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Si queremos que todo siga como está es preciso que todo cambie. Esa es la frase que resume la novela de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, El Gatopardo, y que muchos de los grandes empresarios de México han decidido leer. ¿Será para poder sobrevivir la 4T?

La frase la dice Tancredi, sobrino del Príncipe Fabrizio de Salina, a su tío cuando le avisa que sale del palacio familiar para unirse a las tropas rebeldes lideradas por Giuseppe Garibaldi que quieren acabar con el reino de los Borbones. La idea es unificar a Italia, que en 1860 se encontraba dividida en varios estados. Entre ellos, el Reino de las Dos Sicilias, que es en donde se lleva a cabo la novela.

Garibaldi fue el líder carismático que prometió llevar a cabo una reforma agraria que ilusionó a los pueblos del sur de Italia. Por ello lo apoyaron unos jóvenes conocidos como los camisas rojas, entre los que se encontraba Tancredi, personaje central de la novela. Garibaldi nunca cumplió esta promesa porque acaba entregando sus victorias a la monarquía saboyana encabezada por el Rey Víctor Manuel II. Pero esa es la historia de la unificación de Italia, del Risorgimento.

Regresando a El Gatopardo, tanto Tancredi como su tío, el Príncipe Fabrizio de Salina, saben que el mundo está cambiando, y que para sobrevivir es necesario adaptarse. Es necesario a veces simular una modernización para retener el poder y los privilegios. Es por ello por lo que Tancredi y el Príncipe aceptan a los nuevos líderes, entre ellos al alcalde del pueblo en donde está su mansión de verano, Donnafugata, Don Calogero.

Don Calogero es un hombre sin prestigio, pero con dinero y poder. Es padre de una hija muy guapa, Angélica, que, sin ser parte de la aristocracia, acaba siendo la prometida de Tancredi. Y lo logra incluso con el consentimiento del Príncipe, a pesar de que una de sus hijas estaba perdidamente enamorada de Tancredi.

Como alcalde, Don Calogero es el encargado de organizar un referéndum para que los habitantes de Donnafugata voten si están en favor de la unificación de Italia o en contra. Los ciudadanos estaban en contra de la unificación en su mayoría, pero, aun así, Don Calogero fue enfático al leer los resultados del referéndum: de 515 electores inscritos votaron 512 y todos votaron por el SÍ. Cero votos para el NO a la unificación.

Y es que en El Gatopardo queda claro que el poder corrompe, no importando quién está arriba. Cambian las caras, los nombres, los uniformes y quizás las ideologías, pero la corrupción y el abuso de poder permanece.

 

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Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se decidió promover la creación de 24 gasoductos por parte de empresas privadas para que proveyeran a la CFE de gas natural para generar energía eléctrica por dos razones.

La primera es que el único proveedor de gas natural para la CFE hasta ese momento era Pemex, pero entre los varios problemas de la empresa y ante la caída en la extracción de crudo, la producción de gas natural también presentó una caída sostenida desde 2009, lo que comenzó a generar un problema de desabasto para la CFE.

La segunda es que la CFE no tenía el capital suficiente para construir los gasoductos, pero sabía que mediante inversión privada la generación de energía no solamente se garantizaría, además sería más barata que las dos alternativas: utilizar combustóleo, que sale cuatro veces más caro para la CFE, o diésel, que sale seis veces más caro.

De esos 24 gasoductos 17 ya están operando, proveyendo de gas natural a la CFE, en un esquema que es el que ha seguido no solo México, sino gran parte del mundo, para bajar los precios de la electricidad y, en los casos más exitosos, como en Francia y la empresa Engie, utilizar energías renovables.

A la fecha entonces quedan 7 gasoductos por comenzar operaciones. Tres de ellos están cerca de concluir sus obras. El primero es el gasoducto La Laguna-Aguascalientes cuya licitación ganó la empresa Fermaca en 2016 y tendría que haber comenzado a operar en enero del 2018. Trae sin duda un retraso que, por alguna razón no le interesó mencionar al presidente López Obrador en la mañanera del lunes pasado. De las 4 empresas que tienen los contratos por estos 7 gasoductos, a Fermaca no se le mencionó. Solamente a Grupo Carso; IEnova y Transcanada.

En situación similar están el gasoducto Samalayuca-Sásabe de Grupo Carso y el gasoducto Marino de IEnova y Transcanada. Este gasoducto transportará gas natural del sur de Texas a Tuxpan. Se está construyendo en el mar, de ahí su nombre, para evitar los sabotajes que han sufrido los otros cuatro gasoductos que aun no pueden surtir de gas natural a la CFE, pero que aun así están recibiendo los pagos acordados bajo contrato.

La condición contractual es que, una vez inicien operaciones y concluido el contrato establecido, las empresas involucradas sigan proveyendo del gas natural a la CFE que ya les pagó mientras el ducto no puedo operar.

