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Dice el presidente López Obrador que todo está en orden en la construcción del Tren Maya. Todo menos un pequeño detalle que confirmó que falta la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores: la manifestación de impacto ambiental, mejor conocida como la MIA. Como no se tiene la MIA, están avanzando en la obra con permisos ambientales provisionales y esto es un problema muy grave.

La MIA no es un mero trámite. Es un documento que determina la viabilidad o no de que lo que dañe un proyecto de construcción pueda ser reparado y, de ser así, en dónde. En este caso, en el tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, la obra requiere talar 300 mil árboles. Algunos ya han sido retirados y por eso tenemos las fotografías de la selva verde, tupida de vegetación, pero partida por una línea café que es la zona en la que ya no hay árboles, una recta por donde se pretende que pase el Tren.

Cuando el presidente dice que no nos preocupemos por lo que están talando porque en otra parte están sembrando más árboles, o nos está queriendo dar atole con el dedo o no entiende qué es la MIA.

Sin este documento la viabilidad ambiental no solo del Tren Maya, también del proyecto para reparar el daño que ocasiona su construcción no están avalados. La MIA no es un documento engorroso que se otorga a todos los proyectos de infraestructura. Sin viabilidad ambiental, no hay MIA y sin MIA no debe haber obra de infraestructura. Es así de sencillo.

Pero el presidente buscó darle la vuelta a este trámite con la publicación de su decreto que cataloga a ciertas obras como prioritarias y para ellas hay “fast track” o documentación provisional. ¿Qué pasa si ahora la MIA es negada porque se determina que el Tren Maya es un proyecto que no logra ni prevenir, ni mitigar, ni restaurar los daños al ambiente? Los 300 mil árboles ya fueron talados. ¿Cómo van a reparar ese daño que causaron con el permiso provisional?

Las respuestas del gobierno hasta ahora son de espanto. Lejos de calmar las legítimas preocupaciones sobre el impacto ambiental del Tren, las enardecen.

El Coordinador de Comunicación Social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, subió un video en Twitter de otro desarrollo turístico en la zona, de Xcaret, con el siguiente mensaje “La devastación por el Gpo. Xcaret en el parque Xibalbá, Yuc. es un ecocidio. La empresa perforó cenotes, desvío ríos subterráneos y creó canales artificiales. Lástima q esa destrucción no la vean los ambientalistas q protestan vs el Tren Maya. No al desarrollo turístico depredador.”

En el mismo sentido, la Secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, se presentó en la conferencia mañanera con un mapa para mostrar los avances en la construcción del Tren Maya y para defender la obra de los reclamos y preocupaciones medioambientales dijo que “solo es un cachito” en el que no se ha obtenido la MIA. Agregó que en esa zona hay muchas empresas que han construido grandes desarrollos sin estudios ambientales.

Supongamos que tanto Xcaret como otros desarrolladores de la zona en efecto causaron daños ambientales y lo hicieron sin los estudios requeridos, ¿eso es razón suficiente para justificar que el gobierno también pueda talar árboles y construir un Tren que afecte la zona?

El titular del Sistema Público de Radiodifusión de México, Jenaro Villamil, parece pensar que sí. Subió a redes el video de la secretaria Albores con el mismo mensaje: Grupo Xcaret nunca ha presentado una manifestación de impacto ambiental en sus proyectos en la zona.

¿Y? ¿Eso qué tiene que ver con que el Tren Maya se esté construyendo sin la MIA? Si otros desarrollos no cumplen con la normatividad, ellos son la autoridad encargada de hacerlos cumplir. Increíble que en lugar de encargarse de ser los primeros en hacer cumplir la ley, justifiquen que dañan el medio ambiente porque otros también lo hacen.

Columna completa en El Universal

El reporte de Goldman Sachs es muy claro: la votación de los diputados en contra de la reforma eléctrica fue quizás la mayor derrota política del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que asumió el cargo. El banco cree que es probable que esta derrota del presidente impulse a la oposición a permanecer unida para las elecciones locales de este año y probablemente hacia las de 2024.

La derrota fue no solo por quedarse corto en los votos para que se pudiera modificar la Constitución. La derrota fue también moral. Quedó al desnudo que el presidente no solo es igual a los de antes, que tanto le gusta denostar, es peor.

Dijo el presidente en su mañanera del lunes posterior a la derrota que “lo que no suena lógico, suena metálico”, en referencia a que los 223 diputados de la oposición que votaron en contra de la Ley Eléctrica recibieron dinero por su voto. Los acusó de vendepatrias y traicioneros a la nación. Esto cuando el único caso claro de una compra de un voto fue el del diputado, Carlos Aysa Damas, del PRI, quien se cambió a Morena y votó a favor de la iniciativa presidencial para que su papá, Carlos Miguel Aysa, sea el nuevo embajador de México en República Dominicana.

A los diputados del PRI los llamó paleros del PAN por haber votado todos en el mismo sentido, en contra de su iniciativa. Pero ¿qué no son más paleros los del Verde, paleros de Morena, por haber votado este domingo en contra de una iniciativa que en 2013 apoyaron? Tan paleros de Morena resultaron los del PVEM que terminaron por expulsar a la única de sus legisladoras que no quiso votar como borrego, a Alexis Gamiño. Así, la alianza Juntos Hacemos Historia quedó con un escaño menos en la actual legislatura. Ganaron al vendido de Aysa; perdieron a Gamiño y a Andrés Pintos, que también abandonó el barco del Verde para irse a Movimiento Ciudadano y también votó en contra. En un momento en el que cada voto resulta valiosísimo, a la derrota del presidente hay que sumarle que su coalición se quedó con un legislador menos.

Tras la votación, los dirigentes del PAN, PRI y PRD, así como el Coordinador de MC en el Senado advirtieron que la misma suerte que la Ley Eléctrica pueden sufrir las reformas constitucionales de la Guardia Nacional y la electoral, que ha prometido enviar López Obrador al Congreso. Esto puede llevar a un status-quo legislativo que, siendo el mejor escenario para México, sería el peor para un presidente que quiere a toda costa transformar al país.

