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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió este martes que siete empleados de la ONG, World Central Kitchen (WCK) del chef hispano-estadounidense José Andrés, murieron en un bombardeo israelí “no intencional” en Gaza.

“Lastimosamente ayer (lunes), se produjo un trágico incidente, nuestras fuerzas golpearon de forma no intencional a inocentes en la Franja de Gaza”, declaró Netanyahu desde el hospital donde fue operado el domingo por una hernia.

“Esto sucede en una guerra (…), estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no se vuelva a producir”, añadió el primer ministro israelí.

Las siete víctimas trabajaban para la ONG World Central Kitchen, con sede en Estados Unidos, que ha estado entregando ayuda alimentaria por mar desde Chipre a Gaza.

La organización anunció tras el ataque que “interrumpe operaciones” en el territorio palestino, sumido en una devastadora guerra desde hace casi seis meses.

Las víctimas son originarias “de Australia, Polonia, Reino Unido, uno con doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá, y Palestina”, detalló WCK.

El portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, indicó que habló con el famoso chef fundador de WCK, José Andrés, para expresarle su “más sentido pésame”.

Añadió que la investigación sería llevada a cabo por el Mecanismo de Evaluación e Investigación de Hechos del Ejército israelí y que “compartiremos nuestros hallazgos de forma transparente”.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, “revisará personalmente los resultados de la investigación inicial esta noche”, dijo un portavoz del Ejército.

Dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) desaparecieron mientras se dirigían a Guerrero a investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron y ya se está llevando a cabo la búsqueda”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

La última vez que fueron vistos los agentes fue el domingo en Cuernavaca, Morelos, donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas informativas de Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares.

Aunque algunos medios reportaron que los oficiales investigarían el homicidio de Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal de Ayotzinapa asesinado la semana pasada en un retén de la Policía de Guerrero, López Obrador comentó que indagaban el caso de los 43 jóvenes de esa escuela que desaparecieron en septiembre de 2014.

“Esto (ocurre), debe saberse, en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes”, manifestó el presidente.

“Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieren impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr”, enfatizó el mandatario.

La tensión entre el López Obrador y las familias y estudiantes de Ayotzinapa ha aumentado. Protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Los estudiantes de Ayotzinapa derribaron el miércoles pasado una puerta del Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados.

El jueves, se reportó el asesinato de otro normalista de Ayotzinapa, que participaba en estas protestas. En un primer momento, se informó que dos estudiantes viajaban en un auto robado, armados, cuando pasaron por un retén de la policía estatal de Guerrero.

Al marcarles el alto, y no acceder, comenzaron a agredir a los oficiales por lo que los policías habían abierto fuego contra ellos, dejando sin vida a uno de los estudiantes que viajaban en la camioneta. El otro resultó herido.

Sin embargo, ahora se sabe que los jóvenes no viajaban armados y no atacaron a los policías. Incluso el presidente llegó a reconocer que hubo un abuso de autoridad por parte de los elementos de la policía. El mandatario anunció que se llevarían a cabo las investigaciones y se castigaría a los responsables, quienes dijo, estaban detenidos.

López Obrador confirmó esta mañana que el agente de la policía que presuntamente mató al estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa, se fugó ayer poco antes de que se concretara una orden de detención.

“Ayer el presunto responsable del asesinato del joven normalista de Ayotzinapa se fugó”, dijo el presidente López Obrador.

Según lo relatado por el mandatario, el agente se encontraba en arresto administrativo a falta de que las autoridades del estado de Guerrero lo entregaran a la Fiscalía de México, quien atrajo la investigación a petición del Gobierno federal.

“Se había dado la instrucción de que se le arraigara. Se estaba a la espera de la orden de aprensión pero le avisaron o decidió fugarse”, añadió López Obrador que ha garantizado a los familiares del estudiante fallecido que “no va a haber impunidad” con este caso. Incluso dijo que todo indicaba a que hubo actos de complicidad.

AMLO prometió que el Estado hará todo lo que esté en sus manos para resolver la situación, y advirtió que este caso sirve para evidenciar que “hay muchos intereses” cruzados y “hay quienes no quieren que se haga justicia” aunque solo sea por perjudicar al Gobierno en un año electoral.

Detalló que las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para dar con el paradero del agente fugado, y ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana tanto de Ayotzinapa como de todo Guerrero. “Necesitamos detenerlo”, recalcó.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) le da a Morena mil millones de pesos para financiar la campaña electoral del 2024.

Fue el pasado miércoles cuando el Pleno aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que extingue el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, No Sectorizado, Notimex.