Es decir, el dineral que dijo el presidente López Obrador que la CFE le está pagando a IEnova y Transcanada, lo está pagando porque el estado es responsable de liberar los gasoductos de quienes los sabotean o se amparan por conflictos en las zonas por las que atraviesan los ductos. No es, por lo tanto, dinero tirado a la basura. Será recompensado a la CFE una vez concluya el plazo de los contratos con los privados.

 

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En la mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el pueblo se cansa de tanta pinche transa. Y nadie como él ha sabido leer este cansancio, hartazgo incluso, con tanta pinche transa.

Por eso, en gran medida ganó Andrés Manuel López Obrador. Ayudado por un gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, marcado no solo por escándalos de corrupción, también por desdén hacia quienes señalaban sus dimensiones y por una enorme frivolidad e impunidad.

Pero en verdad y, usando palabras del propio presidente, con todo respeto, no entiendo en qué consiste la lucha contra la corrupción que dice encabezar Andrés Manuel López Obrador. Empezando porque es el más opaco de los presidentes desde que se dio la alternancia en el ejecutivo en el 2000.

No sabemos de qué ha vivido todos estos años, aun si fuese cierto que solo tiene 200 pesos en la cartera. Su declaración 3 de 3, lo hemos mencionado antes, es de pobreza inexplicable. Y ésta es igual de indignante que la riqueza inexplicable. AMLO se niega a ser claro respecto a los recursos que le han permitido ser un político que ha recorrido el país de arriba abajo y el proveedor de una familia de cuatro hijos y una esposa.

Mañana tras mañana se lanza en contra de un nuevo sector, sin dar nombres ni apellidos, al que señala por la corrupción del pasado. Ya hemos escuchado sobre los huachicoleros de cuello blanco; sobre los funcionarios corruptos de Pemex; los de la SCT y contratistas del Nuevo Aeropuerto que querían enriquecerse a costa del pueblo; sobre las calificadoras como Fitch Ratings que solaparon la corrupción en Pemex; y ahora se ha ido en contra de los cabilderos de las grandes empresas que logran excensiones millonarias en el pago de impuestos para sus clientes.

“Seré respetuoso de los poderes de la Unión, pero juez, magistrado o ministro que solape la corrupción será exhibido, pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, fue la oración completa del presidente. Y sin embargo, él es el primero que ha hablado de amnistía y de un borrón y cuenta nueva. A veces lo matiza diciendo que el devenir jurídico de los ex presidentes se resolverá mediante una consulta popular.

¿No se dan cuenta quienes esto aplauden lo grave de la propuesta? Implica amnistía por una parte y hoguera por otra. Una hoguera que brinca por encima a todas las instituciones que conforman el aparato de justicia del Estado Mexicano, con todo y sus enormes deficiencias.

 

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La conferencia mañanera arranca con el presidente Andrés Manuel López Obrador diciéndonos que estamos mejor que en el pasado. “Tengo un reporte, todavía preeliminar, que hemos recuadado más en todo lo que tiene que ver con la venta al exterior; ha aumentado la recaudación en general, osea que vamos bien. Creció mucho el mercado exterior. Vamos muy bien en la recaudación por las importaciones porque hay menos corrupción en las aduanas ahora que en el pasado”, dijo AMLO, palabras más, palabras menos, en la conferencia de ayer martes 29 de enero.

Esta afirmación tan contundente estuvo ausente de datos. Ni los del pasado ni los que lo llevaron a decir que estamos mejor. Pero así pasó la hora 21 minutos de esta mañanera que ha tenido ese distintivo en los dos meses que lleva López Obrador siendo presidente de México: muchas palabras, poca información.

Si nos atenemos a lo que escuchamos cada mañana, es indudable que estamos mejor que antes. Primero porque tenemos a un presidente que cuenta con tanta autoridad moral, que se puede dar el lujo de gastar 100 millones de dólares en comprar pipas para abastecer combustible que ahora debe transportarse por carretera sin necesidad de licitar ni transparentar dicha compra. A decir del presidente, se puede porque ni él ni los suyos son unos corruptos.

La misma lógica aplica para la construcción del Tren Maya. Qué licitaciones y qué estudios ambientales ni qué ocho cuartos. El presidente no es corrupto así que todo puede hacerse más rápido, sin licitación y sin transparencia. Basta con la palabra del presidente que no es corrupto.

Entre la corrupción y la austeridad, nos recuerda el presidente en la matutina, tendremos fondos suficientes para financiar el desarrollo. Es más, hasta nos va a sobrar dinero porque era mucho el robo y el saqueo. Estamos mejor que en el pasado del gobierno faraónico y de lujos.

Se acabaron los funcionarios con nueve teléfonos en sus oficinas. Punto final. No dio nombres ni dijo qué pasó con el funcionario, ni con los teléfonos, pero eso es lo de menos. Tenemos finalmente un dato: nueve teléfonos en una oficina.

