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Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Secretaría de Marina (SEMAR) otorgó un contrato por 223 millones de pesos para la construcción de la unidad habitacional naval en Dos Bocas, Tabasco, a una empresa ligada a un directivo de Pemex.MCCI precisó que desde 2010, José Fernando Montes de Oca Siliceo, dueño de Idisa Ingeniería SA de CV, se ha desempeñado como coordinador especialista B en la Subdirección de Capital Humano de PEMEX.

En dicho cargo, Montes de Oca Siliceo percibe un sueldo mensual bruto de 150 mil pesos y encabeza las labores de reclutamiento de nuevos funcionarios.

SEMAR otorgó el contrato millonario a Idisa Ingeniería SA de CV por adjudicación directa, para la construcción de la unidad habitacional donde vivirán las familias de los elementos de la Marina, y que forma parte de las nuevas obras que se realizan tras la creación en septiembre de 2019 del Sector Naval de Dos Bocas, con el que se busca dar seguridad a la refinería y la aduana marítima del mismo nombre.

El contrato fue firmado el 27 de mayo de 2022 por el Oficial Mayor de la Marina, el almirante César Carlos Preciado Velázquez, lo que según MCCI contraviene el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que las dependencias deberán abstenerse de adjudicar contratos a sociedades de las que formen parte servidores públicos. La organización obtuvo vía transparencia la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de Idisa Ingeniería, donde se muestra que el 16 de mayo, 11 días antes de firmar el contrato con la Secretaría de Marina, la empresa únicamente contaba con un trabajador registrado ante el IMSS.

Investigación completa en MCCI

La Secretaría de la Función Pública (SFP) realizará una investigación para sancionar a los servidores públicos federales que, saltándose los protocolos, permitieron que la menor Fátima se encontrara en una situación de vulnerabilidad.

Así lo informó la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, quien indicó que, además, se llevará a cabo un análisis del desempeño de la autoridad educativa en este caso, a fin de deslindar responsabilidades a la brevedad.

Al firmar un convenio de colaboración con la CNDH con el fin de erradicar la corrupción, la funcionaria aseguró que ha llegado la hora de abordar seriamente el problema de la responsabilidad del Estado ante los derechos humanos. “Se dice con frecuencia que la corrupción mata y en efecto así lo hace, porque la corrupción si se entiende como corrupción estructural es en esencia un abuso de poder”, dijo.

Sandoval Ballesteros expuso que en el centro de cualquier lucha anticorrupción tienen que estar las víctimas, ya que la corrupción perjudica a personas, comunidades y a toda la sociedad en su conjunto, pero se ensaña especialmente con los grupos históricamente más vulnerables.

Recordó que la corrupción genera desigualdad social, preserva y aumenta la pobreza, reduce la calidad de los servicios públicos, impide la impartición de justicia, fomenta la violencia y el crimen.

“La corrupción, en todas sus formas, es un obstáculo al desarrollo: ya sea por la mala administración de los recursos públicos o por la falta de cumplimiento de la ley. Se traduce en persecución de activistas y periodistas, feminicidios y desapariciones sin respuesta”, agregó.

A partir de 2020 todos los funcionarios deberán hacer públicos los bienes de las personas con quienes tienen un vínculo sentimental como parejas, aunque no estén en concubinato ni sean cónyuges, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Lo anterior luego de que la investigación contra Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), concluyera que no incurrió en conflicto de interés, ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales.

La funcionaria planteó que es cierto que legalmente Julia Abdalá, pareja sentimental de Bartlett, no es su esposa, su cónyuge ni su concubina, por ello con la legislación actual no está obligado a declarar sus bienes, pero a partir del próximo año deberá rendir cuentas del patrimonio de Abdalá.

“Este caso dibuja claramente la propuesta que personalmente realicé en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción para cambiar los formatos de la declaración patrimonial. Los formatos habían sido diseñados de forma minimalista y simuladora en el anterior régimen para no dar cuenta real del patrimonio de los servidores públicos y sus conflictos de intereses”, sostuvo la titular de la SFP.

Los nuevos formatos fueron aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción el 11 de diciembre pasado, y los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero.

Sandoval Ballesteros reiteró que la SFP actúa con plena libertad y autonomía, que no hay intocables, y todo servidor público denunciado ha sido y seguirá siendo investigado y, en su caso, serán sancionados conforme a las leyes aplicables.

“Nuestra actuación nunca ha sido ni será por consigna, ni arbitraria. Actuamos y seguiremos actuando con la ley en la mano, no hay intocables, no hay perseguidos y cuando no se encuentren elementos que sustenten una posible irregularidad se concluirán las investigaciones en estricta observancia a los principios de legalidad”, remató.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción presidida por el diputado, Óscar González Yañez (PT), aprobó con 16 votos a favor, dos abstenciones y tres en contra, una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y abroga la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.

