Tag

trabajadores

Browsing

El gobierno federal se comprometió a que haya una «elección libre» en la votación del nuevo dirigente del sindicato de Pemex, que está prevista que se lleve a cabo el próximo 31 de enero.

«La gran diferencia de antes y ahora es que son los trabajadores los que van a definir, los que van a decidir. ¿Qué pasaba anteriormente? El Gobierno imponía a los líderes sindicales», dijo la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Y es que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tiene pendiente la renovación de su dirigencia desde 2019, cuando Carlos Romero Deschamps, renunció en medio de investigaciones de la Fiscalía por delitos de corrupción.

La elección se realizará el 31 de enero y será la mayor elección en la que se aplicarán las nuevas reglas de la reforma laboral de 2019 del gobierno de López Obrador, que garantiza que los comicios se realicen con voto libre y secreto, y con la inspección de la Secretaría de Trabajo para evitar cualquier práctica irregular.

El STPRM ya ha renovado sus 36 secciones a lo largo de 2021, en donde, por primera vez, la oposición ganó en cuatro. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto esta mañana por Alcalde, durante el proceso de renovación se han recibido 772 inconformidades, de las cuales 4 se resolvieron con la repetición de los comicios.

En la votación participarán 89,000 trabajadores en una plataforma electrónica desarrollada por la Secretaría. Los requisitos para los candidatos son ser socio activo y tener al menos 10 años de antigüedad en la empresa. Hasta ahora más de 50 mil trabajadoras y trabajadores petroleros se han registrado a la plataforma para poder emitir su voto.

Luego de las denuncias que han aparecido en redes sociales, donde trabajadores acusan a sus empresas de obligarlos a pagar una prueba COVID como condicionante para laborar, la Secretaría del Trabajo federal indicó que esto no debe ser así.

«De acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas COVID-19, como requisito para ingresar a los centros de trabajo. En ningún caso se debe trasladar el costo de las pruebas a los trabajadores», dijo la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.

La Secretaría recordó a los y las trabajadoras que no deben acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con COVID-19, pues hacerlo implicaría un riesgo potencial de contagio para otras personas.

Y es que además de las quejas que se han presentado sobre el pago de las pruebas, los trabajadores se enfrentan a la escases de éstas y al alto costo en laboratorios privados. Se ha reportado que incluso personas han pernoctado a las afueras de los kioscos que se habilitaron por parte de los gobiernos locales, para alcanzar una prueba.

Recordemos que el gobierno federal y algunos locales han dicho que más allá de buscar una prueba, lo importante es que si se presentan síntomas, lo preferible es comenzar un aislamiento, con el fin de evitar contagios.

En ese sentido, en días pasados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el “Permiso COVID-19. Versión 3.0”, ante el incremento de contagios del virus SARS-CoV-2, derivado de la alta contagiosidad de la variante Ómicron.

«Esta realidad está afectando notablemente a los trabajadores y a las empresas afiliadas al IMSS, y a la capacidad de respuesta de las unidades médicas encargadas de la gestión de las incapacidades», reconoció la Institución.

Señaló que la presencia de los trabajadores con síntomas en las empresas incide desfavorablemente en la salud de sus compañeros y en el ciclo productivo, además de que su desplazamiento, así como el tiempo de espera para acreditar su condición en los establecimientos médicos, no es benéfico para la población en general.

Por ello, el “Permiso COVID-19. Versión 3.0” permitirá que con base a una aplicación digital o en la página web del IMSS, se responda un cuestionario de síntomas, historial de vacunación y padecimientos preexistentes, lo que permitirá acceder al “Permiso COVID-19”, asimilable a una incapacidad hasta por 7 días y recibir el pago correspondiente en su cuenta bancaria.

El IMSS ya había hecho un llamado a las empresas a no pedir pruebas COVID con costo a los trabajadores para su regreso a los centros laborales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anuncio este martes el relanzamiento del llamado ‘Permiso COVID’, que permite a los trabajadores/derechohabientes tramitar su permiso laboral ante infecciones o sospecha de COVID-19, y romper las cadenas de contagio.

Zoé Robledo, director del IMSS, explicó que esta medida permite automatizar el trámite de incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social.

