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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que trabaja en diferentes acciones estratégicas para garantizar el suministro eléctrico en la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio.

La empresa informó que se dispondrá de 1,033 trabajadores electricistas en diversos puntos estratégicos de las Redes Generales de Distribución (RGD) y con 333 plantas de emergencia para respaldar el suministro en inmuebles relevantes del Instituto Nacional Electoral (INE).

También dijo que desde 88 Centros de Control de Distribución y 167 Centros de Operación Estratégicos, se realizará la revisión de la infraestructura eléctrica.

La CFE indicó que ha dado mantenimiento y ha realizado mejoras en más de 26,000 kilómetros de líneas de media tensión con las que se brinda suministro eléctrico a inmuebles del INE.

Agregó que a través de un convenio celebrado con la autoridad electoral, se brindará el respaldo del suministro eléctrico con 692 trabajadores operadores de las 333 plantas de emergencia en los inmuebles que el INE determinó como estratégicos para vigilar el desarrollo de la jornada electoral.

Adicionalmente, la CFE apuntó que “dará seguimiento durante todo el proceso electoral hasta su conclusión, y dará prioridad, en caso de que se presente algún evento en el suministro eléctrico, en los inmuebles involucrados en esta jornada”.

Adelantó que se mantiene en estrecha coordinación con las autoridades electorales en todos los órdenes de Gobierno, así como con Protección Civil, y los gobiernos estatales y municipales, para la atención de cualquier eventualidad con el fin de dar certidumbre al desarrollo de la jornada.

El aviso de la CFE llega luego de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró por varios días al sistema eléctrico del país en ‘Estado Operativo de Alerta’ y en dos ocasiones la emergencia en el sistema eléctrico, la más reciente el pasado 9 de mayo.

El martes 7 de mayo, la red eléctrica registró alertas y estados de emergencia, lo que provocó apagones en 16 de los 32 estados del país debido a la salida de operación de varias plantas generadoras, mientras que el miércoles 8 se mantuvo en alerta.

Ante esta situación el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que existe un déficit en la generación de electricidad ante los apagones masivos intermitentes que ocurren por la onda de calor y dijo que era “un asunto transitorio”.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, confirmó la noche de ayer la muerte de ocho trabajadores mexicanos agrícolas, tras la volcadura de un autobús que transportaba a 53 personas en el condado de Marion, en Florida, Estados Unidos.

“Con pesar, confirmo muerte de 8 trabajadores agrícolas por accidente en Florida; mexicanos, hombres, con Visa H-2A”, apuntó Bárcena en un mensaje en redes sociales.

“De 44 accidentados, 7 están hospitalizados. Nuestro cónsul Juan Sabines y la SRE brindará todo el apoyo a nuestros connacionales y sus familias”, agregó la canciller.

Los primeros reportes indicaron que al menos ocho personas habían muerto y más de 40 fueron hospitalizadas tras un accidente que involucró un autobús que transportaba a trabajadores agrícolas, presumiblemente inmigrantes, en el condado de Marion (Florida), según informó la Patrulla de Carreteras estatal.

Unos 53 trabajadores viajaban en un autobús en la carretera más importante del condado de Marion, en el norte de Florida, rumbo a la granja Cannon Farms, especializada en el cultivo de sandías.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras (FHP) de Florida, el accidente ocurrió poco antes de las 6:40 hora local cerca de Ocala, al norte de Tampa, cuando el autobús chocó de lado con una camioneta que venía por el carril contrario.

Como resultado del impacto, el autobús se salió de la carretera, atravesó una valla y se volcó de costado, señalaron las autoridades.

Imágenes del canal Fox mostraron el autobús volcado al lado de una cerca de madera y árboles, con considerables daños en su chasis, al igual que la camioneta.

La FHP confirmó la muerte de ocho personas y señaló que unas 40 más fueron trasladadas a centros médicos.

Inicialmente se informó que el conductor de la camioneta había sido llevado al hospital en condición grave.

Las autoridades señalaron que la mayoría de los trabajadores agrícolas que viajaban en el autobús eran migrantes. En tanto, el Gobierno de México confirmó que había connacionales dentro de las víctimas.

Más tarde, la Patrulla de Carreteras de Florida arrestó al conductor de la camioneta que se estrelló contra el autobús de trabajadores agrícolas, por cargos de homicidio involuntario y conducir bajo los efectos del alcohol.

