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La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió este viernes un acuerdo por el que se señalan los lineamientos para que los trabajadores del Estado, continúen sus labores en medio de la contingencia sanitaria por Covid-19.

En el acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia establece que los criterios para el manejo de los recursos humanos se aplicarán en el gobierno federal entre el 3 de agosto y el 30 de septiembre de 2020.

La SFP señala que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de las unidades de Administración y Finanzas de cada dependencia serán los encargados de autorizar o facilitar que los servidores públicos sigan realizando trabajo desde casa, siempre y cuando se cumpla con sus funciones.

Se precisa que ´para los servidores públicos mayores de 60 años, con discapacidad, con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de Salud y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, será obligatorio seguir realizando trabajo a distancia.

Entre los criterios publicados, se detalla que las entidades del gobierno podrán organizar días de trabajo alternados y horarios escalonados, haciendo uso de las tecnologías y comunicación para la realización de reuniones de trabajo y capacitación, procurando en todo momento las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.

Enfatizó que se deberá asegurar la disponibilidad permanente, dentro del horario laboral, de los servicios preventivos de salud, tales como los filtros sanitarios de acceso, gel antibacterial, toma de temperatura, entre otros.

Tal como venía sucediendo, se indica que el intercambio de información oficial deberá seguirse realizando a través de correo electrónico institucional.

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El gobierno de la Ciudad de México publicó este miércoles en la Gaceta Oficial un aviso por el que se  a conocer la obligación que tienen las personas físicas o morales titulares de los establecimientos y responsables de las actividades que se encuentren operando, de practicar pruebas de laboratorio a sus trabajadores para detectar casos de Covid-19.
El aviso, que surte efectos a partir de hoy, señala que las personas titulares de los establecimientos de las actividades, que conforme al color del Semáforo Epidemiológico se encuentren operando y cuya plantilla laboral sea de 100 o más personas, deberán realizar pruebas semanales de detección del virus SARS-CoV2 en RT-PCR de reacción en cadena de la polimerasa, autorizadas por las autoridades sanitarias para diagnosticar el nuevo conavirus.
Las pruebas deberán practicarse a por lo menos el 3% de la totalidad de la plantilla que se encuentre laborando de manera física en cada centro de trabajo, ya sea de forma individual o grupal.
«Se entenderá por prueba grupal a aquella que sea practicada a un grupo de máximo 15 personas, preferentemente que compartan espacios o tengan mayor contacto entre ellos», se lee en el aviso publicado.
Se detalla que la prueba grupal consistirá en la toma de muestra a cada una de las personas, las cuales se combinarán y procesarán como una sola prueba de reacción en cadena de la polimerasa de diagnóstico del virus SARS-CoV-2.
Las personas titulares de los establecimientos de las actividades que se encuentren operando, por sí mismas o a través de las personas que designen como responsables del centro laboral, tendrán la obligación de reportar al LOCATEL, la fecha en que se les practicó la prueba y su resultado.
Deberán asegurarse de que cada uno de los trabajadores del grupo al que se le practicó la prueba se realicen un autodiagnóstico Covid-19. Si la prueba grupal dio positivo de Covid-19, se ordenará resguardo domiciliario al grupo completo y deberá realizarse una prueba individual a cada integrante.

La población mundial comenzará a reducirse a partir de la segunda mitad de este siglo, lo que unido a la caída de la fertilidad en ciertos países provocará cambios significativos en los equilibrios de poder globales.

Así lo indica un estudio elaborado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, que ofrece proyecciones globales, regionales y nacionales sobre economía, población, mortalidad, fertilidad y migración en 195 países.

El informe, publicado por la revista The Lancet, prevé que la población mundial alcanzará un pico de unos 9,700 millones en 2064, pero caerá hasta los 8,800 millones a finales de siglo, un descenso que será de más del 50% en hasta en 23 países, entre ellos Japón, Tailandia, Italia y España.

En la gran mayoría de países analizados, 183 de 195, la Tasa Total de Fertilidad (TTF) se situará en unos niveles que no permitirán mantener el tamaño de sus poblaciones, a menos que se apliquen «políticas liberales de inmigración», advierte el estudio.

