuntos integrantes del crimen organizado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un incidente ocurrido el 18 de mayo y captado por cámaras de seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo en un comunicado este fin de semana, que por decisión de un juzgado castrense, los elementos fueron arrestados el pasado 8 de junio por “presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar”.

A los 16 militares se les dictó prisión preventiva que cumplirán en el Campo Militar Número 1-A de la Ciudad de México, dijo la Sedena sin precisar el rango de los detenidos ni los cargos que podrían enfrentar.

La dependencia indicó que estas acciones son independientes a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar las responsabilidades correspondientes.

El asesinato de los cinco hombres en Nuevo Laredo se dio a conocer luego que Univisión y el diario español El País difundieron imágenes de lo ocurrido.

En el video de la cámara de seguridad a la que tuvieron acceso los medios, muestra el momento en el que una camioneta negra se estrella a toda velocidad contra un muro, en una aparente persecución. Poco después llega un vehículo militar con torreta artillada y choca contra la camioneta bloqueando las puertas delantera y trasera del lado derecho.

Tras disparar hacia las ruedas de la camioneta, los militares van sacando uno a uno a los cinco ocupantes de la camioneta, entre ellos el conductor, al que empujan y aparentemente golpean y patean en el suelo. También se ve que los militares retiran fusiles de grueso calibre del interior de la camioneta de los perseguidos. Los cinco hombres son arrastrados hasta un muro.

En otra toma se observa a los militares que se cubren detrás de la camioneta, comienzan a disparar hacia una zona con maleza próxima la calle para repeler un supuesto ataque, del cual no se presentó alguna evidencia.

“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la semana pasado, luego de conocerse el video.

El caso avivó los cuestionamientos que diferentes organizaciones han mantenido contra el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad en el país.

López Obrador, quien ha defendido que las fuerzas armadas sigan en labores de seguridad pública, insistió en que bajo su gobierno no se permitirán abusos contra los derechos humanos y prometió que los responsables de los hechos de Nuevo Laredo serán llevados ante la justicia.

El mandatario sostiene que los militares son necesarios para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país. Durante su sexenio, López Obrador ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como el Tren Maya, el AIFA y otros aeropuertos, así como la gestión de las aduanas, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este miércoles que miembros del Ejército ejecutaron a cinco personas en Nuevo Laredo, tal como reveló una investigación de Univisión.

“Me informaron y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos”, dijo López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

Adelantó que los militares involucrados “están bajo resguardo, un grupo, todos”, aunque no ofreció mayores detalles.

López Obrador se refirió a los videos que fueron publicados por Univisión y posteriormente por El País en los que se observa que los militares bajan a golpes a los cinco individuos de una camioneta, les vendan los ojos, les disparan y después les colocan armas encima.

“Se va a analizar, pero de entrada la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial”, añadió.

Apuntó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y fincará responsabilidades, adelantando que no habrá encubrimiento por parte del gobierno, “porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos”.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar; apenas en febrero pasado militares también mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo. En abril, también en Nuevo Laredo, un tiroteo de la Guardia Nacional dejó dos civiles muertos, incluyendo una mujer embarazada de ocho meses.

López Obrador aseguró que en su gobierno “cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables”.

Recordemos que el gobierno de López Obrador ha recibido críticas por el creciente rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad púbica, aunque el mandatario ha insistido en que en su administración ya no ocurren violaciones de derechos humanos como en los sexenios anteriores.

“Estos son casos aislados y cuando se dan, se castigan, no se permiten, o sea que no somos iguales”, manifestó.

“Antes las masacres se ordenaban desde arriba, la política supuestamente de seguridad la llevaba a cabo García Luna y era la de ‘mátalos en caliente’. Era la guerra, y a los heridos los remataban, y había ajusticiamientos”, remató.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deslindó al gobierno federal del presunto uso del software Pegasus, con el que se ha reportado han sido espiados defensores de derechos humanos y periodistas, así como el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, caso que fue revelado la semana pasada por The New York Times.