Bryan Maclean Howard, que manejaba una camioneta Ford que se estrelló de lado contra el autobús fue acusado de ocho cargos de homicidio involuntario, informó el FHP en un comunicado.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró lo informado por la cancillería, confirmando que perdieron la vida ocho mexicanos que, dijo, fueron a trabajar contratados por un empresario, con visas de trabajo temporal.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este lamentable caso desde que se conoció; hay dos cónsules, el de Miami y el de Orlando, dos consulados atendiendo a nuestros paisanos. Hay siete heridos y otros que están, según me reportan, fuera de peligro. En total 44 mexicanos trabajadores jornaleros agrícolas” afectados, dijo.

Un total de 727 trabajadores del Gobierno federal y el sector público presentaron ayer el primer amparo contra el Fondo de Pensiones del Bienestar, que el miércoles entró en vigor con la firma del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El miércoles, entraron en vigencia las reformas que dan origen al Fondo de Pensiones del Bienestar, que mediante un decreto hizo oficial López Obrador y con el que busca asegurar una jubilación del 100% para los trabajadores que comenzaron a cotizar en 1997 con tope en el salario promedio del IMSS, que es de casi 17,000 pesos.

La primera acción legal contra la reforma a las leyes que crean el nuevo fondo de pensiones fue presentada a través de la firma Trusan & Roma Abogados, despacho que dio a conocer sobre la demanda de amparo a través de sus redes sociales.

“Las 727 personas que pertenecen, tanto al sector privado como al sector público (…) están presentando esta demanda de amparo, porque afecta la forma en como ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras (de fondos para el retiro, afores)”, mencionaron los litigantes en un video publicado en redes sociales.

La firma de abogados mencionó que la reforma a las leyes que dan vida al nuevo fondo de pensiones “es inconstitucional, toda vez que es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica”.

Los abogados de la firma también anunciaron que no será la primera demanda que presenten; anticiparon que en las próximas semanas cientos de trabajadores del Estado se unirán a un nuevo amparo colectivo en contra de la reforma impulsada por Morena y López Obrador.

“Anunciamos que en las próximas semanas cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la Guardia Nacional (GN), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y varias dependencias federales más procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados”, añadieron.

Y es que la reforma busca administrar los recursos de cuentas inactivas en las afores de personas con más 70 años en caso de trabajadores del sector privado y de 75 en el público que no se han reclamado.

En ese sentido, la oposición ha anticipado que presentará acciones de inconstitucionalidad contra la reforma que entró este 1 de mayo, al considerar que el Gobierno mexicano quiere robarse ese dinero para sus propios fines.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que la reforma sobre las Afores que se discute en el Congreso, no es para robar o expropiar los recursos de los trabajadores; y al contrario, dijo, busca que no prescriba el derecho a reclamar su dinero.

“(Dicen que) o nos robamos las afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Nada de eso, al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores no para perjudicarlos”, sostuvo el presidente.

López Obrador se refirió a la iniciativa que discute la Cámara de Diputados para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40.000 millones de pesos que busca que el Estado garantice el pago de jubilaciones con 100% del último sueldo.

La oposición ha denunciado que la propuesta es un “saqueo” porque los recursos del fondo provendrán de personas inactivas de más 70 años que han laborado en la economía formal en el sector privado del país, y de 75 años si han trabajado en el Gobierno, que no han reclamado su dinero de las Afores.

La reforma, que solo necesita una mayoría simple en el Congreso, busca que el Gobierno de López Obrador cree este fondo antes de conseguir la reforma constitucional, que propuso el pasado 5 de febrero y que requiere dos tercios de los legisladores, para establecer como derecho una pensión del 100% al jubilarse.

Sobre las cuentas inactivas de trabajadores mayores de 70 años que no han sido reclamadas aún, el mandatario dijo este viernes que lo que se quiere es que no prescriba su derecho a reclamar el dinero, aún pasando los recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar.

“(No prescribe) es una palabra que significa que el que tiene un depósito, por poco que sea, va a tener siempre el derecho a reclamarlo no pierde el derecho y esa es la clave de todo. Por eso nadie se puede robar la pensión”, aclaró el presidente.

AMLO también detalló que la instancia adecuada para cuidar los recursos de las Afores es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que puede garantizar que si el trabajador reclama esa pensión se le entregue.

