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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por las que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abstenerse de emitir expresiones y/o declaraciones de índole electoral.

Entre las medidas, el INE había ordenado al presidente no utilizar los espacios de comunicación oficial o aprovechar las funciones inherentes a su cargo para fines electorales.

En sesión privada, la mayoría de las Magistradas y los Magistrados estimaron que las expresiones materia de la controversia no ameritan ser objeto de tutela preventiva en la vía cautelar, ya que se trata de actos futuros de realización incierta.

Lo anterior luego de que durante una gira en Baja California y en la conferencia matutina del 30 de noviembre, el titular del Ejecutivo Federal realizó manifestaciones que, a consideración del PRD, diputados de ese partido y del PAN, invitaban a reflexionar el voto de la ciudadanía a favor de Morena y en contra de ellos.

Los Magistrados manifestaron que la Sala Superior ya ha considerado en algunos precedentes que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral no tiene atribuciones para emitir una determinación de tutela preventiva, sobre actos futuros, pues constituye un acto de censura previa que viola el principio de legalidad previsto en la Constitución Política.

En la resolución se explica que las medidas cautelares son accesorias, y por lo tanto siempre deben ser parte de un procedimiento principal, y por lo tanto no pueden ser dictadas sobre situaciones que aún no acontecen.

Sin embargo, el Pleno determinó constreñir al titular del Poder Ejecutivo Federal y su gabinete, así como a los titulares de los Poderes Estatales y Municipales a respetar y hacer valer el principio de neutralidad y las normas previstas en el artículo 134 para la no intervención de servidores públicos en el proceso electoral.

Asimismo, determinaron establecer una medida de apremio al INE por no ajustarse a criterios establecidos por la Sala Superior.