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ARELY GÓMEZ

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Al comparecer ante la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, aseguró que la rendición de cuentas sobre la situación de la administración pública es un ejercicio indispensable para el fortalecimiento de todo Estado democrático.

“Asisto a este recinto en atención a la convocatoria extendida, en términos de lo que establece la Constitución y, sobre todo, en congruencia con mi convicción de que En la presente Administración”, indicó la funcionaria.

Dio a conocer que en total se han realizado más de 15 mil 360 actos de auditorías a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Además refirió que en coordinación con las contralorías estatales, la SFP practicó mil 687 auditorías para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Derivado de las auditorias, la dependencia promovió la recuperación de recursos para resarcir daños al patrimonio público y se rescató un monto de más de 19 mil 549 millones de pesos.

Al hablar sobre los trabajos que se han realizado en materia de vigilancia, control interno y auditoría, indicó que se han llevado a cabo diligencias relacionadas con diversos temas, entre los que destacó la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés); las contrataciones y subcontrataciones entre entidades de la Administración Pública Federal y universidades (caso en que se involucra a Rosario Robles y otros funcionarios); la reconstrucción tras los sismos de septiembre 2017, así como los hechos relacionados con la empresa Odebrecht y sus filiales.

Subrayó que por esos y otros casos, se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo, como suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos.

Gómez enfatizó que “hemos ido al fondo de todos los asuntos, sin importar cargos, en el caso de los servidores públicos, o el poder económico que representan, cuando se trata de empresas”.

Señaló que en total, durante la presente Administración, el número de sanciones emitidas superan las 58 mil, mientras que la cantidad de sancionados llegó a los 44 mil 046. Y el monto de las sanciones se elevó a 7 mil 161 millones 800 mil pesos.