Y aclaró que el Fondo será administrado por el Banco de México (Banxico).

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, explicó las fuentes de financiamiento para el Fondo de Pensiones; SE incluye 75% de los ingresos por incautaciones; ingresos derivados de la extinción de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Además, 25% provendrá de las utilidades de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina, adeudos de entes públicos ante el Sistema de Administración Tributaria y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) y recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las Afores.

“Las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos de que sus ahorros en las Afores son, prácticamente, intocados”, dijo Bolaños.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió este martes que siete empleados de la ONG, World Central Kitchen (WCK) del chef hispano-estadounidense José Andrés, murieron en un bombardeo israelí “no intencional” en Gaza.

“Lastimosamente ayer (lunes), se produjo un trágico incidente, nuestras fuerzas golpearon de forma no intencional a inocentes en la Franja de Gaza”, declaró Netanyahu desde el hospital donde fue operado el domingo por una hernia.

“Esto sucede en una guerra (…), estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no se vuelva a producir”, añadió el primer ministro israelí.

Las siete víctimas trabajaban para la ONG World Central Kitchen, con sede en Estados Unidos, que ha estado entregando ayuda alimentaria por mar desde Chipre a Gaza.

La organización anunció tras el ataque que “interrumpe operaciones” en el territorio palestino, sumido en una devastadora guerra desde hace casi seis meses.

Las víctimas son originarias “de Australia, Polonia, Reino Unido, uno con doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá, y Palestina”, detalló WCK.

El portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, indicó que habló con el famoso chef fundador de WCK, José Andrés, para expresarle su “más sentido pésame”.

Añadió que la investigación sería llevada a cabo por el Mecanismo de Evaluación e Investigación de Hechos del Ejército israelí y que “compartiremos nuestros hallazgos de forma transparente”.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, “revisará personalmente los resultados de la investigación inicial esta noche”, dijo un portavoz del Ejército.

Dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) desaparecieron mientras se dirigían a Guerrero a investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron y ya se está llevando a cabo la búsqueda”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

La última vez que fueron vistos los agentes fue el domingo en Cuernavaca, Morelos, donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas informativas de Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares.

Aunque algunos medios reportaron que los oficiales investigarían el homicidio de Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal de Ayotzinapa asesinado la semana pasada en un retén de la Policía de Guerrero, López Obrador comentó que indagaban el caso de los 43 jóvenes de esa escuela que desaparecieron en septiembre de 2014.

“Esto (ocurre), debe saberse, en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes”, manifestó el presidente.

“Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieren impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr”, enfatizó el mandatario.

La tensión entre el López Obrador y las familias y estudiantes de Ayotzinapa ha aumentado. Protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Los estudiantes de Ayotzinapa derribaron el miércoles pasado una puerta del Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados.

El jueves, se reportó el asesinato de otro normalista de Ayotzinapa, que participaba en estas protestas. En un primer momento, se informó que dos estudiantes viajaban en un auto robado, armados, cuando pasaron por un retén de la policía estatal de Guerrero.

Al marcarles el alto, y no acceder, comenzaron a agredir a los oficiales por lo que los policías habían abierto fuego contra ellos, dejando sin vida a uno de los estudiantes que viajaban en la camioneta. El otro resultó herido.

Sin embargo, ahora se sabe que los jóvenes no viajaban armados y no atacaron a los policías. Incluso el presidente llegó a reconocer que hubo un abuso de autoridad por parte de los elementos de la policía. El mandatario anunció que se llevarían a cabo las investigaciones y se castigaría a los responsables, quienes dijo, estaban detenidos.

López Obrador confirmó esta mañana que el agente de la policía que presuntamente mató al estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa, se fugó ayer poco antes de que se concretara una orden de detención.

“Ayer el presunto responsable del asesinato del joven normalista de Ayotzinapa se fugó”, dijo el presidente López Obrador.

Según lo relatado por el mandatario, el agente se encontraba en arresto administrativo a falta de que las autoridades del estado de Guerrero lo entregaran a la Fiscalía de México, quien atrajo la investigación a petición del Gobierno federal.

“Se había dado la instrucción de que se le arraigara. Se estaba a la espera de la orden de aprensión pero le avisaron o decidió fugarse”, añadió López Obrador que ha garantizado a los familiares del estudiante fallecido que “no va a haber impunidad” con este caso. Incluso dijo que todo indicaba a que hubo actos de complicidad.