Sin diálogo y pretendiendo imponer a capricho su voluntad, el presidente no podrá hacer los cambios constitucionales que quiere. El dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que López Obrador sale ganando con el rechazo y que la oposición se someterá al juicio de la historia y de los electores. No estoy segura si eso lo dijo todavía con su traje de baño puesto, ya que el domingo se le vio así vestido a su llegada a la Ciudad de México de sus vacaciones en Puerto Escondido, pero el primer juicio de los electores ya se vio en 2021 cuando Morena perdió 58 diputados y con ello quedaron imposibilitados de hacer los cambios que ahora quieren pasar “a chaleco”, como se dice coloquialmente.

Tiendo a coincidir más con el análisis de Goldman Sachs que con el de Mario Delgado respecto a si el voto de rechazo a la Ley Eléctrica ha sido una derrota o un triunfo para el presidente López Obrador.

Columna completa en EL UNIVERSAL

Ayer publicó un mensaje en twitter el Coordinador General de Comunicación Social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, presumiendo que en una encuesta, el 67 por ciento de los participantes anuncia que votará el próximo domingo a favor de que el presidente López Obrador continúe su mandato y que esto significa un reconocimiento a su trabajo por los más vulnerables y pobres.

Votar para que se quede AMLO no necesariamente es un reconocimiento a su trabajo por los más pobres y vulnerables. Esta aseveración desde presidencia es una muestra de las varias trampas que hay detrás del ejercicio de revocación de mandato del domingo 10 de abril.

La trampa es de origen. La constitución se reformó después de que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia por el periodo comprendido del 1º de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2024. La ley no debe ser retroactiva. La revocación de mandato debiera de aplicarse hasta la presidencia que comience el 1º de octubre del 2024. El que este ejercicio permita acortar el periodo para el que López Obrador fue electo significa cambiar las reglas a mitad del ´juego´ y eso es una primera trampa.

La segunda trampa es que una herramienta muy valiosa de la democracia que le pertenece a los ciudadanos fue arrebatada por un partido político, Morena. Para que la revocación se pudiese convocar, la ley estipula que es necesario que quien quiera la revocación reuna las firmas del 3 por ciento de la Lista Nominal. En esta ocasión quienes reunieron las firmas fue una Asociación Civil ligada íntimamente a Morena que quiere ratificar a Andrés Manuel López Obrador.

Que Siga la Democracia, la organización que reunió las firmas necesarias, está conformada por diputados morenistas, exlegisladores federales, familiares de funcionarios públicos, como el hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el papá de la gobernadora de Guerrero, Felix Salgado Macedonio. Todo este aparato de Morena ha desplegado una campaña de promoción masiva mediante mítines y anuncios espectaculares cuya fuente de financiamiento no puede fiscalizar el INE porque lo hace a través de Que Siga la Democracia, que es una AC y éstas no son sujetos fiscalizables por el instituto. El INE solo puede fiscalizar a partidos políticos. Segunda trampa de la revocación.

La tercera trampa es querer vender el ejercicio como una virtud de la democracia directa y que si no votamos, dejamos que otros decidan por nosotros. Eso es falso. La revocación no es lo mismo que una elección al tener un umbral para hacerla vinculante. No votar es decidir que no se quiere sumar para llegar al umbral necesario para hacerla vinculante.

La cuarta trampa es que todo este costoso ejercicio significa darle muchas vueltas de tuerca pero pase lo que pase, estaremos igual. El poder lo seguirá ejerciendo Andrés Manuel López Obrador el 11 de abril y en adelante. En el remotísimo caso que el resultado sea a favor de revocarle el mandato al presidente, al haber votado más del 40 por ciento de la Lista Nominal y de éstos el 50%+1 en favor de que se vaya, quien asume el poder de manera provisional es, según lo mandata el artículo 84 constitucional, el presidente del Congreso, en este caso, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. De ahí, el Congreso, con mayoría de Morena, tendrá 30 días para nombrar a quien concluya el periodo constitucional. Morena nombrará al morenista que AMLO les ordene.

La quinta trampa es que, en lugar de enfocarnos en los múltiples problemas que tenemos y en como resolverlos, estamos perdiendo el tiempo con esta revocación costosa; tramposa e inútil.

Columna completa en El Universal

Alejandro Gertz Manero ha abusado del despacho que ocupa de forma más que clara. La Fiscalía General de la República le ha servido para atender con los recursos de la oficina (poder y dinero) sus rencillas personales. El caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán es la evidencia más clara, aunque no la única.

A Alejandra Cuevas la tuvo en prisión 528 días por un delito que ni siquiera está catalogado, la de “garante accesoria”. A su madre, Laura Moran, de 98 años, la tuvo en arresto domiciliario porque consideró que no cuidó como debía de su hermano, Federico. Laura y Federico fueron pareja 53 años. Una relación que al hoy fiscal Gertz nunca le pareció porque, entre otras cosas, ella era mayor que él y divorciada, pero eso es harina de otro costal.

Lo que es incomprensible es que ante la evidencia clara y contundente que dieron las llamadas filtradas entre Gertz y su segundo en la Fiscalía, Juan Ramos, en donde ambos discutían el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, que no era público, para ver cómo lograr mantener a Alejandra en prisión, y ante el posterior fallo unánime de la Suprema Corte (11 a favor y 0 en contra) de su liberación lisa y llana, el fiscal siga en el cargo.

Ayer en su conferencia mañanera el presidente López Obrador refrendó su confianza en Gertz.

¿Por qué sigue el presidente sosteniendo a Gertz Manero al frente de la FGR?

Si López Obrador decide solicitar la remoción de Gertz, fortalece a Ricardo Monreal por partida doble. Primero porque la solicitud la tiene que enviar al Senado y ahí, es con el voto de las dos terceras partes de los senadores que se aprueba esta solicitud del Ejecutivo. Una vez que procede la remoción, Monreal vuelve a ser determinante porque es el mismo Senado el que ratifica al nuevo titular de la FGR.

Es claro que en su ejercicio adelantado de la sucesión presidencial lo que menos quiere López Obrador es fortalecer a Monreal. Además, en el esquema actual el presidente garantiza un Fiscal que está de rodillas, a su merced. Si el presidente decidiera solicitar su remoción, Gertz pierde todo el poder. Bien dice el dicho que el poder da amigos de mentiras y enemigos de ‘a de veras’, a los que se conoce una vez perdido este poder.