Estamos también mejor que en el pasado porque ahora, como el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de tanta autoridad moral, puede darse el lujo de no caer en las provocaciones de sus hasta hace poco aliados maestros de la CNTE que están bloqueando las vías del tren en Michoacán. Por no caer en provocaciones entiéndase que puede no hacer nada para solucionar este bloqueo en un estado gobernado por el PRDista que osó decir que apoyaba a José Antonio Meade en la elección del 2018, Silvano Aureoles.

 

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Como un mal necesario. Así se perciben los huachicoleros. El robo de combustible lo justifican porque, al ser poblados ubicados cerca de la refinería de Tula, conocen los precios de la gasolina y justifican el robo aduciendo lo caro que la vende el gobierno.

Si cerca de la refinería la pueden comprar a 5 pesos el litro ¿por qué van a pagar los 19 o 20 pesos en la gasolinera?

Esto me lo explica Fernando Rodríguez, quien ahora es colega de trabajo en Foro TV, originario del Valle del Mezquital, concretamente de Mixquiahuala, el pueblo de a lado de Tlahuelilpan.

Y me platica que ahí, en esta zona de Hidalgo, el huachicoleo prácticamente no existía sino hasta 2010. Desde entonces a la fecha el crecimiento de las tomas clandestinas ha sido exponencial. De haber 10 a 14 tomas a principios de esta década, datos de Pemex muestran que éstas llegaron a 600 en el 2017, para caer a 280 en abril del año pasado.

Todos conocemos a alguien que se dedica al huachicoleo, me dice Fernando. Hay cierto recato en decirlo abiertamente, pero los mensajes por WhatsApp para vender la gasolina robada son claros: “Tengo agua de limón (gasolina Magna) o agua de fresa (gasolina Premium)”.

Las tres gasolineras de la zona están siempre vacías, desde hace años. La gente prefiere ir a los terrenos bien conocidos que operan como gasolineras ‘clandestinas’. Ahí carga gasolina incluso el transporte público.

La gente no denuncia porque nadie quiere ser un chismoso. ¿Cómo vas a entregar a la justicia a los vecinos, familiares o amigos?

Esto es el factor social que explica en parte por qué los esfuerzos en el pasado por combatir el huachicoleo no han sido exitosos. Cuando la gente justica y protege el delito, la posibilidad de éxito en su lucha es mucho más complicado.

 

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Vaya tunda la que se han llevado en medios nacionales e internacionales el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el director de Finanzas de Pemex, Alberto Velázquez. Se les ha criticado desde lo más banal (la presentación con fallas ortográficas y gramaticales y el mal dominio del inglés), hasta las más serias: la falta de conocimiento de las finanzas de Pemex y la poca habilidad para sentarse a hablar de tú a tú con los inversionistas.

Pude ver la presentación que llevaron a Nueva York, la cual se puede encontrar en este vínculo (http://anapaulaordorica.com/pemex-el-desabasto-y-la-lucha-contra-el-huachicoleo/) y, en efecto, no es buena. De hecho, antes de irse a Nueva York se les sugirió corregirla o no llevarla, ya que se trata apenas de un plan en vías de desarrollo. Llevaron la versión que consideraron corregida y, pues…

Usualmente ya sea el director de Finanzas o el director general de Pemex, son gente que conoce perfectamente bien qué quieren escuchar los inversionistas extranjeros. Fue el caso de Juan José Suárez Coppel, quien venía de años en Banamex, o de José Antonio González Anaya, que conocía perfecto el tema por sus años en Hacienda.

No es el caso ni de Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo, ni de Alberto Velázquez, economista dedicado a la academia principalmente. Sin embargo, ambos iban bien cobijados por Carlos Urzúa y sobre todo por Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda que no es un novato en la relación con inversionistas y, a decir de versiones de
algunos de los presentes en las reuniones, fue quien más impresionó.

Sabemos que Pemex tiene grandes retos por delante y que el margen de error del gobierno actual es demasiado estrecho como para darse incluso el lujo de llevar errores gramaticales en la presentación. No obstante, hay otras versiones, tanto de los presentes como en medios igual de confiables que Bloomberg, que pintan un panorama distinto al desastre de la reunión.

Y dado que estas versiones se ven respaldadas por el desempeño tanto de los bonos de Pemex —que sufrieron un primer golpe del cual se han ido recuperando paulatinamente— como del tipo de cambio, en donde el peso es la moneda más apreciada en los mercados emergentes de diciembre a la fecha, me parece que vale la pena tomarlas en cuenta.

Estas versiones apuntan a que, si bien Velázquez no fue un gran interlocutor, su desempeño ha sido sobredimensionado muy a propósito por los inversionistas estadounidenses que salieron a hablar con la prensa porque buscan que el gobierno mexicano salga a garantizar la deuda de Pemex. Algunos inversionistas extranjeros muy apalancados quieren presionar al gobierno mexicano.

