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Un convoy de seguridad trasladó este miércoles a Héctor “el Güero” Palma tras ser interrogado por las autoridades por nuevos delitos y lograr la Fiscalía General un arraigo para evitar que el narcotraficante sea liberado.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo medida cautelar de arraigo en contra de Jesús Héctor ‘P'”, indicó la FGR en un boletín.

Un fuerte despliegue de varios vehículos de distintos cuerpos de seguridad y de la Fiscalía trasladaron al antiguo líder del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, que había quedado en libertad el sábado pasado tras la orden de un juez.

Derivado de una investigación, el 4 de mayo de 2021 el Ministerio Público Federal (MPF) emitió un acuerdo de detención “por caso urgente respecto de dicho individuo, al existir riesgo fundado de que el indiciado podría sustraerse de la acción de la justicia”, informó la Fiscalía.

Agregó que por este motivo se le pudo recapturar el martes cuando el capo se disponía a abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, “en virtud de una sentencia absolutoria dictada por una autoridad judicial”.

Posteriormente, y tras la lectura de sus derechos constitucionales y legales que le asisten, el “Güero” Palma rindió su declaración ministerial.

“Por lo anterior y toda vez que el indiciado se encuentra probablemente relacionado con hechos constitutivos de delitos contra la salud y delincuencia organizada, y a efecto de allegarse de mayores datos de prueba, el MPF solicitó ante la autoridad jurisdiccional competente la medida cautelar de arraigo”, explicó la FGR.

Un juez evaluó el caso y otorgó la medida cautelar decretando así “el arraigo por 40 días en contra de esta persona, mismo que deberá ejecutarse en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República”.

A raíz de eso, el acusado fue llevado al llamado Centro Nacional de Arraigo, en la colonia Doctores en la capital del país, donde podrá estar hasta 40 días mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El arraigo es una medida dictada por el juez, a petición de una de las partes, que se otorga cuando hay temor a que el acusado se ausente. Es decir, ante el peligro de fuga o derivados.

El exgobernador del Puebla, Mario Marín, detenido ayer en Acapulco, Guerrero, por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, solicitó este jueves al juez continuar su proceso en arraigo domiciliario, pero la petición le fue negada.

De acuerdo con la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y que ejerce de defensa de Cacho, el político “solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de Covid-19 al interior del Cereso y su edad avanzada”.

Marín, de 66 años, ingresó al penal de Cancún, Quintana Roo, en las primeras horas de este jueves, señalado como presunto responsable del delito de tortura en contra de Cacho.

Además, la organización señaló que el exgobernador “se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica”.

Según lo expuesto por el equipo legal de la asociación, Marín podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito de tortura que se le imputa.

El director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo que el proceso contra Marín apenas empieza y es un primer paso muy importante, pero todavía no es definitivo.

“Vienen 72 horas que se pueden duplicar a 144 para determinar si se dicta formal prisión o se le libera (…) se debe poner atención a lo que determine el juez federal en Cancún, sobre si hay elementos para procesar a Marín en prisión preventiva”, apuntó Maldonado.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió “un proceso justo” para el exgobernador.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del estado de Quintana Roo emitiera una orden de captura en su contra por presuntamente torturar a la periodista y activista Lydia Cacho en 2005.

Ese año, tras destapar una red de pornografía infantil en su libro “Los demonios del Edén”, Cacho fue secuestrada y llevada en coche desde Cancún a Puebla en un viaje de 20 horas en el que fue torturada y amenazada. En 2006,el audio de una llamada entre el empresario José Kamel Nacif, implicado en la trama, y Marín desveló que el entonces gobernador había ordenado dar un “coscorrón” a Cacho.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó una orden de arraigo para el líder opositor Juan Guaidó y remitió a la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el oficialismo, un pedido para quitarle el fuero parlamentario.

El TSJ había impuesto en enero una prohibición de salir del país a Guaidó, quien “quebrantó esta medida”, dijo el presidente de la corte, Maikel Moreno, en una declaración en la televisión oficial.

“Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Constituyente a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez (…) en su condición de diputado a la Asamblea Nacional”, agregó el magistrado.

Guaidó, un ingeniero de 35 años, invocó artículos de la Constitución para proclamarse en enero presidente encargado de Venezuela, siendo reconocido de inmediato por docenas de países, entre ellos Estados Unidos y naciones vecinas al país.

Pese a la prohibición de salir del país, Guaidó visitó en febrero Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador.

“No hay ningún tipo de allanamiento”, dijo Guaidó a reporteros al cerrar un acto en Caracas al final de la tarde. “No tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer, no tengan dudas. Pero no hay preocupación”, agregó.

Guaidó ha dicho en varias oportunidades que en caso de que lo detengan el camino sigue siendo el mismo, buscar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, ir a un gobierno de transición y convocar elecciones libres.

La semana pasada el también presidente del Parlamento opositor desestimó una decisión de la Contraloría General de la República de inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos.