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La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en proyectos del gobierno en nuestro país generan preocupación en materia de respeto a los Derechos Humanos y de transparencia, declaró este miércoles el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México.

Guillermo Fernández-Maldonado, quien asumió la representación en septiembre del año pasado, dijo que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que éstos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.

«Hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra», declaró Fernández-Maldonado en entrevista con la agencia The Associated Press (AP).

A esto se suma el riesgo de se registren violaciones a los Derechos Humanos al conferir labores policiales a fuerzas castrenses.

Fernández-Maldonado dijo que, ante la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de conferirle a las Fuerzas Armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, el gobierno debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.

Recordemos que el gobierno federal ha encargado a las Fuerzas Armadas la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; la administración de aduanas y de puertos; las operaciones y ganancias generadas a través de Tren Maya, entre otros proyectos.

«Otro aspecto que me parece fundamental es el tema de rendición de cuentas, es decir, tradicionalmente ha sido difícil, y no sólo en México, sino en muchos países, la rendición de cuentas por parte del Ejército, muchas veces con el argumento de seguridad nacional», agregó Fernández-Maldonado.

El exrepresentante adjunto de ONU-DH en Colombia reconoció que se han logrado avances en el plan para capacitar en materia de Derechos Humanos a los elementos de la Guardia Nacional, creada por López Obrador y que está conformada principalmente por integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron transferidos a la agencia policial.

Fernández-Maldonado aprovechó para comentar sobre el tema migratorio que afecta a la región, Dijo que los gobiernos de México y Estados Unidos deben trabajar de forma conjunta, a través de proyectos de inversión, para atender las causas que ocasionan el desplazamiento.

Al respecto, Amnistía Internacional alertó sobre el hecho de que pese a rechazar la militarización del país, el gobierno de López Obrador ha desplegado más efectivos militares como parte de su estrategia de seguridad pública que las administraciones de sus predecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón

En el apartado de las fuerzas de seguridad, la organización expresó su preocupación ya que se siguen realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”.

El informe destaca que AMLO emitió en mayo del año pasado un decreto que permite mantener el despliegue de Fuerzas Armadas para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho decreto “carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales”.

El gobierno de la Ciudad de México informó que la próxima semana la capital del país se mantendrá en semáforo epidemiológico naranja, con lo que sumarían seis semanas en dicho indicador de la pandemia por COVID-19.

«Siguen bajando las hospitalizaciones, a una velocidad menor que las semanas anteriores, pero siguen bajando; y la solicitud de la información, la orientación a la ciudadanía es que sigamos cuidándonos, que no bajemos la guardia. Va avanzando el Programa de Vacunación, pero hay que seguir cuidándonos con cubrebocas, Sana Distancia, lavado de manos y, si se sale de vacaciones, pues no bajar la guardia en Semana Santa», dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.

Como cada semana, fue el director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la CDMX, Eduardo Clark García, quien presentó el informe de la situación de la pandemia en la capital.

Dijo que se ha mantenido una reducción en el número de hospitalizados en la Ciudad; al corte de ayer se registraban 3 mil 649 personas hospitalizadas, de las cuales mil 150 requerían uso de ventilación mecánica, lo que representaba  una disminución de 400 personas con respecto a las 4 mil 49 que se tenían la semana pasada, una reducción de cerca del 10%.

El funcionario añadió que para la Zona Metropolitana del Valle de México también se registra una reducción con 4 mil 786 personas hospitalizadas al día de ayer, 602 menos que las que teníamos la semana previa; del total de personas, mil 396 están actualmente intubadas.

Sobre la ocupación hospitalaria, se indicó que se encuentra en el 43%, con 4 mil 486 camas disponibles en los hospitales públicos de la Ciudad de México; en espacios de terapia intensiva la ocupación es del 50% y en camas generales del 40%.

En el marco del programa de reapertura gradual y paulatina bajo el lema «Reactivar sin Arriesgar», se anunció la modificación en la ampliación del horario de operaciones en comercios al menudeo, que podrán a partir de la próxima semana, abrir desde las 9 de la mañana.

«Es importante que hoy redoblemos el mensaje porque de lo más peligroso que podría pasar es un falso sentido de seguridad, en el que pensemos que ya estamos del otro lado cuando todavía tenemos que seguir con la guardia alta y seguir siguiendo estas medidas para evitar cualquier repunte en la ciudad, y seguir en esta trayectoria que nos beneficia, tanto en la salud como en lo económico, bajo el programa de Reapertura y Reactivación Económica», dijo Eduardo Clark García.

El panel de seguridad de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que los datos disponibles de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca no apuntan a ningún aumento general en las condiciones de coagulación, aunque seguirá vigilando si hay efectos adversos.

«La vacuna COVID-19 de AstraZeneca (incluido Covishield) sigue teniendo un perfil beneficio-riesgo positivo, con un enorme potencial para prevenir infecciones y reducir las muertes en todo el mundo», dijo el comité asesor global de la OMS sobre seguridad de las vacunas en un comunicado.

Covishield se refiere a la vacuna de AstraZeneca producida por el Instituto Serum de India.

