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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Turismo (Sectur) dar a conocer los documentos que funden y motiven la adjudicación directa para los estudios de factibilidad del proyecto del “Tren Maya”, precisando las empresas beneficiadas, los montos a pagar, los entregables y las fechas de entrega de cada uno de los estudios y servicios contratados.

El comisionado del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, destacó que toda la información que se genere en torno a este proyecto debe transparentarse y poner a disposición de la población, como un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, que permita la participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones.

“Conocer los impactos ambientales y los estudios de factibilidad respectivos, permiten valorar los posibles deterioros y consecuencias de orden ambiental. Tan relevante es ello que, hace tan sólo unos días, escuchamos en los medios de comunicación, que se suspendió la obra del aeropuerto en Santa Lucía, por un Juez de Distrito, ante la presentación de un juicio de amparo que puso en conocimiento la falta de garantías medioambientales para la realización de ese proyecto”, enfatizó.

Y es que un particular presentó ante la Sectur una solicitud para conocer dicha información, por lo que la dependencia se declaró incompetente, por lo que le orientó a remitir su requerimiento ante la Unidad de Transparencia del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, o a su filial Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.

Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual impugnó la incompetencia aludida.

Sin embargo, el INAI procedió a analizar el caso y resolvió que la Sectur resulta competente para conocer lo solicitado, toda vez que mantiene una competencia concurrente con otra u otras autoridades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que decidió vetar a tres empresas farmacéuticas de los procesos de licitaciones y adjudicación directa, pues recordó que dichas empresas vendieron en 2018, el 62.4% de todas las compras de las diversas instituciones gubernamentales.

“Como es sabido, tres proveedores de medicinas y materiales de curación, las empresas Grupo Fármacos Especializados SA de CV; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV y Grupo MAYPO vendieron en 2018 al ISSSTE e IMSS 34 mil 280 millones de pesos, el 62% de todas las compras que se llevaron a cabo en dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales”, señaló en un oficio enviado a la Oficial Mayor de Hacienda, fechado el 20 de marzo pasado.

Indicó que con dicha acción de veto, la participación de dichas empresas no se permitirá hasta que se conozca si hubo operaciones de corrupción y tráfico de influencias en las operaciones realizadas en la pasada administración.

Refirió que “tampoco puedo acusar a nadie sin tener pruebas, sólo es una medida preventiva, porque además nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de la Constitución se establece que no debe de haber monopolios”.

En el oficio enviado a Raquel Buenrostro, se señala que la operación resulta “inmoral y violatorio” a la Constitución que prohíbe la existencia de monopolios.