Con este Permiso “se protege al trabajador, se reducen los tiempos del trámite, se rompen cadenas de contagio y lo más importante, vamos a seguir demostrando que confiamos en la palabra de nuestros derechohabientes”, dijo Robledo a través de un video publicado en redes sociales.

Recordó que este trámite se puso en marcha en marzo de 2020, como una manera eficiente para reducir riesgos y romper cadenas de contagio, y ahora, ante el aumento de casos de COVID-19 por la nueva variante, Ómicron, se vuelve a reactivar.

El funcionario aclaró que a diferencia de como venía funcionando, esta vez el ‘Permiso COVID’ ya no está sujeto al semáforo epidemiológico y se lleva a cabo sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. Además, no será requisito obligatorio presentar prueba COVID.

La duración del permiso para quienes lo solicitan es hasta por 7 días para derechohabientes con síntomas, y de 5 días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva.

El director general del Seguro Social reconoció la efectividad de gestionar el permiso en línea, ya que con este mecanismo, al corte del 31 de diciembre de 2021, se otorgaron cerca de 200 mil permisos COVID-19, lo que equivale a 352 millones de pesos en subsidios.

Lo más relevante, añadió, es que se redujeron los traslados y se facilitó el cobro de la incapacidad y subsidios por este concepto, se depositaron directamente en la cuenta bancaria de los interesados y quienes realizaron sus trámites.

Decenas de millones de estadounidenses que trabajan en compañías de 100 o más empleados tendrán que vacunarse contra el COVID-19 a más tardar el 4 de enero o someterse semanalmente a pruebas del virus, esto de acuerdo a las nuevas reglas emitidas este jueves por el gobierno.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) dijo que las compañías que no cumplan con el mandato enfrentarían multas de casi 14,000 dólares.

Los nuevos requerimientos, anunciados inicialmente en septiembre por el presidente Joe Biden, serán aplicables a unos 84 millones de trabajadores en empresas medianas y grandes, aunque no está claro cuántos de esos empleados no están vacunados.

Se aplicarán reglas más estrictas a otros 17 millones de personas que trabajan en hogares de ancianos, hospitales y otras instalaciones que reciben fondos de los programas Medicaid y Medicare. Esos trabajadores no tendrán la opción de someterse a pruebas solamente y tendrán que ser vacunados.

Los trabajadores, sin embargo, podrán pedir exenciones por razones médicas o religiosas.

La publicación de las reglas sigue a semanas de revisión regulatoria y reuniones con grupos empresariales, sindicatos y otros. Las regulaciones forman la piedra angular de la gestión más activa de Biden hasta ahora para combatir la diseminación del coronavirus.

OSHA redactó las reglas bajo una autoridad de emergencia para proteger a los trabajadores de un peligro inminente. Altos funcionarios del gobierno dijeron que las reglas previenen conflictos con leyes u órdenes estatales, como aquellas que prohíben que los empleadores requieran vacunaciones, pruebas o el uso de mascarillas.

El requerimiento iba a entrar en vigor el 8 de diciembre, pero el gobierno dijo este jueves que será aplazado hasta el 4 de enero para coincidir con los requerimientos a otras empresas grandes y proveedores de atención médica.

Los trabajadores tendrán que recibir dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna o una dosis de la de Johnson & Johnson para ese día. Los trabajadores no vacunados deberán presentar un resultado negativo verificado al menos una vez a la semana y usar mascarillas en el trabajo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este jueves que la epidemia de COVID-19 habría matado entre 80 mil y 180 mil trabajadores sanitarios hasta mayo de este año en todo el mundo, e insistió en que se les debe dar prioridad en las campañas de vacunación.

«Estas estimaciones provienen de las 3.45 millones de muertes vinculadas al COVID-19 declaradas a la OMS en mayo de 2021; una cifra que, en sí misma, resulta ser inferior a la cantidad real de muertes», señaló la organización en un comunicado.

«Por eso, es fundamental que la vacunación de los profesionales sanitarios sea una prioridad», indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

Indicó que los datos de 119 países sugieren que, en promedio, dos de cada cinco profesionales de la salud en todo el mundo están completamente inmunizados.

