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El caso de la ministra Yasmín Esquivel sigue dando de qué hablar. Aun cuando la universidad ha confirmado que plagió su tesis, con una coincidencia del 90 por ciento, ella sigue diciendo que no lo hizo y se aferra al asiento en la Suprema Corte. A éste solamente logran llegar once personas en el país en un mismo momento. Por ello el rigor y la exigencia de que quienes ocupen un lugar en la Corte sean intachables.

Si el plagio fue el único error que ha cometido la hoy ministra en su larga carrera jurídica, qué lástima porque solo con ese error debe de quedar sin derecho a ostentar uno de esos once lugares al cual aspiran miles de abogados en México.

Pero en estos tiempos que vivimos, la ministra se aferra; sus otros diez colegas no han condenado públicamente el plagio ni la permanencia de Esquivel en la Corte y el presidente la defiende y acusa que es un caso politizado.

Algo similar ocurre en Estados Unidos y en Gran Bretaña actualmente. Personajes que han cometido actos que los deberían obligar a renunciar, se aferran a sus puestos con la misma desfachatez y descaro que la Ministra Esquivel.

En Estados Unidos el recién electo congresista Republicano por Nueva York, George Santos, ha dicho una mentira tras otra sobre sus orígenes; su trabajo y su comportamiento pasado. Todo ha salido a la luz y aún así, George Santos se aferra a su escaño.

La lista de mentiras es larga. Dijo que su mamá estuvo en la Torre Sur de World Trade Center el día de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 pero que no murió ahí. Que su muerte fue después a causa de cáncer. Los papeles migratorios de la madre del congresista muestran que ella no estaba en Estados Unidos en esa fecha. Dijo que su familia era dueña de una mega compañía de bienes raíces y que tenían 13 propiedades. En realidad Santos no es dueño de nada y vive con su hermana en un departamento en Queens del cual la están corriendo por deber $40 mil dólares de renta. Inventó que estudió en una preparatoria muy prestigiada, Horace Mann, y que después se graduó de Baruch College suma cum laude. La realidad: no estudió universidad y en la preparatoria no hay registros de él como alumno.

Ha dicho que su familia es de origen judía y que sus abuelos maternos huyeron de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que sus abuelos nacieron en Brasil. En ese país Santos tiene abierto un expediente por robo de una chequera que intentó utilizar para hacer compras fraudulentas.

Por falta de espacio no puedo extenderme en más de las mentiras de George Santos. El tema es que uno pensaría que con este expediente abierto, él tendría que haber renunciado a su escaño ayer. Pero no. Está aferrado a él y el líder republicano, Kevin McCarthy lo defiende. ¿Por qué? Por la estrecha mayoría de su partido en la Cámara de Representantes: tan solo 4 escaños. Haber volteado Nueva York en favor del partido republicano fue visto como un gran logro. Así, el mega mentiroso de Santos se queda como congresista.

En Gran Bretaña, el Director de la BBC, Richard Sharp, debería estar avergonzado y renunciar. Llegó al cargo nombrado por Boris Johnson cuando era Primer Ministro. Ahora se sabe que Sharp ayudó a que el billonario Sam Blythe le hiciera un préstamo al entonces Primer Ministro. Cenaron juntos Johnson, Sharp y Blythe. Unas semanas después, Sharp fue nombrado Director de la BBC. Ese conflicto de interés habría sido una vergüenza en otros tiempos. Hoy Sharp admite la cena y el préstamo pero no el conflicto de interés.

Yasmín Esquivel en México; George Santos en EUA y Sharp en Gran Bretaña, son la muestra de que los impresentables se niegan a renunciar…y se salen con la suya. Qué tiempos los que vivimos.

Columna completa en El Universal

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la elección de la ministra Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

«Me pareció bien. Destaco el hecho histórico de que por primer vez una mujer va a ser presidenta (de la Corte) desde 1825. Dos siglos», dijo el mandatario.

López Obrador indicó que los ministros de la Corte eligieron de forma libre a su nuevo presidente, tal como lo establece el procedimiento. Destacó que «hubo aceptación y hubo acuerdo» en la decisión.

El mandatario señaló que se trata de un poder autónomo independiente como nunca había existido, aunque sus detractores insistan en asegurar que se vivía una situación contraria.

«Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido», recriminó el presidente.