El panel de la OMS, compuesto por 12 expertos independientes que se reunieron de manera virtual el martes y el jueves pasado, revisó los datos de seguridad de Europa, Reino Unido, India y la base de datos global de la OMS.

«Aunque también se han reportado eventos muy raros y únicos de tromboembolia en combinación con trombocitopenia, como la trombosis de los senos venosos cerebrales (TSVC), tras la administración de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 en Europa, no es seguro que hayan sido causados por la vacunación», señaló.

Al respecto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que «es comprensible que haya gente preocupada por la seguridad de esa vacuna», pero aseguró que los riesgos que puede conllevar su uso son mucho menores que los beneficios que da.

«Urgimos a los países que sigan usando esta importante herramienta», señaló, recordando que para la OMS es especialmente importante porque un 90 por ciento de las dosis que está distribuyendo globalmente la agencia de la ONU mediante su programa COVAX son de AstraZeneca.

De forma adicional, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que los casos diarios de COVID suben por cuarta semana consecutiva, y, aunque las muertes bajan, lo hacen más lentamente que en meses anteriores. Consideró estas tendencias «preocupantes».

«Son preocupantes en un momento en que vemos cómo las variantes del coronavirus están impactando, las sociedades vuelven a reabrir y las vacunas se están distribuyendo aún de forma desigual», subrayó el máximo responsable de la OMS.

Al respecto de la lentitud en las vacunaciones, Tedros adelantó que la semana que viene mantendrá reuniones con la nueva directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, para estudiar maneras de acelerar la producción de dosis.

No. México no era ni de cerca Noruega. Teníamos muchos problemas que corregir en materia de seguridad; economía; desigualdad en oportunidades e ingreso; y en la falta de Estado de Derecho.

Ahora, con lo que el presidente López Obrador ha llamado la Cuarta Transformación, todo lo anterior sigue siendo un problema, pero además estamos ante una serie de oportunidades perdidas.

Los últimos sexenios vimos una enorme polarización. AMLO y sus simpatizantes versus el gobierno en turno. Ahora, con AMLO en el poder, se pudo haber logrado unificar al país. Pero lo que tenemos es mayor división. Al gobierno ha llegado un hombre con ganas de venganza y lleno de rencores. Cada mañana vemos al presidente atacar a distintas personas e instituciones en su conferencia.

Esta semana ha sido el turno de los jueces. Como antes les ha tocado a los empresarios; a los medios de comunicación y a los periodistas. Todos a la basura, es el mensaje desde el escenario de la Conferencia Mañanera.

Seguramente el Poder Judicial tiene problemas de corrupción, como también los hay entre los empresarios medios y periodistas. Pero en lugar de señalar actos contundentes para desterrar viejas prácticas dañinas y buscar una auténtica transformación, el presidente actúa como los gobernantes del pasado. Amenaza y con ello desperdicia la oportunidad que le da su popularidad para llevar a cabo una auténtica transformación. Recurre a la vieja táctica de los soviéticos, de cuestionar a quienes lo cuestionan y señalarlos de hipócritas.

Pero esa no es la única oportunidad perdida. Con el plan económico de Biden que le está inyectando 1.9 billones de dólares a esa economía, México tendría la oportunidad de atraer enormes inversiones, muchas de ellas en proyectos de energías limpias y renovables, pero con la Ley de Energía Eléctrica de AMLO, estas inversiones van a brillar por su ausencia.

En materia de salud, si volteamos a ver el caso de Israel, el Primer Ministro Netanyahu ha decidido utilizar la COVID para pintarse como héroe y evitar que los escándalos de corrupción en su contra lo tumben del gobierno. Ha politizado la pandemia. Pero para ello no ha ni minimizado el virus ni mentido con que la pandemia está domada. Lo que hizo desde meses atrás fue asegurar dosis suficientes para vacunar a su población; animarla a que confíe en la vacuna al aplicársela frente a las cámaras y hoy en Israel la gente puede ya ir a conciertos con cientos de personas y realmente se empieza a ver la luz al final del túnel de la pandemia. Se ven los resultados; no se juega con la esperanza de que ya llegarán.

Las dosis de Pfizer que compró Israel le costaron $25 dólares cada una. Un sobreprecio que bien le ha valido la pena porque su economía ya puede reabrir de forma segura. Por el contrario, los europeos que quisieron negociar un mejor precio con la farmacéutica se encuentran con escasez de vacunas y nuevos confinamientos que le están resultando mucho más caras a sus economías. Y en México, ni se diga. La decisión de no invertir buen dinero en las vacunas y preferir despilfarrarlo en proyectos inútiles como la refinería de Dos Bocas, nos tiene recibiendo vacunas a cuentagotas. El 24 de febrero el gobierno publicó que para marzo tendríamos 23.6 millones de vacunas en México. Pero el martes, la nueva información es que para marzo tendremos 9 millones. Por eso aquí la luz al final del túnel de la pandemia está todavía por verse.

En cualquier momento es doloroso ver el desperdicio de oportunidades para el país. Ahora que estamos pasando por una situación compleja, como la que no se veía hace un siglo, este desperdicio de oportunidades es doblemente lastimoso.

