Partiendo de bases estrictamente legales, la consulta que propone AMLO es ilegal porque no se atiene al artículo 35 Constitucional. Éste establece que es un derecho de los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, sujetas a ser convocadas por el Congreso a petición de: a) el Presidente de la República, b) el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras o c) los ciudadanos, en un número equivalente al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. La lista nominal al corte del 7 de septiembre es de 89 millones 408 mil 404 ciudadanos. El 2 por ciento equivale a un millón 788 mil 169 ciudadanos.
En este momento AMLO podría seguir una de tres rutas para que su consulta fuera legal: 1) que el 33 por ciento de los Diputados o de los Senadores convoquen a la consulta sobre el aeropuerto ya que su partido, MORENA, tienen el número suficiente para hacerlo o 2) juntar el 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal para que él, como ciudadano, pueda solicitar la consulta. 3) Incluso podría esperarse al 1º de diciembre para hacer esta solicitud ya como presidente y con ello cumpliría con una primera parte de los requisitos para llevar a cabo la consulta.
Además, AMLO tendría que esperar a la siguiente elección federal para que sea el INE quien organice la consulta en esa fecha. En este caso, las próximas elecciones federales serán en el 2021. Para que la consulta sea válida y vinculante debe participar al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir, 35 millones 763 mil 361 ciudadanos si tomamos el listado actual. Esos 35 millones son muchos más que el actual 1 millón de boletas que pretenden imprimir para la consulta de la semana que entra.
Si todo esto suena engorroso y complicado para AMLO, tiene otra alternativa: al tener mayoría en ambas cámaras y en más de 17 legislaturas locales, podrían los actuales legisladores modificar la constitución y acondicionarla para la consulta que está convocando actualmente. Pero ni siquiera teniendo esa alternativa a la mano busca hacer uso de ella. Cumplir con la ley simplemente parece no importarles.
Además de por ser ilegal, NO debemos participar en la consulta de AMLO porque ya se sabe de antemano la opción que prefiere el futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Él prefiere Santa Lucía y ha estado haciendo todo para empujar esa alternativa.
No solo citó incompleto un estudio de 2013 de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) para que parezca que ésta avala Santa Lucía, hace tres semanas fueron integrantes del equipo de transición a Montreal, cede de la OACI, a pedir un estudio nuevo que se inclinara por Santa Lucía.
En la OACI les entregaron una carta en la que aclaran que un nuevo estudio tomaría 4 meses para elaborarse. Podría ser igual de integral que el que ya dio a conocer MITRE en agosto pasado pero para ello la OACI tendría que recurrir a una subcontratación para obtener el modelaje de datos para los estudios sobre riesgos de aproximación entre el actual aeropuerto Benito Juárez y el de Santa Lucía. Las herramientas para este modelaje de datos no las tiene la OACI por lo que no viene en el estudio del 2013 que citó Jiménez Espriú.
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