Se abrogó la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2006.

La diputada del PRI, Cynthia López Castro, aseguró que la desaparición de la agencia representa un retroceso y atenta contra los derechos de los trabajadores, dejando a muchas familias sin protección, salario ni respaldo económico.

Además, cuestionó el cinismo para destinar 237 millones de pesos de presupuesto para 2024, pero como está en huelga, desde el 2020 no se han utilizados esos recursos.

Sostuvo que eliminar Notimex tiene indicios de inconstitucionalidad, porque transgrede el derecho de acceso a la información garantizado por el Estado, y muestra que no se trata de un conflicto laboral sino político que viola la reforma laboral que ellos hicieron, donde se garantizaba el derecho a huelga.

La priista cuestionó sobre lo que los morenistas van a hacer con los mil millones de pesos que no se utilizaron. “Los quieren para financiar sus campañas, entonces mejor destínenlos a Acapulco”.

López Castro mostró su respaldo a la líder sindical y a todos los empleados que se quedarán a la deriva, debido a las diferencias que han tenido con el gobierno por denuncias de maltrato, violencia de género e incumplimiento con el contrato colectivo, entre otras problemáticas.

En el dictamen aprobado, que deriva de una iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, precisa entre otras cosas, que Notimex conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación respectivo, en términos de las disposiciones administrativas y presupuestales aplicables.

El proceso de liquidación quedó a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), que fungirá como liquidador único del Gobierno Federal, para lo cual se le otorgan facultades para actos de administración, pleitos y cobranzas, y de dominio; para suscribir u otorgar títulos de crédito, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un eficiente proceso de liquidación.

Se precisa que la Secretaría de Gobernación debía establecer las bases para llevar a cabo la liquidación, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, mientras que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debía designar representantes, para que, de manera colegiada, acuerden sobre las condiciones de liquidación de los trabajadores y vigilen su cumplimiento.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció este miércoles que espera votar la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas, antes del próximo 15 de diciembre, cuando finaliza el actual periodo ordinario de sesiones.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que “sí hay posibilidad” de aprobar la reforma en este periodo.

“Esa es la intención que Morena ha tenido desde que presentamos la iniciativa”, aseguró.

Y es que la iniciativa ha levantado gran polémica, pues el cambio supondría modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer dos días de descanso obligatorios a la semana por cada cinco trabajados.

Hasta ahora, legisladores de Morena, al igual que algunos de los opositores Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han manifestado su apoyo a la reforma.

Pero la iniciativa afronta un camino complejo porque, por ser constitucional, requiere la mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados y el Senado, así como el aval de la mayoría de los 32 congresos estatales.

Mier señaló que se recibieron las conclusiones y los libros blancos del Parlamento Abierto que se realizó la semana pasada en materia de la reducción de la jornada laboral, un paso necesario para continuar los trámites legislativos.

Finalmente, recordó que “queda abierta la posibilidad” de que tanto los grupos parlamentarios como los diputados “puedan seguir enviando inquietudes o aportaciones” sobre la reforma, que afronta resistencias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien dijo que no era el momento para aplicar dicho cambio.

Recordemos que México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) donde los trabajadores laboran más horas, con casi 2,140 al año, según el organismo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estaría proponiendo un incremento del 12.8% en el salario mínimo, cuya discusión anual comienza cada noviembre.

De concretarse la propuesta de la patronal, que reúne a más de 36,000 empresas que en conjunto aportan un tercio del PIB, el sueldo mínimo alcanzaría un incremento del 100% en la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Consideramos que es un avance muy importante el que México pueda competir por talento y no por tener salarios mínimos muy bajos”, expresó Medina Mora, presidente de la Confederación en entrevista con la agencia Efe.

El líder empresarial detalló que la propuesta consiste en un alza del 4.6% por la inflación esperada al cierre del año más dos puntos porcentuales hasta un 6.6%, así como un porcentaje por concepto de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) para alcanzar un aumento de 26.55 pesos.

Con esta propuesta, el salario mínimo por ley pasaría de 207.44 pesos al día actuales a casi 234 pesos, es decir, un sueldo mensual de 7.020 pesos.

Desde 2019, el primer año completo de la presidencia de López Obrador, el salario mínimo ha presentado aumentos anuales de doble dígito, primero de 16%, luego un 20% en 2020, un 15% en 2021, otro 22% en 2022, y 20% en este 2023.

El líder empresarial recordó que la discusión inicia este noviembre en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), en la que se define este aumento entre el sector patronal, el Gobierno y los trabajadores.

