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El World Justice Project (WJP) presentó por tercera ocasión los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades federativas, que ha decir de la organización, brinda datos de diagnóstico y estrategias para el fortalecimiento del Estado de Derecho en todo el país.

En su tercera edición, que clasifica a las 32 entidades del país, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25,600 personas, de encuestas a más de 2,300 especialistas en todo el país.

Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: (1) límites al poder gubernamental, (2) ausencia de corrupción, (3) gobierno abierto, (4) derechos fundamentales, (5) orden y seguridad, (6) cumplimiento regulatorio, (7) justicia civil y (8) justicia penal.

“Los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasada”, dijo Leslie Solís, Investigadora del WJP, quien añadió que todos los estados del país tienen retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto.

Los estados con los puntajes más altos en este Índice son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). Se enfatizó que Yucatán ha ocupado la primera posición por tres años consecutivos. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).

Desde la versión pasada, los puntajes aumentaron marginalmente en 17 estados, descendieron en 5, y permanecieron sin cambios en 10.

Se registraron descensos en 16 estados en el puntaje del Factor 8, justicia penal, que evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal. Los indicadores con caídas más marcadas fueron la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia y el debido proceso.

Los datos sugieren que la falta de medidas oportunidas y propicias de Justicia Abierta y Digital tuvo un impacto en los sistemas de justicia penal, al verse limitado el acceso a servicios de justicia por medios remotos y colaborativos, los cuales eran necesarios durante el confinamiento derivado de la contingencia sanitaria. La mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias.

Asimismo, por tercer año consecutivo, el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público. WJP señaló que esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación, que se estimó en un promedio de 92.4% en los 32 estados, según la ENVIPE 2020.

Los datos muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, reflejado en las caídas de los puntajes de 16 entidades.

Al respecto, Lorenzo Córdova resaltó la importancia de los contrapesos al declarar que “en una democracia, en la que se aspira contar con un Estado de Derecho vigente y vigoroso, resultan fundamentales los contrapesos; por ello, los organismos constitucionales autónomos somos también reguladores del poder y a ellos contribuye la vigilancia ciudadana sobre las instituciones”.

El informe señala que la seguridad continúa como uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de las y los especialistas consultados durante 2020.

LIÉBANO SÁENZ

MILENIO

El mayor desafío de ahora es entenderse y asumirse en los nuevos tiempos. Es mucho lo que cambia de forma vertiginosa y es natural, ante lo desconocido y la incertidumbre, optar por resistirse al cambio. Suscribir la nueva realidad es imprescindible para todos. Esto no significa desentenderse de lo bueno del pasado ni transitar en una contemplación negativa hacia todo lo que sucede. El país está inmerso en una nueva realidad. Hay signos de preocupación, pero más que ello, compromisos por identificar y asimilar.

Es preciso diferenciar las causas de los efectos, y también efectos que se vuelven causa. En términos políticos, el amplio descontento social de años pasados dio origen a un proyecto que contó con el aval de la mayoría de la población. Para bien se abre la puerta a un gobierno decidido a cambiar, con objetivos irrefutables, pero para mal, con métodos y estrategias dudosas y que resultan contraproducentes para el mismo proyecto en curso, y también para el país. La secuela del enojo social y el deseo de cambio echó abajo los contrapesos que habían caracterizado el régimen político desde que el gobierno dividido se instauró en 1997. Esta es nuestra nueva realidad. Hay que asumirla y actuar en consecuencia. Hoy, a lo social le corresponde hacer más, porque la política no está dando para los contrapesos.

Aunque los signos del cambio despierten incertidumbre y preocupación, lo importante es ser proactivos y positivos en el espacio que a cada quien corresponde. El país es mucho más que un proyecto político en particular, éste, por más pretensiones y respaldo que tenga, se inscribe en la circunstancia de nuestros tiempos. De hecho, lo político es más precario en su continuidad que lo económico, lo social o lo cultural. Por ello es preciso observar la realidad actual con perspectiva, con un sentido de lo importante y de lo que debe trascender y permanecer.

Asumirse positivo no es una forma de someterse, como tampoco lo negativo es por sí mismo resistencia. Cuidar lo importante obliga a la mesura y también a la paciencia. La persistencia ha probado ser una actitud válida, pero ésta debe tener propósito. Además, debe inscribirse en los mejores valores de la cultura liberal como es la tolerancia, el respeto a la dignidad de las personas, y el cuidado a las instituciones que dan vigor y vigencia a las libertades y a la contención al abuso del poder.