El tema le sirvió a AMLO para señalar que es único el momento que se vive en México, pues insistió, en que ya no hay una subordinación como sucedía antes, entre los poderes supremos.

Dijo que durante décadas, el poder de los poderes era el Ejecutivo, y el poder Legislativo y Judicial eran apéndices, «estaban subordinados» pues desde la Presidencia se daban órdenes.

«Eso ya se terminó, por eso si estamos en la Cuarta Transformación de la vida pública del país. Me da mucho gusto que esto esté sucediendo en México porque es para bien, para que haya un auténtico estado de derecho y no como antes que era un estado de chueco», añadió el mandatario.

En línea con el discurso que ha venido sosteniendo en las últimas semanas, de cara a la renovación de la presidencia de la Corte Ojalá, López Obrador dijo que confiaban en que de manera independiente y autónoma se lleve acabo una reforma en el poder Judicial, que dijo, «urge por la corrupción que impera».

Finalmente, dijo que la relación que su gobierno tendrá con el poder Judicial seguirá siendo «respetuosa», pues dijo, se está llevando a cabo un proceso de trasformación, donde no necesariamente se requiere de modificar las leyes.

Confirmó que ayer habló con la ministra, quien lo buscó tras su elección; y aunque no pudo tomar la llamada, él se comunicó más tarde con ella.

Esta tarde, en sesión pública, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió como su presidenta para el periodo 2023 – 2026 a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, sucediendo en el cargo al Ministro Arturo Zaldívar, quien concluyó su periodo el pasado 31 de diciembre.

Piña Hernández consiguió los seis votos necesarios después de tres rondas de votación; la Ministra se enfrentó en la última ronda, al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se quedó con cinco votos. Así, fue quien logró el respaldo entre sus compañeros que también buscaban la presidencia: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Javier Laynez.

En la primera ronda de votaciones, la ministra Norma Lucía Piña Hernández obtuvo tres votos y el resto de los aspirantes solamente dos votos.

En la segunda ronda, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena alcanzó cuatro sufragios y la ministra Norma Lucía Piña, tres, con lo que ambos pasaron a la tercera ronda y los demás fueron eliminados del proceso.

Al asumir el encargo, la Ministra Piña, primera mujer que preside el Alto Tribunal, manifestó sentirse honrada, comprometida, responsabilizada moralmente a representar al Poder Judicial de la Federación «con convicción y entrega, con pasión y honestidad, como lo he intentado hacer los últimos 34 años de mi vida, al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y que tanto quiero».

La nueva presidenta de la Suprema Corte señaló que la responsabilidad que se le encomendó tiene una doble dimensión: representar a los Ministros de la SCJN, Consejeras y Consejeros de la Judicatura Federal, al tiempo que, como primera mujer que preside el Alto Tribunal, implica romper el “techo de cristal” que se había impuesto por la cultura patriarcal.

“Nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres”, sostuvo. «Estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México”, agregó.

Así, y tal y como se tenía previsto, el Pleno eligió de entre sus miembros al Presidente o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a su vez lo es del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Según un análisis del diario Reforma, la Ministra Norma Piña es la integrante de la Corte que menos apoyaron al gobierno del presidente López Obrador, en 18 asuntos que se presentaron entre 2019 y 2022.

Entre los cinco aspirantes a la presidencia, Yasmín Esquivel apoyo 12 de los 18 asuntos, es decir, un 67% de los casos; Javier Laynez apoyo un 28% al igual que Alberto Pérez Dayán, mientras que Alfredo Gutiérrez solo lo hizo en un 22% de los casos. La ahora nueva presidenta solo apoyo 3 de los 18, un 17%.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elige hoy a quien será su próximo presidente, luego de que concluyera el periodo del ministro Arturo Zaldívar al frente del Poder Judicial.

Para este lunes se tiene programa la sesión pública, donde los ministros emitirán su voto para decidir quien encabezará la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por los próximos cuatro años.

Cinco ministros han levantado la mano buscando suceder a Zaldívar, sin embargo, el proceso de elección se ha visto  envuelto por la polémica que ha desataco el presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien pese a las conclusiones de la propia UNAM, ha dicho que se mantiene firme su aspiración a ocupar dicho cargo.

Los otros cuatro Ministros que han manifestado su deseo de encabezar el Máximo Tribunal son: Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

La ceremonia donde los Ministros elegirán a su futuro presidente, dará inicio en punto de las 12 horas.

Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que quien llegue a presidir la Suprema Corte, debería ser unauna persona honesta, que aplique el Estado de derecho con dimensión social y que considere el interés público y ciudadano por encima de los intereses empresariales.

Por eso, dijo que su “corcholata” era imaginaria, negándose así a mencionar algún nombre en específico, aunque dijo, sí existen perfiles con dichas características actualmente en el país y en especial en el Poder Judicial

En tanto, por el lado de la oposición, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, indicó que la decisión de las y los ministros sobre quién presidirá la Suprema Corte deberá contribuir a fortalecerla y no a debilitarla, así como ayudar a cuidar la credibilidad y honorabilidad de la institución.

El líder panista expuso que más allá de personas y puestos, la decisión que deberán tomar las y los ministros debe generar un auténtico equilibrio de poderes, garantizar el absoluto respeto a la legalidad y la defensa de la Constitución.

La prisión preventiva oficiosa se mantiene en la Constitución, esto luego de que el proyecto que volvió a presentar el ministro Luis María Aguilar no alcanzara los votos suficientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El planteamiento de Aguilar, que planteaba se revisara caso por caso y no de forma automática, requería ocho votos a favor; sin embargo, no alcanzó el respaldo necesario y se quedó en seis.

Sin embargo, en la sesión de este jueves, el Pleno de la Corte aprobó invalidar fragmentos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que establecían que algunos delitos fiscales ameritarán prisión preventiva oficiosa.

Los delitos en los que ya no aplicará de forma automática la prisión preventiva es el contrabando, defraudación fiscal y falsificación de facturas, los llamados factureros a los que el presidente López Obrador ha insistido en señalar desde su llegada al poder.

Así, la prisión preventiva oficiosa expresada en el artículo 19 de la Constitución y en el 167 del CNPP, sigue aplicándose en delitos como el homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, corrupción y contra la salud. En total se aplica a 16 delitos denominados de alto impacto.

El martes pasado la Corte inició la discusión del nuevo proyecto donde el ministro ponente se propuso otra interpretación semántica del término, de manera que no viole los derechos humanos. Aclaró que no se buscaba eliminarla.

Recordemos que en México existen dos tipos de prisión preventiva: la justificada, que se dicta tras identificar que existe riesgo de que el acusado dañe a la víctima, se fugue o dificulte el proceso penal. Y la oficiosa, que envía a los acusados a prisión mientras duren sus procesos judiciales.

En septiembre pasado, el ministro Luis María Aguilar puso a discusión en la Corte su primer proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, donde se debatió la acción de inconstitucionalidad. Tras la discusión, el proyecto fue rechazado y se concluyó que la Corte no tenía la facultad para modificar la Constitución. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó este jueves la sesión en que discutía la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, proyecto a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales.

Se esperaba que en la sesión de hoy se realizara la votación, luego de que el lunes y el martes, en las dos sesiones previas, se posicionaran los 11 ministros de la Sala Superior.

Sin embargo, sorprendió el ministro Aguilar Morales quien anunció que retiraba su proyecto para elaborar una nueva propuesta, retomando las observaciones que sus pares le hicieron, y con ello lograr un apoyo al mismo.

“En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello reconstruir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas”, sostuvo el ministro ponente.

De acuerdo a los posicionamientos previos, el proyecto parecía encaminarse a la derrota en la votación, pues aunque la mayoría de los ministros consideraron a la prisión preventiva oficiosa como contraria a los derechos humanos, también se inclinaron en que no era una facultad de la Corte el eliminarla.

Aguilar Morales aclaró que su proyecto jamas puso en duda que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento mexicano, a la cual se le debe lealtad y obediencia. «Jamás he propuesto algo contrario», precisó.

Aunque el ministro no precisó cuándo presentará la nueva ponencia, dijo que luego de escuchar con mucha atención cada uno de los argumentos manifestados, logró identificar algunos puntos en común que «evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario» que «proteja los derechos de todas las personas».

Finalmente, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, confirmó que quedaba retirado el proyecto.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó esta mañana que en caso de que aprobara el proyecto, se estaría incurriendo en una «chicanada jurídica».