Al respecto, López Obrador ha anticipado un incremento “considerable”, mientras líderes sindicales han adelantado a algunos medios su intención de buscar un aumento del 25%.

Por otro lado, el líder de la Coparmex reconoció que la meta planteada desde el sector patronal y gubernamental, sobre que el salario mínimo sea suficiente para satisfacer la línea del bienestar familiar, se ha retrasado hasta 2026.

Señaló que este supuesto, en el que dos ingresos alcanzan para cubrir las necesidades de cuatro integrantes en un mismo hogar, ya es una realidad en la zona fronteriza con Estados Unidos, donde el salario mínimo es mayor al del resto del país, por ley.

Finalmente, la Coparmex afirmó que “no es el momento” de aprobar la reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, y que se discute el Congreso, pues dijo, empeoraría los costos que ya afrontan las empresas por los aumentos del salario mínimo y las vacaciones.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excuse de participar en la discusión de las controversias constitucionales relacionadas con la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El morenista dijo que esta abstención es crucial, ya que los fideicomisos están vinculados a recursos significativos en los cuales los ministros y magistrados de la SCJN son beneficiarios directos.

Igualmente, explicó que “estamos trabajando en la preparación de una solicitud, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la Junta de Coordinación Política instruya al abogado de la Cámara de Diputados a defender la soberanía que corresponde al Poder Legislativo”.

El coordinador parlamentario hizo hincapié en que, al igual que el Poder Judicial exige el respeto a su independencia y autonomía, “nosotros también exigimos que el control presupuestal que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados sea respetado por el Poder Judicial”.

Mier Velazco recordó que Arturo Zaldívar se excusó cuando se analizaba el artículo décimo transitorio tercero, que planteaba la posibilidad de extender su mandato como presidente de la SCJN y de la Judicatura Federal.

El llamado de Ignacio Mier llega luego de que ayer se confirmara que un grupo de trabajadores y jubilados del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentara el primer amparo en contra de la eliminación de los fideicomisos en cuestión.

Trusan y Roma Abogados, firma de litigio constitucional, administrativo y de servidores públicos. informó en redes sociales que presentaron el primer amparo a nombre de 761 trabajadores y jubicados, ante los juzgados del primer distrito en materia administrativa.

“Este es el primer amparo que se presenta en todo México, y esperamos que a más tardar el próximo viernes de esta semana tengamos la admisión y la suspensión de las normas que se están impugnando”, dijo el abogado.

El recurso legal cuestiona la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan derechos adquiridos para los empleados, tales como jubilaciones, servicios médicos complementarios y recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y del trabajo.

El equipo legal a cargo del caso negó que la desaparición de los fideicomisos afecte solo a altos funcionarios como lo ha dicho el presidente y diversos líderes de Morena.

Luego de que el Senado avalara la extinción de fideicomisos que hasta ahora manejaba el Poder Judicial (PJ), el Sindicato de Trabajadores determinó ampliar el paro nacional que había sido declarado hasta ayer 24 de octubre.

En asamblea urgente celebrada la noche de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional y los 67 secretarios de los comités locales avalaron la extensión del paro, que se acordó, sea hasta el próximo domingo 29 de octubre, reconociendo que los trabajadores que deseen seguir laborando estarán en su derecho.

Recordemos que los trabajadores se han manifestado desde hace varios días en distintas ciudades del país, las mayores movilizaciones en la Ciudad de México en diversos centro de trabajo, así como en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Los trabajadores aseguran que lo que está en juego no son privilegios, sino sus derechos. El líder sindical, Jesús Gilberto González Pimentel, aseguró que todos se sentían “agredidos” por la acción y que, como sindicato, darían acompañamiento a los amparos colectivos que se presentarán.

La reforma, ya aprobada en ambas Cámaras, fue remita al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que cuando suceda, entrarán en vigor los cambios al día siguiente.

El Poder Judicial ha señalado que suprimir los fideicomisos afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55,000 trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo.

Asegura también que si hay reducción de fondos se verá afectado el trabajo de los tribunales y por tanto el acceso a la justicia de todos los mexicanos.

La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva. El presidente lo considera un sector marcado por la corrupción y lleno de privilegios; considera que sus miembros son parte de lo que llama la “mafia del poder”.

El hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración hayan sido echadas para atrás en los tribunales, ha incrementado el enfrentamiento. López Obrador incluso ha llegado a proponer que los jueces, ministros y magistrados, sean elegidos en elecciones populares.