Es posible que conforme pasa el tiempo se acentúe en algún sector el sentimiento de que lo nuevo no muestra consistencia entre lo que se hace y lo que pretende, entre lo que se predica y lo que resulta, entre los compromisos y los hechos. El futuro no es fatalmente promisorio ni desastroso, es lo que cada quien, desde su propio espacio va construyendo y defendiendo. Si vale para lo individual, mucho más para lo colectivo.

La realidad de hoy día demanda un esfuerzo de adaptación. No es la primera vez que el cambio se impone. En otros momentos ha ocurrido a partir de la crisis con todas sus expresiones dramáticas y elevados costos sociales. Afortunadamente, ahora vivimos un cambio no accidentado y que obliga a una participación con entusiasmo, pero, sobre todo, con claridad de lo que se pretende. No es asunto de supervivencia, sino hacer que lo nuevo sea consecuente con lo mejor del ayer, que no es poco. A pesar de que los nuevos tiempos deslumbren e impidan ver con claridad lo mucho que hay por preservar y cuidar, al margen de la nostalgia o de cualquier interés particular, es necesario reflexionar que el futuro del país nunca se ha construido destruyendo el pasado, sino usando lo mejor de aquellos tiempos como piso firme para fincar hacia adelante.

La causa del cambio está en lo social y en lo económico. Se entreverán para transformar a las personas en sus ideas, valores y pretensiones. La realidad política de ahora convoca a la inclusión y a revisar mucho de lo que se daba por válido en el paradigma del pasado. Es muy positivo que los actuales tiempos convoquen a la equidad, a ampliar el bienestar y mejorar las condiciones de vida no solo de las mayorías, sino también de los por mucho tiempo olvidados. Eso es bueno, pero el reto está en lograr lo que se quiere; no es la pretensión ni la intención lo que convalida, sino los resultados, y es allí donde más dudas despierta lo que ahora desde el poder se instaura como método, causa y razón.

La voluntad cuenta y mucho, pero también el orden, la claridad y los medios para alcanzar lo que se pretende.En los mexicanos hay consenso en lo que hay que hacer, pero no así en la manera de lograrlo. No hay coartadas fáciles para cambiar lo que no nos gusta de la realidad. Además, no se debe desentender de los instrumentos ni siquiera a partir de lo elevado del propósito. La justicia no puede someter a la ley; tampoco la ley puede quedar a merced del calculado interés político.

Los nuevos tiempos convocan hoy más que nunca a la claridad de visión, al compromiso y a la persistencia con perspectiva del largo horizonte de nuestra historia.

@liebano

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, urgió a que en México se consolide la institucionalidad democrática mediante la preservación del sistema constitucional de pesos y contrapesos.

De igual forma hizo un llamado a que se respete el disenso y se superen los discursos que polarizan a la población.

“Se deben tender puentes hacia la sociedad civil, la academia, los organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de derechos humanos, así como con las víctimas, que requieren ser escuchadas y atendidas. Solo con el respeto y vigencia de los derechos humanos serán posibles las transformaciones que México demanda”, aseguró.

Al abordar diversos temas, González Pérez afirmó que es fundamental garantizar la plena independencia de las 33 Fiscalías de Justicia del país para que los delitos efectivamente se investiguen y la ley se aplique.

Señaló que los índices de impunidad son inaceptables y su existencia incentiva que continúen los casos de desaparición, las agresiones contra mujeres, personas defensoras y periodistas.

Remató señalando que debe superar la visión asistencialista para implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos que hagan que tales prerrogativas puedan ser vigentes y las necesidades de las personas se atiendan.

La Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), emitió un posicionamiento respecto a la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa que fue presentada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que se remitió a la Cámara de Diputados.

Reconocieron que es necesario un órgano autónomo que evalúe todos los componentes del Sistema Educativo Nacional y genere información objetiva, confiable y pertinente, lo que dijo, han hecho desde el año 2012 en que se creó el Instituto.

“Es precisamente el INEE quien produce la información que le permite hoy al gobierno federal hacer un planteamiento de política educativa”, señaló la Junta de Gobierno.

Se pronunció por no volver a dejar la evaluación de los diversos componentes del sistema educativo a la misma autoridad encargada de prestar el servicio, pues dijeron, tiene “limitaciones e imprecisiones”. Indicaron que hacerlo sería el equivalente a que de nueva cuenta fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones y contara los votos.

Hicieron un llamado a proteger los avances que a lo largo de los años se han conseguido, y a evitar que la autoridad sea juez y parte en materia educativa.