La TTF global podría caer del 2.37 de 2017 al 1.66 en 2100, muy por debajo de la tasa mínima del 2.1 requerida para mantener estables las cifras de población (nivel de reemplazamiento).

Así, el estudio predice «cambios enormes» en la «estructura de edad global» para 2100, cuando en torno a 2,370 millones de personas tendrán más de 65 años de edad y 1,700 millones menos de 20 años.

En este contexto, India y China sufrirían grandes descensos en el segmento de personas en edad de trabajar, lo que frenaría su crecimiento económico y provocaría cambios en los equilibrios de poder globales.

Aunque los expertos pronostican que China sustituirá en 2035 a Estados Unidos como la mayor economía mundial en términos de Producto Interno Bruto (PIB), podría experimentar un «rápido» declive demográfico a partir de 2050, con una reducción del 1% en su fuerza laboral, desde los 950 millones en 2017 a 357 millones en 2100.

Así, la potencia estadounidense regresaría al primer puesto hacia 2098, siempre y cuando, precisan, la inmigración siga nutriendo su fuerza laboral. Adicional, destacan que India podría ser el único país asiático capaz de proteger su fuerza laboral, a pesar de que la población trabajadora caería desde los 762 millones de 2017 a los 578 en 2100, lo que situaría su PIB en el puesto tercero, desde el séptimo de hace tres años.

«El continuo crecimiento de la población durante el siglo ya no es la trayectoria más probable. Este estudio ofrece a Gobiernos de todos los países una oportunidad para que comiencen a repensar sus políticas en inmigración, fuerza laboral y desarrollo económico para afrontar los retos que presentan los cambios demográficos», explica en un comunicado el director del IHME, Christopher Murray.

Los autores recuerdan que para aquellos países con altos ingresos y con tasas de fertilidad incapaces de compensar la pérdida de población, la «mejor solución» para mantener «los niveles actuales, el crecimiento económico y seguridad geopolítica» pasa por la aplicación de «políticas migratorias abiertas».

La Corte Suprema de Estados Unidos incluyó este lunes a millones de trabajadores homosexuales y transgénero en el amparo de una ley contra la discriminación laboral, a pesar de la oposición del gobierno de Donald Trump.

«Hoy tenemos que decidir si un empleador puede despedir a alguien solo porque es homosexual o transgénero, la respuesta es clara», la ley «lo prohíbe», dijo el máximo tribunal en un fallo decidido por una mayoría de seis jueces de los nueve que lo conforman.

Una ley federal de 1964 prohibió la discriminación «por razones de sexo», pero ciertos tribunales, así como la administración del presidente Trump, consideraban que aplicaba solo a la distinción hombres/mujeres y no a las minorías sexuales.

Los defensores de los empleados homosexuales, lesbianas y transgénero, apoyados por legisladores y ejecutivos demócratas, así como por varias grandes empresas como Apple, General Motors o Walt Disney, pidieron a la Corte que aclarara quiénes estaban protegidos por esta norma.

En 2015, el máximo tribunal había ampliado el derecho al matrimonio a personas del mismo sexo, pero los defensores de las minorías sexuales temían que los dos jueces nombrados por Trump posteriormente hubieran tornado la corte más conservadora.

Sin embargo fue uno de ellos, Neil Gorsuch, quien redactó la decisión mayoritaria, agregando su voz a la de los cuatro jueces progresistas y al jefe de la corte, John Roberts.

Los autores de la ley de 1964 «sin duda no anticiparon que su trabajo llevaría a esta conclusión», escribió. «Pero los límites de su imaginación no son una razón para ignorar las exigencias de la ley», continuó el magistrado.

Brett Kavanaugh, el otro juez elegido por Trump por sus puntos de vista conservadores, se opuso a esta decisión, considerando que era competencia del Congreso y no del sistema de justicia actualizar la ley.

