El hartazgo ciudadano con el PRI llevó a un intermedio de 12 años de gobierno PANista encabezados primero por Vicente Fox y después por Felipe Calderón. Que regresen los que saben, aun si roban, fue la consigna de la elección del 2012 que ganó Enrique Peña Nieto.
Seis años de gobierno que fue voraz y bien descrito por el Economist como uno en el que no saben que no saben, acrecentaron el hartazgo ciudadano al grado de que un partido de conformación reciente, MORENA, logró arrasar la elección presidencial el pasado 1º de julio con la promesa de Andrés Manuel López Obrador de cambio, esperanza para México y un gobierno sin corrupción.
Parece que ha pasado una eternidad desde entonces. Tenemos a un ex presidente en funciones, como diría Rafa Pérez Gay, y a un presidente electo que parece estar tan en funciones que, sin haberlas asumido formalmente, sufre ya de un enorme desgaste. Él y su futuro gabinete.
El desgaste más reciente proviene de una frivolidad: la boda de César Yáñez, cercanísimo colaborador de Andrés Manuel López Obrador y próximo Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia. Una boda cuyas exquisiteces, como el menú y la música en vivo de Los Ángeles Azules, no dejan lugar a duda de los límites de la austeridad republicana predicada.
Pero más allá del fatuo festejo, criticable solamente por la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, hay otros temas que preocupan porque han desgastado innecesariamente al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin que éste comience aún.
En primer lugar está la cantidad de recursos públicos destinados para pagar sueldos y prestaciones de la burocracia. Es un tema que indigna. Por ello, anunciar que el 70 por ciento de los empleados de confianza van a ser despedidos y que el sueldo de los que queden se ajustarán a la baja a partir del salario presidencial que pasará de $209 mil 135.92 pesos a $108 mil puede sonar como música a los oídos de la opinión pública. Pero tomar esta medida sin acompañarla de una explicación técnica que defina por qué el despido del 70% de los empleados es el óptimo y por qué la reducción del 40 por ciento del salario es la adecuada se antoja más como un dogma que como una política pública.
En segundo lugar están los anuncios en materia de infraestructura. Condicionar que siga adelante la construcción de NAICM a una consulta pública que, de entrada obliga a la modificación del artículo 35 Constitucional, a la vez que se descartan los estudios especializados como el de MITRE sobre sus beneficios es de sí un foco rojo. Acompañarlo del anuncio de la construcción del Tren Maya y una refinería, sin que estas decisiones vengan acompañadas del rigor de impactos económicos, ambientales y de costos de aquello que implique utilizar fondos públicos, vuelve a tener un timbre dogmático. No es que se critique la inversión en el sureste del país. Es saber cuál, cuánta y por qué es la mejor.
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