Columna completa en El Universal

El gobierno federal presentará un nuevo plan de seguridad a Estados Unidos, al considerar que la cooperación hasta ahora «no ha funcionado», según informó el canciller Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló que planteó la idea durante la reunión virtual que tuvo el viernes pasado con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.

«El tráfico (de drogas) no se ha logrado reducir, entonces tiene que partir de una visión crítica de lo que se ha hecho para hacerlo mejor, eso México lo está preparando y Blinken me dijo: ‘bueno, vamos a hacer la reunión en cuanto nosotros estemos listos'», manifestó Ebrard.

Las declaraciones ocurren un día después de publicarse un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que reafirma a México como «la mayor amenaza» del narcotráfico para el territorio estadounidense.

En particular, el informe de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020 alerta de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación,, Los Zetas, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Rojos y la organización Beltrán Leyva.

Durante la inauguración de una oficina de pasaportes en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, el canciller negó que este tema haya generado «ruido» en la relación bilateral, y apuntó que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) preparar la propuesta.

«Lo único que se dijo en la reunión del viernes, que tuve yo con el secretario Blinken, es que en seguridad no ha funcionado lo que se ha hecho en ambos países porque el consumo sigue subiendo, las armas y los homicidios siguen subiendo», reiteró el secretario.

Recordemos que la cooperación de seguridad entre ambos países se tensó tras la detención de Salvador Cienfuegos, arrestado en Los Ángeles en octubre pasado, quien fue liberado por las autoridades estadounidenses y devuelto a México sin cargos tras el reclamo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

AMLO y la Fiscalía General de la República (FGR) acusaron a la DEA de «fabricar los delitos» a Cienfuegos, quien iba a enfrentar cargos por narcotráfico. Como resultado de dicha situación, el Congreso aprobó en diciembre una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para restringir las labores y eliminar la inmunidad de los agentes extranjeros de seguridad en el país, entre los que está el personal de la DEA.

Pese a estas acciones, Marcelo Ebrard insistió en que la cooperación de materia de seguridad no fue un tema en la primera reunión bilateral virtual que López Obrador y Joe Biden sostuvieron este lunes. «No hemos hablado todavía, el tema de seguridad quedó pendiente, porque ellos están organizando su esquema y México está preparando lo que va a ser su propuesta», reiteró el canciller.

Sin libertad de expresión, no hay democracia.

Mi solidaridad con los medios y colegas que

han sido agredidos desde Palacio Nacional

por el simple hecho de ejercerla.

Dejemos la censura e intimidación

en el pasado.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere, como dice el dicho anglosajón, tener su pastel y comérselo también. Y esto, evidentemente no se puede. O tienes el pastel o te lo comes. O quieres ser parte de Norteamérica y todo lo que implica haber firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, o puedes optar por el discurso de la autosuficiencia y el nacionalismo.

Quizás en ese intento de tener y comer el pastel es que en la primera reunión que sostuvieron AMLO y Biden, en formato virtual, no se tocaron los temas delicados de la relación bilateral. No se habló de seguridad, ni de vacunas. Tampoco de la cancelación de inversiones a empresas estadounidenses. Aunque se habló de cambio climático y el presidente presumió que Biden lo invitó a participar en la cumbre que sostendrá EUA en abril sobre el tema, nada se dijo sobre la intención de López Obrador de que el país recurra a energías sucias y caras para la generación de energía eléctrica.

Un tema que López Obrador había dicho que quería tocar con Biden era el de las vacunas. Ahí está la acusación de acaparamiento que AMLO ha hecho a los países desarrollados en general y a EUA en particular. Lo que no toma en cuenta el presidente de México es que EUA invirtió más de 12 mil millones de dólares en un programa que llamó ‘Warp Speed’ para lograr vacunas que hoy permiten a Biden presumir que para mayo van a tener suficientes dosis para vacunar a todos los estadounidenses.

La Operación ‘Warp Speed’ se ideó y financió todavía con Donald Trump en la presidencia. Trump, que al igual que AMLO siempre minimizó el coronavirus en el discurso, supo ser bastante práctico a la hora de identificar en donde meter el presupuesto federal.

En México el presidente López Obrador no modificó un ápice sus política una vez que se vio el alcance y la gravedad de la COVID19. Siguió metiéndole dinero a Dos Bocas y a Santa Lucía, por ejemplo, como si eso fuera a salvar vidas de los mexicanos, e ignoró la necesidad de aumentar el presupuesto en salud y en ayudas para mitigar los impactos económicos del confinamiento. Ahora quiere que los estadounidenses nos regalen vacunas.

Por ello, y porque Biden ya aclaró que no va a regalarle vacunas a México, es que el tema ni se tocó en la conversación del lunes.

En materia de seguridad, el Canciller Marcelo Ebrard ha dejado en claro que una prioridad de México debe ser buscar trabajar con el gobierno de EUA para frenar el tráfico de armas de norte a sur. El tema no fue abordado en esta primera reunión bilateral, quizás para no desviarse a otras complicadas aristas en la materia, como la exoneración del General Salvador Cienfuegos sin una investigación exhaustiva de parte del gobierno mexicano.