«A pesar de mi preocupación por la transgresión de la separación de poderes por parte de la Corte», la decisión representa una «importante victoria lograda hoy por los homosexuales y lesbianas estadounidenses», subrayó Kavanaugh.

Por su parte James Esseks, uno de los líderes de la poderosa organización de derechos ACLU,  celebró la «gran victoria para la igualdad» que se consiguió este lunes.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, dijo que se trataba de un «significativo paso adelante». Hasta ahora, las personas homosexuales «podían casarse un día y ser despedidas al día siguiente», dijo, y prometió continuar «la lucha por la igualdad» si era elegido el 3 de noviembre.

Foto: Twitter @katieleebarlow

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, actualizó esta tarde el informe sobre la situación de Covid-19 en la capital.

Dijo que hay 26 mil 509 casos confirmados de coronavirus acumulados en la ciudad, de los cuales, 3 mil 909 son casos activos. 7 mil 668 casos más son considerados como sospechosos, mientras que se han registrado 2 mil 850 muertes.

La mandataria local afirmó que se mantiene una estabilidad en cuanto a los pacientes hospitalizados, misma que se ha sostenido en los últimos 10 días, tanto de pacientes intubados y como no intubados.

Detalló que al último corte, había mil 86 personas intubadas y 3 mil 382 personas no intubadas en hospitales de la Ciudad de México, que se compone de cerca de 58 hospitales.

Sobre la ocupación hospitalaria, indicó que a nivel general es de casi el 73%, por lo que aún hay una disponibilidad de poco más del 27% para recibir a pacientes de Covid-19. En cuanto a la disponibilidad en terapia intensiva, se tiene una 43.2%, equivalente a 817 camas de terapia intensiva disponibles, mientras que hay mil 287 camas disponibles de hospitalización general.

Sheinbaum Pardo reconoció que se ha presentado un incremento en la afluencia del Transporte Colectivo Metro a raíz de que se finalizó la Jornada Nacional de Sana Distancia.

«Hubo un ligero incremento, estamos sobre el 62 por ciento, llegamos a estar en algunos días en una disminución del 80 por ciento, hoy estamos sobre el 65 por ciento, más o menos, de disminución».

En cuanto al resto del transporte público: Metrobús, RTP, Tren Ligero, ECOBICI, trolebuses y tránsito vehicular, también indicó un incremento; mientras que en días pasado se llegó a alcanzar hasta un 75% de disminución, ahora se pasó a un 63% respecto a un día normal.

«Insistirle a la ciudadanía que estamos en semáforo rojo, que es importante insistir a la población el uso adecuado del cubrebocas, que hay que tapar nariz y boca, no solamente la boca, para evitar ser contagiado o contagiar», dijo Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre el número de empresas que retomaron actividades el pasado 1 de junio en la capital, la mandataria indicó que fueron 56 mil 937 empresas relacionadas con la industria de la construcción, fabricación de equipo de transporte, elaboración de cerveza, minería y sus cadenas productivas, con un total de 566 mil 630 personas.

Con la incorporación de las nuevas actividades a los sectores considerados como esenciales que permanecieron activos durante la contingencia sanitaria, actualmente operan 319 mil 326 empresas en la capital, con un personal en activo de 2 millones 519 mil 560 trabajadores.

Este miércoles, diversos analistas comenzaron a advertir sobre una iniciativa que la fracción de Morena prepara en la Cámara de Diputados, con la intención de «ayudar a los desempleados» ante los efectos de la pandemia; aunque en realidad, acusan se trata de un intento por acabar con el sistema de pensiones y los ahorros de los trabajadores en las Afores.

«Sería corrida contra el sistema de pensión (…) Se quiere crear un aliciente para los desempleados, pero en los hechos sería una corrida contra afores y el dinero que los trabajadores acumularon en Infonavit», señaló José Yuste, periodista especializado en temas económicos.

Marco Mares advirtió que la iniciativa de Morena provocaría que muchas Afores se queden vacías. Coincidió con Yuste al decir que con el pretexto «ayudar» a las personas desempleadas, se pretende utilizar los recursos de las Afores.

