La Fiscalía contra Delitos Económicos de Grecia abrió este jueves una investigación criminal preliminar contra la exvicepresidenta del Parlamento Europeo (PE), la socialdemócrata Eva Kailí, por la presunta comisión del delito de lavado de dinero y soborno pasivo.

Kailí, quien actualmente está en prisión preventiva en Bruselas, ha sido ya imputada por un juez belga por los delitos de presunta participación en organización criminal, lavado de dinero y corrupción en el marco de las investigaciones por la presunta trama de sobornos que implican al gobierno de Qatar y a la Eurocámara. Al caso ya se le conoce como el ‘Qatargate’.

La investigación en Grecia se refiere a presuntos delitos cometidos por parte de Kailí que las autoridades belgas no han investigado hasta el momento, ya que una persona no puede ser imputada o procesada penalmente dos veces por el mismo delito.

El fiscal, Jristos Vardakis, ha pedido que se solicite a las autoridades judiciales belgas el expediente que tienen contra Kailí para que esclarezca que lo hechos que investigará no están siendo ya examinados por la belga.

La europarlamentaria se encuentra actualmente en la cárcel de Harem de Bruselas a la espera de su audiencia con un juez el próximo 22 de diciembre, en la que se decidirá si permanece en prisión preventiva o no.

El italiano Francesco Giorgi, compañero sentimental de Kailí y también involucrado en el caso, admitió hoy su culpabilidad ante la policía y ante el juez belga de instrucción en los interrogatorios, y señaló como cerebro de la trama al exeuroparlamentario italiano Pier Antonio Panzieri.

Según el diario italiano La Repubblica, Giorgi defendió durante en su interrogatorio a Kailí, con la que tiene una niña de dos años, al señalar que ella no tiene nada que ver con el caso. Por eso, insistió Giorgi, las autoridades tienen que liberarla.

Sin embargo, reconoció que actuaba para los gobiernos de Qatar y Marruecos, en una trama para influir en cuestiones europeas.

La Autoridad contra el lavado de dinero de Grecia ya había ordenado el pasado lunes el embargo de los bienes (inmuebles, cuentas bancarias, empresas) de Kailí, con el fin de localizar rápidamente y bloquear el posible traslado de dinero o bienes muebles que pudieran probar los delitos de los que se le acusa.

Adicional, este jueves se informó que los diputados del Parlamento Europeo plantearon exigirse a sí mismos una declaración de bienes al acabar sus mandatos, además de los ya requeridos al inicio de la legislatura, para poder demostrar que su patrimonio declarado se corresponde con los ingresos percibidos ante una eventual “acusación fundada”.

Esta será parte de las propuestas de reforma que la Eurocámara se ha comprometido a emprender ante el presunto caso de corrupción.

“Una declaración de bienes de los miembros al principio y final de cada mandato ofrecería salvaguardias adicionales contra la corrupción”, consideran los eurodiputados, en una resolución aprobada por 541 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

A estas declaraciones, añaden, sólo deberían tener acceso las autoridades pertinentes y en el caso de que haya “alegaciones sustanciadas” en contra de un diputado concreto, para comprobar “si los bienes declarados coinciden con los ingresos declarados”.

Los diputados piden también una propuesta urgente a nivel europeo para prohibir en toda la UE “las donaciones de terceros países a diputados y partidos políticos” y se exigirán a sí mismos “plena transparencia de los ingresos paralelos de los eurodiputados” y el veto a “toda financiación externa del personal de los diputados y los grupos”.

Se verán afectados por este cambio, entre otros aspectos, la tramitación legislativa de la exención de visados a qataríes, que ya ha quedado congelada, y la visita de la comisión de Asuntos Exteriores a este país que iba a tener lugar la próxima semana y que ahora se limitará sólo a Arabia Saudí.

También piden impedir el acceso de “representantes de los intereses qataríes” a la institución hasta que la investigación sobre el presunto caso de sobornos se resuelva y sugieren que los representantes de terceros países y exeurodiputados deben estar obligados a inscribirse en el Registro de Transparencia, órgano que debe, dicen, tener más presupuesto y personal.