El cruce de críticas, acusaciones e incluso insultos ha ido en aumento a lo largo de su gobierno, en particular desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte; hasta finales de 2022 la Corte estaba liderada por un magistrado más afín al gobierno, Arturo Zaldívar.

Foto: Twitter @XochitlGalvez

Por segundo día consecutivo, Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) volverán a manifestarse este martes en 18 puntos de la capital, correspondientes a los centros de trabajo que tienen, para exigir se respeten sus derechos laborales, esto ante la iniciativa que se discute en el Congreso sobre la extinción de 13 fideicomisos.

Y es que los trabajadores aseguran que con la desaparición de los fideicomisos que Morena y partidos aliados impulsan, se verán afectados sus salarios y prestaciones. Desde ayer convocaron a un paro de labores.

Alrededor de 54 juzgados y tribunales federales suspendieron sus labores de manera oficial en la Ciudad de México, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF y el Colegio de Secretarios y Actuarios, replicaron el paro en el resto de las entidades del país.

Las protestas que afectarán la circulación y colapsarán vialidades centrales este martes, son las siguintes:

1.- San Lázaro (Eduardo Molina No. 2, Col. Del Parque)
2.- Instituto de la Judicatura Federal (Sidar y Rovirosa No. 236, Col. Del Parque)
3.- Edificio sede en Insurgentes Sur (Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel).
4.- Edificio Prisma (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel)
5.- Edificio Florida (Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida)
6.- Edificio Ajusco 170 (Picacho Ajusco No. 170 Col. Jardines en la Montaña)
7.- Edificio Ajusco 200 (Picacho Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña)
8.- Edificio Reclusorio preventivo Norte (Jaime Nunó No. 175, Col Cuautepec Barrio Bajo Zona Escolar)
9.- Edificio Reclusorio preventivo Sur (Circuito Antonio Martínez Castro y Javier Piña y P, ubicado en Col. San Mateo Xalpa)
10.- Almacén General Antiguo (Antiguo Camino Culhuacán No. 202, Col. Santa Isabel Industrial)
11.- Edificio Anexo Revolución (Av. Revolución No. 1886, Col. San Ángel)
12.- Edificio Revolución 1508 (Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn)
13.- Edificio Revolución 1340 (Av. Revolución No. 1340, Col. Guadalupe Inn)
14.- Edificio Periférico Sur (Blvd. López Mateos No. 1950, Col. Tlacopac)
15.- Edificio Las Flores (Blvd. López Mateos No. 2321, Col. Tlacopac)
16.- Torre Zafiro II (Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal)
17.- Edificio Canoa (Canoa No. 79, Col. Tizapan San Ángel)
18.- Instituto Federal de Defensoría Pública (Bucareli No. 22 y 24, Col. Centro)

Al respecto, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, desafió a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a demostrar que extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación afecta a los trabajadores.

“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman 6 mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”.

El morenista acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de estar utilizando a los trabajadores para defender sus interés, lo que consideró es una mala estrategia pues insistió en que la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral o contraprestación de los trabajadores.

“Que le digan realmente la verdad a los 55 mil 800 trabajadores, si alguno de los fideicomisos, que son por más de 9 mil millones de pesos, está vinculado a los derechos laborales y sociales adquiridos por ellos. Es falso”, manifestó.

Mier Velazco expresó que la iniciativa busca acabar con estos mecanismos utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “no es con ellos (trabajadores), ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios, a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo”, dijo.

El mandatario pidió a los trabajadores no dejarse engañar por los de arriba, pues aseguró que lo que se propuso en el Congreso fue quitarle privilegios a los altos mandos.

“No se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones (…) que les pregunten a los trabajadores del poder Ejecutivo, a quién se le redujo el sueldo, a quién se le quitaron prestaciones”, dijo.

En ese sentido, coincidió con lo expuesto por Mier Velazco y llamó a que no se use o manipula a los trabajadores, pues dijo, ellos mismos se dan cuenta de cómo están las cosas al interior del Poder Judicial, con los privilegios de los ministros, entre los que mencionó sus servicios de chóferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para mejoras en sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, entre otros.

Dijo que son esos lujos con esos sueldos que en general van de los 600 a 700 mil pesos mensuales lo que están defendiendo los de arriba. Añadió que los 15,000 millones de pesos en privilegios que se buscan recuperar a través de los fideicomisos, se podrían entregarían en becas a estudiantes de primaria, beneficiando a más de 2 millones de niños pobres.

Sobre una de las imágenes que se viralizó ayer de las protestas, López Obrador dijo que “no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLITO, no importa; no me importa nada, porque está como cuando insultan”, remató.