Mario Maldonado, columna en El Universal, advirtió que el retirar fondos de las Afores podría llevar a algunas de ellas a la quiebra; y la quiebre de alguna, afectaría a todo el sistema. «Sin Afores no hay pensiones para los trabajadores del sector formal».

Al respecto, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en Diputados, y artífice de la iniciativa, explicó que derivado de la emergencia sanitaria, muchos trabajadores han quedado en desempleo. Indicó que ante la falta de ahorros, la población se ve orillada a hacer uso de otras alternativas, por ejemplo, los seguros de desempleo gubernamentales o las casas de empeño.

Defendió su propuesta al asegurar que la iniciativa busca ampliar el espectro de alternativas para las trabajadoras y los trabajadores.

Aunque dijo que los trabajadores formales que tienen Afore cuentan con la opción de hacer retiros parciales por desempleo de su cuenta, para acceder a dicha  opción se tiene que cumplir con una serie de requisitos entre los cuales destacan:

  • Deben pasar 46 días naturales desde la fecha que la persona perdió su empleo
  • No haber realizado un retiro en los 5 años anteriores
  • Se restará un número de semanas cotizadas por el trabajador equivalentes al monto del retiro parcial realizado.

Señaló que considerando el requisito de 46 días de espera para solicitar el beneficio, los retiros que se han hecho hasta ahora corresponden a quienes perdieron su empleo a mediados del mes de marzo, es decir, quienes quedaron desempleadas previo a la implementación de las medidas más restrictivas de control sanitario. Enfatizó que quienes perdieron el empleo durante el periodo más severo de la pandemia (abril-junio) aún no pueden acceder a los recursos de su Afore.

«La restricción que se impone a los trabajadores para acceder a sus propios recursos, los expone a ser víctimas de préstamos con condiciones abusivas. El objetivo de la presente iniciativa consiste en incorporar un mecanismo extraordinario que permita a los trabajadores que caigan en desempleo a partir de una situación de emergencia a acceder a una cantidad de recursos de su AFORE (…) un alivio económico a un sector de la población que se ve directamente afectado por la emergencia», expone Delgado al justificar la iniciativa.

Con la propuesta, el trabajador podría retirar hasta 27 Salario Mínimo General (SMG), equivalente a 3,326.94 pesos. Así, el monto mensual global sería de 1,847 millones de pesos, considerando 555,247 trabajadores que perdieron su empleo en abril. La propuesta señala que toda vez que se propone que el beneficio se extienda por 4 meses, cada trabajador podría retirar hasta 13,307.76 pesos. Un despliegue global de recursos equivalente a 7,389 millones.

Delgado precisó que la fuente de los recursos será la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez que administran las AFORES, que aportará dos tercios de los recursos, mientras que el tercio restante saldrá de la subcuenta de Vivienda.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó esta mañana que suman 645 mil 102 empresarios solidarios los que no despidieron personal de enero a marzo, por lo que serán quienes reciban un crédito de 25 mil pesos de apoyo para sortear la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

El funcionario explicó durante la conferencia matutina del presidente López Obrador que cada crédito tendrá un porcentaje de interés del 6.5% y a partir de este martes estará disponible el formato en la página del instituto para que se haga el trámite.

Explicó que se ubicó a las empresas que «que no hubieran disminuido su plantilla, tomamos esa fotografía, hicimos el corte el 15 de abril acerca de quienes habían mantenido el empleo, son 645 mil 102 empresarios solidarios elegibles», señaló Robledo al precisar que los recursos de dichos apoyos no saldrá de las cuotas del IMSS, sino de un fondo federal.

Recordemos que el gobierno federal anunció 1 millón de créditos para empresas solidarias, sin embargo, tras la revisión, no se logró acomodar el millón de créditos.

Robledo agregó que, en lo que respecta al tamaño de las empresas, 505 mil cuentan con uno a cinco trabajadores, es decir, son pequeñas empresas: abarrotes, misceláneas, peluquerías, entre otras. El segundo grupo es de cinco a 10 trabajadores son 74 mil 708 empresas.