Sin embargo, destacó que dichas cifras ocultan enormes diferencias entre regiones y sectores económicos. Señaló que en África, menos de 1 de cada 10 profesionales de la salud ha sido completamente inmunizado, mientras que, en la mayoría de los países con ingresos altos, más del 80% están vacunados con esquema completo.

La OMS ha hecho un llamado a todos los países para que velen por que todo el personal de la salud reciba la vacuna de manera prioritaria contra el COVID, junto con otros grupos en riesgo. En total, se calcula que haya 135 millones de profesionales de la salud en todo el mundo.

«Más de 10 meses después de la aprobación de las primeras vacunas, el hecho de que millones de trabajadores sanitarios aún no hayan sido vacunados es en sí mismo una condena a los países y empresas que controlan el suministro mundial de vacunas», afirmó el jefe de este organismo de la ONU.

Los trabajadores sindicalizados de la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato, rechazaron el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, en lo que ha sido considerado el primer gran desafío del nuevo tratado comercial de América del Norte, el T-MEC.

La votación, que inició este martes y concluyó ayer a las 22 horas, fue vista por los empleados como una forma de acabar con el control que ejercía el sindicato, que según ellos protegía los intereses de la empresa sobre los suyos propios, que hasta ahora recaía en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la central sindical obrera más grande del país.

De los 5,876 trabajadores que acudieron a las urnas, 3,214 votaron para rechazar el actual contrato laboral mientras que 2,623 personas votaron por mantenerlo, informó este jueves la Secretaría de Trabajo.

Se enfatizó que aún con el resultado, los trabajadores no perderán ningún derecho adquirido y conservarán las mismas prestaciones y condiciones laborales.

La consulta «contribuirá al desarrollo de futuros procesos de democracia sindical en el país», afirmó la dependencia, que accedió a interceder después de una votación inicial en abril en la planta, que fue suspendida por irregularidades detectadas, lo que ocasionó la queja del gobierno de los Estados Unidos.

La Secretaría del Trabajo enfatizó que la jornada de votación se llevó a cabo sin incidentes, y de manera continua por 34 horas.

Apuntó que se instalaron cinco casillas lejos de las oficinas administrativas y sindicales, y supervisadas en todo momento por personal de la STPS y observadores del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«La vigilancia de observadores invitados por la dependencia, demuestran el compromiso del gobierno por hacer valer la democracia sindical y el respeto a la voluntad de los trabajadores», dijo la STPS.

La votación abre la puerta para que los trabajadores busquen una nueva representación sindical y ha puesto a prueba las reglas laborales del T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado, y que reemplazó al TLCAN, que estaba vigente desde 1994.

Recordemos que entre otras cosas, el T-MEC busca fortalecer a los sindicatos y aumentar los salarios en el país, en parte para desincentivar el traslado de puestos de trabajo desde Estados Unidos o Canadá.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este miércoles que al 30 de abril pasado se tienen registrados 20 millones 070 mil 483 puestos de trabajo, de los cuales, el 85.6% son permanentes y el 14.4% son eventuales.

En el informe que se publicó respecto a los puestos de trabajo afiliados al Instituto, se indicó que durante abril se registró un incremento mensual de 44,774 puestos, equivalente a una tasa mensual de 0.2%.

Se resaltó que dicho crecimiento es superior a los meses de abril que presentaron Semana Santa, en los cuales se registra un incremento mensual promedio de 29 mil puestos de trabajo.

La cifra de puestos recuperados es menor a las registradas en meses pasados: 88,771 recuperados en marzo, 115,287 en febrero y 47,919 en enero.

El IMSS destacó que en lo que va del año se tiene una creación de plazas laborales de 296,751, que comparado con el año pasado por el impacto de la pandemia, se perdieron en el mismo periodo 493,746 empleos formales.

Debido a la pandemia, México perdió un millón 185 mil 024 empleos formales, entre el 13 de marzo y julio de 2020. Después recuperó 555,600, de agosto a noviembre, pero volvió a perder 277,820 en diciembre. La peor caída mensual en la historia del IMSS ocurrió en abril de 2020, cuando se perdieron 555,247 puestos formales, cuando el gobierno federal decidió suspender actividades no esenciales.

Los sectores económicos con crecimiento anual en puestos de trabajo son construcción con 10.8%, transformación con 3.5%, transportes y comunicaciones con 2.1% y el extractivo con 0.5%.