Luego de que Morena y aliados aprobaran en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obligará a extinguir 13 fideicomisos, equivalente a poco más de 15 mil millones de pesos, las reacciones no se hicieron esperar.

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, aseguró que ninguno de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial está sujeto a los fideicomisos que se considera extinguir en el dictamen que se aprobó, tal como lo ha señalado el propio Poder Judicial y diversos miembros de la oposición.

El diputado explicó que de los nueve mil millones de pesos que se catalogan para compensación a pensiones sólo se utilizan 75 millones; el resto es un instrumento opaco, y se desconoce cuánto genera en rendimientos.

Mier Velazco acusó que en los últimos ocho años los subejercicios del Poder Judicial sumaron 60 mil millones de pesos, mismos que no se reintegraron a la Tesorería. “Solamente el año pasado, del presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, tuvieron economías presupuestales o subejercicio por mil 500 millones de pesos”.

Al respecto, la Suprema Corte emitió un posicionamiento en el que dijo que la extinción de los fideicomisos “SÍ afecta los derechos laborales de las y los trabajadores” del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado”.

Afirmó que los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros.

Aclaró que el personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos; por ello, reiteró que la extinción de fideicomisos sí limita la operatividad del Poder Judicial y, con ello, el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.

Además, dijo que la extinción de otros fideicomisos afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano.

La Corte defendió que la administración de los fideicomisos es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa aprobada no significa una mejora en este rubro.

En ese sentido, del lado de la oposición, Alejandro Moreno, diputado del PRI y dirigente nacional del partido, dijo que su bancada buscará una propuesta responsable para que el dictamen, aprobado en comisiones, que cancela fideicomisos del Poder Judicial, no afecte los derechos adquiridos de las y los trabajadores, así como el funcionamiento de este poder autónomo.

“Lo que no podemos permitir y lo que sí vamos a señalar es que no se puede, a capricho de nadie, querer ahorcar administrativamente, en este caso al Poder Judicial, porque no se somete al Poder Ejecutivo”, indicó.

Alito Moreno destacó que hay derechos adquiridos de los más de 50 mil trabajadores que están en el Poder Judicial; “necesitamos garantizar el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto, el día a día, lo que hacen los trabajadores.

El priista consideró que querer controlar a otros Poderes es un paso regresivo, síntoma de autoritarismo. “Hay que decirle al Poder Ejecutivo que el Legislativo y el Judicial somos un poder, no somos empleados y tenemos que levantar la voz porque así empiezan a dar pasos a los gobiernos autoritarios.

Finalmente, quien también se subió al tema fue el dirigente nacional de Morena, quien celebró que, con la aprobación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la iniciativa que desaparece los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), se dé un paso más para “erradicar estas figuras que sólo se han utilizado para financiar privilegios de unos cuantos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México”.

“Esta iniciativa es un acto de congruencia política y ética; no puede haber jueces y magistrados derrochando el dinero público cuando hay millones en la pobreza”, dijo Mario Delgado.

Mario Delgado confió en que, con el apoyo de las y los diputados de la Cuarta Transformación, el dictamen será aprobado la próxima semana en el Pleno.

Al respecto, Ignacio Mier aseguró que las modificaciones aprobadas en Comisión se prevén discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 17 de octubre.

Una imagen inédita se ha viralizado en redes sociales: la de un presidente de Estados Unidos en funciones, Joe Biden, junto a trabajadores del sector automotor en huelga en el estado de Michigan para expresarles su apoyo y decirles que merecen el aumento salarial que exigen.

Con una gorra de béisbol y megáfono en mano, el demócrata se dirigió a los obreros del sindicato de los Trabajadores del Automóvil Unidos (UAW) y reconoció “los sacrificios” realizados por ellos para salvar la industria en 2008.

Biden, en campaña por su reelección en 2024, cerró filas con el sindicato que se enfrenta a los tres gigantes del sector, General Motors, Ford y Stellantis.

Biden consiguió robar protagonismo a su predecesor, Donald Trump, favorito para la nominación republicana a las presidenciales y por lo tanto su posible rival electoral. Lo hizo adelantándose un día a Trump, quien acudirá mañana a Michigan para intentar convencer a los obreros de que le ayuden a volver la Casa Blanca.

El republicano acusa al demócrata de haberle robado la idea para hacerse una foto. “Nada más que una mala sesión fotográfica”, lo resumió el portavoz de Trump, Jason Miller.