Lo que resulta inexplicable es la falta de escándalo que este episodio debiera ser para la abogacía. El caso de Alejandra Cuevas demostró que en México es irrelevante tener o no razón; tener o no buenos abogados. Quienes sacaron a su madre de Santa Martha fueron Ana Paula, Alonso y Gonzalo Castillo, sus hijos. Ellos se presentaron ante el Fiscal; se le arrodillaron al ministro Zaldívar; hablaron con los medios y vivieron en un infierno para enfrentar a Goliat. Sus abogados no pintaron para lograr que su madre esté hoy libre. El sistema legal no sirve y esto es una muy mala noticia para los abogados de México.

Si quieren ser relevantes tendrían que unirse en contra del fiscal. Gertz Manero es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. ¿En dónde están sus manifestaciones en Palacio Nacional en contra de que un abogado como Gertz sea el titular de la FGR? ¿En dónde sus cartas pidiendo que se remueva del cargo a quién ha abusado de su poder? ¿En dónde su comunicado anunciando que expulsan a Gertz de sus órganos para poner cuando menos un mínimo de presión al presidente? O ¿Acaso es sostenible un Fiscal que ha sido expulsado de la BMA y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México?

Columna completa en El Universal

Quedan 31 meses al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las tensiones están en un punto preocupante y México, sin duda, atraviesa por un muy mal momento. No hay un gobierno que se ocupe por resolver los enormes problemas del país y más bien vemos una lucha de fuerzas entre el presidente y los periodistas como si eso fuera a traer seguridad, crecimiento económico, medicinas y empleo para los mexicanos.

¿De qué sirve conocer el salario de Carlos Loret de Mola y otros periodistas para que México se transforme, como prometió en campaña el presidente López Obrador?

Se habla de una polarización pero más bien hay distintos bandos, diversas tribus, todas en un monólogo, incapaces de escucharse entre sí. Para muestra es fácil saber que esta columna la estarán leyendo muy probablemente los desencantados y los enojados con el gobierno y con Andrés Manuel López Obrador.

Esa sería una primera tribu: los enojados y los desencantados. Ahí pueden estar los que abiertamente quieren discutir y debatir y exponer las mentiras y las incongruencias del presidente. Entre los enojados y los desencantados hay de todo. Periodistas; clases medias; padres de niños con cáncer; filántropos; feministas; víctimas del mal manejo de la pandemia y un largo etcétera. Son los agraviados por un presidente que utiliza todo su poder para defender a su familia pero siente que las familias mexicanas que son afectadas por sus decisiones no tienen el mismo derecho a buscar defenderse.

La otra tribu son los que saben que hay que aguantar estos 31 meses. Para ello entierran la cabeza como avestruz, ponen en pausa proyectos, a la espera de la conclusión del sexenio. Así hay empresarios e industrias, tanto nacionales como internacionales que han decidido que de México no quieren saber nada hasta el 2024 que concluya el sexenio de López Obrador. No se van a pelear con el gobierno; no quieren cuentas congeladas por la UIF; no quieren una investigación de Gertz Manero; no quieren una mención en la mañanera. Mejor hacen lo necesario para mantenerse a flote sin sacar mucho la cabeza del agua.

Una tercera tribu es la de los ‘queda bien’ con el presidente. Saben que el gobierno ha fracasado pero quieren no solo mantenerse a flote, como los que han picado el botón de pausa, sino ganar en la medida de lo posible dándole a López Obrador por su lado. Un claro ejemplo es el de las aerolíneas mexicanas. Viva Aerobus, Volaris y Aeromexico saben que operar en el AIFA no es rentable, pero para quedar bien con el presidente anuncian dos vuelos nacionales con la esperanza de que esto tape el fracaso de inaugurar un aeropuerto que debe bajar la saturación del de la Ciudad de México…desde el Estado de México en los límites con Hidalgo…y que a menos de un mes de entrar en operación todavía no recibe las certificaciones internacionales necesarias.

Y por último está la tribu de los pro AMLO. Ya sea los que sienten que el presidente va a lograr transformar a México en el tiempo que le queda, y que si ha tardado es por el desastre que dejaron los del pasado, o los que lo apoyan porque creen que se está ‘fregando’ a los ricos y con eso se sienten más que complacidos. Hay también los que tienen un pacto de lealtad con López Obrador que no van a romper por más fracasos que tenga su gobierno.

Entre tribus no hay diálogos, hay insultos. El país se polariza cada vez más y quién enciende esta llama, el pirotécnico por excelencia, se llama Andrés Manuel López Obrador.

Columna completa en El Universal

En junio del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un memorándum que firmó contra el influyentismo, la corrupción, nepotismo, el amiguismo. Dijo: “me toca estar informando constantemente para que no utilicen mi nombre. Nosotros no vamos a permitir corrupción, impunidad, influyentismo, amiguismo ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”.

Esto fue su respuesta cuando se dio a conocer que su hijo, José Ramón López Beltrán, había participado en el arranque de los Centros Integradores de Bienestar en el Estado de México. Así, no es la primera vez que por acciones de su hijo, el presidente sale a defenderse y a su familia diciendo que él es diferente y que no hay amiguismo ni nepotismo en su gobierno. Y sin embargo…

Ese memorándum claramente queda violado cuando el mismo José Ramón López Beltrán ahora admite que trabaja para un amigo del presidente, en este caso para Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta. Dejemos de lado la creación espontánea de la empresa en donde dice trabajar López Beltrán, KEI Partners, cuya página muestra como proyectos suyos fotografías de otros lugares. Por ejemplo, publicitan el Bar 88 en Royal Pines, un club en Houston, usando la fotografía del Bon Bon Bar, en Gotemburgo, Suecia. Eso por sí solo debería ser un escándalo y una muestra de que creen que a los mexicanos nos pueden mentir sin que no demos cuenta.

El presidente o no entiende o cree que no entendemos los demás que un conflicto de interés es precisamente que su hijo trabaje para un empresario que hace negocios con su gobierno. Cree que la situación lo exenta porque no cobra su asesoría en el Tren Maya aun cuando Grupo Vidanta tiene muchos tentáculos en el sector turístico, entre ellos la concesión del aeropuerto de Puerto Peñasco, Sonora.

