Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Acapulco para su primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En un escenario más que complejo por la violencia que se ha apoderado de México, hay algunas luces en el horizonte y unas enormes confusiones.
Las luces arrancan al ver que Sheinbaum se ha desmarcado de la fallida estrategia de abrazos, no balazos de su antecesor. En su lugar ha definido una estrategia basada en cuatro ejes: 1) Atención a las causas de la violencia. 2)Consolidación de la Guardia Nacional y las policías locales. 3)Fortalecimiento de la inteligencia e investigación y 4) Coordinación entre instituciones federales y estatales.
De estos ejes, todos importantes, resalto el fortalecimiento de inteligencia y la coordinación con los estados. Es evidente que la seguridad es responsabilidad de la federación pero que sin el compromiso y la participación de estados y municipios, sería ingenuo pensar que la situación se puede mejorar.
La importancia de esta coordinación con las autoridades locales acaba de probar ser la clave en Estados Unidos para la detención de Luigi Mangione, este joven señalado como el presunto asesino del director de una de las grandes aseguradoras, United HealthCare, que fue baleado afuera de un hotel en pleno Manhattan.
Las autoridades de Nueva York siguieron con cámaras de seguridad los movimientos del tirador hasta donde pudieron. En ellas lograron sacar algunas fotografías de su cara y las enviaron a los departamentos de policía de todo el país. La estrategia parece haber funcionado.
Mangione fue detenido en Altoona, Pensilvania, tan solo seis días después del crimen.
Su arresto se logró gracias a la llamada de una empleada de un McDonalds que lo reconoció por las fotos divulgadas en los medios. Llamó al 911; llegó la policía y el resto es historia.
Eso es un ejemplo de un combate eficiente a la violencia. El mensaje de cero impunidad es clarísimo. Y se logra con coordinación. No es mostrar cifras alegres, como nos recetan a cada rato las autoridades en México. Es actuar en tiempo real para evitar la impunidad.
Lamento decirlo pero en México estamos a años luz de que tengamos la seguridad a la que está obligado el Estado. Primero que nada porque el dinero no se está invirtiendo en ello. Si vemos el Presupuesto de Egresos del 2025, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá un recorte de más de cien mil millones de pesos; la Sedena un recorte de más de 35 mil millones de pesos y la Semar un recorte de más de 6 mil millones de pesos. Se entiende que no hay dinero porque el gobierno de López Obrador se encargo de tirarlo en obras faraónicas; en compra de votos y en no hacer nada con desfalcos como el ocurrido en Segalmex, pero ¿cómo pensar tener mejor seguridad si se le hacen recortes a las instituciones encargadas de procurarla?
Al mismo tiempo confunde si vemos los rubros recibirán carretadas de dinero. Además de Pemex, en el PEF 2025 se le han asignado miles de millones a los trenes de pasajeros, entre ellos el Tren Maya, que recibirá 40 mil millones de pesos. El Tren es un fracaso. La primera responsabilidad del Estado no es jugar a ser empresario ni agente de viajes, es proveer seguridad a los ciudadanos. Por ello le cedemos el monopolio del uso de la fuerza.
Y confunde también el grado de compromiso con la estrategia cuando ayer la presidenta aplaudió el trabajo de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y mantiene en su cargo a Rubén Rocha en Sinaloa cuando ambos estados se encuentran en una situación indefendible de inseguridad.
Columna publicada en El Universal