De qué sí se habló: migración y combate a la corrupción. No son temas menores y son áreas en las que ambos gobiernos están alineados, cuando menos en el discurso.

Apostilla: la extorsión, intimidación y censura que ejerce el actual gobierno para tapar la realidad y que ésta se apegue a su discurso no se restringe solo a empresarios, medios y periodistas. Ahora Pemex ha decidido cancelar el contrato con Fitch Ratings para su participación en el proceso de calificación de la empresa. En lugar de trabajar para que Pemex se gane una mejor calificación crediticia, les es más fácil cancelar a la calificadora que ha tenido la mano más firme para con la empresa productiva del Estado.

Columna completa en El Universal

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró este viernes que 2020 registró un mejor arranque de año con relación al 2020 en cuanto a incidencia delictiva, ya que el mes pasado se registró una reducción en los homicidios dolosos, así como en los delitos del fuero federal y del fuero común.

La funcionaria informó una reducción anual del 5.5% en los homicidios dolosos, al pasar de 2,996 en enero de 2020 a 2,831 en el primer mes de 2021, es decir, 165 casos menos.

La secretaria sostuvo que México «mantiene la contención» de los homicidios dolosos después de cerrar 2020 con 34,515 víctimas, lo que supone una leve caída del 0.4% respecto a 2019, la primera reducción de este delito en cinco años.

Expuso que seis estados concentraron casi la mitad de los homicidios; Guanajuato a la cabeza con 335 casos, seguido por Baja California con 284; Jalisco con 212; Michoacán con 204; Chihuahua con 196, y Estado de México con 168.

También señaló que 15 municipios concentraron el 27% de los asesinatos: Tijuana, Ciudad Juárez, Cajeme, León, Morelia, Chihuahua, Celaya, Culiacán, Guadalajara, Acapulco, San Pedro Tlaquepaque, Benito Juárez, Irapuato, Iztapalapa y Salamanca.

Sin embargo, apuntó que de estas ciudades, 10 registraron una reducción interanual de 8  en enero.

«Se tiene un mejor arranque del año con relación al 2020, durante enero de 2021 se registró una disminución de 19.6% en los delitos del fuero federal con respecto al mismo mes del año pasado», mientras que en 16 de los 18 delitos del fuero común también hubo una baja.

Las disminuciones registradas fueron: secuestro: -55.6%; robo de vehículo: -27.3%; roba a casa habitación: -26.6%; robo en transporte público colectivo: -25.8%; robo a negocio: -20.6%; robo de ganado: -23.7%; robo a transeúnte: -17.6%; robo a transportista: -5.4%.

Hubo una disminución en conjunto de 24.3% de todos los delitos de robo, de 15.5% en extorsión y de 7.3% en lesiones.

La titular de la SSPC destacó la baja en tres delitos: 17.8% en trata de personas, del 1% en violación, y de 10.7% anual y 14.1% mensual en feminicidios. Esto significa que en enero de 2021 hubo 67 mujeres víctimas de feminicidio frente a las de 78 de diciembre y las 75 en enero del 2020.

Por otro lado, la dependencia contabilizó 48 secuestros en enero, lo que significa una disminución interanual de 55.6%.

«Estas cifras alientan porque son fruto del trabajo» del gobierno federal, dijo Rodríguez Velázquez. «No estamos por la guerra, estamos por la construcción de la paz, esta estrategia consiste en atender las causas que generan la violencia», añadió.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD presentaron, junto a la bancada de Movimiento Ciudadano, una iniciativa para regular el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Laura Rojas, diputada del PAN, explicó que se propone la expedición de una nueva “Ley Federal que regule la Colaboración de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública”, ya que no hay una adecuada regulación de las fuerzas armadas en tarea de seguridad.

Se busca revisar los principios mínimos, condiciones, procedimientos, límites, responsabilidades y sanciones en cuanto a la disposición de los integrantes de la Fuerza Armada permanente.

Recordó que durante la LXIV Legislatura se aprobó la creación de la Guardia Nacional y su permanencia en las tareas de seguridad, por lo que es necesario hacer una ley que “claramente regule todos los procedimientos por los cuales las Fuerzas Armadas van a participar en ese tipo de tareas, así lo ha señalado la CNDH y una serie de especialistas”.

La diputada Verónica Juárez Piña  del PRD destacó que la iniciativa pretende generar un instrumento por el que no sólo se establezcan reglas claras para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, sino para que la sociedad civil, la academia, los organismos públicos de derechos humanos establezcan una supervisión constante de las acciones que se implementen, así como un «proceso evaluativo que nos permite saber si estamos caminando en el sentido correcto o debemos reflexionar estas acciones”.

De esta manera, añadió, no sólo se evitarán las violaciones a los derechos humanos, también será más eficiente el proceso de diseño y planificación de las políticas públicas.

“Desde el PRD estamos conscientes de que dejar la problemática de la seguridad a las instituciones policiales en las lamentables circunstancias en las que se encuentran sería irresponsable, no podemos simplemente retirar a las y los militares en tareas, sería un alto costo, por lo que nos parece importante el que podamos contar con instrumentos necesarios para regular, cómo sería su participación”.