La ley que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.

La iniciativa cita que la interpretación de esta ley, para efectos administrativos, está a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

Sobre la determinación de las remuneraciones, señala que ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá un salario o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el PEF.

Sin embargo, detalla que un servidor público sí puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico cuando: desempeñe varios puestos, siempre que éste tenga el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales. Cuando lo permita expresamente el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; realice un trabajo técnico calificado, considerado así cuando éste exija una preparación, formación y conocimiento.

También, cuando tenga un trabajo de alta especialización, determinado así cuando el ordenamiento jurídico exige una experiencia para el desempeño de las funciones conferidas, la acreditación de competencias o capacidades específicos o el cumplimiento de un determinado perfil.

El diputado Pablo Gómez Álvarez de Morena reconoció que era más sencillo hacer una nueva ley que parchar la existente. Advirtió que no se permitirá que algunos funcionarios ganen más que el Presidente de la República, “la Constitución no lo permite, lo prohíbe”.

Mencionó que la Suprema Corte tomó una resolución y el Legislativo debe respetar y agregó: “espero que no tengamos ninguna suspensión por vía de controversia, que es completamente ilegal que una persona en la Suprema Corte, violando la ley, suspenda la aplicación de otra norma general, creo que no va a volver a ocurrir”.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la remoción temporal del fiscal de Veracuz, Jorge Winkler. Se le preguntó si dicha decisión era parte del llamado quién es quién en la justicia del que había hablado días atrás..

El mandatario dijo que su gobierno es respetuoso de las autonomías de otros poderes, en este caso de las fiscalías estatales.

“No tenemos nosotros el propósito de intervenir para quitar a funcionarios públicos, de organismos independientes, de organismos autónomos”, dijo AMLO.

Sin embargo, señaló que lo que sí consideraba es que se cometieron errores en el pasado, porque se nombraron fiscales tanto para la impartición de justicia como para el combate a la corrupción a modo. Dijo que hubo fiscales propuestos por los propios gobernadores para que les garantizaran impunidad, lo que ahora está perjudicando mucho al país.

Dijo que se deje acabar con la intromisión en las labores de justicia de grupos de intereses creados, de intereses políticos.

López Obrador reconoció que ha habido una confrontación entre las autoridades locales y el fiscal Jorge Winckler, que acusó, fue heredado desde la administración anterior y nombrado por Miguel Ángel Yunes

Afirmó que el nombramiento de fiscales a modo no sólo se dio en Veracruz, sino en varios estados, pues era una práctica que viene de tiempo atrás.

En ese sentido dijo que, así como el gobierno federal está actuando de manera distinta en lo que corresponde al Poder Ejecutivo federal, en los estados haya  una clara división y equilibrio entre los poderes.

La Dirección General de Cómputo de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio por terminado un contrato por el que se les proveía servicio de nternet a 35 sedes de la institución.

En el documento que se hizo llegar a las diferentes áreas de la UNAM, se informó que fue durante el periodo de asueto que la SCT dio por terminado el contrato referente al servicio de internet que se otorgaba a través de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA).

Detalló que dicha red daba servicio a 35 sedes de la UNAM en todo el país, además de que representaba el 54.24% de la capacidad de conexión a internet.

Y aunque la SCT indicó que reactivaría el servicio mediante una licitación pública, advirtió que eso sucedería en septiembre próximo; sin embargo, la DGTIC indicó que podría alargarse dicho tiempo.

“La desconexión de la Red NIBA ya nos está afectando en la calidad del servicio, pero nos estamos apoyando con los enlaces contratados con recursos de la universidad que son de mejor capacidad”, indica la circular con número 006/2019.

Según la revista Forbes, Felipe Bracho Carpizo, titular de la DGTIC, confirmó el corte del servicio, y señaló que la SCT les informó que ya se concluyó el proceso de licitación por lo que pronto se reanudará el servicio.

Aclaró que la UNAM no se ha quedado sin conectividad, ya que se tienen enlaces de menor capacidad y “hasta ahora hemos podido mantener bien los servicios en toda la institución”.

Hasta ahora la SCT no ha emitido ningún posicionamiento o información al respecto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que ha generado molestias y ha generado un amplio debate el hecho de que en la Ley Federal de Austeridad Republicana se haya plasmado que los servidores públicos de alto rango no pueden trabajar en ciertas empresas de la iniciativa privada durante los 10 siguientes de haber concluido su encargo.

AMLO dijo que dicha práctica se había convertido en un “abusó”, y que ahora los cambios molestan a varios personajes. “Se pasaron, o sea, se iban del gobierno a trabajar a las empresas, si eran funcionarios de Pemex del más alto nivel, a empresas petroleras privadas; si eran funcionarios de Hacienda, a bancos privados, bueno, un gran abuso en ese sentido”.