AMLO prometió que el Estado hará todo lo que esté en sus manos para resolver la situación, y advirtió que este caso sirve para evidenciar que “hay muchos intereses” cruzados y “hay quienes no quieren que se haga justicia” aunque solo sea por perjudicar al Gobierno en un año electoral.

Detalló que las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para dar con el paradero del agente fugado, y ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana tanto de Ayotzinapa como de todo Guerrero. “Necesitamos detenerlo”, recalcó.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) le da a Morena mil millones de pesos para financiar la campaña electoral del 2024.

Fue el pasado miércoles cuando el Pleno aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que extingue el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, No Sectorizado, Notimex.

Se abrogó la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2006.

La diputada del PRI, Cynthia López Castro, aseguró que la desaparición de la agencia representa un retroceso y atenta contra los derechos de los trabajadores, dejando a muchas familias sin protección, salario ni respaldo económico.

Además, cuestionó el cinismo para destinar 237 millones de pesos de presupuesto para 2024, pero como está en huelga, desde el 2020 no se han utilizados esos recursos.

Sostuvo que eliminar Notimex tiene indicios de inconstitucionalidad, porque transgrede el derecho de acceso a la información garantizado por el Estado, y muestra que no se trata de un conflicto laboral sino político que viola la reforma laboral que ellos hicieron, donde se garantizaba el derecho a huelga.

La priista cuestionó sobre lo que los morenistas van a hacer con los mil millones de pesos que no se utilizaron. “Los quieren para financiar sus campañas, entonces mejor destínenlos a Acapulco”.

López Castro mostró su respaldo a la líder sindical y a todos los empleados que se quedarán a la deriva, debido a las diferencias que han tenido con el gobierno por denuncias de maltrato, violencia de género e incumplimiento con el contrato colectivo, entre otras problemáticas.

En el dictamen aprobado, que deriva de una iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, precisa entre otras cosas, que Notimex conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación respectivo, en términos de las disposiciones administrativas y presupuestales aplicables.

El proceso de liquidación quedó a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), que fungirá como liquidador único del Gobierno Federal, para lo cual se le otorgan facultades para actos de administración, pleitos y cobranzas, y de dominio; para suscribir u otorgar títulos de crédito, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un eficiente proceso de liquidación.

Se precisa que la Secretaría de Gobernación debía establecer las bases para llevar a cabo la liquidación, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, mientras que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debía designar representantes, para que, de manera colegiada, acuerden sobre las condiciones de liquidación de los trabajadores y vigilen su cumplimiento.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció este miércoles que espera votar la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas, antes del próximo 15 de diciembre, cuando finaliza el actual periodo ordinario de sesiones.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que “sí hay posibilidad” de aprobar la reforma en este periodo.

“Esa es la intención que Morena ha tenido desde que presentamos la iniciativa”, aseguró.

Y es que la iniciativa ha levantado gran polémica, pues el cambio supondría modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer dos días de descanso obligatorios a la semana por cada cinco trabajados.

Hasta ahora, legisladores de Morena, al igual que algunos de los opositores Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han manifestado su apoyo a la reforma.

Pero la iniciativa afronta un camino complejo porque, por ser constitucional, requiere la mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados y el Senado, así como el aval de la mayoría de los 32 congresos estatales.

Mier señaló que se recibieron las conclusiones y los libros blancos del Parlamento Abierto que se realizó la semana pasada en materia de la reducción de la jornada laboral, un paso necesario para continuar los trámites legislativos.

Finalmente, recordó que “queda abierta la posibilidad” de que tanto los grupos parlamentarios como los diputados “puedan seguir enviando inquietudes o aportaciones” sobre la reforma, que afronta resistencias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien dijo que no era el momento para aplicar dicho cambio.

Recordemos que México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) donde los trabajadores laboran más horas, con casi 2,140 al año, según el organismo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estaría proponiendo un incremento del 12.8% en el salario mínimo, cuya discusión anual comienza cada noviembre.

De concretarse la propuesta de la patronal, que reúne a más de 36,000 empresas que en conjunto aportan un tercio del PIB, el sueldo mínimo alcanzaría un incremento del 100% en la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Consideramos que es un avance muy importante el que México pueda competir por talento y no por tener salarios mínimos muy bajos”, expresó Medina Mora, presidente de la Confederación en entrevista con la agencia Efe.