La Comisión detalló que se inició una investigación por el presunto espionaje en contra de organizaciones civiles de derechos humanos, en donde no se encontraron “elementos que presuman que el Gobierno federal, o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el sistema Pegasus, ni realice espionaje”.

La semana pasada, The New York Times publicó un reportaje en el que, citando varias fuentes en contacto directo con Encinas, aseguró que este había sido víctima de espionaje con el sistema Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Un día después, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que habló con Encinas sobre el supuesto espionaje a quien le dijo que no le diera “importancia, porque no había ninguna intención de espiar”.

Además, reconoció que Encinas le comunicó que había sido contactado por el diario neoyorquino para consultarle si había sido espiado y que contestó que “probablemente sí”.

No obstante, López Obrador negó que el posible espionaje fuese realizado por el Ejército, que es hoy en día la única dependencia que cuenta con Pegasus para sus labores de inteligencia.

Al respecto, la CNDH expresó su extrañamiento sobre los trascendidos de que Encinas haya sido espiado, y afirmó que sería importante esclarecer quién o quiénes estarían ejerciendo este tipo de prácticas, “a todas luces condenables e inadmisibles en un Estado democrático, pero sobre todo a qué intereses sirven”.

Asimismo, hizo un llamado a los involucrados a aportar todos los elementos con que cuenten para que se trasciendan las especulaciones y se investigue debidamente.

Refirió que “llama la atención” el hecho de que este tipo de prácticas pudieran estarse dando, no solamente contra un alto funcionario gubernamental, como el subsecretario Encinas, sino contra cualquier ciudadano.

Recordemos que las agencias gubernamentales, y no los individuos, pueden comprar Pegasus, una herramienta de software desarrollada por la empresa israelí NSO que permite infiltrar un teléfono y tener acceso al historial digital completo de un individuo, incluyendo todas sus conversaciones.

En octubre del año pasado, el grupo Guacamaya Leaks publicó documentos que hackeó de la Sedena, en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Antes de ello, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 fueron en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra más alta del mundo.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La polémica en torno al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, por el lujoso departamento que compró a un precio de ganga en el Estado de México, parece no terminar.

Y es que aunque ayer se presentó en la conferencia mañanera del presidente, donde habló/justificó la compra del inmueble, una nueva entrega de la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), desmiente lo expuesto por el funcionario.

En el avalúo, al que tuvo acceso la organización, se menciona que el General Luis Cresencio Sandoval compró el departamento en Bosque Real con un grado de terminación del 100%, con acabados aparentes de concreto.

Se detalla que los muros tenían un terminado fino a base de mezcla sobre block hueco y acabado en pintura vinílica, lo que suele suceder con todos los inmuebles, pues según agentes inmobiliarios, se entregan así, con acabados parciales o aparentes, para que el comprador o cliente realice las adecuaciones en pisos y muros de acuerdo con sus gustos.

Ayer, el general Sandoval justificó el pago de 9 millones por el departamento, porque según su consideración, estaba “en obra gris” el departamento.

“Lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por algunas circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no han hecho los acabados, esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio en ese lugar”, sostuvo.

El titular de la SEDENA confirmó que para comprar el departamento en el lujoso fraccionamiento Bosque Real, el Banco del Ejército (Banjercito) le otorgó un crédito de 9 millones de pesos, para el cual fue necesario el avalúo del que ahora se conocen más detalles.

El crédito se otorgó a un plazo a 20 años  con una tasa de interés fija anual de 9% sobre saldos insolutos. Sin embargo, en forma inexplicable, señala MCC, que no corresponde a sus ingresos, ya pagó por anticipado 5.1 millones de pesos.

En la escritura del inmueble, de la cual la organización tiene copia, se menciona que en el contrato del crédito hipotecario el General Sandoval se comprometió a pagar 81 mil 600 pesos mensuales durante 20 años. En el contrato del crédito se detallan 479 pagos quincenales de 40 mil 845 pesos.