El IMSS detalló que por entidad federativa, destacan Tabasco, Nayarit y Baja California con crecimientos anuales por arriba del 6%.

De igual forma, al 30 de abril de 2021, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $427.7 pesos. Dicho salario representa un incremento anual nominal de 6.0%, que es el tercer más alto registrado para un mes de abril de los últimos diez años

Al cierre de abril, se tienen registrados ante el Instituto un millón 004 mil mil 265 patrones, que representa una tasa de variación anual de 0.3%; así, la variación mensual de abril es de 1,728 patrones. En lo que va del año se han inscrito 3,851 nuevos patrones.

México invocará al Tratado comercial que tiene con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, para garantizar la vacuna contra el coronavirus a trabajadores migrantes que están en territorio estadounidense, afirmó este miércoles el canciller Marcelo Ebrard.

Luego de que circularan versiones de que los trabajadores migrantes serían marginados para recibir la vacuna en Estados Unidos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que con el T-MEC existen disposiciones que salvaguardan las condiciones laborales de los trabajadores, con independencia de que sean o no originarios del país.

«¿Es un derecho laboral la vacuna? No, pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio. Aplicar la vacuna es una responsabilidad de cada uno de los países», declaró el funcionario durante la conferencia matutina.

El canciller explicó que en el artículo 23 del tratado comercial se cuidaron dos artículos que contienen disposiciones respecto a derechos laborales, las cuales asegurarán que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales.

Detalló que el artículo 23.8, en el que se reconoce la vulnerabilidad de trabajadores migrantes con respecto a las regulaciones laborales, indica que éstos deben ser protegidos conforme a los derechos laborales; mientras que el artículo 23.3 señala que cada parte asegurará que los trabajadores estén protegidos sean o no originarios del país donde laboran.

Por ello, aseveró, es responsabilidad de los dos países garantizar que los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, tengan acceso al antígeno. Indicó que cualquier exclusión a trabajadores mexicanos es una violación al tratado de libre comercio.

Ebrard precisó que así como sindicatos de Estados Unidos han advertido que a partir del 21 de enero estarán pendientes del cumplimiento de la legislación laboral en México, el Gobierno mexicano vigilará y, en su caso, emprenderá acciones en el marco del tratado.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el aumento que la Conasami autorizó para el salario mínimo en 2021. Se le preguntó sobre la posición del sector empresarial, ya que una parte no estuvo de acuerdo con dicho aumento.

El sector empresarial, a través de la Coparmex, advirtió que dicho aumento podría significar la pérdida de empleos, incluso calificaron el aumento como una medida incluso irracional.

«Bueno, no se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos. No estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores y estuvo de acuerdo también el gobierno», justificó AMLO. 

Añadió que aunque no hubo consenso de las tres partes, no fueron «muchas las diferencias» que se plantearon. Reconoció que el sector empresarial hizo un ofrecimiento sobre el aumento que ellos consideraban sería viable, sin embargo, los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. 

El mandatario dijo que se debe de tener presente que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal, y por eso, es ahora de los salarios más bajos en todo el mundo. Aseguró que es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo.

Acusó que durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores, y dijo que incluso hubo años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por debajo de inflación.

Recordó que tan solo en lo que va de su administración, se han dado dos aumentos previos al salario; el primer del 16% y el segundo del 20%, al que se suma este tercero del 15%. Adicional, indicó que se decidió tener un salario especial para las trabajadoras domésticas y para los jornaleros agrícolas.

«Esa fue la decisión que tomó ayer la comisión. Yo lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor; sin embargo, considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la comisión de salarios mínimos», sostuvo el presidente.

Ante el posicionamiento que difundió la Coparmex, lamentando que se haya aprobado el aumento sin el voto del sector empresarial, AMLO dijo que es insensato hablar de que vaya afectar la economía.

López Obrador dijo que muchos empresarios, «la mayoría», están de acuerdo con el aumento que se autorizó, sin embargo dijo que son las organizaciones empresariales las que toman las decisiones y son quienes salen a descalificar.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó la noche de ayer, por mayoría, un incremento salarial para el próximo año del 15% general, y del 15% para la Zona Libre de la Frontera Norte.