Al respecto acusaron que la propuesta de eliminar el organismo es un atentado del nuevo gobierno contra el sistema de pesos y contrapesos para la democracia. Adelantaron que continuarán cumpliendo con su mandato legal en tanto se mantengan en vigor las normas constitucionales que los rigen

Finalizaron haciendo un llamado a la ciudadanía a ayudar a defender al INEE, pues dijeron que las instituciones “no se defienden a sí mismas, requieren de las personas, de los ciudadanos. Son las instituciones las que constituyen la vida democrática”.

La ex delegada de Iztapalapa en la Cuidad de México, Dione Anguiano, anunció este lunes su renuncia a las filas del PRD. Anguiano era una de las figuras más prominentes del partido en la capital del país.

Fue a través de sus redes sociales que indicó que “renuncio al Partido de la Revolución Democrática e inicio un nuevo ciclo en mi vida”, asegurando que ha dedicado su vida a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

En su mensaje, dijo que no tenía más que gratitud para sus compañeras y compañeros de lucha, y aprovechó para desearle éxito a la dirigencia del partido del Sol Azteca, esto tras 29 años de militar en el PRD.

Añadió que el país requiere de equilibrios y contrapesos que garanticen que la justicia, el progreso y el bienestar no sean patrimonio de grupos de poder en turno.

Sostuvo que la nueva etapa de refundación del PRD requiere de mujeres y hombres con nuevas ideas para afrontar los retos que se presentan en el acontecer nacional.

En el escrito presentado con su renuncia, señala que su decisión es de carácter personal y familiar, pues dijo que durante décadas, ha dejado dichos aspectos al margen y supeditado a su compromiso político.

 

En conferencia de prensa, diversos liderazgos del PRD reconocieron que México cambió con los resultados electorales del pasado 1 de julio, luego de que una mayoría ciudadana votó por las promesas de campaña del hoy presidente electo porque estaba harta de la impune corrupción gubernamental; de la incapacidad del Estado para frenar la violencia e inconforme de que siguiera cayendo su nivel de vida.

“Ahora la ciudadanía tiene la esperanza de que el nuevo gobierno cumpla sus promesas y compromisos de campaña”, advirtió el dirigente nacional Manuel Granados.

Los perredistas se dijeron preocupados por la reducción de la pluralidad política, pues indicaron que Morena está constituyéndose como un partido hegemónico que temen busque el monopolio del poder político a costa de la pluralidad y la competitividad partidarias.

Aseguraron que para fungir como un verdadero contrapeso, el PRD debe recuperar la credibilidad social que en los últimos años fue perdiendo. “Para ello requerimos de una verdadera renovación, de cambios reales en las formas, métodos y normas que rigen la vida interna del PRD. Pero lo fundamental es que todas y todos actuemos con la congruencia de nuestra convicción de izquierda democrática y social”.

En ese sentido enfatizaron que darán paso a la construcción de una alternativa de izquierda democrática, liberal y progresista, basada en nuevos consensos sociales que les permitan actuar como contrapeso ante los excesos del poder.

Anunciaron la integración de la Comisión Nacional de Diálogo, la cual tendrá la tarea de establecer comunicación con personalidades, liderazgos y organizaciones dispuestos a trabajar para luchar en las nuevas condiciones políticas por las que a traviesa el país.

Advirtieron que no permitirán retrocesos ni restricciones en el ejercicio de los derechos y libertades ya conquistados, ni freno a los avances de la democracia ni del federalismo.

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) recordó que por primera vez en dos décadas, los partidos que postularon al próximo Presidente de la República tienen mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, razón por la que les hizo un llamado a asumir su rol de poder autónomo, conservando el equilibrio entre poderes y fortaleciendo su papel como contrapeso y fiscalizador del Ejecutivo.

“Los legisladores deberán garantizar un ejercicio democrático del poder, que respete la diversidad de opiniones en la sociedad y los derechos individuales de todos los mexicanos”, indicó el CCE.

Reiteraron el interés y compromiso de la iniciativa privada por contribuir y participar en el diálogo con todos los grupos parlamentarios, los cuales dijo deben compartir el reto de contribuir a la consolidación de la democracia, al crecimiento de la economía y la inclusión de todos los mexicanos al desarrollo social.

Enlistó las seis “decisiones concretas” que los legisladores tendrán que tomar en los próximos días para cumplir con la responsabilidad que han asumido con los mexicanos.