Las que dan trabajo de 10 a 50 empleados suman 55 mil 130;  de más de 50, suman nueve mil 604 empresas.

Será a partid e este martes que los empresarios podrán ingresar con su número del Registro Federal de Contribuyente (RFC) a la página electrónica del IMSS, donde se le indicará si es elegible porque cumplió con mantener su plantilla de trabajadores.

Posteriormente se genera la solicitud donde pondrá todos sus datos, como nombre, dirección, teléfono, CURP, y la cuenta bancaria donde quiere que se le haga la transferencia.

Se explicó que la Secretaría de Economía transferirá a los bancos comerciales la información de cada empresario para que creen las cuentas digitales donde se les depositarán los 25 mil pesos, y en la que, dentro de tres meses, empezarán a pagar el crédito al 6.5% de interés.

“Pasados los tres meses de gracia, los acreditados van a ir pagando a interés del 6.5 por ciento, en el caso es el mismo de la tasa interbancaria, con lo que presta el Banco de México, que es inexistente en la banca comercial», dijo Robledo.

Por su parte el presidente López Obrador indicó que al final de mayo el Gobierno de México habrá entregado 2 millones de créditos.

En atención a los llamados de diversos organismos internacionales para priorizar las medidas enfocadas en detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto del Covid-19 en nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de medidas para evitar la propagación del virus.

Informó que los cerca de 900 Módulos de Atención Ciudadana del INE en todo el país emprenderán acciones de limpieza y sanitización en las instalaciones.

Además, se disminuirá en 70% el aforo de las salas de espera en cada módulo para distribuir a las y los ciudadanos con un metro de separación entre sí.

A partir del lunes 23 de marzo, la atención a la ciudadanía en los módulos será sólo a través de citas previamente establecidas y, anunció que en caso de ser necesario, y si así lo determinan las instancias de salud, se cerrarán temporalmente.

“Son tiempos en que se impone una necesidad de empatía, solidaridad y mucha responsabilidad para enfrentar dicha pandemia y el INE, al deberse a la sociedad, actúa con alta responsabilidad social y seriedad institucional para tomar estas medidas con la esperanza colectiva de que muy pronto se puedan superar estos momentos”, señaló el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Respecto a las elecciones para renovar el Congreso Local en Coahuila y los municipios en Hidalgo, el Consejero Presidente explicó que se ha tenido una extraordinaria colaboración de la ciudadanía; es decir, en el 85% de las cerca de 8,000 casillas que se instalarán el próximo 7 junio en los dos estados, “tenemos ya un número de siete o más ciudadanos para cada una de ellas que han aceptado ser funcionarios de casilla en esta primera etapa de capacitación”.

En ese sentido, explicó que para salvaguardar la salud, tanto de los ciudadanos que participarán como funcionarios de mesas de casilla, como del personal del INE, se suspenderá el trabajo de campo en los próximos 30 días.

Añadió que se procurará que las actividades se realicen con el personal mínimo indispensable en oficinas; mientras que los titulares de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados definirán la implementación de guardias presenciales en casos que, por su naturaleza, sean de carácter urgente.

En cuanto al trabajo que se realiza en las oficinas centrales del Instituto, se acordó que en las comisiones se privilegiará la realización de sesiones de manera virtual y se reducirán al mínimo las sesiones del Consejo General del INE.

Aclaró que a partir de ayer, martes 17 de marzo, y hasta el 19 de abril no correrán plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos que son competencia de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados directamente con los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila.

En medio de la controversia generada por el supuesto recorte de 25 a 10 salarios mínimos para la pensión de la llamada “generación de transición», la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que la jurisprudencia de la Segunda Sala es una reiteración de un criterio establecido desde 2010.

«No se trata de un criterio novedoso», subrayó el máximo tribunal del país al tiempo que aclaró que su resolución de ninguna manera modifica las políticas públicas que decida tomar e implementar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en materia de pensiones por jubilación.

En un comunicado, explicó que la jurisprudencia de la Segunda Sala en relación a las pensiones del IMSS correspondientes a los trabajadores sujetos al régimen de transición (de aquellos que entraron a trabajar antes de 1997), es reiteración de un criterio emitido desde el año 2010.