Pero al final y con todo y el problema de desabasto en México, otros inversionistas decidieron mantener sus posiciones en Pemex e incluso comprar más. Fue el caso de Jim Barrineau, de Schroders; Jin Zhang, director de Vontobel Asset Management (que tiene a su cargo $38 mil millones de dólares, algunos invertidos en México); y de Cathy Hepworth, quien encabeza la deuda de mercados emergentes de PGIM Fixed Income, según reporta el
portal Axios.com.

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El diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador vuelve a ser certero: hay que luchar en contra del robo de combustible, del huachicoleo, que ha que crecido exponencial e impunemente.

Veamos cifras de los últimos tres años: 2016, el robo de combustible representó 30 mil 800 millones de pesos; en 2017 fue de 50 mil 100 mdp y en 2018 de 66 mil 300 mdp. En total por estos últimos tres años, Pemex ha perdido 147 mil 200 millones de pesos. Ahora sí que este es dinero que ¡ni Trump tiene para construir su muro en la frontera! Y, ¿cuántos huachicoleros están en prisión? Cero.

Dice AMLO que ha disminuido el robo de combustible en 2 mil 500 millones de pesos tan solo desde que inició su Plan en contra del Huachicoleo a finales de diciembre. Pues claro que han bajado las tomas clandestinas si no hay nada en los ductos, pero la disyuntiva no puede ser o cerrar el ducto o hay robo de gasolinas. Éxito es que no haya robo aun con los ductos abiertos.

Seguramente si cierran los antros, bares y discotecas en todo el país, bajarán los borrachos en los establecimientos, pero eso no puede considerarse una política exitosa en contra del alcoholismo.

La correcta intención de luchar en contra del robo de combustible no puede depender de mantener cerrados los ductos, sobre todo si tomamos en cuenta el sobrecosto de abastecer vía pipas y lo impráctico que es por el tiempo que toma la llegada de la gasolina a las gasolineras.

Además, está la falta de transparencia de Pemex para explicar qué empresas están siendo contratadas para el transporte de combustible. Esto se presta a conjeturas, especulación y duda sobre las verdaderas intenciones de cerrar los ductos y abastecer vía pipas a las gasolineras del país.

Por ejemplo, trascendió que Excellence Freights, de Grupo Idesa, es una de las empresas que está transportando gasolina. Grupo Idesa fue fundada por Pascual Gutiérrez Roldán, suegro del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien fue Consejero de Grupo Idesa hasta abril del 2018, y su esposa, Elisa Margarita Gutiérrez, es accionista.

Ayer hablé con el Director de Grupo Idesa, el Ing. José Luis Uriegas, para verificar si están recibiendo contratos por adjudicación directa para el transporte de gasolina. Su respuesta la resumo en una frase contundente: “Nosotros no transportamos combustible de Pemex y no estamos participando en el abasto actual de gasolina.” Así, esta especulación queda desmentida. Pero la pregunta para Pemex permanece: ¿Qué porcentaje del abastecimiento a través de pipas está siendo cubierto por empresas privadas? ¿Quiénes están siendo contratados? ¿Por qué montos?

En una medida urgente que es luchar en contra del robo de combustible, AMLO está presentando una falsa disyuntiva, está generando carencia de gasolina en las gasolineras (nótese que no se está utilizando la palabra desabasto, que tanto se empeña en negar el gobierno), y además surgen dudas sobre contratos para atender una emergencia auto infligida.

 

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Qué mala respuesta la del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, al ex candidato presidencial del PRI José Antonio Meade.

Un aeropuerto importa porque activa la economía. Cada pasajero gasta 415 dólares en promedio de los cuales 184 dólares se van para la industria de la aviación y 231 en turismo y otros bienes y servicios locales. Esto, escribió Meade, se repite 120 mil veces al día en el actual aeropuerto de la CDMX y aporta 1.6% del PIB.

La escala y conectividad del NAIM atraería a más pasajeros y elevaría el gasto promedio a 555 dólares de los cuales 245 serían para la industria de la aviación y 310 en turismo y otros bienes y servicios locales. Esto se repetiría 342 mil veces al día en el NAIM aportando 6% del PIB.

Cancelar el NAIM no podría ser compensado ni por Santa Lucía ni por la red aeroportuaria mexicana. Expertos señalan que la pérdida de valor para México beneciará a otros aeropuertos en Estados Unidos y América del Sur. Dejar de hacer el NAIM nos costará 145 mil millones de dólares.

Esta fue la primera serie de tuits de J. A. Meade que decidió publicar en su red social y lo acompañó con un post de Facebook en el que citó las fuentes para dichos datos: AICM, IATA, Encuesta de Turismo del Iinegi, Dirección General de Aeronáutica Civil y FMI, además de la metodología para proyecciones y traer todo a números actuales.