  • Realizar designaciones pendientes, como la del Fiscal General y los fiscales especiales, así como de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembros de los órganos autónomos. “Los empresarios confiamos en que estos nombramientos darán certidumbre jurídica y mostrarán que se privilegia a los mejores perfiles”.
  • (Cámara de Diputados) Revisar y aprobar de manera responsable el paquete económico, que a su vez incluye la Ley de Ingresos y el presupuesto de la federación para el año que entra.
  • Seguir impulsando una ley de justicia laboral que recoja los principios de la reforma constitucional, que garantice la permanencia del modelo tripartito de negociaciones, y mantenga la paz laboral, fomentando el diálogo social.
  • (Senado) Discutir y en su caso ratificar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el instrumento que para sustituirlo acuerden los poderes ejecutivos de cada país.
  • Impulsar las reformas pendientes que consoliden un Estado de Derecho fuerte, entre las que se encuentra un esquema adecuado y eficaz de modelo policial para combatir la inseguridad.
  • La revisión de las reformas estructurales de forma cuidadosa y valorando los logros alcanzados.

El CCE finalizó indicando que en la iniciativa privada están convencidos de que el modelo de pesos y contrapesos que contempla la constitución es un pilar de la democracia y la libertad del país. “Confiamos en que los nuevos legisladores sabrán ejercerlos y defenderlos por el bien de todos los mexicanos a quienes representan”.

 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que la división de poderes es crucial para que los diferentes poderes se limiten y moderen recíprocamente en un sano sistema de pesos y contrapesos.

“Entre ellos (los poderes) debe existir un equilibrio fundamental sin que pueda afirmarse la preeminencia de ninguno de ellos, ni rivalidad entre los mismos, sino ejercicio de funciones y atribuciones que se complementan y permiten la realización de los valores supremos del Estado democrático”, aseguró al participar en la IX Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales.

La magistrada presidenta del TEPJF subrayó que, bajo este esquema de equilibrios, la atribución principal del Poder Judicial de la Federación ha sido la de ser garante del derecho y del respeto a la Constitución. Indicó que las cortes y los tribunales están llamados a proteger la legalidad y los derechos, imponiendo límites al ejercicio del poder y eliminando la posibilidad de alguna actuación arbitraria.

Remató al recordar que desde 1996 la justicia electoral fue vinculada enteramente al Poder Judicial Federal, surgiendo así el Tribunal Electoral, y desde entonces le corresponde plenamente contribuir a construir y a consolidar la democracia en nuestro país y pacificar la lucha por el poder entre partidos, grupos y actores políticos.

“Para el Tribunal Electoral no hay vuelta de hoja, es un principio que el Derecho debe estar por encima de la política”, remató Otálora Malassis.

 

Tras concluir el proceso electoral, y que se confirmara que por primera vez desde 1997 un partido de coalición tendrá mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que se debe garantizar la efectividad de los contrapesos por el bien de la vida democrática del país.

“Ante este momento histórico de la vida democrática de nuestro país vuelve a adquirir relevancia garantizar la efectividad de los contrapesos en las Cámaras del Congreso de la Unión. Los contrapesos son eficaces para evitar tentaciones autoritarias de las mayorías, y garantizar la pluralidad de las voces en la representación”, indicó la Confederación.

Señalaron que por primera ocasión en 24 años, un Presidente de México contará con mayoría en la totalidad del Poder Legislativo, pues se estima que en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados de la coalición “Juntos Haremos Historia” (PT y PES) contarán con 303 curules, frente a 140 de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) y 63 de Todos por México (PRI-PVEM-NA).

En el Senado, la alianza Juntos Haremos Historia tendrá 70 espacios; el Frente, 38 y Todos por México, 20. Así mismo, del total de cargos de elección popular diputados en 30 entidades, 58.7% fue para Morena, incluyendo la mayoría en 19 legislaturas estatales.

La Coparmex sostuvo que en las últimas décadas se han tenido avances significativos en la negociación de las fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión, por lo que dijo “es algo que se debe preservar”.

Para fortalecer el sistema de partidos, consolidar una democracia participativa y generar mayor legitimidad a los gobiernos, indicó que es necesario realizar un cambio de fondo en la relación entre gobernantes, partidos políticos y los ciudadanos, y para ello mencionó aspectos tales como:

  • Renovar la relación entre la ciudadanía y los partidos.
  • Fiscalización financiera de los procesos electorales.
  • Revitalización de los mecanismos de democracia directa.
  • Crear marco jurídico para gobiernos de coalición.
  • Instituir la segunda vuelta electoral.

“Ante la nueva conformación del poder político en México, quienes representan mayorías, los partidos minoritarios, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en lo individual, tienen un papel fundamental en la construcción del México que queremos”, remató la Coparmex.