“Se presume que podrían reformar un artículo de una Ley, que es similar a lo que establece la Constitución, pues eso sería una chicanada, y los Ministros no están para eso”, dijo el mandatario, al tiempo en que expresó su confianza de que los ministros actuarían con apego a la legalidad.

Recordemos que el mandario ha venido sosteniendo que la prisión preventiva oficiosa es un elemento clave en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, que solo puede ser modificada por el Congreso.

En 2019, Morena, mayoritaria en el Legislativo, amplió incluso la lista de delitos con prisión oficiosa, incluyendo enriquecimiento por corrupción, feminicidio, robo de hidrocarburos y a viviendas, y desaparición forzada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este martes en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe mantener vigente la medida de prisión preventiva, pese a las críticas y rechazo que ha generado entre el grupo conservador el país.

«En el caso de la decisión que tendrá que tomar la Corte sobre las detenciones de delincuentes que requieren de prisión preventiva porque, de lo contrario, va a seguir la impunidad en el Poder Judicial, y eso afecta mucho», dijo AMLO.

El mandatario dijo que si la Corte resuelve en poner fin a la prisión preventiva, y que con eso los delincuentes puedan entrar y salir de prisión, él respetará la decisión, aunque enfatizó, no será cómplice, por lo que hace el llamado a los ministros a que analicen el tema a profundiad.

«No quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan: ‘Oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?’ Voy a tener que repetir: Pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pues sí, pero ya salió y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad», añadió.

Eso le sirvió para reiterar que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes.

López Obrador también reiteró el respeto y confianza que tiene al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Y aunque dijo que también confía en algunos ministros, afirmó que la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no se caracterizan por actuar con honestidad.

«O sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo; es una vida como artificial, donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses, menos el interés del pueblo. Entonces, es una burbuja, son los abogados, las relaciones públicas, todo arriba», recriminó.

La prisión preventiva oficiosa está en el centro de la polémica desde la semana pasada cuando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció que analizarían a detalle la medida cautelar. 

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Corte, pidió en febrero pasada que se replanteara la prisión preventiva oficiosa, ya que la aplicación de esta medida se encontraba al alza; incluso en mayo, durante su visita a Santa Martha Acatitla, para conocer los casos de mujeres en prisión, reiteró su llamado a revisar la medida.

“Muy histórico (el encuentro con presas), pero si no generamos resultados, medidas, no deja de ser una anécdota. Esta visita no se trata de mí, se trata de las mujeres y de los miles de inocentes que están en las cárceles de México que quieren que busquemos que se revise la prisión preventiva oficiosa”, declaró Zaldívar posterior a su visita.

Sin embargo, ayer el tema subió de nivel luego de que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia emitieran un comunicado defendiendo la prisión preventiva oficiosa, al señalar que la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad buscan garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias.

El gobierno federal señaló que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no escapen de la acción de la justicia durante el proceso penal.

Explicó que con dicha medida se trata de evitar que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad.

Distintas voces salieron a expresarse sobre el tema. Al encabezar el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió la aplicación de la medida y dijo que eliminarla representaría un problema de seguridad para las mujeres de la capital.“Entonces a quién está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacerle saber nuestra preocupación de que esto pudiera llegar a ocurrir y que eso implicara mayor impunidad, mayor riesgo, no solamente para las mujeres sino en general para los habitantes de la ciudad y además el riesgo de la impunidad frente a la corrupción”, apuntó.

No todas las reacciones fueron en defensa. La exdiputada federal del PRD y actual coordinadora nacional de Nueva Izquierda en el PRD, Verónica Juárez Piña, indicó que tal como se advirtió en 2019, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y viola los derechos humanos, además de que criminaliza la pobreza y victimiza a las mujer.

La perredista afirmó que la medida cautelar no ha bajado la incidencia delictiva como el gobierno defiende, por lo que exigieron a la Corte declarar la inconvencionalidad del Artículo 19 Constitucional.

El diputado del PAN, Jorge Triana, afirmó que el gobierno federal solo defiende la prisión preventiva oficiosa para encarcelar en automático violando los derechos humanos, cuando a la par «dejan pasar atrocidades cometidas por crimínales con el pretexto de que también tienen DDHH».

Afirmó que las consecuencias de esta «abominación» (prisión preventiva oficiosa) las pagan los más vulnerables, los pobres, a quienes tanto defiende el presidente.

