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El diputado Daniel Gutiérrez de Morena adelantó que más de 40 diputadas y diputados de su grupo parlamentario, del Partido Verde y del PT, buscarán hacer reasignaciones por un monto mucho mayor a 20 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, para atender las necesidades de sus distritos y del país.

Este grupo de legisladores integran la organización “El camino de México”, creada por el aspirante presidencial, Marcelo Ebrard.

Informó que ayer por la noche sostuvieron una reunión donde se analizó en qué partidas o rubros van a reasignar pensando en el bienestar de las y los mexicanos.

Adelantó que será en los próximos días cuando den a conocer la propuesta en la Cámara de Diputados.

“Vamos en lo general a favor del PEF 2024, apoyando los programas sociales, los grandes proyectos de inversión, y en lo particular, haremos valer la voluntad que nos dio la población para tener ciertas reasignaciones en favor de las y los mexicanos”, indicó.

El diputado sostuvo que el grupo de legisladores al que pertenece están a la espera de la resolución de la Comisión de Honor y Justicia de Morena en torno a la impugnación al proceso interno de selección del coordinador o coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que hizo Ebrard.

Insistió en que “es preciso” que se reponga el procedimiento y se garantice la unidad dentro del movimiento.

En ese sentido, algunos legisladores de Morena los han acusado de amagar al partido con el anuncio de las posibles reasignaciones, como medida de presión para resolver el problema que se presentó en el proceso interno del partido.

La Sección Instructora de la Cámara mexicana de Diputados aprobó enviar al Pleno la solicitud de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas quien es acusado de corrupción.

Luego de varias horas de discusión, la decisión fue aprobada con tres votos a favor y uno en contra.

Con esta resolución, el Congreso procederá al juicio político para que García Cabeza de Vaca afronte la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador panista tras obtener audios de llamadas telefónicas conseguidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

García Cabeza de Vaca ha denunciado persecución política en su contra. La semana pasada se reveló que pagó 100,000 dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma que sirvieron al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

Dicho dinero sirvió para comprar un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos. La UIF también ha detectado tres ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

Ahora, los diputados analizarán la declaración de procedencia para después convertirse en jurados el próximo viernes, donde escuchará a las partes y votará por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

Y aunque Morena tiene la mayoría absoluta en la Cámara Baja, la ley establece que después deben enviar la solicitud al Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene mayoría.

Y aunque la Cámara de Diputados también recibió la petición de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para desaforar al diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abusar de un menor de edad hace una semana en un hotel de la capital, se argumentó que “no hay tiempo” para procesar la petición en este periodo, por lo que se aplazara para el siguiente periodo legislativo.

El diputado acumula dos denuncias, una presentada por el joven de 15 años en cuestión y otra de un adolescente de Puebla.

“Estaría muy bien, pero eso no es asunto que dependa de la Sección Instructora, mucho menos de la Cámara, depende de la Comisión Permanente del Congreso y es a dos tercios, y ninguna fuerza tiene dos tercios, así que bueno, hagan las interpretaciones políticas”, comentó en rueda de prensa el diputado Pablo Gómez.

Otros trámites de desafuero que están vigentes en la Cámara de Diputados también fueron “congelados” por el bloque de la 4T. Los otros juicios son contra Mauricio Toledo; el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Del mismo modo, la Sección Instructora rechazó también la procedencia del desafuero contra el senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de Chihuahua por cobrar en la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte.

El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, saludó esta tarde la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de echar para atrás la llamada Ley Bonilla.

El dirigente partidísta indicó que no podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo, en referencia a que los bajacalifornianos votaron por Bonilla para un periodo sólo de dos años.

“Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas”, sostuvo Ramírez Cuéllar.

Por su parte el coordinador de los Diputados federales de Morena, Mario Delgado, no dejó pasar la oportunidad de señalar al PAN de ser el partido que avaló, en su mayoría la ‘Ley Bonilla’.

“Llegó a su fin la reforma aprobada por la mayoría panista en el Congreso de Baja California”, dijo Delgado. Además dijo, el fallo de la Corte garantiza que hay autonomía real y auténtica división de poderes.

Quien se manifestó al respecto fue el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien indicó que la decisión de los ministros de la Supre Corte garantizaba la legalidad y la división de poderes.

Incluso dijo, que la decisión histórica de la Corte sorprendió a “escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la República”.

Por su parte el grupo parlamentario del PT  en Diputados, celebró la resolución de la Suprema Corte, pues consideró que la ‘Ley Bonilla’ era “un hecho fraudulento que atentaba contra la certeza electoral y la legalidad jurídica de México”.

Coincidieron en que fue una decisión correcta el anular la reforma que permitía a Jaime Bonilla mantenerse en el cargo hasta el 2024 y no sólo por dos años como inicialmente estaba plasmado en la ley, y que fue por como votaron los ciudadanos de Baja California.

Aseguraron que para las y los legisladores que forman parte de la Cuarta Transformación, “la democracia tiene que ser la máxima responsabilidad, pues está en nuestras manos respetar la confianza de quienes nos dieron su voto”.

Tras la presentación de la Política de Comunicación del Gobierno Federal, la Dirigencia Nacional Extraordinaria del PRD pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) imparcialidad en la asignación de recursos por el concepto de publicidad y no favorecer a sus aliados.

Los dirigentes del partido manifestaron su preocupación por posibles favores a medios de comunicación afines a su gobierno, y alertaron que no se contemple a los medios que cuestionan a la administración federal.

El PRD criticó las amenazas y las críticas que ha externado el mandatario federal a los periodistas que lo han criticado el doble discurso.

Indicaron que el caso de Jorge Ramos es un claro ejemplo de que el Presidente descalifica moralmente a quien lo discrepa.

El partido del sol azteca lamentó que por el anuncio de la política de austeridad en comunicación social, al que se aplicará un recorte del 50% del presupuesto para publicidad, diversos medios de comunicación emprendieron despidos masivos a sus colaboradores.

Finalmente, el PRD exigió al gobierno federal el cumplimiento a cabalidad del artículo 134 de la Constitución Política, el cual establece que, en ningún caso, la propaganda deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quita el dedo del renglón e insiste en proponer perfiles afines a él en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este viernes se informó que el mandatario envió al Senado de la República la terna para ocupar la vacante de la ministra Margarita Luna Ramos, quien se retirará a mediados de febrero próximo.

La terna enviada por López Obrador es: Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García, quien con anterioridad habían sido propuestas junto a Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuando se buscaba cubrir la vacante del ministro José Ramón Cossío.

En esta ocasión, el nuevo perfil dentro de la terna es Yasmín Esquivel Mossa, quien resulta ser esposa de José María Riobóo, asesor del presidente. Adicional Esquivel Mossa se desempeña como magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Recordemos que Loretta Ortiz Ahlf además de esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, figura cercana a AMLO, fue la encargada de realizar los foros de pacificación durante el periodo de transición.  Por su parte Celia Maya fue candidata de Morena al gobierno de Querétaro.