Biden quiere demostrar que es el defensor de la clase obrera, de los sindicatos y artífice del resurgimiento de la industria estadounidense. Es consciente de que el conflicto en esta industria clave puede costarle caro a la economía estadounidense.

Aun así estima que los empleados deben beneficiarse de las “ganancias récord” de las empresas.

El apoyo a los sindicatos es una seña distintiva de su mandato. En 2020, el respaldo del UAW a su candidatura fue esencial para que el estado de Michigan se pronunciara en su favor luego de votar por Trump en 2016.

Pero a sus 80 años, el presidente enfrenta una serie de críticas por su estado de salud y físico, que ha quedado evidenciado en cada una de sus apariciones públicas.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, sobre la campaña de reelección de Biden y las críticas que recibe tanto de los republicanos como desde el partido demócrata.

Un año después del accidente donde 10 mineros quedaron sepultados en la mina El Pinabete, en Coahuila, aún queda pendiente la recuperación de los cuerpos, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometido se conseguirá a más tardar diciembre de este año.

“El Gobierno de México se mantiene al frente de las acciones para concluir la excavación del tajo a cielo abierto y, con ello, iniciar la recuperación de los trabajadores”, señalaron en un comunicado conjunto la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Las autoridades indicaron que este jueves se realizó una ceremonia luctuosa para recordar a los mineros que murieron el 3 de agosto de 2022 en la mina de carbón, El Pinabete.

Recordaron que a partir del accidente, se procedió a apoyar a las familias de los 10 mineros con un campamento con servicios básicos y un área hospitalaria “donde se les dio acompañamiento e información de manera permanente”.

Además, dijeron que durante los primeros 10 días de septiembre de 2022 se les otorgó una indemnización económica y se pidió su consentimiento para iniciar con el programa de recuperación de los cuerpos, que las familias de los mineros concedieron.

Detallaron que los trabajos se mantienen las 24 horas, los 7 días de la semana, para el retiro de escombros y realizar las actividades de rescate de los cuerpos. “Se han excavado y retirado más de 2.5 millones de metros cúbicos de suelo y roca”, destacaron.

Las autoridades habían reportado en abril pasado un avance del 54% en los trabajos de rescate para recuperar los cuerpos de los 10 mineros atrapados.

Tras el incidente, el presidente López Obrador prometió recuperar los cuerpos en unos meses, pero en junio pasado reconoció que el proceso tardaría hasta 2024. Sin embargo, a inicios de año, en uno de sus conferencias matutinas, indicó que se lograría en diciembre de este año.

“Diciembre del 23 estamos pensando el rescate, de acuerdo al programa están trabajando, es que es constante”, dijo AMLO en febrero pasado.

El derrumbe de El Pinabete reactivó la polémica por la actuación de las mineras en la región carbonífera, donde se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería, de acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina de ese nombre.

El Gobierno federal negó este martes una solicitud de Washington para revisar un conflicto laboral en una mina de la empresa Grupo México ubicada en Zacatecas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Secretaría de Economía (SE) argumentó en un comunicado que el conflicto denunciado en junio pasado por Estados Unidos empezó en julio de 2007, por lo que no aplica el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que establece el T-MEC, en vigor desde julio de 2020.

Asimismo, la dependencia afirmó que no hay evidencia de que dicha mina exporte mercancías a Estados Unidos.

“De esta manera, el Gobierno de México concluye que el conflicto en la mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas, está próximo a una resolución final en instancias judiciales mexicanas al encontrarse fuera del ámbito de aplicación al MLRR del T-MEC”, indicó la dependencia que encabeza Raquel Buenrostro.

La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había pedido al Gobierno de nuestro país, el 16 de junio pasado, revisar si a los mineros de San Martín les estaban denegando sus derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva.

Según indicó entonces la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, la USTR recibió una queja de la federación AFL-CIO, la mayor central obrera de Estados Unidos y Canadá, y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Los Mineros).

La petición alegaba que Grupo México había retomado su actividad en San Martín aunque sus trabajadores estaban en huelga y que negoció con un grupo de trabajadores pese a que la potestad de representarlos a nivel colectivo está en manos de Los Mineros.

Pero la Secretaría de Economía afirmó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolvió el juicio de imputabilidad de la huelga el 14 de junio pasado con un laudo en favor del Sindicato Minero.

Además, la JFCA declaró a Grupo México como responsable de causar la huelga y lo condenó a pagar salarios caídos y prestaciones.

“El conflicto de huelga inició en 2007 y los demás hechos que el Sindicato Minero señala como causas de denegación de derechos sucedieron antes de la entrada en vigor del T-MEC”, insistió la SE.