En tanto, el senador del PAN, Damián Zepeda, afirmó que la prisión preventiva oficiosa es la mayor violación legal a derechos humanos. Indicó que la SCJN debe garantizar justicia a los mexicanos.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la prisión preventiva oficiosa, su inconstitucionalidad y su inconvencionalidad.

De cara a la discusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá en los próximos días, referente a la prisión preventiva oficiosa, el gobierno federal hizo un llamado a la Corte a mantener la medida tal y como está expresado en la Constitución.

La Presidencia de la República indicó que la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad buscan garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias.

En ese sentido, afirmó que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no escapen de la acción de la justicia durante el proceso penal.

Explicó que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas, además de que con dicha medida se trata de evitar que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad.

Recordó que delitos de alta gravedad como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, entre otros, implican que los presuntos culpables enfrenten el proceso en prisión.

«Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura», esgrimió la Presidencia.

En ese sentido, pidió a la Suprema Corte que al momento de discutir el juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad sobre el tema, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el esfuerzo que implica la persecución criminal.

Que «prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental», remató la Presidencia.

La mayoría de los estadounidenses, un 54%, considera que la Suprema Corte debe mantener el fallo que protege el derecho constitucional al aborto.

Así lo apunta la última encuesta publicada en Estados Unidos sobre este asunto, realizada por el diario The Washington Post y la cadena ABC.

Los datos del sondeo se recopilaron la semana pasada, días antes de conocerse el borrador de una sentencia de la Corte que apunta a que una mayoría de magistrados están a favor de revocar la norma que protege el derecho al aborto.

El resultado señala que el 54% de los estadounidenses piensa que la jurisprudencia, conocida como «Roe vs Wade»,  en vigor desde 1973, deben continuar; mientras que el 28% cree que debe ser revocada.

«Roe vs Wade» es una sentencia que protege como constitucional el derecho de las mujeres a abortar, impidiendo por tanto a los estados del país vecino prohibir esta práctica. Antes de la sentencia, 30 de los 50 estados del país tenían leyes que prohibían el aborto en cualquier momento de la gestación.

Preguntados de manera más general si el aborto debería ser legal en la «mayoría de los casos» o «en todos los casos», el 58% de encuestados consideraron que sí, frente al 37% que asegura que debería ser ilegal en «la mayoría de los casos» o en «todos los casos».

Si la cuestión se plantea de acuerdo a circunstancias más específicas, el apoyo al aborto es mucho más amplio.

En concreto, el 82% respondió que debería ser legal cuando la salud de la madre está en peligro; el 79% lo respalda cuando el embarazo ha sido causado por violación o incesto; y el 67% lo apoya cuando hay evidencia de graves problemas de salud para el feto.

El respaldo del aborto, no obstante, está muy marcado por las tendencias políticas de los encuestados: el 75% de los demócratas encuestados consideran que la Corte debería mantener la norma, frente al 53% de independientes y el 36% de los republicanos.

El respaldo al aborto se ha mantenido por encima del 50% en Estados Unidos en las últimas décadas, con una media del 55% apoyando su legalidad en todos o la mayoría de los casos en las encuestas nacionales del Post-ABC desde 1995.

Foto: Twitter @IndivisibleChi

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Senado de la República la terna que propone para ocupar la vacante que dejará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el ministro Fernando Franco.

De acuerdo a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, el presidente hizo llegar al Senado los nombres de las tres personas que el presidente propone: Bernardo Bátiz, Eva  Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz.

En palabras de la extitular de la Secretaría de Gobernación, los tres perfiles son «personas honorables y capacitadas para la posición de Ministro». Cabe señalar que los tres integrantes de la terna ya han sido postulados en dos ocasiones por López Obrador para la Suprema Corte.

Recordemos que el ministro Franco González Salas concluirá su periodo de 15 años en la SCJN el próximo 12 de diciembre, por lo cual toca al jefe del Ejecutivo proponer a quien lo sustituirá.

En más temas de la Corte, esta tarde el Pleno anuló por unanimidad la decisión del Congreso de ampliar dos años más el mandato del presidente, Arturo Zaldívar, quien ya había rechazado la medida meses atrás.

Los once magistrados de la Suprema Corte consideraron que la extensión del mandato de Zaldívar es contraria a la Constitución, la cual establece que la presidencia del tribunal dura un máximo de cuatro años.