A ello uno esperaría que el titular de la SCT opte por una de dos opciones: responder con números que dejen en claro por qué se tomó la decisión de cancelar el NAIM o ignorar el mensaje por completo ya que hoy Meade no es más que un ciudadano como tantos otros lo somos. Pero lo que hizo Jimémez Espriú fue de una bajeza monumental porque recurrió al insulto en lugar del argumento y mostró un ánimo preocupante en su concepción del triunfo y la derrota.

La “enorme pérdida” –145 mMde USD– que el ex Candidato presidencial y Ex Secretario de HyCP, José Antonio Meade le asigna a la cancelación del NAIM, son “las cuentas alegres de un hombre triste”.

Esa fue textual su respuesta, con todo y las incomprensibles comillas. Dicen los jóvenes que los adultos no saben utilizar comillas en las redes sociales y vaya qué Jiménez Espriú brilla por esta carencia con este tuit. Evidentemente la gramática es lo de menos.

El destino del NAIM marcó el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su decisión de cancelar el aeropuerto cueste lo que cueste con tal de mandar el mensaje claro y fuerte de quién manda ha sido calificado como el gran error de su gobierno que apenas tiene un mes y un día de haber arrancado.

 

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Los problemas para Donald Trump comienzan a apilarse. En estos momentos, su terquedad por querer que el senado le apruebe 5 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México tiene el gobierno cerrado por falta de fondos para seguir funcionando.

Si la discusión entre Trump y los senadores fuera para mejorar la seguridad fronteriza, seguramente podrían llegar a un acuerdo de entregarle recursos a cambio de un esquema de mayor patrullaje o inversión en tecnología para la zona, pero como lo que se discute es un símbolo que Trump considera determinante para fortalecer a su base electoral o perderla, el margen de maniobra entre ambos lados es demasiado estrecho. Es un todo o nada en donde Trump considera que se juega su reelección y los demócratas por ello no están dispuestos a ceder ni un ápice.

Lo incomprensible es que este cierre del gobierno es porque Trump quiere dinero para construir un muro que él dijo pagaría México. Los demócratas tienen así todas las de ganar en este nuevo escándalo que tiene a 800 mil empleados del estado sin recibir sueldo en plenas fiestas decembrinas o trabajando sin paga.

Pero ese no es el único problema de Trump. Legalmente continúan las investigaciones sobre conspiración con Rusia, obstrucción de justicia y gastos de campaña que lleva el investigador especial Robert Muller. Con él ya cooperan el ex abogado de Trump, Michael Cohen, quien ya ha sido sentenciado a tres años de prisión, y el ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, cuya sentencia sigue pendiente. La expectativa por conocer las conclusiones de Muller es enorme. El escenario para Trump podría ser reelección en el 2020 o prisión. Eso explica aun más su impulso de un todo o nada respecto al muro fronterizo.

A ello hay que sumar que las irregularidades financieras de la fundación Trump han llevado al presidente a cerrarla. Está también el pleito que tiene con el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, a quien Trump quiere despedir por la más reciente alza a las tasas de interés. Powell, como cualquier presidente de la FED, tomó su decisión en términos económicos, pero Trump siente que es un error político porque como él ha basado el éxito o fracaso de su desempeño como presidente en si suben o bajan los índices de Wall Street, la caída que ocasionó el alza en las tasas de interés lo tienen desesperado.

Y sin duda su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria y la consiguiente renuncia del Secretario de Defensa, James Mattis por esta razón, es un tema que le cuesta mucho sobre todo con los republicanos. Varios de ellos se han quejado abiertamente y han señalado que los ganadores de esta medida son Rusia e Irán, los aliados del dictador sirio, Bashar Al-Assad.

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Cuando Andrés Manuel López Obrador perdió la elección en el año 2006, se proclamó Presidente Legítimo y tomó Avenida Reforma para protestar lo que él calificó de fraude electoral. La historia en la elección del 2012 fue similar. AMLO acusó que se volvió a cometer fraude.

Finalmente ganó la elección de este 2018 y todo ha sido tranquilidad. Nadie le regateó un triunfo arrasador en el que obtuvo el 53 por ciento del voto. Por el contrario, el candidato del PRI, José Antonio Meade, salió incluso poco antes de las 8pm a reconocer su derrota, poniendo el ejemplo para Ricardo Anaya, quién hizo lo mismo más de una hora después.

Además de ganar la presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado, AMLO y Morena arrasaron en las elecciones estatales y municipales. De no tener una sola gubernatura, hoy Morena gobierna 5 estados y 19 legislaturas locales. Además, ganó 23 de las 25 capitales que renovaron su ayuntamiento.

De las nueve gubernaturas que estuvieron en juego en julio pasado, Morena ganó la CDMX, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Morelos.

Entonces, habiendo arrasado de esa manera y reconociendo que las autoridades electorales supieron contar los votos de la elección presidencial, uno esperaría que AMLO acepte las pocas derrotas que tuvo. Pero no.