El diputado del PRI, René Juárez Cisneros, consideró que esta propuesta de la oposición es clara, precisa, y otorga certidumbre, certeza jurídica, basamento legal, regulación, fronteras, observancia plena y respeto a los derechos humanos, para que las Fuerzas Armadas puedan seguir contribuyendo a la paz, a la tranquilidad y a la seguridad pública, pero también tengan la confianza y la certidumbre de que están actuando dentro del marco legal.

“Hoy lo que se pretende con esta iniciativa, es precisamente darle esa certeza jurídica, esa regulación necesaria, con plena observancia y respeto a los derechos humanos, para que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener ese sustento legal para cumplir con esta tarea que se les ha encomendado, de ayudar a la consolidación de la paz, a través de tareas de seguridad pública”.

Juan Carlos Romero Hicks del PAN sostuvo que cuando la legisladora Laura Rojas presentó una controversia constitucional en torno al acuerdo del Ejecutivo Federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el Gobierno de la República dijo que harían una propuesta de legislación, la cual no llegó.

“En el camino nosotros fuimos construyendo lo que hoy estamos presentando, porque creemos que hay que llenar ese vacío”, dijo el panista.

La propuesta, detalló, tiene como fin darle certeza a la población y contar con todos los instrumentos viables para que la autoridad local como la federal, puedan estar interviniendo.

El 2020 se convirtió en el peor año de la historia en materia de turismo, al registrar 1,000 millones de llegadas internacionales menos en el mundo y pérdidas de 1.3 billones de dólares en ingresos de exportación, debido a la pandemia de Covid-19, retrocediendo a los niveles de 1990.

Estas cifras suponen una caída del 74% en el volumen de turistas respecto a 2019, debido a un desplome sin precedentes de la demanda y a las restricciones generalizadas de los viajes, frente a un declive de tan sólo un 4% registrado durante la crisis económica global de 2009, informó este jueves la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Según el último Barómetro del Turismo Mundial, las pérdidas en ingresos multiplican por más de once las registradas durante la crisis financiera y se han puesto en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos, muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas.

Dada la evolución constante de la pandemia, muchos países están actualmente implementando restricciones más estrictas a los viajes. Entre las medidas se incluyen pruebas obligatorias, cuarentenas y, en algunos casos, el cierre completo de las fronteras, lo cual dificulta la reanudación de los viajes internacionales.

La OMT espera, no obstante, que la llegada gradual de las vacunas ayude a restablecer la confianza de los consumidores, a flexibilizar las restricciones de movilidad y a que, gradualmente, los viajes se normalicen durante el 2021.

Asia y el Pacífico, la primera región en sufrir los efectos de la pandemia y una de las que mantiene las restricciones de viaje más estrictas, registró el mayor descenso de las llegadas en 2020, del 84%, equivalente a 300 millones menos.

Oriente Medio y África registraron en ambos casos una caída del 75%, mientras que Europa sufrió un descenso del número de llegadas del 70%, a pesar de un pequeño y breve repunte en el verano de 2020.

América tuvo una contracción del 69% en las llegadas internacionales, con resultados ligeramente mejores en el último trimestre del año.

El gasto del turismo internacional sigue reflejando una demanda muy débil de viajes al exterior, con caídas en los diez principales mercados emisores de entre un 53% del chino y del 99% del australiano.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, reconoció que, aunque se ha hecho mucho por lograr que los viajes internacionales sean seguros, la crisis «está aún lejos de haber terminado».

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos emitió este miércoles un boletín donde alerta de terrorismo doméstico, esto ante la posibilidad de actos violentos por parte de personas contrarias al gobierno, después de la elección del presidente Joe Biden.

Sin mencionar una amenaza en particular, el Departamento dijo que reina «un ambiente amenazador acentuado en todo Estados Unidos», el cual cree que «persistirá» en las próximas semanas.

Enfatizó que consultó con fuerzas policiales y agencias de inteligencia antes de emitir su alerta sobre la posibilidad de extremismo violento por grupos nacionales.

«La información apunta a que ciertos extremistas violentos motivados ideológicamente que objetan el ejercicio de la autoridad gubernamental y la transición presidencial, así como otras quejas alentadas por narrativas falsas, podrían seguir movilizándose para incitar a la violencia o cometerla», señala el boletín.

El gobierno federal suele advertir a las policías locales por medio de boletines y avisos sobre las perspectivas de violencia vinculadas con alguna fecha o evento, como el 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra el Día de la Independencia.

Pero este boletín, emitido a través del Sistema Nacional de Avisos sobre Terrorismo, tiene la particularidad de que introduce al gobierno de Joe Biden en el debate sobre la manera de describir o caracterizar actos motivados por ideologías políticas y sugiere que considera la violencia con el fin de revertir la elección como algo afín al terrorismo.

