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Hay un dicho muy claro y sencillo que debería recordar la oposición si realmente quieren tener oportunidad de regresar al poder: “No puedes querer tener el pastel y a la vez comértelo”. Pero eso es lo que están intentando los dirigentes del PAN, PRI y PRD.

Salen a marchar diciéndole a la ciudadanía que están en las calles porque ellos defienden a la democracia que está siendo atacada por el presidente López Obrador, por su partido, Morena; y sus aliados, PVEM y PT, pero después se unen a estos mismos actores para atacar ¡a la democracia!

Quieren su pastel intacto pero también le quieren dar sus mordidotas. ¿No entienden o creen que los ciudadanos somos ignorantes?

Al atacar al Tribunal Electoral como lo están haciendo, para ganar mayor poder en las cúpulas y poder vivir bajo sus propias reglas manteniendo el presupuesto público – que proviene del bolsillo de todos los mexicanos vía impuestos – están atacando la democracia.

Lo que pretenden con la iniciativa que busca reformar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la constitución es eliminar contrapesos y limitar derechos de las minorías políticas. Así de sencillo. Primero porque pretende frenar juicios de derechos políticos promovidos por mujeres. Gracias a éstos se ha logrado avances en la paridad legislativa y mayor presencia en gobiernos locales. Han sido logros costosos que han tenido que brincar varias trancas, como cuando se inventaron los partidos aquello de ‘las Juanitas’. Ponían a una mujer candidata a una diputación o senaduría con un suplente hombre y, apenas comenzaba la legislatura, la obligaban a renunciar.

Con todo y estas mañas, se logró importantes avances en paridad de género dentro de los partidos políticos. Mismo caso se ha dado para otras minorías como indígenas y transgénero. Esto lo quieren eliminar todos los partidos salvo Movimiento Ciudadano.

Además pretenden proteger a las dirigencias de los partidos, en este caso a Marko Cortés, del PAN, Jesús Zambrano, del PRD y Alejandro Moreno del PRI, de juicios internos en nombramientos que hagan. Son tan pequeños estos dirigentes, que prefieren aliarse con quien los está aplastando, Morena, con tal de mantener el poco poder que aún detentan.

Vemos un día sí y al otro también a los aspirantes de Morena, a las famosas corcholatas, violar las leyes electorales. Se promueven burdamente con recursos públicos, y aun así la oposición siente que es buen momento para quitarle poder y atribuciones al Tribunal Electoral que es actualmente la última instancia para poner un freno a estas violaciones constantes de la ley.

Consideran los tres partidos de la oposición, PRI, PAN, PVEM, que hoy que el presidente López Obrador, ataca al Poder Judicial, es buen momento para unírsele a él y a su coalición para atacar al Tribunal que forma parte de este contrapeso.

En medio del litigio electoral de mayor calado de las últimas décadas, el Plan B electoral, uno esperaría que las prioridades políticas de los partidos de la oposición deberían estar en la defensa de las instituciones electorales a toda costa. Si hay puntos que corregir dentro del INE y dentro del Tribunal Electoral, ahora no es el momento para hacerlo ni para pretender debilitarlos. Pero tal parece que la oposición quiere tener su pastel – decir que defienden la democracia – y comérselo también, al querer debilitarla.

La oposición parece que simplemente no entiende.

Columna completa en El Universal

En mi columna de ayer hacía mención del caso de Baja California, en donde la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar cinco años y no dos, que fue el tiempo para el cuál lo eligieron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio.

El Congreso había determinado desde 2014 que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021. Pero Bonilla, quien desde antes de la elección tenía casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, no estaba conforme con esta regla electoral. Intentó hasta el último momento que el Tribunal Electoral local modificara la regla para dejar la gubernatura de un sexenio. El PAN impugnó este intento de Bonilla.

Hasta cuatro días antes de la elección estaba en duda si el Tribunal Electoral Federal resolvería en favor del PAN, que pedía no modificar esta regla plasmada en la Constitución, o de Bonilla. El fallo fue mantener la gubernatura en dos años.

Aun después de haber recibido su constancia como gobernador electo, Bonilla no se dio por vencido. El 14 de junio presentó un recurso para echar atrás el dictamen que resolvió que el periodo de su mandato duraba dos años. Finalmente, el lunes pasado se salió con la suya con el extraño apoyo del PAN en el congreso local para ampliar su mandato de dos a cinco años.

La Cámara de Diputados local está integrada por tres diputados de Morena; cinco del PRI; una del PRD; una del PT; uno de Movimiento Ciudadano; dos de dos partidos locales y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo del PAN, la ampliación del mandato de Bonilla era imposible. Pero resulta que 9 de los 12 diputados del PAN, además del resto de la legislatura, votaron en favor de ampliarle el mandato a Bonilla, lo que apuntaba en mi columna de ayer.

Solo tres diputados del PAN no votaron en favor de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, que votó en contra; Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, quienes estuvieron ausentes de la sesión.

Esto se logró a través de una negociación entre el saliente gobernador del PAN, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior del Estado.

Montejo Oceguera, designado la misma noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.

Este voto del PAN local fue contrario a lo que el dirigente nacional, Marko Cortes, había adelantado. Por ello Cortés ha dicho que va a expulsar a los diputados locales del PAN y que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto podría implicar un choque de trenes de dos instituciones: la SCJN y el Tribunal Electoral Federal.

Cada uno tendrá que pronunciarse sobre el tema. La Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no del la reforma y el Tribunal Electoral Federal sobre la legalidad de la modificación ya que Bonilla fue electo por un periodo de dos años y no de cinco.

 

Columna completa en El Universal