Primero está el caso Puebla. Ahí AMLO apoyó las impugnaciones del candidato de Morena, Miguel Barbosa, hasta el final. Hoy el Tribunal Electoral ha quedado sumamente fragmentado, con uno de los magistrados, José Luis Vargas, pidiendo la renuncia de la magistrada presidenta, Janine Otálora, quien tuvo el voto que definió que la elección no se anulaba ni repetía y que la ganadora es Martha Erika Alonso, de la coalición PAN, PRD, MC y dos partidos locales.

López Obrador ha cuestionado la actuación del Tribunal Electoral y se rehusó no solo a acudir a la toma de protesta de Alonso, sino que ni enviado del gobierno federal hubo. No todas se pueden ganar y esto, claramente no le gusta a AMLO.

Pero este desprecio por la derrota va más allá de Puebla. Con la figura de los Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, mejor conocidos como los virreyes o súper delegados, AMLO pone una cuña en los gobernadores que no son de Morena disfrazado de ser una medida de austeridad.

 

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El Poder Judicial en general y la Suprema Corte en particular tienen muy mala imagen entre los mexicanos. En la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, la SCJN está en el límite de aprobación por encima de la policía y por debajo de las cadenas de televisión en cuanto a la confianza que genera. Bien o mal ganada esta desconfianza, es cuestión de matices. La mezcla de un Estado de Derecho tan fallido y un Poder Judicial que se percibe alejado del común de los mexicanos, hasta elitista, hace que sea blanco fácil de ataque.

Hace unos días me comentaba un ministro de la SCJN su preocupación por esta mala imagen de la Corte. Ya veía venir el enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo con el Judicial.

La relación entre AMLO y la Corte ha sido tirante desde antes de la elección de julio. Su desdén nos lleva hasta los años del proceso de desafuero, pero en esta última campaña presidencial el desprecio de López Obrador a la Corte arreció. Primero estuvo circulando la versión de que, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés trabajaba en la elaboración de un proyecto para conformar en México un Tribunal Constitucional de Justicia para fungir como la última instancia para interpretar la Constitución. Esto en los hechos minimizaría el papel de la SCJN y el contrapeso que representa al ejecutivo.

De este proyecto no se ha vuelto a decir mucho y la relación de AMLO y su círculo cercano con Valadés quedó dañada después de la entrevista que concedió a Proceso en la que criticó las primeras acciones de AMLO como presidente electo y cuya portada generó incluso un enfrentamiento vía twitter entre la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Muller, con el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda.

Una vez ganada la elección presidencial, AMLO sostuvo un encuentro con los ministros de la SCJN en la que le comunicaron que se comprometerían a sumarse a la austeridad republicana cuando arrancara el sexenio.

El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, le puso monto a los recortes presupuestales en aquel encuentro. Habló de poco más de 800 millones de pesos que luego resultó no serían realmente recortes sino un subejercicio del año anterior que no había devuelto la Corte y que se había destinado a un fideicomiso. Esto molestó mucho a AMLO que se sintió truqueado por el ministro presidente.

Y ahora estamos en el enfrentamiento por la Ley de Remuneraciones y el amparo que ha otorgado la Corte para suspender este recorte a los sueldos de la burocracia, incluyendo a los jueces, magistrados y ministros de la Corte.

 

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El primer decreto de Andrés Manuel López Obrador como presidente ha sido crear una Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Ese capítulo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre del 2014 quedará marcado como una de las noches que sepultaron al gobierno de Enrique Peña Nieto.

La noticia de 43 jovenes desaparecidos dio la vuelta al mundo. Los informes de que fueron calcinados en un basurero cercano al lugar en el que se les vio por última vez y la llamada ‘verdad histórica’ que dio a conocer el entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam, han sido la estampa perfecta para demostrar a nivel nacional e internacional todo lo que no funciona en México: la tremenda inseguridad acompañada de impunidad, la colusión entre cuerpos policiacos y autoridades locales, los riesgos de tener al Ejército en la lucha contra el crimen organizado; la incompetencia de los gobiernos estatales para enfrentar el reto; y los efectos de las riñas entre grupos del narcotráfico en una zona que abastece mariguana y amapola a gran parte del mercado mundial de drogas.

Los padres de esos jovenes y quienes los representan exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que les regresara a sus hijos y que los regresara vivos: “Vivos se los llevaron; vivos los queremos”. Dentro de estas exigencias ha habido auténticos padres destrozados por la ausencia de sus hijos, pero también ha habido motivaciones políticas. La historia al respecto es larga y conocida. No entraré en ella.

Lo que sí llama la atención es que el nuevo titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido como primer decreto crear una Comisión de la Verdad para esclarecer lo que ya se ha investigado ad nauseam por instancias nacionales (de quienes es comprensible dudar) y también internacionales.

Entre los motivos publicados en el Diario Oficial para la creación de dicha comisión se resalta que “es un imperativo de este gobierno dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.” Al anunciarse el decreto AMLO estuvo sentado frente a algunos padres. Una madre le dijo que será grande cuando aparezcan sus hijos.