Señaló que, al permitirse y acostumbrarse dicha práctica, provocó que algunos funcionarios representaran en el gobierno los intereses de grupos de financieros, y a veces hasta convirtiéndose en traficantes de influencias.

En ese sentido, recordó los casos de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que, tras terminar su encargo, se fueron a trabajar a empresas extranjeras.

“Un ex presidente (Zedillo) se fue a trabajar de asesor o de consejero de una empresa de ferrocarriles (Union Pacific). Durante su mandato se privatizaron los ferrocarriles y él se fue cuando terminó a trabajar a una de las empresas beneficiadas con la privatización”.

El otro caso que expuso fue el de Calderón, quien dijo, “les dio contrato a empresas energéticas (Iberdrola), porque él tuvo que ver con eso. Se desempeñó en esos cargos de energía y luego fue presidente no tan legal que digamos, ni tan legítimo, y se fue a trabajar de consejero a una empresa extranjera del sector energético (Avangrid)”.

López Obrador remató diciendo que una cosa que se les olvidó es la diferencia entre sector público y sector privada, lo cual, no se debió mezclar nunca.

La Cámara de Diputados informó que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, será discutida y votada el próximo jueves 13 de septiembre.

La ley tiene como objetivo regular las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Recordemos que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encomendó a los legisladores de los partidos afines a él, sacar este tema adelante con el fin de recortar ingresos a los altos funcionarios y que nadie gane más que él.

“El derecho de todo servidor público a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que sea proporcional a sus responsabilidades. Establece que ningún servidor público recibirá remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, señala la Ley.

Se especificó que con dicha Ley se dará paso a que exista un tabulador en donde se establezcan los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie.

El documento que será votado añade que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, toda vez que no se pueden clasificar como información reservada o confidencial.

Además se menciona los tipos de un nuevo delito al que se denomina de remuneración ilícita, aplicable cuando un servidor público apruebe o refrende una remuneración que no esté autorizada por la ley.

 

Luego de que miembros del Frente retaran al equipo de campaña de José Antonio Meade a demostrar que efectivamente fueron sancionados 486 servidores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión del candidato derivado de las irregularidades que reportó, fue la Secretaría de la Función Pública (SFP) quien salió en defensa del priísta.

 

La dependencia informó  que en el marco de las investigaciones emprendidas derivadas de la auditoría correspondiente al programa de Adultos Mayores tal como lo dijo Meade, iniciada en enero de 2016, respecto del ejercicio 2015,  acreditó que hubo promotores sancionados, pues se detectó que plasmaron sus huellas dactilares en los lectores biométricos utilizados en el enrolamiento y en la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios del programa.

 

Ante ello, la SFP determinó suspender de manera precautoria a  468 servidores públicos, que desempeñaban sus labores en 30 entidades federativas de la República Mexicana, para continuar con las diligencias correspondientes.

 

La SFP detalló que a través del Órgano Interno de Control, informó a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedesol, quien a su vez presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual inició las investigaciones correspondientes contra los promotores y quien resulte responsable.

 

Sin embargo no reveló los nombres ni documentos que acrediten tal afirmación, además de que ha sido criticada por mencionar que la suspensión fue de manera precautoria, pues eso da pie a que dichos funcionarios pudieron ser restituidos en su cargo.

 

Luego de que la noche de ayer el PRI emitiera un comunicado en el que negara las acusaciones que miembros de la coalición “Por México al Frente” hicieran sobre la gestión de José Antonio Meade al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), esta mañana el PAN volvió a lanzar un nuevo ataque.

 

La dirigencia nacional del PAN indicó que es totalmente falso que cuando Meade estuvo al frente de la Sedesol se suspendiera a 468 servidores públicos, consecuencia de la realización de auditorías tal como el PRI lo resaltó en su última comunicación.

 

Subrayaron que si se revisa el Registro Público de Servidores Públicos sancionados, no aparece en ninguna parte esta relación de servidores públicos supuestamente suspendidos entre agosto de 2015 y septiembre de 2016. Adicional señalaron que de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, de 2014 a 2016, en la Sedesol se sancionó a un total de 21 servidores públicos; de estos, 13 fueron sancionados por abuso de autoridad y 8 por negligencia administrativa.

 

Subrayaron que es totalmente falso que a solicitud de Meade se haya sancionado a 468 servidores públicos de la Sedesol. Negaron que haya habido las sanciones que el tricolor presumió, y por el contrario acusaron que Meade no solamente fue copartícipe de los fraudes, sino que también fue tapadera de episodios anteriores.

 

Pidieron que el ahora candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, debe responder por los desvíos multimillonarios de recursos, cuyos destinatarios debieron ser las personas más pobres de México.