El líder empresarial detalló que la propuesta consiste en un alza del 4.6% por la inflación esperada al cierre del año más dos puntos porcentuales hasta un 6.6%, así como un porcentaje por concepto de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) para alcanzar un aumento de 26.55 pesos.

Con esta propuesta, el salario mínimo por ley pasaría de 207.44 pesos al día actuales a casi 234 pesos, es decir, un sueldo mensual de 7.020 pesos.

Desde 2019, el primer año completo de la presidencia de López Obrador, el salario mínimo ha presentado aumentos anuales de doble dígito, primero de 16%, luego un 20% en 2020, un 15% en 2021, otro 22% en 2022, y 20% en este 2023.

El líder empresarial recordó que la discusión inicia este noviembre en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), en la que se define este aumento entre el sector patronal, el Gobierno y los trabajadores.

Al respecto, López Obrador ha anticipado un incremento “considerable”, mientras líderes sindicales han adelantado a algunos medios su intención de buscar un aumento del 25%.

Por otro lado, el líder de la Coparmex reconoció que la meta planteada desde el sector patronal y gubernamental, sobre que el salario mínimo sea suficiente para satisfacer la línea del bienestar familiar, se ha retrasado hasta 2026.

Señaló que este supuesto, en el que dos ingresos alcanzan para cubrir las necesidades de cuatro integrantes en un mismo hogar, ya es una realidad en la zona fronteriza con Estados Unidos, donde el salario mínimo es mayor al del resto del país, por ley.

Finalmente, la Coparmex afirmó que “no es el momento” de aprobar la reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, y que se discute el Congreso, pues dijo, empeoraría los costos que ya afrontan las empresas por los aumentos del salario mínimo y las vacaciones.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excuse de participar en la discusión de las controversias constitucionales relacionadas con la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El morenista dijo que esta abstención es crucial, ya que los fideicomisos están vinculados a recursos significativos en los cuales los ministros y magistrados de la SCJN son beneficiarios directos.

Igualmente, explicó que “estamos trabajando en la preparación de una solicitud, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la Junta de Coordinación Política instruya al abogado de la Cámara de Diputados a defender la soberanía que corresponde al Poder Legislativo”.

El coordinador parlamentario hizo hincapié en que, al igual que el Poder Judicial exige el respeto a su independencia y autonomía, “nosotros también exigimos que el control presupuestal que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados sea respetado por el Poder Judicial”.

Mier Velazco recordó que Arturo Zaldívar se excusó cuando se analizaba el artículo décimo transitorio tercero, que planteaba la posibilidad de extender su mandato como presidente de la SCJN y de la Judicatura Federal.

El llamado de Ignacio Mier llega luego de que ayer se confirmara que un grupo de trabajadores y jubilados del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentara el primer amparo en contra de la eliminación de los fideicomisos en cuestión.

Trusan y Roma Abogados, firma de litigio constitucional, administrativo y de servidores públicos. informó en redes sociales que presentaron el primer amparo a nombre de 761 trabajadores y jubicados, ante los juzgados del primer distrito en materia administrativa.

“Este es el primer amparo que se presenta en todo México, y esperamos que a más tardar el próximo viernes de esta semana tengamos la admisión y la suspensión de las normas que se están impugnando”, dijo el abogado.

El recurso legal cuestiona la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan derechos adquiridos para los empleados, tales como jubilaciones, servicios médicos complementarios y recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y del trabajo.

El equipo legal a cargo del caso negó que la desaparición de los fideicomisos afecte solo a altos funcionarios como lo ha dicho el presidente y diversos líderes de Morena.

Luego de que el Senado avalara la extinción de fideicomisos que hasta ahora manejaba el Poder Judicial (PJ), el Sindicato de Trabajadores determinó ampliar el paro nacional que había sido declarado hasta ayer 24 de octubre.

En asamblea urgente celebrada la noche de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional y los 67 secretarios de los comités locales avalaron la extensión del paro, que se acordó, sea hasta el próximo domingo 29 de octubre, reconociendo que los trabajadores que deseen seguir laborando estarán en su derecho.