Derivado de dicha jurisprudencia, con base en la Ley del Seguro Social anterior y en la actualmente vigente, la Suprema Corte determinó que aquellos trabajadores que entraron a trabajar antes de 1997 deben decidir el régimen de pensión al cual van a sujetarse, al de la ley de 1973 o bien al de la nueva ley de 1997.

Detalló que de esa forma y de acuerdo con la ley en la materia, el trabajador podrá tener como opciones: acogerse al régimen de la ley de 1973, con lo que el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

O podrá optar por el régimen de la ley de 1997, actualmente vigente, con lo que el tope aplicable es de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore.

De lo anterior se desprende que la Suprema Corte, respetando la decisión tomada por el trabajador al momento de jubilarse, detalló las consecuencias que ya se encontraban contenidas en la ley correspondiente.

Ello sin que de manera alguna modifique las políticas públicas que decida tomar e implementar el Seguro Social en materia de pensiones por jubilación.

Al respecto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que la controversia de tesis que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el recálculo en las pensiones no es una sentencia para las instituciones de seguridad social, sino “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados de menor jerarquía”.

Durante la conferencia matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular del Seguro Social aseguró que “nadie corre riesgo en el monto de su pensión, no se rasura nada como ayer encabezó un medio, no hay recálculo, no hay disminución”.

Robledo dijo que el IMSS seguirá calculando las pensiones de las personas que están en el modelo de transición entre las leyes de 1973 y de 1997 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años.

La Secretaría de Salud rehabilitó 80 hospitales y 70 unidades de salud en el país que requerían mejoras en sus instalaciones, además de que con la llegada del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se garantizará que cuenten con los equipos de salud.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que llevan 18 hospitales rehabilitados y falta 70 por hacer mejoras, y en el caso de los centros de salud ya fueron atendidos 70 y faltan 50.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario explicó que las instalaciones concluidas o rehabilitadas permite no desperdiciar el dinero que se había empleado para construirlas.

Añadió que todos los establecimientos de salud contarán con los equipos necesarios para su funcionamiento tanto en personal como de tecnología requerida para dar atención a la población que serán adquiridos a través del Insabi.

En ese sentido, se informó que se basificará por etapas a 87 mil trabajadores en lo que resta de la presente administración, tomando en cuenta la antigüedad del personal.

“Se inició el proceso de basificación por etapas de 87 mil trabajadores, son etapas delineadas donde se toma en cuenta principalmente el criterio de antigüedad, se atenderá primero a quienes llevan más años laborando en esas condiciones adversas», explicó el subsecretario.

López-Gatell añadió que en 2020 se dará seguridad laboral a 17 mil 274 trabajadores, cinco mil 227 que tengan más ocho o más años de antigüedad, seis mil 037 con nueve o más años, y seis mil 10, con 10 o más años al servicio de la Secretaría de Salud.

De ellos hay dos mil 539 médicos, mil 365 enfermeras, 841 paramédicos, 107 de personal de confianza, 359 afines y 799 administrativos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró urgente replantear el sistema de pensiones y llevar a cabo una reforma, pues solo 25% de la generación de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) alcanzará una pensión y ello equivale al 4.0% de la población.

Al señalar que sería irresponsable no actuar ante “la dimensión y gravedad del problema, la Confederación expone que el sistema vigente desde 1997 es adecuado, pero invitó a reconocer los problemas que hay en la materia y no postergar las acciones para evitar un colapso.

La Coparmex señaló respecto a la tasa de reemplazo en México, que se refiere al monto que se recibe de pensión como porcentaje del último sueldo, se encuentra entre 20 y 30 por ciento y es “la más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Indicó que las cifras que se tienen reflejan el poco ahorro para el retiro que realizan los mexicanos; en ese sentido se recordó que la tasa de aportaciones en nuestro país es apenas de 6.5% del salario, mientras que el estándar internacional es entre dos y tres veces mayor.