Han pasado más de cuatro años desde esos hechos. AMLO está decidiendo, por decreto, dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a que se conozca la verdad. Asusta pensar que todo esto pueda ser una farsa para darle por su lado a aquellos que cuentan hasta 43 y cierran gritando ¡Justicia! en eventos públicos, como el sábado 1º de diciembre durante la toma de protesta en la Cámara de Diputados o el lunes durante el anuncio del decreto.

 

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El regreso del PRI a Los Pinos hace seis años se dio con un político joven que llegó con popularidad pero en medio de una fuerte decepción con la alternancia porque el PAN tenía también sus escándalos de corrupción. Que regresen los que saben, fue el tono de la elección del 2012 ante una ciudadanía que pareció resignarse a la corrupción.

En febrero del 2012 pude platicar con el entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, cuando tenía 14 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. La elección ya se veía definida. Enrique Peña Nieto sería el próximo presidente. Le hice una entrevista para un libro que se llamó 2012: Los Punteros en la que le pregunté sus prioridades para cuando llegara a Los Pinos.

Crecimiento; seguridad y educación, fueron sus tres prioridades. En ésta última, en educación, se concentró gran parte de la entrevista. Consideró en ese momento ser un político diferente al cual se le podía tener confianza porque como gobernador del Estado de México había sabido escuchar a la gente y por ello se había sensibilizado con sus problemas.

Sobre seguridad, su énfasis fue componer el aparato de procuración y administración de justicia. Dijo no estar de acuerdo con la demanda en cortes internacionales que se abrió en contra de Felipe Calderón por violación a los Derechos Humanos. Demanda de la cual, por cierto, nada hemos vuelto a saber a lo largo del sexenio.

Sobre corrupción, Peña habló de la creación de un zar anticorrupción. Zar que, sobra decir, brilla por su ausencia a tres días de concluir el sexenio. Más aún, concluye Peña con un encargado de despacho en la PGR. Alberto Elías Beltrán lleva ahí no un mes, ni dos, ni seis. Lleva trece meses de encargado de despacho de una de las carteras fundamentales para poder empezar a vislumbrar que en México existe Estado de Derecho.

A la pregunta concreta sobre impunidad de los políticos que cometen actos de corrupción, con los ejemplos de René Bejarano, cuando AMLO era Jefe de Gobierno; Cesar Nava, en la presidencia de Felipe Calderón, o los PRIístas Humberto Moreira, Mario Marín (eran los corruptos de hace un sexenio), Peña respondió: “El compromiso que quiero hacer con los mexicanos en esta materia es emprender un combate eficaz a la corrupción. […] ni el partido ni yo estamos para solapar los actos fuera de la ley de nadie, sea del PRI o de cualquier otro partido. La ley debe aplicarse por igual a todos los mexicanos y lo que debe dejarse acreditado es no solo el postulado sino la acción eficaz en ese combate, que es la parte que no se ha visto. Yo estoy haciendo un compromiso para que, donde haya denuncia y se acredite una práctica de corrupción, se pueda sancionar y aplicar la ley a quien incurra en ese delito.”

Seis años después, ya sabemos que esto simplemente ha quedado sin cumplirse.

 

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¿Qué le dijeron, de qué se enteró o qué vio Andrés Manuel López Obrador desde su triunfo hasta hace unos días para haber cambiado de opinión respecto al Ejército y su presencia en las calles?

De haber dicho que su estrategia de seguridad arrancaría por regresar al ejército a sus cuarteles, ahora ha presentado su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 mediante el cual anuncia la creación de una Guardia Nacional que será entrenada por y subordinada a los mandos militares.

Es decir, el Ejército no solo no regresa a sus cuarteles. Está aquí para quedarse y lo hará reforzado con 50 mil elementos que conformarán la Guardia Nacional.

En el Plan aquilata la crisis tan grave de seguridad que vive México aduciendo que es de proporciones no vista desde los tiempos posrevolucionarios. “El próximo gobierno recibirá una seguridad en ruinas y un país convertido en panteón.”

Nadie puede negar que la inseguridad está desbordada. Como dato al margen que refuerza esta situación, en estos momentos se está llevando a cabo el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, con lo que por primera vez un narcotraficante extranjero está siendo sometido a juicio en Estados Unidos. Los demás criminales del narco que son extraditados a Estados Unidos se han declarado culpables y con ello han evitado un juicio y han buscado reducir sus condenas cooperando con las autoridades estadounidenses.

El Chapo no. El Chapo se ha declarado inocente y el primer testigo, Jesús Zambada García, quien fuera su Jefe de Logística durante años, cabeza del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México y hermano de Ismael Zambada, ahora está declarando en contra de El Chapo con lo que empezamos a conocer detalles sobre estos criminales que tienen a México como guarida de delincuentes y también, como dice el documento de AMLO, convertido en un panteón.