Pero más allá de las mentiras del hijo del presidente, ¿qué otras alarmas enciende el López Obrador iracundo que hemos visto en estos días? De forma destacada está la intolerancia. El comunicado que publicó ayer Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de respaldo al presidente arranca afirmando que López Obrador encarna a la Nación, a la patria y al pueblo. Concluye: “[…] por ende, los que se oponen al Presidente de México no son más que un puñado de mercenarios que al ver sus privilegios mancillados, luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son ¡unos traidores a la nación, a la patria y al pueblo!”

Con esta definición de oposición como mercenarios y traidores de parte de quienes deberían ser un contrapeso al Ejecutivo, no comparsas, vemos una copia de los dichos de Chávez y Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y los Castro en Cuba. Los senadores están de facto criminalizando a la oposición, algo que sucede en regímenes autoritarios, no en las democracias.

Y claro, está también ataques a la prensa; a la libertad de expresión; las violaciones a la Constitución y un largo etcétera. No sorprende pues que estemos en la espiral de un régimen híbrido a una autocracia. Esa es la auténtica transformación de López Obrador.

Apostilla: Llama la atención que José Ramón López Beltrán prefirió irse a vivir a Estados Unidos antes que a cualquiera de los países que su padre constantemente defiende, como Venezuela, Cuba, Nicaragua o El Salvador. ¿Por qué no quiso irse a vivir a alguno de esos paraísos el hijo del presidente?

Columna completa en El Universal

Guadalupe Correa-Cabrera no llegó al Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados para defender la propuesta de reforma energética del presidente López Obrador. Llegó con una presentación que solo tenía nombres de personas a las que descalificó por ser según ella lobistas, cabilderos o representantes/facilitadores de grupos de interés.

Sacó una presentación que no tenía un solo dato para defender las bondades o las virtudes de la propuesta del presidente. Ni un solo dato. Solamente fueron nombres de personas y de empresas que Correa-Cabrera acusa, sin probar, que reciben dinero de grandes empresas como Iberdrola. Señala también a empresarios y a organizaciones como el Consejo Mexicano de Negocios, México Evalúa o el IMCO como culpables de magnificar datos a través de redes sociales y medios de comunicación para desprestigiar la iniciativa presidencial. A algunos grandes empresarios de México los señala, de nuevo sin una sola prueba, de ser prácticamente empleados de think tanks estadounidenses y que por ello atacan la reforma de López Obrador.

Si hubiese sido una sección en la mañanera, la presentación de Guadalupe Correa-Cabrera habría sido un “Quién es quién entre los opositores a la reforma energética”. La invitada por la bancada de Morena al Parlamento en la Cámara de Diputados cumplió con las premisas de las conferencias del presidente: acusó sin presentar una sola prueba; reclamó que todas estas personas están al servicio de la mafia del pasado y punto.

No dijo nada sobre costos de la electricidad; sobre por qué nos conviene a los consumidores que el gobierno mexicano ancle el futuro de la CFE a Pemex; nada sobre cómo la reforma ayudará a México a ser más competitivo. No aclaró ninguna de las grandes preocupaciones que genera la iniciativa presidencial.

Esto no sorprende cuando estamos en el sexenio de los nombres, no de las razones.

Ocurrió lo mismo cuando anuncia el presidente López Obrador que Panamá no iba a dar el beneplácito para que Pedro Salmerón fuese el Embajador de México en ese país. En lugar de demostrar que Salmerón no es el acosador que tantas mujeres señalan, prefirió atacar a la canciller panameña, Érika Mouynez de creerse la Santa Inquisición.

Lejos de aprovechar el rechazo de Panamá para distanciarse de Salmerón, el presidente decidió doblar su apuesta y anunciar que le pedirá a Salmerón que haga una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México. Será interesante saber qué escribe sobre la elección de 1988, cuando el hoy Director de la CFE, Manuel Bartlett, anunció la caída del sistema. Ja.

Y ¿qué decir de la defensa a su hijo José Ramón López Beltrán? Lejos de demostrar que no hay conflicto de interés en que él y su esposa, ella sí cabildera de temas energéticos, vivieran en una lujosa casa en Houston propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, contratista de Pemex, prefirió acusar a los periodistas que han dado a conocer el caso o que lo han reportado. De forma destacada atacó a Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y Brozo. No hubo ni explicación ni defensa al estilo de vida acomodado de su hijo.

Este es el sexenio de los nombres, no de las razones. Vaya transformación.

Columna completa en El Universal

  1. ¿Qué va a hacer Ricardo Monreal?

Andrés Manuel López Obrador adelantó su sucesión demasiado. No quiso esperar porque su preferida para sucederlo en la presidencia, Claudia Sheinbaum, necesita tiempo para poder posicionarse ante la opinión pública. Ricardo Monreal ha dicho, ante esta sucesión adelantada, que él quiere ser el candidato de Morena. Esto, que ha sido una traición a los ojos de López Obrador, es lo que Monreal considera que merece después de tantos años de trabajo para AMLO. Fue su coordinador en la campaña del 2012 y en 2018 aceptó que le quitaran la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y se la diera AMLO a Sheinbaum. Ahora, que AMLO se la quiere volver a dar a Sheinbaum, pero para la presidencia, la gran interrogante es si Monreal vuelve a aceptar hacerse a un lado, quizás a cambio de la candidatura por la CDMX, o se sale de Morena y busca ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

Actualmente Monreal tiene el poder de la dirigencia del Senado. Falta ver qué tan leales le son los legisladores de Morena en la Cámara Alta o si, al oler a un interlocutor que ya no tiene el oído del presidente, hasta el poder que tiene en el Senado se le esfuma.

  1. ¿Qué va a hacer Marcelo Ebrard?

El hoy canciller cedió la candidatura presidencial del PRD en el 2012 a Andrés Manuel López Obrador con un cálculo de que en la siguiente ronda López Obrador le daría a él la candidatura. Como sabemos, en 2012 AMLO perdió. Fundó Morena. Ganó en 2018. Y ahora, en lugar de apoyar a Ebrard, lo denuesta. La más reciente demostración de que Marcelo no es ni siquiera el Plan B de López Obrador ocurrió esta semana cuando revirtió públicamente la decisión de Ebrard de no enviar representante a la toma de protesta del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

La pregunta durante la conferencia mañanera en la que López Obrador revirtió públicamente la decisión de Ebrard fue fuego amigo para que el presidente pudiera dejar en claro quién manda aquí…y quién no. Antes de esto, el presidente le retiró a Ebrard la encomienda de comprar las vacunas contra el COVID19 que venía haciendo bastante bien desde finales del año pasado. Le cambió la jugada al canciller y también declarado aspirante a la presidencia en el 2024 y decidió que a partir de ahora ese trabajó será de la Secretaría de Salud.