La redacción del breve documento indica que los funcionarios de seguridad nacional ven un hilo conector entre los actos recientes de violencia motivados por quejas contra el gobierno, sea por las restricciones del COVID-19, los resultados de la elección de 2020 o el uso de la fuerza por la policía. También destaca los actos de violencia racista como los ataques a hispanos en Texas en 2019, así como la amenaza que significan los extremistas motivados por organizaciones terroristas extranjeras.

El Departamento también menciona alborotos violentos en «días recientes», en aparente alusión a sucesos en Portland, Oregon, vinculados con grupos anarquistas.

La situación sigue tensa desde que partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para impedir la certificación del triunfo electoral de Biden por parte del Congreso.

El aviso de alerta, que fue emitido por el secretario de Seguridad Nacional interino David Pekoske, ya que el Senado no ha confirmado al nominado por Biden, afirma que la amenaza de un ataque «persistirá en las semanas posteriores».

Recordemos que más de 150 personas, incluidos miembros de grupos armados extremistas, han sido detenidas desde el ataque al Capitolio, calificado de insurrección por las autoridades y el cual dejó cinco muertos.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD presentaron este miércoles las «10 soluciones por México”, que buscan ayudar a enfrentar los problemas por lo que atraviesa el país, esto luego de acusar al Gobierno federal de malas decisiones.

Aseguraron que el gobierno de Morena no ha cumplido nada de lo que prometieron, pues actualmente hay crisis económica, de desempleo, de inseguridad y un severo deterioro del sistema de salud. «Estos dos años han estado marcados por la indiferencia, la ineptitud, la corrupción y la falta de resultados».

«El día de hoy estamos aquí para refrendar el acuerdo que firmamos el pasado 22 de diciembre, materializarlo en un compromiso puntual a través de una agenda legislativa común. Este plan cuenta con 30 acciones concretas que refrendan el compromiso de un trabajo en conjunto, cuyo eje primordial es la defensa y el fortalecimiento de la democracia; la lucha contra la corrupción y la impunidad; la salud digna; la educación; el rescate y apoyo al campo, igualdad sustantiva, así como el bienestar de las y los mexicanos», se indicó en el evento que estuvo encabezado por los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano.

Los líderes políticos aseguraron que el Gobierno federal marcha hacia la construcción de un régimen con tendencias autoritarias mediante el debilitamiento de los controles y contrapesos, el desmantelamiento de programas e insumos públicos y la constante polarización a la que incita el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En materia económica, se indicó que buscan impulsarán oportunidades de trabajo para jóvenes, y que el gobierno se enfoque en generar ingresos, evitando el derroche de recursos públicos en proyectos como la Refinería Dos Bocas.

En cuanto al apartado de la justicia social, proponen crear un Ingreso Básico Alimentario para 25 millones de personas en pobreza extrema, así como mejorar los apoyos para los adultos mayores, estudiantes, grupos vulnerables.

También buscan garantizar que las y los trabajadores del campo cuenten con recursos necesarios para producir, competir, vender a precio justo y puedan ofrecer productos de mejor calidad y precio para el consumidor. En todos los apoyos, enfatizaron que no deben estar sujetos al voto.

Sobre el tema de corrupción, se menciona la necesidad de contar con una Fiscalía autónoma y eficaz, despolitizada, así como reformas para prohibir el uso del dinero en efectivo en los tres niveles de gobierno. En seguridad, proponen la creación de un Servicio Civil de Carrera Policial para los tres órdenes de gobierno.

En salud, sugieren implementar una Ley de Emergencia en Salud para reglamentar y vigilar la estrategia de combate a la COVID-19 para que el gobierno asuma su responsabilidad, además de que nadie se quede sin medicamentos por la negligencia de las autoridades.

En educación, se incluye el tener escuelas de tiempo completo, preparatorias de calidad, garantizar acceso a las universidades, “calidad en la educación”, e incorporar mecanismos de medición de la calidad de la educación. En seguridad e igualdad sustantiva para las mujeres, buscan restituir estancias infantiles para madres trabajadoras, mantener las casas de resguardo y los albergues para víctimas de violencia.

En protección y aprovechamiento responsable del medio ambiente, aseguraron que no permitirán reformas que dejen de lado las energías limpias, así como aquellas que excluyan a la iniciativa privada de las actividades de generación.

En uno de los puntos más importantes de su documento, el relativo a la democracia, señalaron que votarán en contra de cualquier cambio que implique mayor concentración de poder en el Ejecutivo Federal, así como ir en contra de la eliminación o debilitamiento de los órganos autónomos.

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, rechazó que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios que presentó ayer el gobierno federal sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal.

El especialista indicó que dicha variación se debe más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro.

«No se observa alguna política pública especifica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa”, señaló este jueves al presentar el ‘Análisis del comportamiento de delitos en 2020.
Enfoque especial en homicidio doloso’.

Rivas resaltó que en el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior, todo como resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país” y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno.

El análisis del Observatorio indica que la ligera tendencia a la baja en algunos delitos se observó a partir del inicio de la pandemia, pues recordó que marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro. «La disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio».

Francisco Rivas hizo hincapié en que 2020 seguía siendo el año con más víctimas, y que la disminución anual se debió a un descenso importante en el mes de diciembre.