Esto equivaldría a destinar casi el 70 por ciento de su sueldo íntegro, que de acuerdo con información pública asciende a 119 mil pesos netos al mes.

Lo anterior significa que por el crédito de 9 millones de pesos, el general Sandoval deberá pagar más del doble, alrededor de 19.5 millones de pesos.

Llama la atención que el crédito otorgado al general Sandoval se sale de los parámetros del sistema financiero mexicano, en donde el monto de pago máximo de crédito hipotecario es equivalente al 30% de los ingresos del acreditado. En el caso del general el pago mensual es equivalente al 70% de su sueldo neto.

Además, en el sistema financiero mexicano se pide un porcentaje de enganche, pero el general Sandoval obtuvo el crédito sin ningún anticipo .

De cumplirse el plazo pactado, el general Sandoval terminaría de pagar su adeudo cuando tenga 80 años, ya que el crédito lo autorizó Banjercito en 2020.

También resalta que en la declaración patrimonial que presentó en mayo de 2022 a la Secretaría de la Función Pública (SFP), Sandoval reportó que del crédito original autorizado dos años antes, ya había pagado 5 millones 125 mil pesos, por lo que su saldo para liquidar el préstamo ya era de 3 millones 874 mil pesos.

Según Sandoval, los abonos al adeudo los realizó con ingresos que obtuvo en 2020 y 2021. Sin embargo, en esos años los ingresos totales que reportó a la SFP sumaron 4 millones 844 mil pesos, que incluyó su sueldo neto, rendimientos financieros por ahorros y la venta de un inmueble y dos vehículos. Ni dedicando el 100% de sus ingresos alcanza a justificar el pago anticipado de más de 5 millones de pesos que hizo al crédito con Banjercito.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Verónica Ayala, periodista de Investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), autora de esta investigación, sobre los privilegios y polémicas que han envuelto al titular de la SEDENA, quien en el actual gobierno ha tomado relevancia y ha ganado mayor autoridad.

Esta mañana, el secretario de la Defensa acudió a la conferencia matutina del presidente López Obrador, para informar sobre el rescate de los migrantes secuestrados en San Luis Potosí, sin embargo, como se esperaba, fue cuestionado sobre el reportaje de la compra de su departamento de lujo que compró a un precio de ganga, según reveló MCCI.

 “Sobre este departamento que adquirí casi al inicio de la administración, lo adquirí en el precio que dice la nota (MCCI), pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese edificio o ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados; esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio, en ese lugar”, explicó al general.

Rechazó que los departamentos en ese fraccionamiento cuesten 30 millones de pesos como reportó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, aunque no detalló a qué se refería; si a precios actuales, departamentos acabamos o en las condiciones que él asegura haberlo comprado.

Explicó que el departamento lo adquirió a través de un préstamo en el Banco del Ejército, es decir, un crédito hipotecario; en ese caso, dijo que para que se autorice un préstamo, el banco pone como condición que la propiedad en cuestión sea valuada, lo cual sucedió.

“(El departamento) fue evaluado, inclusive valuado en un poco más de 9 millones, 9 millones 800 mil pesos, algo así el precio del valuador por las condiciones en que estaba, y el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 millones”, señaló.

Sobre la relación que se reportó con los dueños anteriores, el titular de la Sedena señaló que “yo no tuve contacto con la persona dueña”, sino que aseguró que todo fue a través de los agentes inmobiliarios, quienes fueron los encargados de llevar a cabo la negociación.

Indicó que “hasta el día de firmar las escrituras fue que tuvimos contacto con la persona” dueña, que según reportó MCCI, es hija de un militar retirado y accionista de una empresa proveedora de la Sedena.