En agosto pasado, Zaldívar, presidente de la Corte desde 2019, ya había anunciado que se oponía a la medida aprobada por el Congreso para alargar su mandato hasta 2024 y había aclarado que dejaría el cargo en 2022, tal y como estaba previsto.

Pero no fue hasta este martes que el Pleno de la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida y decidió rechazarla por unanimidad.

Pese al posicionamiento de Zaldívar, el presidente López Obrador apoyó la medida al considerar a Zaldívar un hombre «íntegro y honesto», así como el único capaz de reformar el Poder Judicial y erradicar la corrupción.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó esta tarde la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Senado de la República, en la cual impugnaron el Decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.

En la discusión, el Pleno determinó que el proceso legislativo que dio origen a dicho Decreto fue válido, pues durante su tramitación no se cometieron violaciones con potencial invalidante.

No obstante, la mayoría de Ministras y Ministros determinó que los artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, el cual establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, y el 167, párrafo séptimo, fracciones I, II, III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, son inconstitucionales.

Las Ministras y Ministros señalaron que el legislador se excedió al calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten directamente contra esta última, y, por ende, tampoco fue válido que los calificara como delitos que ameritan prisión preventiva.

Coincidieron en que el legislador secundario no está autorizado a ampliar el catálogo constitucional de delitos de prisión preventiva oficiosa.

Otros Ministros consideraron que las normas eran inconstitucionales ya que, de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación, sin que sea suficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

Por tanto, dado que las normas en cuestión imponían la prisión preventiva de forma oficiosa, es decir, en automático considerando únicamente el tipo de delito, estimaron que las mismas resultaban contrarias a los derechos humanos reconocidos por la Constitución.

Así, se invalidaron las normas que calificaban como amenaza para la seguridad nacional a los delitos de defraudación fiscal, contrabando y los relacionados con los comprobantes fiscales falsos, para los que se preveía prisión preventiva oficiosa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció este lunes que la objeción de conciencia de personal médico es constitucional, aunque advirtió que no es un derecho «ilimitado» que permita discriminar a mujeres y minorías.

Por mayoría de ocho votos, la SCJN reconoció como constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica, pero aclaró que solo es de forma individual y con la obligación de que el Estado garantice la protección de la salud de los pacientes, incluso por aborto.

«La objeción de conciencia no constituye un derecho absoluto ni ilimitado que pueda ser invocado en cualquier caso y bajo cualquier modalidad. No se trata de un derecho general a desobedecer las leyes», indicó el magistrado Luis María Aguilar, quien elaboró el proyecto que se votó.

El fallo ocurre una semana después de que la Suprema Corte declarara por primera vez inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

Ahora, la SCJN abordó la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma a la Ley General de Salud de 2018 que permite la objeción de conciencia en los médicos.

La reforma no legaliza la discriminación ni avala negar un aborto o tratamiento, pero crea un ambiente que perjudica a mujeres, la comunidad LGBT y otras minorías, como argumentó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien votó en contra de la constitucionalidad de la objeción de conciencia.

«La propuesta carece de perspectiva de género e interseccional, al no reconocer que son las mujeres, personas gestantes, personas de orientación sexual diversa y personas con menos recursos las que más sufren los impactos del ejercicio de la objeción de conciencia», sostuvo el ministro.

A pesar de la resolución, los ministros del pleno no coincidieron en declarar la validez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, impugnado por la CNDH.

La polémica reforma de 2018 permite a médicos y personal sanitario «ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley (de salud)».

La legislación solo matiza que «cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional».

Por ello, los ministros chocaron sobre la validez de la norma y aplazaron su discusión para la próxima sesión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó este martes posicionarse sobre la despenalización del aborto que se discute en la Suprema Corte, justificando que se trata de un tema «muy polémico» y que él, como mandatario, no puede «exponerse a un desgaste».

«Vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y deben entenderse las cosas. Yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste, y entonces tengo que cuidarme. Y este asunto es bastante polémico», explicó el mandatario en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) continuará este martes con el análisis del proyecto, y votará  sobre si invalida la penalización del aborto en Coahuila.

El veredicto sentaría un precedente porque, de aprobarse, declarará por primera vez inconstitucional la criminalización del aborto y será de aplicación obligatoria en todos los tribunales de México, que deberán fallar en favor de las mujeres.