Así, se determinó que para el 2021 el salario mínimo suba de $123.22 a $141.70; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de $185.56 a $213.39.

La Comisión indicó que con dicho aumento, México remontaba ocho posiciones a nivel internacional en cuanto al salario mínimo, colocándose en el lugar 76 de 135 países.

«La aspiración en la presente administración es alcanzar una posición entre los primeros 60 países con mayores percepciones salariales», acotó a través de un comunicado.

En el mismo anuncio, se indicó que se integran dos profesiones a la lista de salarios mínimos profesionales. Trabajadoras del hogar, que tienen un incremento de 25% respecto al salario mínimo vigente, llegando a los 154.03 pesos; y jornaleros agrícolas, que reciben un incremento de 30% respecto al salario mínimo vigente, alcanzando el monto de 160.19 pesos.

Recordemos que este aumento es el tercero que se da en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En 2019 se autorizó uno del 16% y ene 2020 otro del 20%, que según indicó la Conasami, han permitido continuar con la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, reducido la desigualdad de ingresos con relación a las mujeres y el fortalecimiento del mercado interno, sin afectar la inflación y el empleo.

Sin embargo, la Iniciativa Privada (IP), a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció que dicha decisión se tomó con el voto en contra de los representantes de todas las organizaciones empresariales.

«Con la determinación impuesta, se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento,  lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia Covid-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo».

Lamentó que con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento al salario mínimo, que calificó como «irracional» y sin gradualidad ni lógica,  se agrava el riesgo de que 700 mil empresas más desaparezcan en los próximos tres meses.

Llamaron que ante la severa crisis actual, se debe actuar con prudencia y altura de miras. Pidieron que no se debe sucumbir ante ánimos populistas contrarios a la realidad económica, pues el resultado podría ser la pérdida de más  empleos.

La Coparmex insistió en que el gobierno debe poner de su parte a favor de la recuperación económica, y recordaron el planteamiento que hicieron a que se subsidiara el aumento planteado en su momento por el Presidente al salario mínimo.

Acusaron que hasta el momento el gobierno ha sido completamente insensible ante las afectaciones que han vivido las empresas, ya que solo 5% de ellas recibieron algún apoyo o estímulo. Advirtieron que de no actuar, México tendrá una recuperación económica mucho más lenta de lo esperado. Y serán millones las personas que habrán perdido su empleo.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general, la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió sobre el sistema de pensiones, la cual busca realizar modificaciones a las leyes del Seguro Social y del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El Pleno de la Cámara aprobó el dictamen que, indica el documento, busca garantizar que las y los trabajadores reciban una pensión competitiva y con base en los estándares internacionales. El documento fue avalado con 441 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones.

Según lo señalado, se reduce el número de semanas de cotización, incrementa gradualmente las aportaciones de los patrones, modifica la composición de la aportación del Estado y aumenta el monto de la pensión mínima garantizada.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Patricia Terrazas Baca del PAN, expresó que el propósito es mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores, sujetos al régimen pensionario de Ley del Seguro Social, mediante el aumento de las pensiones, incremento del porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo en la administración del ahorro de los trabajadores.

Terrazas Baca mencionó que se reduce el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, de mil 250 a mil; la disminución se refleja en la modificación que se propone en los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social.

Dicha disminución será paulatina e iniciará a la entrada en vigor del presente decreto, con un requisito de 750 semanas de cotización para obtener esos derechos. El número necesario de semanas de cotización se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar un total de mil semanas en el año 2031, como se señala en el Artículo Cuarto Transitorio.

Se incrementa, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores, de 6.5% más cuota social, al 15%, incluyendo ya la cuota.

Con la propuesta, la aportación que realizan los trabajadores se mantiene en sus términos, la aportación patronal se eleva de 5.15 a 13.87 por ciento, y la aportación del Estado modifica su composición para beneficiar sólo a los trabajadores de menores ingresos, sin incrementar su monto total.

También se consideró importante que el incremento de la aportación patronal se realice gradualmente de 2023 a 2030, conforme a la tabla que se incorpora en el Artículo Segundo Transitorio y la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor en 2023.

El tercer cambio, explicó la diputada Patricia Terrazas, tiene por objeto aumentar el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos para gozar de la prestación de cesantía y vejez, no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión mayor a dicho monto.