Recordemos que desde la entrada en vigor del T-MEC, Estados Unidos ha pedido más de 10 veces activar el mecanismo laboral de respuesta rápida.

Apenas este lunes, México y Estados Unidos acordaron un plan de reparación tras el reporte de violaciones de los derechos laborales de los trabajadores de la planta automotriz Draxton en Irapuato, Guanajuato.

México es el país de la OCDE en el que más se ha revalorizado en términos reales el salario mínimo desde finales de 2020, un 43.6% hasta mayo de este año.

En su informe anual de perspectivas del empleo publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que eso “refleja el compromiso de México de abordar la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron desde la década de 1970 hasta 2021 los trabajadores que recibían el salario mínimo”.

Eso se ha visto facilitado por el marco regulatorio actual que exige una revisión anual de los salarios mínimos que debe implementarse un mes después.

El incremento del salario mínimo en nuestro país en términos reales contrasta con el bajón del poder adquisitivo del mismo salario mínimo en Estados Unidos, un 14% entre diciembre de 2020 y mayo de 2023, el retroceso más fuerte de todos los miembros de la OCDE.

En ese periodo se ha revalorizado en una mayoría de países (ha disminuido en 11 de los 32 para los que hay datos) pero a ritmos por lo general relativamente moderados: 1% en Japón, Costa Rica, Francia o Reino Unido; 2% en Chile y 5% en Colombia.

Los ascensos más significativos han sido los de Alemania (10%), Turquía (32%) y México (43.6%).

Pero si se abre más el foco a todos los salarios y a un periodo más amplio, desde el estallido de la crisis de la pandemia de COVID hasta el cuarto trimestre de 2022, la remuneración por hora trabajada en México ha caído un 0.3%.

Es verdad que es una reducción inferior a la del conjunto de la OCDE (2.2%) y en particular a las de Países Bajos (7.4%), Italia (7.5%), República Checa (8.3%), Estonia (9.6%) y, sobre todo, Costa Rica (10.8%).

Pero también hay otros en los que los sueldos por hora trabajada ha progresado, principalmente en Eslovenia (5.2%), Corea del Sur (5.3%), Israel (5.4%) y Lituania (7.1%).

Los autores del estudio hacen notar que en México las diferencias salariales entre trabajadores con distintos niveles educativos se han reducido, y que los que están más abajo en la escala son el único grupo en los que se ha experimentado un aumento del salario real entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto de 2022.

También recuerdan otro “avance” del mercado laboral en México, con el aumento de las vacaciones anuales pagadas obligatorias.

Si hasta ahora México era el último de la OCDE, con sólo seis días de licencia mínima remunerada, este año se ha incrementado a 12 años para el primer año de empleo y dos días adicionales por cada año de permanencia.

“Este progreso contribuye a mejorar las condiciones laborales en línea con los estándares de calidad laboral de la OCDE”.

Mark Zuckerberg anunció este viernes que la nueva red social Threads, con la que pretende desbancar a Twitter, ha captado 70 millones de usuarios, desde su lanzamiento el pasado miércoles.

“70 millones de inscripciones en Threads a fecha de esta mañana. Muy por encima de nuestras expectativas”, dijo Zuckerberg en su cuenta en esa misma plataforma, desde donde ha ido ofreciendo actualizaciones sobre el crecimiento de la base de usuarios.

Meta, que es propietaria de Instagram, Facebook y WhatsaApp, adelantó el lanzamiento de Threads en más de 100 países, entre ellos México, dejando fuera por el momento un importante mercado: el de la Unión Europea.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en torno a Threads. La nueva plataforma se ha enfrentado rápidamente a su primera crítica: si los usuarios quieren eliminar su cuenta en esta nueva red social también tendrán que cerrar la de Instagram.

Pese a todo, Instagram sigue teniendo una base de usuarios enorme, de unos 2,000 millones activos mensuales en todo el mundo, y Twitter de unos 450 millones.

A simple vista, Threads parece una copia de Twitter donde hay ‘posts’ con fotos, videos de hasta 5 minutos y textos de publicaciones de hasta 500 caracteres, y se puede interactuar con ellos de tres maneras: dándoles a “me gusta”, volviéndolos a ‘postear’ y comentando.

Algunas de sus ventajas parecen pensadas precisamente para contrarrestar las recientes restricciones aplicadas por Twitter: no hay límite en la cantidad de publicaciones que los usuarios pueden ver y los contenidos están disponibles en abierto aunque no se tenga una cuenta.