En ese sentido, confirmó que la empresa en que tiene participación la persona que le vendió el departamento sí es proveedora de la Secretaría de la Defensa, aunque en un intento de restarle importancia, dijo que aunque ha participado en varios concursos, “sólo una, casi dos años después de qué yo adquirí este departamento, participó y ganó en una licitación”.

Detalló que se trató de una licitación pública que contó con los parámetros que se tienen establecidos, en donde personas que determina la Secretaría de la Función Pública acompañan el proceso.

Resaltó que incluso la empresa en cuestión fue penalizada porque no cumplió con lo que tenía que hacer en cuanto a la entrega de los bienes. Indicó que se le multó con poco más de 16 millones de pesos. “Esa fue la última vez que ha ganado, las demás ocasiones en que ha participado, muchas de ellas no cumple, porque precisamente lo que se busca es que se obtengan los bienes dentro de lo que la ley (dice que= se puede adquirir, a mero precio (y a) mejor calidad y evitamos que haya esa corrupción”.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio que le tiene “toda la confianza al general” Luis Cresencio Sandoval, asegurando que ha estado en la mira de los medios y los conservadores “porque está actuando con rectitud y de manera honesta”.

“El general, entre otras características, entre otras virtudes, es una gente honesta, incorruptible, pero eso no lo van a aceptar nuestros adversarios”, manifestó.

“¿Y me preguntas si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas? Claro que sí. ¿Y le tengo confianza al general? Claro que sí”, expresó ahora López Obrador.

El escrutinio sobre las Fuerzas Armadas ha aumentado ante el creciente rol que les ha asignado López Obrador, quien les ha otorgado facultades para que realicen tareas de seguridad pública, migración, construcción de infraestructura y administración de obras y empresas del Estado.

El Gobierno mexicano promulgó este jueves la creación de una aerolínea comercial administrada por el Ejército que ofrecerá vuelos nacionales, internacionales y de carga, y que retomará el nombre de una aerolínea que quebró en el pasado.

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que “autoriza la constitución de una empresa de participación estatal mayoritaria, denominada Aerolínea del Estado Mexicano, agrupada al sector de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.

De acuerdo con la publicación de la Secretaría de Hacienda en el DOF, esta nueva aerolínea ofrecerá servicios públicos de transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, carga, correo o una combinación de estos.

También prestará servicios bajo la modalidad de paquete turístico o de traslado, charter y taxi aéreo.

Así, establece que el Ejército realizará “todas las acciones necesarias para promover, explotar y prestar el servicio público de transporte aéreo regular nacional e internacional de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, por cuenta propia o, a través de personas públicas o privadas”.

El documento establece además que el capital social de la nueva aerolínea será variable y se constituirá de 1 millón de pesos, de los que 990,000 pesos serán aportados por el presupuesto de la Sedena, y 10,000 pesos por el Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea.

Recordemos que fue el pasado 29 de abril, con 64 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, ante la ausencia de la oposición, que el Senado aprobó que el Ejército continúe con sus planes de crear la aerolínea.

La empresa área operaría bajo la marca Mexicana de Aviación, la primera aerolínea que se fundó en México en 1921 y que quebró en 2010, y usaría como base de operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Además, el gobierno federal también busca recuperar la categoría 1 en seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que perdió en 2021.

Bajo este esquema, durante la administración de López Obrador el Ejército ha obtenido el control del AIFA, otros aeropuertos y el Tren Maya, el proyecto turístico y de transporte del mandatario para el sureste de México.

Al respecto, el IMCO alertó que de acuerdo con un análisis realizado, y considerando el avance del 58.4% que lleva hasta ahora el proyecto, el Tren Maya podría terminar este año con un gasto total de 373 mil 699 millones de pesos.

Este monto representa más del doble del presupuesto original, que se fijó en 156 mil millones de pesos.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Manu Ureste, periodista, sobre el costo del Tren Maya, que aunque el presidente ha reconocido el incremento de su costo,  insiste en que está costando lo “justo”.