Como Ebrard no pinta ni para ser Plan B y tampoco le puede ofrecer la candidatura a la Jefatura de Gobierno, que ya encabezó, la gran interrogante de este año será si Ebrard deja de lado su aspiración presidencial o si se va con la oposición. Pero ahí viene la siguiente pregunta.

  1. ¿Logrará la oposición una sola candidatura?

El PRI es una manzana envenenada. Al PAN no le alcanza sólo y al PRD menos aún. Por eso está la apuesta de que definan una candidatura común en donde idealmente pudieran convencer a Movimiento Ciudadano de ir con ellos también. La situación se ve muy complicada porque los liderazgos del PRI y PAN parecen no entender lo débil que están y lo mal vistos que son sus partidos por la ciudadanía. Se arrebatan rebanadas muy pequeñas de poder. Aún así, en estos momentos hay trabajo dentro y fuera de los partidos para intentar esta candidatura única. Pero…

  1. ¿Quién es viable para esa candidatura?

Este es el gran problema. Actualmente no hay una sola figura que pueda hacerle contrapeso al presidente López Obrador. Cuando en estos momentos una respuesta a esta pregunta depende de la decisión que tome Monreal, pero sobretodo Marcelo Ebrard, nos damos cuenta de la enorme debilidad de nuestra clase política.

Columna completa en El Universal

Benditas remesas. Así presume el presidente López Obrador la enorme cantidad de dinero que los paisanos envían a México. Este año vamos a recibir más de 50 mil millones de dólares y las estimaciones para 2022 son que llegarán a 56 mil 700 millones. Estamos hablando de cantidades enormes, pero ¿es algo que el presidente deba presumir? Por supuesto que no.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no entiende que presumir las cantidades históricas de remesas que recibe México es una muestra del enorme fracaso que somos como país para generar oportunidades para los mexicanos.

Con tanto mexicano que se va a Estados Unidos, lo que tenemos es una fuga de talentos que regresan al país migajas a cambio de lo que significa su salida de México. Para muestra, un ejemplo.

Jorge estudió primaria, secundaria y preparatoria en México. Después hizo la carrera de medicina en la UNAM. Hoy está haciendo su residencia en Miami, Florida. ¿Por qué? Porque si la hace en México, le pagan 6 mil pesos al mes. En Florida le pagan 10 mil dólares al mes. A partir de esta residencia, Jorge espera hacer su especialidad en oftalmología y ser un gran médico dedicado al cuidado de los ojos en Estados Unidos. Jorge quiere ganar en dólares porque sabe que si se queda en México será difícil tener un sueldo digno.

Así, toda la inversión en Jorge para que estudiara en México la van a capitalizar en Estados Unidos. Si al mes Jorge envía algo de dinero a sus papás en México, la cantidad palidece frente a la inversión que ya se hizo en él en nuestro país. Lejos de presumir que los paisanos mandan mucho dinero a México habría que preocuparse por nuestra enorme fuga de talentos. Actualmente lo que estamos haciendo es subsidiar a Estados Unidos a través de estos mexicanos.

Para acabarla de amolar, si de menos existieran planes para el aprovechamiento o para incentivar inversiones con esas remesas, algo podría capitalizar México con ese dineral. Sin embargo, los datos muestran que las remesas no están volviendo más dinámica la inversión en México y en cambio se destinan a consumo de bienes muy básicos.

En este año el aumento de las remesas se comenzó a notar desde mayo, cuando entraron 4 mil 526 millones de dólares. En julio fueron 4 mil 545 mdd; en agosto 4 mil 749 mdd y en octubre 4 mil 819 mdd. Sin embargo, si revisamos el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de esos mismos meses e incluso al cierre del año, no se ve mayor dinamismo. Por el contrario, se registró una desaceleración.

Esto es así incluso si se observan las zonas del país que más reciben remesas, como Michoacán. Ahí no hay registro de que con las remesas se destinen a proyectos de infraestructura o en inversión en proyectos de emprendimiento o nuevos negocios. Si el presidente López Obrador quiere estar presumiendo, mejor que genere las condiciones para que se den este tipo de inversiones que acabarían impulsando la economía del país. Ahí sí, que se ponga a presumir todo lo que quiera.

Pero en las remesas ocurre lo que en tantos otros rubros en México ahora: hay una enorme oportunidad que se está desperdiciando.

Apostilla: En estos días en mi podcast Broojula podrán escuchar episodios dedicados exclusivamente a explicar y entender la reforma energética que impulsa el presidente López Obrador. Son entrevistas con expertos en la materia con el ánimo de despolitizar un tema tan complejo. Los pueden escuchar todos los días en www.eluniversal.com.mx o consultar todos los episodios en https://spoti.fi/315xjLC

Columna completa en El Universal

El micrófono populista del presidente Andrés Manuel López Obrador nos quiere hacer creer una nueva mentira: que estar en contra del ejercicio de revocación de mandato es estar en contra de la democracia y que quienes lo apoyan es porque son auténticos demócratas.

El INE no tiene los recursos para llevar a cabo la revocación el 10 de abril de 2022. El presidente y sus habilitadores creen que eso no debe ser una excusa y que como los consejeros del INE ganan mucho dinero, si se bajan sueldos y prestaciones pueden sacar el dinero necesario para la revocación.

Se les olvida que si no hay dinero es porque el presupuesto que envió el Ejecutivo y que aprobó sin modificar una sola coma el legislativo con el voto de la mayoría de Morena y aliados le redujo 5 mil millones de pesos al INE.

La verdad es que todo esto no se trata de dinero. Se trata de poder y de un nuevo capricho del presidente López Obrador en el que, una vez más, condiciona si el INE es o no democrático dependiendo si le cumplen sus deseos o no. Esa ha sido la larga historia de Andrés Manuel López Obrador con la autoridad electoral.

Una historia marcada por constantes ataques apoyados por redes sociales y, ahora como presidente, por sus habilitadores, entre ellos los gobernadores de Morena y el presidente del partido, Mario Delgado. Todo con el objetivo de destruir al INE porque les estorba para sus proyectos antidemocráticos.