La Coparmex estimó que sólo 25% de la “generación Afore, aquellos que cotizaron a partir de 1997, logrará cumplir el total de semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada; es decir, apenas 4.0% de la población mexicana, además de que se debe considerar que el dinero que reciben los pensionados no es suficiente para solventar una vejez digna.

La Confederación indicó que el sistema de pensiones actual es costoso y representa fuertes presiones para las finanzas públicas, pues el gasto público total en pensiones para 2020 asciende a un billón de pesos, lo que representa un incremento de 6.0% con respecto a 2019.

Ante tal panorama, hizo un llamado a implementar una reforma de fondo, primero para que todos los mexicanos accedan al sistema de pensiones, aun los independientes, y que se garantice un ingreso suficiente, lo que implicará una mayor tasa de aportación por parte del trabajador, el patrón y el gobierno.

Propone además asegurarse de que el gobierno asigne recursos suficientes para cumplir con las obligaciones pensionarias. Finalmente dijo, se requiere por “justicia reconocer a todos los trabajadores, quienes en el día a día construyen el país con una vejez digna, añadió.

El Gobierno de México informó esta mañana que se detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley. Además se refirió que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.

“Fueron 380 mil trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos. Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos», dijo el mandatario.

Por su parte la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este esquema y 6 mil empresas que realizan subcontratación abusiva.

En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, aseguró que las prácticas agresivas de subcontratación afectaron a más de 64 mil trabajadores en México, y refirió que las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras.

Robledo indicó que dichas prácticas ilegales afectarán a las empresas que las realizan, porque se someterán a revisiones dentro de los operativos organizados por dependencias como la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.

En ese sentido, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.

Indicó que luego de las reformas hechas, ahora es posible perseguir como delincuencia organizada a todas aquellos empleadores que mantengan esquemas de subcontratación ilegal para evadir impuestos.

Romero Aranda mencionó que quien contrate servicios de outsourcing ilegal o de compra de facturas falsas, incurrirá en el delito de delincuencia organizada y puede tener una condena de hasta 14 años de prisión.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), empresarios y gobierno acordaron que el salario mínimo para 2020 aumentará 20%, es decir, pasará de 103 a 123 pesos.

En la frontera norte habrá un incremento de 5%, pasando de 156 a 185 pesos; «nos permitimos anunciar que por consenso llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario a nivel nacional y al cinco por ciento en la zona libre de la frontera norte», anunció la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde.

“Se trata del mayor incremento anual en los últimos 44 años, señaló la funcionaria federal en el evento celebrado en Palacio Nacional; subrayó que este segundo incremento anual es un forma de avanzar para darle vuelta «a la oscura página» que enfrentó el poder adquisitivo de los mexicanos.

Alcalde Luján subrayó que el incremento es una nueva forma de saldar la deuda histórica con las remuneraciones de los mexicanos, además de que se reactiva la competitividad de los trabajadores nacionales con respecto al mundo.

La secretaria del Trabajo señaló que el aumento está en sintonía con la reforma laboral, en la que se garantiza la libertad sindical y de contratación; subrayó que el aumento salarial no ha implicado trabas en la contratación, ya que en 2019 se contrataron 724 mil personas, y se pudo sacar de la pobreza a 1.3 millones de mexicanos.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que para 2020 el salario mínimo habrá recuperado más de 30 por ciento de su poder adquisitivo.

“En 13 meses logramos consenso entre los representantes obreros y empresariales para aumentar el salario mínimo como no sucedía en cuatro décadas: 16% en 2019 y el doble en la frontera, y 20% para 2020. Es decir, habremos recuperado más del 30% del poder adquisitivo del salario, afirmó el presidente en su cuenta de Twitter.