«Para hablar de una tendencia efectivamente a la baja, detalló, debería existir evidencia de descensos continuos y constantes. El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales o de características específicas del mes”, detalló.

El director del ONC alertó que un recorte presupuestal como el que se ha venido viendo en diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos, suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. Llamó a que el presupuesto no sea manejado políticamente, y es que se advierte que el próximo proceso electoral se insertará en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular.

Apuntó que en todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.

El documento presentado resalta que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. También aconseja poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles que el país cerró 2020 con 34,515 homicidios dolosos, lo que supone una leve disminución, del 0.4% respecto a 2019, aunque destacaron que es la primera reducción de este delito en cinco años.

Adicional, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, indicó que en el último año se registró una disminución en la incidencia de delitos de alto impacto.

«No había habido en el país desde 2015 una disminución del crecimiento de homicidios. Esto es importante. Veníamos de una espiral de crecimiento donde incluso en un año (2016) se creció el 28.1%», dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.

Recordemos que el pasado 31 de diciembre, el gobierno federal presentó datos preliminares según los cuales el país había registrado 34,523 homicidios dolosos en 2020, una cifra que fue actualizada este miércoles en 34,515 crímenes.

Además, la cifra presentada esta mañana también supone una caída del 1.3% de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes respecto al año anterior.

Según las cifras definitivas, el 51.9% de los homicidios de 2020 se concentraron en los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. El 27.5% de estos crímenes sucedieron en 15 municipios, entre los cuales están Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán, Guadalajara y Cajeme.

Con 2,627 homicidios dolosos, diciembre de 2020 se convirtió en el mes con menos crímenes de este tipo desde el inicio del gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación el pasado 1 de diciembre de 2018.

Sin embargo, se informó que en 2020 hubo un repunte del 0.1% en materia de feminicidios respecto a 2019, con 969 casos. El 51% de los asesinatos de mujeres por cuestión de género se concentraron en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla.

«Tenemos el reto de seguir trabajando y enfocar los esfuerzos para que los delitos de feminicidio y de violencia familiar disminuyan su incidencia», expresó Rosa Icela Rodríguez, quien asumió el cargo el mes pasado luego de haberse recuperado de su contagio de Covid-19.

Rodríguez aseguró que, como «primera mujer» encargada de la seguridad de México, tiene «el deber y el compromiso para revertir esta realidad que viven las mujeres» en muchas partes del país.

Otro dato que se compartió esta mañana fue que en 2020 se redujeron los secuestros un 36.4% respecto al año pasado. Se detalló que durante 2020 se liberaron a 1,167 víctimas de secuestro y a 149 migrantes secuestrados, además, se detuvo a 2,656 presuntos secuestradores y se desarticularon 304 bandas de secuestro.

Mejía Berdeja informó que el robo total registró una disminución de 21.1%. El robo en transporte público disminuyó 37.6%; el robo a vehículos un 24.4%; el robo de ganado un 23.5%; el robo a casa habitación 23%; el robo a transeúnte un 21.9%, mientras que el robo a negocios un 19.4%

Finalmente, la titular de la SSPC indicó que durante 2020 se bloquearon 19,970 vinculadas a operaciones ilícitas, por 7,750 mdp. Presumió que «en un solo año se hizo lo que la administración anterior realizó en 4» años.

El Subsecretario de Seguridad Publica, Ricardo Mejía Berdeja, informó esta mañana que noviembre 2020 ha sido el mes de la actual administración en que se ha registrado el menor número de homicidios dolosos en el país, con 2,670 casos.

Sin embargo, el país acumula 31,871 homicidios en los primeros once meses del año, con lo que se acerca al récord registrado el año pasado, que fue de 34 mil 608 de homicidios dolosos (sin contar feminicidios que sumaron más de mil víctimas).

Los 31,871 homicidios que se han registrado en lo que va de año, significan un incremento anual del 0.9%, con una tasa de 24.9 casos por cada 100,000 habitantes, enfatizó Mejía Berdeja al presentar el informe mensual en materia de seguridad.

El reporte mostró que tan solo seis estados del país concentran un 52% de los homicidios; Guanajuato se posiciona a la cabeza, seguido de Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.

Dicho delito ha disminuido en 21 estados del país y ha crecido en los otros 11, mientras que en 15 municipios de los 2,465 existentes continúan concentrando el 27.5% de los asesinatos: Tijuana, Ciudad Juárez, León, Celaya, Culiacán, Cajeme, Zamora, Guadalajara, Acapulco, Chihuahua, Cancún, Irapuato, Ensenada, Salamanca y Morelia.

El funcionario de la SSPC también reportó en noviembre 85 feminicidios, lo que representa un aumento del 2.2% respecto a octubre pasado. Con esto, suman 888 mujeres asesinadas por razón de género en el año, un aumento del 1.7% anual, con una tasa de 1.36 feminicidios por cada 100,000 mujeres.

Pese a los datos relacionados con homicidios y feminicidios, el gobierno destacó una disminución del 21.6% anual en los delitos del fuero federal, con 72,017 registrados hasta octubre. De los 11 crímenes dentro de este catálogo, solo han aumentado en un 46.7% los relacionados con delincuencia organizada.