Al consejero presidente, Lorenzo Córdova, lo han amenazado de muerte al grado de llevarle un ataúd a su casa cuando se le retiró la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no cumplir con reglas elementales de todo candidato: entregar registro de sus gastos de precampaña.

Con el micrófono del populista en mano, el presidente divide a la sociedad entre los corruptos y antidemocráticos que están en contra de esta revocación y los honestos y demócratas en favor de la austeridad republicana que quieren la revocación.

El chiste se cuenta solo. Quienes no quieren esta revocación piden que López Obrador concluya su sexenio y están en contra de tirar 3 mil 830 millones de pesos en una oda al ego del presidente. Y quienes quieren la revocación piensan que esos millones no son nada, con tal de demostrar cuán popular es el presidente y cuánta gente lo quiere ratificar. Ah, pero eso sí, que los consejeros se bajen el sueldo. Se trata de una petición para ahorrar centavos, pero gastar pesos.

El sueldo bruto mensual de los consejeros actualmente es de $234 mil pesos. Si lo reducen a la mitad, a $117 mil pesos mensuales, con lo que ganarían menos que el presidente ($149 mil pesos brutos al mes), tomaría más de 247 años pagar los 3 mil 830 millones de pesos que costaría la revocación de mandato que piden los que dicen que están en favor de la austeridad.

La historia de la autoridad electoral con AMLO ha sido tensa siempre, salvo cuando él ganó en 2018. Desde que perdió la presidencia en 2006, exigió la remoción anticipada del consejero presidente que osó declarar ganador a Felipe Calderón. Se le cumplió el capricho para que dejara de decir que el IFE era antidemocrático y sacaron a Luis Carlos Ugalde. En los quince años que han transcurrido desde entonces la historia se ha repetido: el presidente cuestiona y golpea al árbitro electoral cada vez que no le cumplen sus caprichos. Con el tono y las amenazas cada vez más subidas de tono, claro, porque con el micrófono del populista en mano, AMLO manda. ¿O no?

Columna completa en El Universal

Hoy que se cumplen tres años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y que por ello está invitando a una celebración en el Zócalo la pregunta es ¿qué hay que celebrar? La aprobación presidencial, sin duda, es motivo de festejo para el presidente. Consulta Mitofsky muestra que hoy AMLO es igual de popular que hace tres años, cuando asumió el poder. Está en 65 por ciento de aprobación. A estas alturas del sexenio solo Carlos Salinas de Gortari era más popular. Tenía 77 por ciento de aprobación.

Lo sorprendente de este dato es que sucede cuando en prácticamente cualquier frente la situación es de deterioro para México y los mexicanos.

Si vemos la inflación, estamos en el punto más alto de los últimos 20 años; el más alto de este siglo, en un 7%. El Presidente dice que no nos debemos de preocupar que tenemos una inflación menor que la de Brasil. En Brasil hace poco tiempo tenían la misma inflación que tenemos actualmente en México. Confiarnos en que estamos mejor porque otros están peor, me parece que es un flaco consuelo.

Si vemos la inseguridad, los homicidios no paran. Estamos con 104,200 homicidios en lo que va de este sexenio. En todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se cometieron 62,145 homicidios. Esto a pesar de que el presidente López Obrador prometió que acabaría con la militarización del país y lejos de acabar con ella, la ha exacerbado.

En materia de pobreza, entendiendo que hemos pasado por una pandemia, pero que también hemos dejado de aprovechar muchas oportunidades que la crisis ha presentado para México, actualmente tenemos casi 9 millones de nuevos pobres. Con todo y la promesa de que las ayudas sociales acabarían con la pobreza.

Siguiendo con la economía, la deuda pública ha crecido en 2.1 billones de pesos; está actualmente en 13.3 billones de pesos, esto representa el 51.3% del PIB. ¿No que no nos íbamos a endeudar? El tipo de cambio lo recibió el presidente López Obrador elevado, en 20 pesos con 17 centavos. Y  sin embargo, actualmente está peor, en MXN$ 21.60. Las gasolinas que a la fecha promete el Presidente que no van a subir de precio, no han hecho más que costar más. Han subido un 17% sólo en el último año. A finales del 2020 las gasolinas estaban en MXN$ 17.80. Actualmente el precio promedio, es de MXN$ 20.79. ¿Y qué decir de la luz? La luz también ha subido. La tarifa de alto consumo, DAC, al arranque del sexenio estaba en MXN$ 4.95 el kw/hr y actualmente está en MXN$ 6.29 el kw/hr. La tarifa de consumo básico también se ha incrementado. Al arranque del sexenio, estaba en 79 centavos el kw/hr y actualmente está en 85 centavos el kw/hr.

El manejo de la pandemia ha sido tan lamentable que en América Latina somos el país que más muertes por millón de habitantes presenta. De acuerdo con datos de la John Hopkins, en México, tenemos 99.7 muertes por millón de habitantes, mientras que Brasil, que es el país que más muertes por millón de habitantes presenta, tiene 61 muertes por millón de habitantes. Con esos datos no nos podemos confiar de la palabra del presidente López Obrador que pide que no nos preocupemos por la nueva variante omicron y que mejor vayamos hoy al Zócalo a escuchar mariachi y a bailar rumba.

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Lejos quedó aquel López Obrador que, caminando por Tepetitán, Tabasco, prometía en 2017 que el poder no lo cambiaría. “Dicen que el poder, cuando no hay convicciones, cuando no hay principios, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, declaró en el documental que le hizo Epigmenio Ibarra.

Y ahora, cuatro años después y harto de no poder hacer su santa voluntad, como si la presidencia fuese una oficina sin contrapesos para que él pueda hacer y deshacer a su antojo, vino el decretazo. Para justificar firmar el decreto que permita que las obras de infraestructura puedan brincarse normas y requisitos de transparencia bajo la premisa de seguridad nacional el presidente dijo que en su gobierno no hay corrupción y no hay impunidad.

Si le creemos a la palabra de López Obrador respecto a que en su gobierno ya no hay corrupción, el decretazo sigue siendo un escándalo porque no sabemos qué otro presidente venga después. Quizás no es tan impoluto como López Obrador dice ser, pero el decreto seguiría vigente. Además, este decreto se publica cuando no se han aclarado la investigación de mi colega Carlos Loret de Mola que encontró entre los contratos que han obtenido las Fuerzas Armadas para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles empresas fantasmas beneficiadas.