Se propone además una reforma al artículo 193 de la Ley del Seguro Social, para que en caso de fallecimiento del trabajador o el pensionado, los beneficiarios designados no tengan que acudir a una instancia jurisdiccional para ejercer sus derechos respetando los que corresponden a éstos.

En el artículo 172 y 172-A de la Ley del Seguro Social, se establece un esquema para dar mayor agilidad al pago de pensiones a cargo del Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación.

En el Artículo Séptimo Transitorio, se plantea un mecanismo para la revisión periódica de la gestión de la reforma que se propone, de modo que la Consar deberá enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de la reforma, a fin de que ésta remita al Congreso de la Unión el informe correspondiente.

El gobierno federal propuso al Congreso aplazar para el próximo año el debate de la iniciativa de ley que limita la subcontratación, según una carta entregada por el Ejecutivo a los legisladores y a la que la agencia Reuters tuvo acceso.

En el documento, cuya autenticidad fue confirmada a Reuters por un funcionario y una fuente legislativa, el gobierno solicitó «respetuosamente» a los parlamentarios posponer la discusión legal de la iniciativa hasta febrero, cuando regresan de su receso.

«Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso», dice la carta.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en noviembre que la reforma buscaría prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del «outsourcing» y solo autorizar la figura en casos puntuales.

Los líderes gremiales han mantenido varios encuentros con el gobierno sobre el plan, para buscar acuerdos sobre diversos puntos como definir un plazo de entrada en vigor que les permita a las empresas cumplir con lo dispuesto.

López Obrador había instado al Congreso, donde Morena tiene la mayoría, a aprobarlo lo antes posible la iniciativa.

Retrasar el debate en la Cámara de Diputados hasta febrero les daría más espacio a los empresarios para adaptarse.

Cabe señalar que el gobierno y representantes de la Iniciativa Privada se reunieron por última vez la noche del viernes en Palacio Nacional. Ayer, López Obrador dijo en su conferencia matutina que se llegaría a algún tipo de acuerdo en los próximos días y destacó que las conversaciones avanzaban bien. Incluso dijo que habría una nueva reunión la tarde de ayer.

«Estamos en muy buenos términos dialogando con el sector empresarial para que no se afecte a los trabajadores con la subcontratación (…) No existe una oposición de parte de los empresarios, ellos están de acuerdo en que no debe de haber estas injusticias. Lo que ellos quieren es que se pueda diferenciar entre los que necesitan esa subcontratación, por la especialidad de algunas empresas, y los que utilizan este mecanismo para afectar a los trabajadores. Eso es lo que estamos resolviendo», sostuvo el mandatario.

La carta entregada a los legisladores agrega que la discusión de la iniciativa se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse el año entrante.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que no retirará de inmediato los aranceles impuestos a muchas importaciones procedentes de China, implementados por el presidente Donald Trump, y adelantó que tampoco romperá el acuerdo comercial inicial alcanzado por la administración actual.

Biden argumentó que quiere maximizar su capacidad de maniobra en futuras conversaciones con el gigante asiático.

En entrevista con Thomas Friedman, columnista del New York Times, Biden afirmó: «No voy a hacer ningún movimiento inmediato, y lo mismo se aplica a los aranceles». Agregó: «No voy a prejuzgar mis opciones». La columna de Friedman fue publicada este miércoles.

Recordemos que durante el gobierno de Trump, Estados Unidos y China se enfrascaron en una guerra comercial de un año que se detuvo en gran medida desde que ambas partes llegaron a un acuerdo de fase uno en enero pasado. Si bien algunas industrias y sectores económicos se han beneficiado de las políticas proteccionistas de Trump, la comunidad empresarial y la mayoría de los expertos han criticado en gran medida las políticas, pues la mayor parte del costo de los aranceles ha sido asumido por empresas y compradores estadounidenses.

Biden le dijo a Friedman que una de las primeras prioridades después de asumir el cargo en enero será restablecer las relaciones con países aliados para fortalecer su posición negociadora frente a China.

El demócrata sostuvo que la clave para las conversaciones con China es la «capacidad de negociación» y, en su opinión, «todavía no la tenemos».