La mayor diferencia de Threads, por el momento, es que la nueva aplicación eventualmente será interoperable con otros servicios que también usan el protocolo de red social ActivityPub, como Mastodon y WordPress.

Ayer, Twitter amenazó con emprender medidas legales contra Meta, acusándole de hacerse con los servicios de sus antiguos empleados para crear una copia de su aplicación, unos argumentos que el gigante tecnológico rechazó rápidamente.

“Para ser claros: nadie del equipo de ingeniería de Threads es un antiguo empleado de Twitter, simplemente no”, dijo el director de comunicaciones de Meta, Andy Stone, en un mensaje en Threads.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves liberar “sin condiciones” a 16 funcionarios de seguridad secuestrados por un grupo criminal en Chiapas, estado del sureste del país, donde los delincuentes exigen destituir a tres altos mandos a cambio de soltarlos.

“Lo que pensamos en este caso, primero que se libere a los detenidos, sin ninguna condición, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores, que son inocentes”, expresó el mandatario.

Sus declaraciones se producen tras el secuestro el martes de 16 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, donde un grupo armado los interceptó en el municipio de Ocozocoautla en la carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez.

Ayer, los secuestradores publicaron videos en redes en los que exigen al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que cese e investigue al titular de la Policía Fronteriza, Yahir Hernández; al titular de la Policía estatal, Marco Antonio Burguete, y al subsecretario de seguridad, Francisco Orantes.

“Seguimos en la investigación en el caso de Chiapas. Salieron unos videos en los que se acusa a funcionarios públicos del estado de Chiapas, piden que se les destituya”, reconoció López Obrador, confirmado la autenticidad de las imágenes.

El mandatario prometió indagar a los funcionarios del estado, y apunto que Chiapas atraviesa un creciente conflicto ante el enfrentamiento de grupos criminales que disputan el territorio y desplazan comunidades indígenas.

Y es que según los videos difundidos, el secuestro también se habría derivado de una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. El CJNG busca venganza por la cantante Nayeli Cyrene, quien presuntamente está secuestrada por Jesús Esteban Machado, “El Güero Pulseras”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

“Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente”, mencionó el presidente.

El mandatario prometió que el Gobierno federal apoyará al de Chiapas en las indagatorias.

“Vamos a investigarlo, como investigamos todos los casos en los que hay señalamientos de corrupción o de cometerse ilícitos. Primero queremos que liberen porque ese no es el modo, eso no lo vamos a aceptar, son inocentes, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados”, añadió.

La Cámara de Diputados aprobó este martes, en comisiones, cambios a la Constitución para hacer obligatorio dos días de descanso “cuando menos” a la semana por cada cinco trabajados, lo que implicaría reducir la jornada laboral del país.

El cambio al artículo 123 constitucional se avaló en la Comisión de Puntos Constitucionales con una mayoría de 27 votos a favor y 5 abstenciones, todos del PAN, y se plantea se discuta en el Pleno mañana mismo.

“Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”, señala el dictamen que se aprobó entre aplausos de los legisladores.

Con esta modificación se reduciría la jornada de cualquier trabajador de seis a cinco días por ley, o bien a un máximo de 40 horas, incluyendo a obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos “y de una manera general, todo contrato de trabajo”, según la ley.

El dictamen aún debe pasar por el Pleno y requerirá del consenso de al menos dos terceras partes del Congreso por ser una reforma constitucional. Se prevé que pueda ser aprobada pues cuenta con el apoyo de todas las bancadas, a excepción de la de Acción Nacional.

La diputada de Morena, Susana Prieto, recordó que no solo debe pasar por el Senado, sino que al ser una reforma constitucional y de “gran calado” también requerirá de la aprobación de 17 congresos locales.

“Los trabajadores y trabajadoras de este país, en su gran mayoría, están muy contentos. Que habrá trabajadores que quieran trabajar tiempo extra y tener más ingresos, están en su derecho, solo tienen que saber que partir de que se apruebe tendrán pago extraordinario a partir del primer minuto de la hora 41″, comentó Prieto.

Esta modificación es significativa porque nuestro país es uno donde más horas se trabajan al año en todo el mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con sus datos, los mexicanos trabajamos 2,124 horas al año, por encima de países como Costa Rica (1,913), Rusia (1,874) y Japón (1,598).

Número similar en Colombia, Brasil, Perú y Argentina, donde al igual que México la jornada laboral es de 48 horas semanales y suele darse un solo día de descanso, habitualmente el domingo.