Recordemos que los trabajadores se han manifestado desde hace varios días en distintas ciudades del país, las mayores movilizaciones en la Ciudad de México en diversos centro de trabajo, así como en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Los trabajadores aseguran que lo que está en juego no son privilegios, sino sus derechos. El líder sindical, Jesús Gilberto González Pimentel, aseguró que todos se sentían “agredidos” por la acción y que, como sindicato, darían acompañamiento a los amparos colectivos que se presentarán.

La reforma, ya aprobada en ambas Cámaras, fue remita al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que cuando suceda, entrarán en vigor los cambios al día siguiente.

El Poder Judicial ha señalado que suprimir los fideicomisos afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55,000 trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo.

Asegura también que si hay reducción de fondos se verá afectado el trabajo de los tribunales y por tanto el acceso a la justicia de todos los mexicanos.

La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva. El presidente lo considera un sector marcado por la corrupción y lleno de privilegios; considera que sus miembros son parte de lo que llama la “mafia del poder”.

El hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración hayan sido echadas para atrás en los tribunales, ha incrementado el enfrentamiento. López Obrador incluso ha llegado a proponer que los jueces, ministros y magistrados, sean elegidos en elecciones populares.

El cruce de críticas, acusaciones e incluso insultos ha ido en aumento a lo largo de su gobierno, en particular desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte; hasta finales de 2022 la Corte estaba liderada por un magistrado más afín al gobierno, Arturo Zaldívar.

Foto: Twitter @XochitlGalvez

Por segundo día consecutivo, Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) volverán a manifestarse este martes en 18 puntos de la capital, correspondientes a los centros de trabajo que tienen, para exigir se respeten sus derechos laborales, esto ante la iniciativa que se discute en el Congreso sobre la extinción de 13 fideicomisos.

Y es que los trabajadores aseguran que con la desaparición de los fideicomisos que Morena y partidos aliados impulsan, se verán afectados sus salarios y prestaciones. Desde ayer convocaron a un paro de labores.

Alrededor de 54 juzgados y tribunales federales suspendieron sus labores de manera oficial en la Ciudad de México, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF y el Colegio de Secretarios y Actuarios, replicaron el paro en el resto de las entidades del país.

Las protestas que afectarán la circulación y colapsarán vialidades centrales este martes, son las siguintes:

1.- San Lázaro (Eduardo Molina No. 2, Col. Del Parque)
2.- Instituto de la Judicatura Federal (Sidar y Rovirosa No. 236, Col. Del Parque)
3.- Edificio sede en Insurgentes Sur (Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel).
4.- Edificio Prisma (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel)
5.- Edificio Florida (Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida)
6.- Edificio Ajusco 170 (Picacho Ajusco No. 170 Col. Jardines en la Montaña)
7.- Edificio Ajusco 200 (Picacho Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña)
8.- Edificio Reclusorio preventivo Norte (Jaime Nunó No. 175, Col Cuautepec Barrio Bajo Zona Escolar)
9.- Edificio Reclusorio preventivo Sur (Circuito Antonio Martínez Castro y Javier Piña y P, ubicado en Col. San Mateo Xalpa)
10.- Almacén General Antiguo (Antiguo Camino Culhuacán No. 202, Col. Santa Isabel Industrial)
11.- Edificio Anexo Revolución (Av. Revolución No. 1886, Col. San Ángel)
12.- Edificio Revolución 1508 (Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn)
13.- Edificio Revolución 1340 (Av. Revolución No. 1340, Col. Guadalupe Inn)
14.- Edificio Periférico Sur (Blvd. López Mateos No. 1950, Col. Tlacopac)
15.- Edificio Las Flores (Blvd. López Mateos No. 2321, Col. Tlacopac)
16.- Torre Zafiro II (Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal)
17.- Edificio Canoa (Canoa No. 79, Col. Tizapan San Ángel)
18.- Instituto Federal de Defensoría Pública (Bucareli No. 22 y 24, Col. Centro)

Al respecto, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, desafió a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a demostrar que extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación afecta a los trabajadores.

“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman 6 mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”.

El morenista acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de estar utilizando a los trabajadores para defender sus interés, lo que consideró es una mala estrategia pues insistió en que la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral o contraprestación de los trabajadores.

“Que le digan realmente la verdad a los 55 mil 800 trabajadores, si alguno de los fideicomisos, que son por más de 9 mil millones de pesos, está vinculado a los derechos laborales y sociales adquiridos por ellos. Es falso”, manifestó.