¿Cómo quiere el presidente que confiemos en su decretazo si implica la violación de la división de poderes y disposiciones en materia de Derechos Humanos?

¿Cómo pide que no se vea con suspicacia si se firmó dos días después de que el Secretario de la Defensa, el General Luis Crescencio Sandoval, decidió tomar partido a nombre de las Fuerzas Armadas y con ello politizar al ejército? ¿Cómo no sospechar que este decreto es un regalazo para el General por la lealtad, no al Comandante Supremo, sino al proyecto de Andrés Manuel López Obrador?

El presidente le ha dado trabajos y presupuesto a las Fuerzas Armadas bajo la premisa de que son incorruptibles. En tanto no se aclare la investigación arriba mencionada, no podemos darle cheque en blanco al Ejército. Más bien parece que el presidente le ha dado dinero y poder a las Fuerzas Armadas no por ser incorruptibles sino porque son leales y obedientes a él.

Las trabas que presentan los múltiples trámites que debe cubrir cualquier obra de infraestructura son un obstáculo para el desarrollo del país. Si eso le molesta al presidente López Obrador ¿por qué no busca disminuir y eliminar tantas trabas para que las obras de infraestructura, no solo del gobierno, también de privados, puedan concretarse con seguridad y apego a normas ambientales pero en tiempos y formas razonables?

¿Por qué solamente las obras del gobierno federal gozarán de la posibilidad de ser aprobadas por afirmativa ficta si no reciben respuesta de las instancias involucradas en los cinco días posterior a que se presenta la solicitud?

El presidente López Obrador se queja constantemente de la corrupción y la señala como la razón principal de que México se rezague. Pues una de las ventanas que más le abre la posibilidad a cochupos y mordidas es precisamente la cantidad de trámites que cualquier obra de infraestructura debe cumplir.

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Una mañanera sí y la otra también el presidente López Obrador ataca los contratos que la iniciativa privada obtuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el sector energético. Contratos que ha descrito como leoninos; como un abuso que daña la soberanía de México al otorgar a empresas privadas, en especial internacionales, los recursos que López Obrador considera deben manejar Pemex y/o la CFE.

Por eso llama la atención que en el caso de Grupo Simsa no se le escuche al presidente queja alguna de los abusos de esta empresa propiedad de Nessim Issa Tafich. Por el contrario, el monopolio en la distribución y transporte de gas natural que tiene una de sus subsidiarias, Gas Natural del Noroeste, en el estado de Veracruz, se mantiene extrañamente firme.

Tan firme que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta la fecha han obtenido más de 40 contratos exclusivos para la distribución de gas en donde ellos deciden a quién le venden; cuánto y cómo cobran. El caso más llamativo es la concesión que se les dio del gasoducto Zapoapita-Mendoza que apenas mide 35 kilómetros pero es sumamente importante porque es el que conecta el norte con el sur de México.

Y aquí es cuando entra en acción la selectividad de los contratos en el gobierno. La empresa Alten (Destiladora del Valle) presentó una denuncia en contra de Gas Natural del Noroeste (GNN) porque de un día al otro, en 2019, Pemex le cambió la jugada a pesar de tener un contrato vigente para que le suministrara gas natural. Petróleos Mexicanos les anunció que su nuevo proveedor sería GNN. Hasta ahí no habría problema, salvo por la mordida de entrada que pidió este nuevo proveedor a Alten: 17 millones de pesos, como se puede ver en la carpeta 3645-2019.

Como Alten no quiso pagar esta cantidad y presentó una denuncia contenida en la carpeta arriba mencionada, GNN amenazó y acusó a la empresa de robar gas de sus ductos, de gaschicol. A pesar de no presentar una sola prueba, la Fiscalía General de la República cateó una planta de Alten y detuvo sus trabajos durante cuatro meses. Todo esto con el apoyo de la gerente de Gas Natural y Etano de Pemex, Beda Carreto Santiesteban, contra quien ya hay una carpeta de investigación también, la 2664-2021, por abuso en sus funciones.

Al no encontrar pruebas que acreditaran el robo de gas por parte de Alten, la planta ya fue reabierta pero los daños causados por los privilegios de GNN son varios. Alten no es la única empresa afectada en la zona de Orizaba. En total ya se han perdido más de 700 empleos en esa región por recortes que han tenido que hacer entre cierre de plantas y aumento a las tarifas de gas de forma unilateral y sin explicación por parte de GNN.

Lo peor es que algunas empresas han tenido que encontrar otras fuentes de energía para no frenar su producción, entre ellas combustóleo y metano que, además de ser más caras, son mucho más contaminantes.

Esta concesión del ducto Zapoapita-Mendoza que se le otorgó a GNN permite a la empresa trabajar sin ninguna regulación. Evidentemente aquí no se puede hablar de que a través de esta acción apoyada por el gobierno estatal y federal se esté logrando un fortalecimiento ni de Pemex ni de Gas Bienestar, como constantemente dice el presidente que actúa su gobierno. Por ello la gran pregunta es ¿por qué tiene tanto poder esta empresa, Gas Natural de Noroeste, filial de Grupo Simsa? Y ¿por qué tiene tanto poder Beda Carreto Santiesteban, una gerente en Pemex?

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Al arranque de la pandemia el presidente López Obrador nos recomendó a los mexicanos que carguemos un amuleto para prevenir que nos enfermemos de COVID19. También dijo que si no mentimos; no robamos y no hacemos trampa, prevenimos contagiarnos. Esas declaraciones no las escribió en Twitter o Facebook lo que le evitó la vergüenza que le sucedió esta semana a Jair Bolsonaro cuando Facebook e Instagram le suspendieron su programa EnVivo por asegurar que quienes han recibido el esquema completo de vacunación están desarrollando Sida.

Pero fuera de esa diferencia entre un AMLO que dice barbaridades y un Bolsonaro que además las publica en redes sociales, hay mucho que asemeja al presidente de Brasil con el mexicano. Los dos han hecho un manejo criminal de la pandemia. Han minimizado sus riesgos, han insistido en continuar con eventos políticos masivos como si el virus no estuviera circulando, han menospreciado estudios científicos sobre la enfermedad y sus tratamientos y han mantenido a cargo a incondicionales a pesar de que se ha demostrado su falta de oficio para el monumental reto. Este manejo criminal de la pandemia ha significado muertes en exceso que eran evitables.