Biden anunció que se reunirá este miércoles con trabajadores y empresarios estadounidenses afectados por el COVID-19, al tiempo en que ha instado al Congreso a resolver un enfrentamiento de meses sobre la ayuda por el coronavirus.

El demócrata ha seleccionado a muchos de sus principales asesores económicos y de seguridad nacional, aunque no está claro cuántos obtendrán la confirmación en un Senado muy dividido, cuyo control estará determinado por elecciones de segunda vuelta en enero.

Ayer, el presidente electo presentó a su equipo económico y prometió ayudar a los estadounidenses a superar la crisis económica, que su futura secretaria de Tesoro, Janet Yellen, calificó de «tragedia».

Biden apostó por un equipo con un fuerte acento femenino, que represente la diversidad de Estados Unidos y compuesto por personalidades consagradas en su ámbito, con el objetivo de revivir la economía del país, que tiene el doble de desempleo que antes del coronavirus y un crecimiento amenazado.

«Son tiempos difíciles, pero la ayuda está en camino», afirmó Biden al presentar al equipo que lo acompañará en La Casa Blanca, encabezada por Janet Yellen, quien estuvo al frente de la Reserva Federal y que se convertirá en la primera mujer al frente del Departamento del Tesoro si es confirmada por el Congreso.

Al exponerle los casos de maestros que se encuentran subcontratados por parte de las autoridades educativas tanto en la Ciudad de México como en otras entidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que tal como lo expuso al presentar la iniciativa que presentó al Congreso, es ilegal la subcontratación, por lo que en el gobierno desaparecerá dicha figura.

«Puede ser que en las escuelas privadas exista ese mecanismo, pero en la educación pública el responsable de la contratación es el gobierno, sea el gobierno del estado o sea el gobierno federal. No existe, no debe de existir (la subcontratación)», dijo el mandatario.

Insistió en que la subcontratación se está evitando, porque se abusó durante mucho tiempo de dicha figura; recordó que despedían a los trabajadores a finales de año para no otorgar las debidas prestaciones tales como aguinaldos, o reparto de utilidades y los volvían a contratar a inicios de año..

AMLO dijo que los buenos empresarios tienen que atender bien a sus trabajadores. Señaló que ahora con la pandemia muchos, a pesar de que cerraron sus negocios, procuraron mantener a sus trabajadores y actuaron con mucho humanismo.

Sin embargo dijo que los empresarios que usaban el mecanismos de outsourcing fueron los primeros en despedir a miles de trabajadores.

«Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia empezaron a quejarse y empecé a recibir quejas de trabajadores de estas franquicias famosas que a todos los habían despedido sin darles nada por ese mecanismo, injusto completamente. Entonces, eso vamos a buscar eliminarlo».

Al cuestionarle que el gobierno tiene contratados servicios de outsourcing, y qué pasaría con esos trabajadores si es que la iniciativa de reforma que presentó es aprobada en el Congreso, López Obrador dijo que «donde haya se termina».

Sostuvo que todos los trabajadores del gobierno que ahora estén contratados por outsourcing, el gobierno pasará a hacerse cargo de ellos y será quien siga pagando sus sueldos, pues lo que se pretende es que se regularicen todas esas plazas.

«Todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno (…) No creo que haya ningún problema para la regularización, no tenemos por qué tener intermediarios», añadió el presidente.

Sobre la posición de diversos líderes empresariales que criticaron la iniciativa que presentó, AMLO dijo que sí se han acercado a él distintos empresarios, a quienes les ha dicho que se iniciará un diálogo sobre el tema, aunque les ha dejado claro que «no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor, ya para que mejor desistan».

López Obrador remató indicando que si el Congreso, si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres de así decidirlo pues es un poder independiente, pero él, el Ejecutivo, no quiere que existan dichos mecanismos que afectan a los trabajadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles que buscará prohibir la subcontratación laboral, el outsourcing, pues reiteró, permite la evasión fiscal de «mucho más» de 21,000 millones de pesos.

«Ya lo intentamos, pero hay quienes no ayudan. Son de esas decisiones en donde pagan justos por pecadores. Hay muchos empresarios responsables, pero hay otros y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencias», afirmó esta mañana en su conferencia de prensa.

Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó la existencia de 6,000 empresas que se dedican a la «subcontratación abusiva» y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de «outsourcing».