Mier Velazco expresó que la iniciativa busca acabar con estos mecanismos utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “no es con ellos (trabajadores), ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios, a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo”, dijo.

El mandatario pidió a los trabajadores no dejarse engañar por los de arriba, pues aseguró que lo que se propuso en el Congreso fue quitarle privilegios a los altos mandos.

“No se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones (…) que les pregunten a los trabajadores del poder Ejecutivo, a quién se le redujo el sueldo, a quién se le quitaron prestaciones”, dijo.

En ese sentido, coincidió con lo expuesto por Mier Velazco y llamó a que no se use o manipula a los trabajadores, pues dijo, ellos mismos se dan cuenta de cómo están las cosas al interior del Poder Judicial, con los privilegios de los ministros, entre los que mencionó sus servicios de chóferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para mejoras en sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, entre otros.

Dijo que son esos lujos con esos sueldos que en general van de los 600 a 700 mil pesos mensuales lo que están defendiendo los de arriba. Añadió que los 15,000 millones de pesos en privilegios que se buscan recuperar a través de los fideicomisos, se podrían entregarían en becas a estudiantes de primaria, beneficiando a más de 2 millones de niños pobres.

Sobre una de las imágenes que se viralizó ayer de las protestas, López Obrador dijo que “no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLITO, no importa; no me importa nada, porque está como cuando insultan”, remató.

Luego de que Morena y aliados aprobaran en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obligará a extinguir 13 fideicomisos, equivalente a poco más de 15 mil millones de pesos, las reacciones no se hicieron esperar.

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, aseguró que ninguno de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial está sujeto a los fideicomisos que se considera extinguir en el dictamen que se aprobó, tal como lo ha señalado el propio Poder Judicial y diversos miembros de la oposición.

El diputado explicó que de los nueve mil millones de pesos que se catalogan para compensación a pensiones sólo se utilizan 75 millones; el resto es un instrumento opaco, y se desconoce cuánto genera en rendimientos.

Mier Velazco acusó que en los últimos ocho años los subejercicios del Poder Judicial sumaron 60 mil millones de pesos, mismos que no se reintegraron a la Tesorería. “Solamente el año pasado, del presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, tuvieron economías presupuestales o subejercicio por mil 500 millones de pesos”.

Al respecto, la Suprema Corte emitió un posicionamiento en el que dijo que la extinción de los fideicomisos “SÍ afecta los derechos laborales de las y los trabajadores” del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado”.

Afirmó que los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros.

Aclaró que el personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos; por ello, reiteró que la extinción de fideicomisos sí limita la operatividad del Poder Judicial y, con ello, el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.

Además, dijo que la extinción de otros fideicomisos afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano.

La Corte defendió que la administración de los fideicomisos es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa aprobada no significa una mejora en este rubro.

En ese sentido, del lado de la oposición, Alejandro Moreno, diputado del PRI y dirigente nacional del partido, dijo que su bancada buscará una propuesta responsable para que el dictamen, aprobado en comisiones, que cancela fideicomisos del Poder Judicial, no afecte los derechos adquiridos de las y los trabajadores, así como el funcionamiento de este poder autónomo.

“Lo que no podemos permitir y lo que sí vamos a señalar es que no se puede, a capricho de nadie, querer ahorcar administrativamente, en este caso al Poder Judicial, porque no se somete al Poder Ejecutivo”, indicó.

Alito Moreno destacó que hay derechos adquiridos de los más de 50 mil trabajadores que están en el Poder Judicial; “necesitamos garantizar el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto, el día a día, lo que hacen los trabajadores.

El priista consideró que querer controlar a otros Poderes es un paso regresivo, síntoma de autoritarismo. “Hay que decirle al Poder Ejecutivo que el Legislativo y el Judicial somos un poder, no somos empleados y tenemos que levantar la voz porque así empiezan a dar pasos a los gobiernos autoritarios.

Finalmente, quien también se subió al tema fue el dirigente nacional de Morena, quien celebró que, con la aprobación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la iniciativa que desaparece los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), se dé un paso más para “erradicar estas figuras que sólo se han utilizado para financiar privilegios de unos cuantos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México”.

“Esta iniciativa es un acto de congruencia política y ética; no puede haber jueces y magistrados derrochando el dinero público cuando hay millones en la pobreza”, dijo Mario Delgado.