En Brasil la situación de salud es igual de lamentable como en México. Pero allá el Senado brasileño piensa que el presidente Jair Bolsonaro y 60 de sus colaboradores, incluyendo al ministro de salud, pueden ser acusado de crímenes de lesa humanidad, entre otros ocho señalamientos, por su manejo de la pandemia. Así lo presentó una panel especial sobre el manejo de la pandemia del senado en un documento de más de mil páginas.

El panel concluyó que un mejor manejo de la pandemia habría reducido la transmisión del coronavirus en un 40 por ciento y esto podría haber salvado un estimado de 120 mil vidas con tan solo haber impuesto medidas de prevención como el uso de cubrebocas; la vacunación y distanciamiento social.

A partir de la publicación de este informe la popularidad de Bolsonaro se ha ido en picada, de 33% está ahora en 22%, según Datafolha. Esto debe tener a Bolsonaro muy preocupado de cara a las elecciones del año próximo en donde esta burla de presidente tendrá que pelear no solo por permanecer en la silla presidencial, también para evitar ser enviado a prisión.

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La reforma energética que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador sí o sí ha generado mucha especulación sobre el papel que jugará el PRI. ¿Va a apoyar a Morena y sus aliados votando a favor o va a apoyar su alianza con el PAN y PRD votando en contra?

Sin duda será interesante ver qué deciden hacer los Priistas. Ya leímos algunas posturas, tanto de exdirigentes como de la presidencia y Secretaría General del PRI y es evidente que no está unido el partido en cómo quiere votar esta reforma constitucional. Pero me parece que además de enfocarnos en la postura del PRI será igual o más interesante e importante lo que haga el PVEM.

En cualquier país del mundo sabríamos de antemano que un partido ecologista no votaría en favor de una reforma que busca quemar carbón y combustóleo para producir energía y que desconfía de las energías limpias y renovables, como la solar y la eólica, argumentando que tienen intermitencias. Sí, no todo el día ni todo el año sopla el viento ni sale el sol, pero existen tecnologías que permiten a países que no tienen los beneficios geográficos de México, como Dinamarca, depender de estas energías en un 80 por ciento sin problema.

Pero en México el PVEM sabemos que es verde por la afinidad que tiene al dinero y no a la ecología. No obstante, en la legislatura pasada tuvieron un momento interesante y hasta sorpresivo cuando 4 de sus diputados votaron en contra de la Ley de la Industria Eléctrica precisamente argumentando que no era benéfica para el medio ambiente.

La vida nos da sorpresas; sorpresas nos dio el Verde.

¿Y ahora? ¿Cómo votarán los 43 diputados del PVEM y sus 6 senadores? El papel de estos legisladores será crucial.

En la Cámara de Diputados se requieren 331 votos para aprobar la reforma constitucional. Morena tiene 201; el PT 33. Si el PVEM decide votar con Morena, tiene 277 votos, le faltarían 54 votos que podrían buscar de entre los 71 legisladores del PRI. Pero si el PVEM vota en contra, al gobierno le harían falta 97 votos para que se apruebe la reforma, lo que no obtendría ni en el improbable caso de que los 71 diputados Priistas voten con Morena y el PT. Improbable porque no veo, por ejemplo, a un Ildefonso Guajardo votando en favor de una reforma que deja en claro el poco compromiso de México con el respeto al Estado de Derecho con inversiones nacionales y extranjeras.

En el Senado se complica la situación un poco más. Morena y sus 62 senadores más los 6 del PT 6 del PVEM y 4 del PES tienen 78 votos de los 86 que se requieren para aprobar la reforma. Este es un escenario muy optimista para la coalición gobernante porque si el PRI vota a favor, con sus 13 senadores se logra aprobar la reforma. Pero si el PES no vota con el gobierno, como se anticipa, y además el PVEM decide no votar a favor tampoco, entonces tendrían Morena y PT 68 votos. Aunque le sumen los 13 del PRI, la reforma no pasa.

Así el PVEM es un fiel de la balanza muy importante para el presidente en la votación de la reforma energética. ¿Qué va a hacer ese partido? ¿Le será fiel a los billetes (verdes) o a la ecología?

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Al principio de su administración el presidente López Obrador prometió que en cuestión de un año México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca. Eso claramente no ha ocurrido. Por el contrario, la desaparición del Seguro Popular y su reemplazo por el INSABI ha generado más problemas que soluciones. Vivimos con escasez de medicinas y los tratamientos en el sector privado de salud han aumentado ante las deficiencias en el público, lo que implica un costo tremendo para miles de familias.

La verdad es que no hace falta compararnos con los daneses. Con que López Obrador quiera imitar a Costa Rica en materia de salud sería más que suficiente. La estrategia de salud de ese país es tan envidiable que el actual encargado de salud de USAID del gobierno de Biden, el Dr. Atul Gawande, visitó Costa Rica para entender qué han hecho bien ahí y cómo podría Estados Unidos imitar sus planes de salud.

Gawande escribió lo que vio en un excelente texto publicado en el New Yorker que arranca con una visita a un cementerio en Atenas, una ciudad en el centro del país, en donde las tumbas de 1950 son de miles de niños que murieron antes de cumplir un año. Entonces la expectativa de vida en Costa Rica era de 55 años, en México la expectativa de vida era de 50 años y en Estados Unidos era de 68 años.

Para 1985 la expectativa de vida en Costa Rica era de 75 años, igual que la de Estados Unidos. En México era de 69.8 años. En el 2020 la expectativa de vida en Costa Rica llegó a 81 años, sobrepasando los 75 años que tenemos de expectativa de vida en México y en EUA.

Así, Costa Rica es el país número 35 en el mundo en expectativa de vida mientras que Estados Unidos es el número 46 y México somos el número 90.

¿Cómo le hizo Costa Rica para mejorar en poco más de una generación más de dos décadas la expectativa de vida? ¿Invirtió enormes cantidades de dinero? No. El tema no ha sido la suma de dinero sino la forma de invertirlo.

El sistema de salud Costarricense se basa en el EBAIS: Equipo Básico de Atención Integral en Salud que asigna un ATAP (Asistente Técnico en Atención Primaria) para cubrir cada uno a entre 4 o 5 mil personas.

 

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