Aun cuando quizás Andrés Manuel López Obrador no viva en Los Pinos, a tres mil quinientos metros del lugar en donde han vivido los presidentes de México desde Lázaro Cárdenas, se ubica la delegación Miguel Hidalgo. Ahí, tan cerca de Los Pinos, regresa como alcalde Víctor Hugo Romo.
Romo ya fue delegado de Miguel Hidalgo por el PRD y el balance de su gestión la marcó la corrupción. Corrupción que abarcó desde la extorsión a restauranteros, antreros y constructores, hasta el desarrollo de edificios plagados de irregularidades en donde Romo pedía su ‘diezmo’ de un departamentito para él o sus cercanos.
Ahora regresa bajo las silgas de MORENA. Ganó por poquito: 5 mil 49 votos de los 226 mil 502 que se emitieron. Algunos dicen que su triunfo fue gracias a la compra de votos y el rebase de tope de gastos de campaña. Cuando menos eso ha reportado quien quedó en segundo lugar, Margarita Martínez Fisher, del Frente (PAN, PRD y MC) cuya queja está ahora en el Tribunal local y seguramente llegará hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la explicación más sencilla es que Romo ganó arrastrado por el tsunami de López Obrador.
¿Cómo es posible que AMLO que habla de que el poder es humildad; de honestidad valiente y de que su bandera es no a la corrupción tenga entre los suyos a un personaje como Víctor Hugo Romo?
Basta comenzar con decir que actualmente existe una denuncia penal en su contra a la que no se ha presentado a declarar porque tiene fuero como Asambleísta. La denuncia es por una serie de obras que realizó cuando estuvo al frente de Miguel Hidalgo cuyas irregularidades siguen costándole a la delegación, ahora municipio, y que en pocas semanas deberá pagar 70 millones de pesos a la Tesorería.
Las obras señaladas en la denuncia en contra de Romo son tres principalmente: El mercado Escandón; el edificio delegacional y el parque El Mexicanito. Sobre estas tres obras y sus irregularidades hay documentos presentados y acreditados ante las instancias penales correspondientes que señalan pagos anticipados; cambios a los proyectos originales; uso de empresas como Elementos Estructurales y Construcción BC S.A de C.V cuya existencia no ha podido comprobarse por lo que cumplen con las características de las llamadas empresas fantasmas, e incumplimiento en los plazos de construcción.
Incluso hay dos ex funcionarios de la administración de Romo que están vinculados a proceso por las irregularidades en estas obras. Martín Adolfo Mejía Briones y José Carlos García Chávez quienes fungieron como Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Director de Obras, respectivamente.
Columna completa en EL UNIVERSAL