Algunos de los delitos que han disminuido son: delitos electorales (-45.7%); delitos en materia de hidrocarburos (-45.3%); delitos contra la integridad corporal (-35.8%); delitos cometidos por servidores públicos (-19.7%); delitos patrimoniales (-16.2%); delitos contra la salud (-7.3%); delitos financieros (-32.5%); delitos fiscales (-3.5%).


El funcionario enfatizó que en cuanto a la incidencia delictiva del fuero común, se registró una disminución en 15 de los 18 delitos de alto impacto, que incluyen: robo transporte público, -39%; secuestro, -37.2%; robo a transeúnte, -23%; robo total: -21.5%; robo a casa habitación, -23.1%.

Otros que también presentaron disminución son: robo de ganado, robo de vehículo y robo a transportistas.

Según una investigación elaborada por 60 periodistas de 25 medios en 18 países, entre ellos el español El País y el británico The Guardian, así como la revista mexicana Proceso, Tomás Zerón se fugó a Israel ayudado por sus contactos en la industria de seguridad de ese país.

Tomás Zerón salió de México y es buscado por la Interpol desde junio pasado. Era jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua Procuraduría General (PGR), hoy Fiscalía, para el llamado caso Ayotzinapa. El exfuncionario es acusado de tortura, desaparición forzada y por malversar cerca de 55 millones de dólares.

Zerón habría viajado a Israel en plena pandemia de Covid-19, sostiene la investigación divulgada en nuestro país por la revista Proceso.

«Gracias a los lazos sólidos que tejió con vendedores de tecnologías de seguridad israelíes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Tomás Zerón pudo viajar a Israel», agrega la revista, quien forma parte del «Proyecto Cártel», de la organización Forbidden Stories, citando una fuente con conocimiento del tema.

México comunicó en septiembre a Israel que existe una orden de aprehensión internacional contra Zerón.

La investigación incluye una fotografía en la que el exfuncionario aparece supuestamente en un departamento de Tel Aviv, con barba, vistiendo una playera de manga larga y sonriendo.

«Zerón era uno de los actores centrales en el mercado del ciberespionaje en México» y el «hombre clave» para decidir las compras gubernamentales de tecnologías de vigilancia, añade la investigación.

Softwares de espionaje como Pegasus, fabricado por la compañía israelí NSO, una de las preferidas de Zerón, según el artículo, fueron usados para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas, diplomáticos y políticos durante el gobierno de Peña Nieto, de acuerdo a otra investigación publicada en 2017.

Forbidden Stories «confirmó que durante las administraciones de los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte en Veracruz, una célula de espionaje vigilaba a periodistas, entre ellos a Regina Martínez», asegura Proceso sobre su corresponsal en ese estado, asesinada en abril de 2012. La nota no ofrece detalles sobre los presuntos seguimientos a Martínez.

Algunos personajes y empresas mencionados en el artículo y contactados por «Proyecto Cártel» rechazaron las denuncias.

Forbidden Stories es una organización con sede en París que busca continuar la labor de reporteros silenciados. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de un centenar de comunicadores asesinados desde el año 2000. Más del 90% de estos crímenes permanecen impunes, según organizaciones defensoras de periodistas.

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lleva 40 días aislado en la cárcel de Nueva York donde se encuentra, debido a la pandemia del COVID-19 y no ha podido revisar las pruebas de su caso judicial, dijo este lunes su abogado.

Durante una audiencia telefónica debido a la contingencia sanitaria, César De Castro, abogado de García Luna, dijo que su cliente no ha podido examinar las pruebas de su caso desde el 28 de octubre.

«Aún lo tienen allí aislado y no estoy seguro de cuando le van a permitir salir», dijo De Castro al juez Brian Cogan, de la corte del distrito este de Nueva York.

Recordemos que García Luna está acusado por la fiscalía de Estados Unidos de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

El excolaborador del expresidente Felipe Calderón se ha declarado inocente, aunque los fiscales de EUA afirman que García Luna recibió fuertes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara libremente cocaína.

En la audiencia de este lunes, De Castro explicó que García Luna fue colocado en una unidad de máxima seguridad y después puesto en cuarentena. El juez Cogan pidió a los fiscales presentes en la audiencia que hagan todo lo posible para lograr que las pruebas lleguen a García Luna.

Según la última carta que la fiscalía envió al juez y que se encuentra disponible en el sistema electrónico de la corte, el gobierno estadounidense ha presentado más de 955,000 documentos que conforman las pruebas del caso. El juez Cogan fijó la próxima audiencia judicial el 17 de febrero del 2021. García Luna espera ir a juicio.

La semana pasada los fiscales del caso pidieron al juez que les permita mantener selladas algunas pruebas que identificarían a testigos en el juicio. Los fiscales advirtieron que, si esas evidencias se hacen públicas, García Luna o sus cómplices podrían poner en peligro la vida de los testigos.

Esas pruebas, que incluyen fotografías, documentos financieros y grabaciones, no se mostrarían a García Luna, su abogado, ni al público general, como solicitaron los fiscales.