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La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló este miércoles la existencia de una presunta red de empresas irregulares para enviar alimentos de México a Venezuela con presuntos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.

La investigación encontró ocho empresas que entre 2018 y 2019 aprovecharon una estructura de 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para mandar comida a Venezuela por 64 millones de dólares, de acuerdo con registros de comercio exterior.

“Una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab”, indicó el reporte.

La información se revela mientras Saab se encuentra detenido en Estados Unidos por conspiración, aunque una corte ordenó este lunes desestimar siete de las ochos acusaciones penales por lavado de dinero en su contra para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde en el proceso de extradición.

La extradición de Saab, un empresario colombo-venezolano que es presunto testaferro de Maduro, se concretó el 16 de octubre desde Cabo Verde, lo que provocó que el chavismo interrumpiera su participación en los diálogos de paz con la oposición que se llevaban a cabo en nuestro país.

La nueva red detectada por MCCI reemplazó a una estructura de importadoras que manejaban Saab y Samark López Bello, empresario venezolano que está acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

MCCI recordó que registros revelaron que entre 2016 y 2018, dos empresas ligadas a Saab (Group Grand Limited y Asasi Food) y una atribuida a López Bello (Postar Intertrade) participaron en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas por cerca de 700 millones de dólares.

El producto se enviaba a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP), un sistema creado por Maduro en 2016 y al que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa de servir como un esquema para que Saab obtuviera “ganancias sustanciales”.

“Esas tres compañías se suspendieron en 2018 luego de que investigaciones periodísticas evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o vendidos al Gobierno de Venezuela con sobrecosto, en un aparente esquema de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal”, detalló MCCI.

La nueva red de envío de alimentos utilizaba importadoras que están acusadas de “servir como intermediarias” de personajes cercanos al presidente Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aseveró la organización. Las compañías tenían sus sedes en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz y Guanajuato.

La investigación completa en MCCI

Un juez en Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex Saab, empresario cercano al gobierno venezolano y al presidente Nicolás Maduro, debido a “garantías” dadas a Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado.

Saab, de 49 años, está siendo juzgado en Miami desde el pasado 18 de octubre, dos días después de que llegara a esa ciudad procedente del archipiélago africano.

Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de lavado de dinero y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel. El juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida, firmó la orden a petición de la Fiscalía.

El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, Estados Unidos había dado “garantías” a Cabo Verde de que “no iba a enjuiciar o a castigar el acusado Alex Nain Saab por más de un cargo de la imputación”, explicó la Fiscalía en su moción enviada al juez.

Esa decisión se tomó para “cumplir con una ley de Cabo Verde relacionada con el plazo máximo de encarcelamiento”, precisó.

Según la acusación estadounidense, él y su socio, el prófugo colombiano lvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos. La Fiscalía asegura que ambos lucraron y crearon una red de sobornos, aprovechando un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.

La desestimación de cargos sólo afecta a Saab y no a Pulido, indicó la Fiscalía en su escrito.

La extradición de Saab, al que la oposición venezolana acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, enfureció a Caracas. El gobierno de Maduro, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos.

Tras acusar a Washington de secuestrar a Saab, Maduro ordenó la suspensión de las negociaciones que el gobierno llevaba a cabo con la oposición en nuestro país.

El acusado debía comparecer este lunes ante el juez Scola para asistir a la lectura de los cargos en su contra y declararse culpable o no culpable. Pero la audiencia fue aplazada hasta el 15 de noviembre, para permitir a Saab reunirse por primera vez en persona con su abogado, Henry Bell, ya que dicho encuentro no tuvo lugar porque fue puesto en cuarentena a su llegada a Miami, como medida preventiva por la pandemia de COVID-19.

En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía de Estados Unidos expuso que se trata de un reo que presenta “peligro de fuga” tras haber batallado para concretar su extradición desde Cabo Verde, África, Alex Saab compareció este lunes ante la justicia estadounidense, por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información que él pueda y quiera aportar sobre los presuntos vínculos del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese esquema de corrupción.

Saab se conectó desde su celda a la audiencia virtual, como también lo hizo desde su despacho el abogado Henry Bell, que lo representó.

El empresario, que llegó a EUA el sábado pasado, estaba solo, sin esposas, con vestimenta de reo color naranja.

Durante la breve audiencia por Zoom, que tuvo más de 350 participantes, muchos de ellos periodistas, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza.

Saab dijo, sin embargo, en una carta leída en Caracas por su esposa, Camila Fabril, que “no tiene nada que colaborar” con el país norteamericano y que no cometió ningún delito.

Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en Estados Unidos: siete de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito, implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según recordó este lunes el Departamento de Justicia.

El abogado de Saab, Henry Bell solicitó una prórroga para poder reunirse con su cliente ante un caso “muy complejo. La prórroga también es necesaria en vista de que el equipo legal de Saab espera la decisión de un recurso de apelación introducido ante el 11º Circuito de Apelaciones de Atlanta que alega que el empresario colombiano no puede ser enjuiciado porque goza de inmunidad diplomática, ya que fue nombrado por Venezuela como enviado especial con pasaporte diplomático.

Al final, el juez John O’Sullivan programó la siguiente audiencia para el próximo 1 de noviembre. Será entonces cuando Saab deberá declararse culpable o no culpable ante el tribunal.

Diversos analistas han señalado que la principal intención de Maduro en los diálogos con la oposición era evitar que Saab llegara a Estados Unidos, por lo que ya no haber algún beneficio que le interese, Maduro y su gobierno se levantaron de las mesas de diálogo.

Según archivos judiciales del caso en Miami, en una carta enviada en enero pasado a Saab por el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, el funcionario le pide, por petición de Maduro, no aceptar la extradición voluntaria.

Señala que en su “calidad de Enviado Especial” de hacerse efectiva la extradición a EUA, debe mantener la información confidencial so pena de enfrentar la Justicia de Venezuela.

Y es que la acusación que pese sobre Saab señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.

Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

Foto: Twitter @hermanntertsch