«Cuando empezó la pandemia, empezaron a manifestarse muchos trabajadores, que los estaban despidiendo sin reconocerles ningún derecho y no era propiamente una empresa», denunció el presidente.

La intención de AMLO, expresada desde ayer, ocasionó diversas reacciones entre as que se encuentra la de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que alertaron que desaparecer esta figura resultaría en despidos masivos.

«La subcontratación es una modalidad de la relación laboral que se debe preservar. Muchas empresas realizan esa actividad con legalidad. La amenaza del presidente de promover una iniciativa para prohibir el ‘outsourcing’ implicaría la pérdida de millones de empleos», afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

Aunque prometió analizar los reclamos, el mandatario insistió en que hará una reforma que «no puedan burlar de nuevo» al reiterar que todos los empleados formales deben recibir un «salario justo» y estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

López Obrador presentó esta mañana datos del IMSS que muestran que sólo 59% de las cerca de 20 millones de plazas formales registradas son permanentes, mientras que el resto son eventuales. Aseguró que eso permite despedir a trabajadores a finales de año para evitar el pago de prestaciones y después recontratarlos en enero sin derecho a antigüedad.

Recordemos que el outsourcing es parte de la reforma laboral de 2012, que promulgó el expresidente Felipe Calderón, y permite que una empresa pueda delegar a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50% de reducción de costos.

«Se abusó. Son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar los trabajadores, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo: se hicieron pensando en beneficiar a un grupo, a una minoría», remató López Obrador.

México es uno de los países con mayor estrés laboral a nivel mundial, pues aproximadamente el 75% de la fuerza de trabajo lo padece, y la pandemia agrava la situación con la aparición del tecnoestrés.

De acuerdo con Erika Villavicencio-Ayub, de la Facultad de Psicología de la UNAM, previo a la pandemia de COVID-19, hasta el 25% de los trabajadores tenía algún trastorno mental como depresión, aunque no necesariamente requerían tratamiento psiquiátrico.

Según sus estimaciones, es muy probable que esa cifra ascendiera para tener hoy uno de cada dos trabajadores con algún padecimiento mental.

Ante esto, la investigadora sugirió a instituciones y empresas establecer programas de contención emocional, reforzar las habilidades de los líderes que son el eje central de los equipos de trabajo en la función de facilitadores, así como proveer una cultura laboral enfocada al bienestar de la persona.

La Coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad expuso que alrededor del 70% del trabajo en México se realiza en la modalidad de teletrabajo, aunque la cifra está en constante cambio por las medidas implementadas por la Secretaría de Salud en algunas entidades federativas.

Hay personas, explicó, que siguen en confinamiento, en el llamado home office.  Otras tienen un esquema mixto para evitar saturar los centros laborales, y una parte ‘en el sitio’, porque su cometido es la producción o el trabajo físico.

Para la especialista no hay que olvidar que el empleado es un ser biopsicosocial, y cuando en su labor la fórmula se desequilibra y se le asignan jornadas y cargas más fuertes, incluidos fines de semana, obviamente se considera una cultura laboral tóxica que conlleva al estrés, y que repercute en la productividad.

“Ahí aparece el denominado tecnoestrés, derivado del uso desadaptativo de las tecnologías. Aunque depende de la situación, también podemos hablar de una tecnofatiga, cuando se está expuesto a largas horas con exceso de carga laboral”, añadió.

Esto sucede porque el cerebro está acostumbrado y reacciona a estímulos que son físicos. Migrarlo a las plataformas digitales trae una serie de configuraciones distintas en donde hace un esfuerzo adicional mientras se habitúa a interactuar con estas distintas expresiones de comunicación, precisó.

Villavicencio-Ayub indicó que algunos de los síntomas son compartidos con otros trastornos, aunque una de las primeras señales se manifiesta en la piel, la caída del cabello y algunas otras como la afectación del ciclo sueño-vigilia, además de presentar dificultades para conciliarlo.

Otro trastorno es el consumo excesivo de alimentos. Hay personas a las que se les suma el exceso de conectividad con preocupaciones y angustias, depresión, miedos, y pudiera ser que los índices de estos se eleven y se acompañen con el mismo tecnoestrés.