«Lo tienen que resolver las mujeres. Lo tiene que resolver el pueblo y en este caso si lo está atendiendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, esperar a la resolución de la Corte porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre esos asuntos», dijo López Obrador evitando profundizar en el tema.

Agregó que como presidente se debe actuar con prudencia y de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos

Esta no es la primera vez en que el presidente evita posicionarse sobre el aborto; meses atrás incluso pidió hacer una consulta entre las mujeres sobre el derecho a decidir.

Ayer, ocho de los 11 ministros de la Corte se pronunciaron a favor del proyecto. Este martes se emitirán los posicionamientos de los tres ministros restantes.

El proyecto a cargo del ministro Luis María Aguilar, propone declarar inconstitucional la penalización del aborto, y aclaró que su proyecto no busca defender el derecho al aborto como diversas organizaciones lo han señalado, sino el derecho de la mujeres a decidir libremente sobre su vida y su cuerpo.

Hasta ahora, el aborto está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

El presidente Donald Trump confiró este martes que el sábado próximo anunciará desde La Casa Blanca al sucesor de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg en la Suprema Corte de Estados Unidos.

«Voy a anunciar la nominación para la Suprema Corte el sábado en la Casa Blanca», dijo Trump que precisó que la hora exacta todavía no está definida.

La muerte de Ginsburg el viernes a los 87 años y su última voluntad de que su reemplazante fuera nombrado por el gobierno resultante de las elecciones del 3 de noviembre, ha llegado a sacudir la ya agitada campaña electoral en Estados Unidos.

Los demócratas, liderados por Joe Biden, exigen que los republicanos que controlan el Senado se abstengan de ratificar la designación para llenar la vacante.

Pero Trump y el jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, afirman que van a seguir con el proceso.

Recordemos que los jueces de la Suprema Corte resuelven sobre una amplia gama de asuntos de la vida de los ciudadanos, desde el derecho al aborto pasando por temas migratorios e incluso el acceso a la salud.

La Corte está integrada por nueve magistrados y antes de la muerte de Ginsburg los conservadores tenían una mayoría de 5 contra 4, pero a veces jueces más moderados se aliaban con los progresistas en algunas votaciones.

Si Trump logra nominar un nuevo magistrado, el nuevo equilibrio sería 6 contra 3.

Los republicanos tienen los votos para confirmar a la persona que el presidente Donald Trump nomine para juez de la Corte Suprema, aseguró Lindsey Graham, senador que guiará la nominación en la cámara alta.

«El nominado será apoyado por todos los republicanos en la Comisión Judicial», dijo Graham en entrevista con Fox News.

Por su parte el senador republicano Mitt Romney dijo que no se opondrá a la votación. Esto garantiza que Trump tenga el respaldo necesario para su nominado.

«Si el nominado llega al pleno del Senado, intentaré votar con base en sus calificaciones», indicó el congresista de Utah.

El presidente se reunió con la jueza conservadora Amy Coney Barrett en La Casa Blanca la tarde de ayer, y dijo a los periodistas que entrevistaría a otros candidatos y que podría reunirse con la jueza Barbara Lagoa cuando viaje a Florida a finales de esta semana.

Las conversaciones entre La Casa Blanca y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se centran cada vez más en Barrett y Lagoa, según una persona al tanto del tema pero que pidió el anonimato por no estar autorizada a comentar al respecto.

Este jueves, la Primera Sala de la Suprema Corte otorgó suspensiones que impiden la reducción salarial a empleados de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la reducción salarial impuesta a los institutos autónomos podría ser interpretada como medida de presión política, por lo que la suspensión no afecta el interés de la sociedad.

Con esta resolución, ya son cinco las decisiones similares que obtienen empleados de cinco órganos autónomos para que no se les aplique la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos.

Esta ley promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador tiene elobjetivo de nadie gane más que el titular del Ejecutivo, cuyo salario es de 108 mil pesos mensuales, 1.6 millones al año.

Al menos 100 altos funcionarios de la Cofece y CNDH tienen percepciones superiores, por lo que promovieron, a título personal, juicios de amparo contra la medida.

Estos juicios se suman a una serie de controversias constitucionales que las respectivas instituciones autónomas han promovido para que sus empleados queden exentos en la aplicación de la citada ley. Los empleados de otras dependencias que han obtenido suspensiones en juicios de amparo trabajan en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral y En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.