Sobre el mismo tema, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), celebraron el compromiso del presidente López Obrador por incrementar el salario mínimo y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

«Estamos en números redondos 20 por ciento arriba, eso es un salto cuántico que en unos cuantos años, sin perder estabilidad y me parece que esa es la ruta, la ruta de entendimiento, cuando el gobierno es respetuoso de los acuerdos del sector privado y los trabajadores sí se puede avanzar y eso me parece un gran motivo para hoy celebrarlo», comentó Gustavo de Hoyos-

El líder empresarial señaló que este aumento pone a México y sus trabajadores por arriba de la línea del bienestar. Y aunque reconoció que existen diferencias con el gobierno, cuando una política como esta genera consensos, se debe reconocer y trabajar de manera conjunta.

Salazar Lomelín destacó el entendimiento entre gobierno, empresarios y trabajadores para mejorar la productividad y mencionó que seguirán trabajando de manera unida para que siga subiendo el poder adquisitivo sin poner en riesgo la estabilidad económica del país.

Este viernes comenzó a circular en redes sociales un supuesto comunicado en el que se informaba que debido al ataque cibernético sufrido el pasado fin de semana a sus sistemas, habría retrasos en los pagos de sueldos y aguinaldos a los trabajadores de Pemex.

El supuesto boletín indica que debido a la complejidad de los daños sufridos a las redes de cómputo, el personal sindicalizado y de confianza podría sufrir retrasos en el pago de sueldos de nómina y pago de aguinaldos.

«Les pedimos su comprensión en caso de que no les sean depositados sus alcances salarias, reiterándoles la seguridad de que dentro del plazo que marca la legislación laboral, el cual vence a más tardar en el mes de enero de 2020, quedarían totalmente regularizados los pagos», se lee en el mensaje atribuido a Pemex.

Sin embargo, fue la dirección de Petróleos Mexicanos quienes desmintieron la autenticidad del mismo, e indicaron que los pagos a los trabajadores, están operando con absoluta normalidad, «por lo que el depósito de los salarios y demás prestaciones tanto a trabajadores en activo como jubilados se realizó puntualmente esta semana y los próximos pagos se harán de acuerdo al calendario de pagos programado».

Pidieron hace caso omiso a boletines «apócrifos», pues indicó que los rumores sólo dañan a la empresa y sus trabajadores. Aprovecharon para reiterar que los sistemas de operación y producción de Pemex funcionan con normalidad.

El mismo lunes, Pemex dijo informó que operaba con normalidad, además de que el funcionamiento de los sistemas de operación y producción de la empresa no estaban comprometidos, ya que se encuentran blindados.

«La red interna de Pemex, al igual que todas las grandes empresas e instituciones gubernamentales y financieras, nacionales e internacionales, recibe con frecuencia amenazas y ataques cibernéticos que al día de hoy no han prosperado», señaló.

Sin embargo reconoció que el ataques cibernéticos sí habían afectado el funcionamiento a menos del 5% de los equipos personales de cómputo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este jueves que habrá un incremento salarial al personal del Ejército y la Marina pues se lo merecen ya que “se han portado muy bien».

“Sí va a haber aumento de salario, aunque sea poco, pero va a haber aumento de salario, no solo para los marinos sino para todos los trabajadores (al servicio del Estado)», expresó el mandatario federal al explicar que el incremento será por encima de la inflación.

Al informar que se analiza la posibilidad de que haya aumentos, López Obrador indicó que el salario de los marinos y soldados “está bien ganado, es decir, merecen un incremento porque se han portado muy bien, sobre todo ahora que tienen como tarea, entre otras, la de garantizar la seguridad pública».

El mandatario federal refirió que se analiza de cuánto sería el aumento para todos los trabajadores al servicio del Estado, pero aseguró que éste siempre será por encima de la inflación, pues ahora como regla es que nunca los aumentos van a estar por debajo de la inflación.

Agregó que para toda la población es distinto ya que este año aumentó 16 por ciento y el salario, es decir fue mayor, aunque también habrá un incremento “porque necesitamos recuperar lo que ha perdido de poder adquisitivo»; señaló que está muy bajo en comparación con otros países como China.

López Obrador sostuvo que antes se decía que no se podía aumentar el salario mínimo porque se disparaba la inflación y aunque reconoció que puede ser cierto, consideró que utilizaron ese argumento como ley, aunque muchas veces no era cierto.