Mario Delgado confió en que, con el apoyo de las y los diputados de la Cuarta Transformación, el dictamen será aprobado la próxima semana en el Pleno.

Al respecto, Ignacio Mier aseguró que las modificaciones aprobadas en Comisión se prevén discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 17 de octubre.

Una imagen inédita se ha viralizado en redes sociales: la de un presidente de Estados Unidos en funciones, Joe Biden, junto a trabajadores del sector automotor en huelga en el estado de Michigan para expresarles su apoyo y decirles que merecen el aumento salarial que exigen.

Con una gorra de béisbol y megáfono en mano, el demócrata se dirigió a los obreros del sindicato de los Trabajadores del Automóvil Unidos (UAW) y reconoció “los sacrificios” realizados por ellos para salvar la industria en 2008.

Biden, en campaña por su reelección en 2024, cerró filas con el sindicato que se enfrenta a los tres gigantes del sector, General Motors, Ford y Stellantis.

Biden consiguió robar protagonismo a su predecesor, Donald Trump, favorito para la nominación republicana a las presidenciales y por lo tanto su posible rival electoral. Lo hizo adelantándose un día a Trump, quien acudirá mañana a Michigan para intentar convencer a los obreros de que le ayuden a volver la Casa Blanca.

El republicano acusa al demócrata de haberle robado la idea para hacerse una foto. “Nada más que una mala sesión fotográfica”, lo resumió el portavoz de Trump, Jason Miller.

Biden quiere demostrar que es el defensor de la clase obrera, de los sindicatos y artífice del resurgimiento de la industria estadounidense. Es consciente de que el conflicto en esta industria clave puede costarle caro a la economía estadounidense.

Aun así estima que los empleados deben beneficiarse de las “ganancias récord” de las empresas.

El apoyo a los sindicatos es una seña distintiva de su mandato. En 2020, el respaldo del UAW a su candidatura fue esencial para que el estado de Michigan se pronunciara en su favor luego de votar por Trump en 2016.

Pero a sus 80 años, el presidente enfrenta una serie de críticas por su estado de salud y físico, que ha quedado evidenciado en cada una de sus apariciones públicas.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, sobre la campaña de reelección de Biden y las críticas que recibe tanto de los republicanos como desde el partido demócrata.

Un año después del accidente donde 10 mineros quedaron sepultados en la mina El Pinabete, en Coahuila, aún queda pendiente la recuperación de los cuerpos, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometido se conseguirá a más tardar diciembre de este año.

“El Gobierno de México se mantiene al frente de las acciones para concluir la excavación del tajo a cielo abierto y, con ello, iniciar la recuperación de los trabajadores”, señalaron en un comunicado conjunto la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Las autoridades indicaron que este jueves se realizó una ceremonia luctuosa para recordar a los mineros que murieron el 3 de agosto de 2022 en la mina de carbón, El Pinabete.

Recordaron que a partir del accidente, se procedió a apoyar a las familias de los 10 mineros con un campamento con servicios básicos y un área hospitalaria “donde se les dio acompañamiento e información de manera permanente”.

Además, dijeron que durante los primeros 10 días de septiembre de 2022 se les otorgó una indemnización económica y se pidió su consentimiento para iniciar con el programa de recuperación de los cuerpos, que las familias de los mineros concedieron.

Detallaron que los trabajos se mantienen las 24 horas, los 7 días de la semana, para el retiro de escombros y realizar las actividades de rescate de los cuerpos. “Se han excavado y retirado más de 2.5 millones de metros cúbicos de suelo y roca”, destacaron.

Las autoridades habían reportado en abril pasado un avance del 54% en los trabajos de rescate para recuperar los cuerpos de los 10 mineros atrapados.

Tras el incidente, el presidente López Obrador prometió recuperar los cuerpos en unos meses, pero en junio pasado reconoció que el proceso tardaría hasta 2024. Sin embargo, a inicios de año, en uno de sus conferencias matutinas, indicó que se lograría en diciembre de este año.

“Diciembre del 23 estamos pensando el rescate, de acuerdo al programa están trabajando, es que es constante”, dijo AMLO en febrero pasado.

El derrumbe de El Pinabete reactivó la polémica por la actuación de las mineras en la región carbonífera, donde se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería, de acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina de ese nombre.