 

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Ricardo Monreal es líder de Morena en el Senado por una deuda con Andrés Manuel López Obrador. Monreal no solo quería ser el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, sentía que esa candidatura le pertenecía. ¡La había buscado desde el 2009! Cuando AMLO decide dársela a Claudia Sheinbaum para las elecciones del 1º de julio pasado, Monreal amenaza con abandonar el barco de Morena. AMLO lo convence de no hacerlo y le da a cambio la coordinación de la bancada en el Senado.

Ahora su senador le ha pagado el premio político con el anuncio de querer quitar las comisiones a los bancos. La tormenta política y económica no se hizo esperar. ¿Monreal se fue por la libre? Esa ha sido la gran interrogante. Si simplificamos los efectos del anuncio del senador morenista, irse por la libre parece la explicación más plausible ya que lo contrario significaría que AMLO de plano no ve venir los efectos de los actos de su futuro gobierno.

Basta tomar en cuenta que el gobierno mexicano debe los mismos dólares en deuda externa, pero muchos más pesos por la devaluación generada por el anuncio de Monreal. 521 mil millones de pesos adicionales, al tipo de cambio del lunes. Y esto tendrá repercusiones en la elaboración del presupuesto 2019 y el dinero que se quiera destinar para los múltiples planes de la Cuarta Transformación de AMLO.

Carlos Urzúa debe estar encantado con el senador Monreal.

Ese político ex PRIísta; ex PRDista, ex PTista y ex integrante de Movimiento Ciudadano que hasta hace poco brilló por su desempeño (es un decir) como delegado en Cuahutémoc, en donde, las obras de la Zona Rosa generaron la quiebra de varios comercios por la lentitud y el desórden en la que se llevaron a cabo. Además y por sus pistolas, quiso cancelar el rodaje de la película de Alfonso Cuarón, Roma, que acaba de ganar varios premios en el Festival de Cine de Venecia, argumentando que el rodaje no tenía los permisos que luego resultó sí tener. Durante el conflicto con el cineasta, funcionarios de la delegación robaron equipo a la producción, por cierto.

En sus tres años como delegado se peleó con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad cuando dieron a conocer los 24 contratos que una hija de Monreal obtuvo por trabajos en la delegación por un monto de 270 millones de pesos.

Del PRD Monreal salió expulsado cuando se le grabó en actos proselitistas apoyando a candidatos del partido Convergencia en Guerrero. De ahí, él y su hermano David, se afiliaron al PT. Ricardo llegó bajo las siglas de ese partido al Senado y David a la alcaldía de Fresnillo.

Actualmente está en campaña en contra del Poder Judicial, buscando se apruebe una iniciativa para que jueces y magistrados tengan periodos limitados en su encargo para así luchar, dice Monreal, contra el nepotismo y los cotos de poder.

 

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Después de la consulta que llevó a Andrés Manuel López Obrador a anunciar la cancelación del aeropuerto de Texcoco (NAIM), el presidente electo se sentó el lunes por la tarde a comer en Polanco con los principales empresarios que han invertido en este proyecto.

En la mesa estuvieron los titulares o representantes de Hermes Infraestructura, Carlos Hank y Alberto Pérez Jácome; de Prodemex, Olegario Vázquez Aldir y Antonio Boullosa; de Grupo GIA Hipólito Gerard; de ICA, Guadalupe Phillips (¡Viva una mujer entre los hombres!); Héctor Ovalle de Coconal; Juan Diego Gutiérrez Cortina de Epcor; Antonio Gómez de CICSA, representando al Ing. Carlos Slim, entre otros.

De ahí salieron los empresarios sonrientes, según reporta la prensa, ante la oferta que les hizo AMLO de finiquitar los contratos cubriendo los gastos no recuperables que ya invirtieron en el proyecto y la promesa de que su prioridad será recurrir a empresarios mexicanos durante el sexenio que está por arrancar para los futuros proyectos de infraestructura.

Así, estuvo el poder económico sentado en la mesa con el poder político en un restaurante en Polanco de la CDMX para resolver un tema que tumbó la Bolsa y el tipo de cambio con costos aun incalculables para México. Gran noticia que se pongan de acuerdo los empresarios y el futuro presidente, pero si eso no es la descripción exacta de una comida fifí, no se cuál sería.

Ahora quedan en la incertidumbre los más de 40 mil empleados que llevan trabajando en el NAIM desde el 2015; la forma como el futuro gobierno llevará a cabo las licitaciones y la visión que queda de México como un país poco confiable para las inversiones extranjeras.

Estas interrogantes serán importantes de resolver sobre todo para quienes están en el sector energético, en donde ya se escuchan pasos en la azotea de los contratos en el sector y el rumbo que seguirá la reforma energética.

Además, está la incertidumbre del propio mecanismo de consulta popular que AMLO y los suyos vendieron como un ejercicio de democracia directa cuando en realidad fue el regreso del dedazo; el capricho presidencial y el desdén por el Estado de Derecho y el imperio de la ley.

 

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